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Jurisprudencia | Actualidad
08/07/2013 06:22:00 | Redacción NJ | Jueces y magistrados.

El TS confirma las sanciones a un juez de la Audiencia Nacional que llegó a acumular 500 resoluciones sin dictar

El Tribunal Supremo ha hecho públicas este viernes dos sentencias que confirman sendas sanciones impuestas en 2010 y 2012 al Magistrado titular del Juzgado Central de lo Contencios-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, quien primero fue suspendido cautelarmente y luego sancionado con 7 meses sin empleo y sueldo por llegar a acumular casi 500 resoluciones pendientes de dictar.

La primera sentencia se refiere a una decisión adoptada en septiembre de 2010 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acordó suspender a este magistrado cautelarmente en sus funciones mientras estudiaba el caso, tras constatar la inspección el alto nivel de retrasos que acumulaba su juzgado.

La inspección al juzgado se realizó a instancias de la Presidencia de la propia Audiencia Nacional, que ostenta Ángel Juanes. Ahora el Supremo confirma la medida cautelar y la reputa "razonable" ante la "insostenible situación" que presentaba el órgano judicial, con la finalidad de evitar mayores perjuicios a la Administración de Justicia.

Según se reflejó en el acto de inspección, en la visita realizada al Juzgado de lo Contencioso número 4 de la Audiencia Nacional en junio de 2010, este contaba con un elevado número de procedimientos pendientes de dictar sentencia al existir actuaciones desde el 9 de enero de 2006 en procedimiento ordinario y 12 de junio de 2008 en procedimiento abreviado.

La resolución rechaza todos los motivos aducidos por el magistrado solicitando la nulidad de la decisión del CGPJ al entender que el órgano de gobierno de los jueces no incurrió en vicio de nulidad ni acordó la medida fuera del procedimiento establecido. La situación, además, no era episódica, sino que se vino prolongando a lo largo de un amplio periodo de tiempo.

"La motivación podrá ser parca, más no puede negarse sea suficiente para conocer las razones por las que el Consejo General del Poder Judicial atendiendo al informe de la Audiencia Nacional reputa oportuno procede a suspender al recurrente e incoar el expediente de incapacidad", añade la sentencia.

En una segunda resolución dada a conocer hoy se confirma la sanción de suspensión de empleo y sueldo por 7 meses que finalmente se impuso al magistrado en mayo de 2012 por los retrasos. Esta sentencia tiene un voto particular en el que los magistrados José Díaz Delgado y Vicente Conde defienden que la sanción debería haber sido de 6 meses, que es lo que proponía el instructor del expediente.

Con anterioridad a estas sanciones, el Tribunal Supremo ya había anulado una primera que se le impuso en 2009 a Arce también por retrasos debido a la "caducidad" del expediente que le abrió el CGPJ, al superarse los seis meses que fija la ley para su tramitación.

TRATO DESCONSIDERADO

Se da la circunstancia de que en diciembre de 2008 el Tribunal Supremo anuló también por "caducidad" del expediente una sanción de 10.000 euros que le fue impuesta al mismo magistrado por trato desconsiderado hacia los funcionarios a su cargo y por sus continuos retrasos en su hora de llegada a las dependencias judiciales, que nunca era anterior a las dos de la tarde.

El CGPJ tuvo en cuenta a la hora de imponer la sanción el hecho de que 23 funcionarios del Juzgado cesaron de su trabajo entre el 20 de junio de 1999 y el 20 de enero de 2004. Otros tres se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés.

La apertura del expediente vino provocada por las denuncias del personal, incluida la secretaria titular del Juzgado, que certificó que la hora habitual de llegada del juez a las dependencias solía ser posterior a las 14.00 horas.

El CGPJ consideró acreditado, además, que el magistrado provocaba "mal ambiente" y "miedo" entre los funcionarios. El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que aquél "gritaba al personal", daba "violentos puñetazos en la mesa", profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo", amenazaba continuamente con la apertura de expedientes y obligaba al personal a llamarle "Señoría Ilustrísima".

El informe del Consejo reflejaba algunas de las situaciones que tuvieron lugar en el Juzgado. Entre otras incluía la experiencia vivida por una de las funcionarias que, tras un enfrentamiento con el juez "abandonó sollozando el despacho, se fue directamente a la calle y no volvió más". El juez tuvo también sonados enfrentamientos con representantes de la Abogacía del Estado o procuradores. (EUROPA PRESS)


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