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Jurisprudencia | Actualidad
10/09/2013 06:42:00 | Redacción NJ | Asistencia sanitaria

Una sentencia obliga a la sanidad pública a tratar a un paciente con una enfermedad 'ultra-rara'.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado al Sergas a "administrar de forma inmediata" el tratamiento a un paciente con una enfermedad "ultra-rara y muy grave", según informa la Asociación de Pacientes de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN).

El paciente, de 30 años, llevaba 3 años esperando iniciar el tratamiento con el medicamento prescrito en su día por su médico "como única opción eficaz para evitar la trombosis y poder salvarle la vida", añade la asociación que denuncia que una treintena de pacientes han visto rechazado su tratamiento y que algunos "han muerto por ese motivo".

En un comunicado, explica que el denunciante fue diagnosticado en el año 2007 de HPN, "una enfermedad ultra-rara muy grave que se caracteriza por una destrucción crónica de los glóbulos rojos que provoca anemia hemolítica, fatiga intensa y un riesgo constante de sufrir trombosis en cualquier órgano, poniendo en serio peligro la vida del paciente".

Único medicamento autorizado

En el Hospital Comarcal de Valdeorras (Ourense), su médico solicitó el tratamiento "con el único medicamento autorizado para esta enfermedad", señala la Asociación, que indica que esta prescripción de tratamiento fue" avalada" también por otros médicos expertos en esta patología. Sin embargo, sostiene que el Sergas determinó no autorizar esta solicitud.

Ahora, afirma que, tras recurrir a la Justicia, el TSJ de Galicia le ha dado la razón "y pone de manifiesto que se ha producido una omisiva actuación del Sergas al denegar la prescripción del único tratamiento eficaz para este paciente, que no sólo disminuye el elevado riesgo vital inherente a las trombosis, sino que también supone una mejora sustancial en la calidad de vida".

Así, subraya que, según el TSJ, resulta probado, mediante los informes clínicos del Hospital Comarcal de Valdeorras, que el paciente "cumple con los requisitos médicos" para la administración del medicamento.
También argumenta que el derecho a la vida y la integridad física "no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico", pese a que el tratamiento de esta enfermedad ronda los 290.000 euros al año. (EUROPA PRESS)


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