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12/03/2015 06:00:00 | Redacción NJ | Mercados financieros

La UE obliga a que la información financiera se haga pública para evitar posiciones privilegiadas

La sentencia de la Sala Segunda del TJUE, de fecha 11 de marzo de 2015, en el asunto C-628/13 Jean-Bernard Lafonta / Autorité des marchés financiers, determina que el Derecho de la Unión, en el ámbito de una operación financiera, debe interpretarse en el sentido de que no exige que, para que una información pueda considerarse de carácter concreto o preciso en el sentido las Directivas sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, sea posible deducir, con un grado suficiente de probabilidad, que su influencia potencial en los precios de los instrumentos financieros de que se trate se ejercerá en un sentido determinado, una vez hecha pública.

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que sólo puede considerarse imprecisa la información vaga o general que no permita sacar ninguna conclusión sobre sus posibles efectos sobre el precio de los instrumentos financieros correspondientes.

Las Directivas

La Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado prohíbe las operaciones con información privilegiada y obliga a los emisores de instrumentos financieros a hacer pública cualquier información privilegiada que les afecte directamente, es decir, toda información de carácter concreto que pudiera influir de manera apreciable sobre la cotización de los instrumentos financieros de que se trate.

La Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/6 sobre la definición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación del mercado añade que una información se considera concreta o precisa cuando permite evaluar si la serie de circunstancias o el hecho que conforman su objeto puede tener un efecto sobre los precios de los instrumentos financieros a los que se refiere.

Litigio principal y cuestión prejudicial

Entre 2006 y 2007, Wendel, una sociedad francesa especializada en la inversión, concluyó con cuatro bancos contratos de «Total Return Swaps» (permutas de rendimiento total) en relación con un total de 85 millones de acciones de Saint-Gobain (sociedad productora de materiales de construcción), confiriendo de este modo a Wendel una exposición económica a Saint-Gobain.

En el marco de una operación de este tipo, una parte, que generalmente es una entidad bancaria, se compromete a entregar a un inversor en un determinado período la totalidad de los rendimientos generados por un determinado activo, que se denomina activo subyacente. En contrapartida, el inversor remunera a la entidad bancaria por el servicio prestado y, en caso de pérdida de valor del activo en el período a que se refiere el contrato, le abona el importe correspondiente a dicha pérdida. Este mecanismo permite al inversor beneficiarse del incremento de valor de un activo y de los rendimientos que éste genere sin tener que adquirirlo ni cederlo. De este modo, confiere una mera «exposición económica» del inversor a los títulos subyacentes, en el sentido de que, para el inversor, implica efectos económicos similares a la posesión de los títulos, sin transferencia de su propiedad.

En 2007, Wendel tomó oficialmente la decisión de transformar la exposición económica a Saint-Gobain en una tenencia física de títulos, lo cual la llevó a adquirir más de 66 millones de acciones de Saint-Gobain (es decir, un 17,6 % del capital de esta sociedad).

En el marco de una investigación sobre las condiciones del aumento de capital de Wendel en Saint-Gobain, la Autoridad francesa de los mercados financieros (Autorité des marchés financiers, AMF) determinó que Wendel había tenido desde el principio la intención de adquirir una participación significativa en el capital de Saint-Gobain.

La AMF reprocha a Wendel no haber puesto en conocimiento del público ni las principales características de la operación financiera destinada a adquirir dicha participación ni la información privilegiada consistente en la realización de esa operación financiera.

A Wendel y al presidente de su consejo de dirección (el Sr. Lafonta) se les impuso a cada uno una multa de 1,5 millones de euros.

El Sr. Lafonta alega judicialmente que la información sobre la mencionada operación financiera no se había hecho pública porque no era de carácter suficientemente concreto como para poder determinar sus posibles efectos, al alza o a la baja, sobre el precio de las acciones de Wendel.

La AMF responde que, para determinar si una información tiene carácter concreto o preciso, es indiferente saber en qué sentido se desarrollará una operación financiera (es decir, al alza o a la baja), ya que lo más importante es que quepa esperar un efecto sobre el precio de las acciones.

En esas circunstancias, la Cour d’appel de Paris decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse los artículos 1, punto 1, de la Directiva 2003/6 y 1, apartado 1, de la Directiva 2003/124 en el sentido de que sólo puede constituir información de carácter concreto o preciso, a efectos de dichas disposiciones, aquélla de la que sea posible deducir, con un grado de probabilidad suficiente, que influirá potencialmente en un sentido determinado en los precios de los instrumentos financieros de que se trate, una vez que se haya hecho pública?»

La sentencia del TJUE

Se pretende que se ofrezca una aclaración acerca del primer elemento esencial de la definición del concepto de «información privilegiada», es decir, acerca del carácter concreto o preciso de la información.

Mediante su sentencia, el TJUE  declara que del tenor literal de las Directivas no se desprende que la información de carácter concreto o preciso sea únicamente aquella información que haga posible determinar el sentido que podría adoptar una variación del precio de los instrumentos financieros correspondientes. Sólo puede considerarse imprecisa la información vaga o general que no permita sacar ninguna conclusión sobre sus posibles efectos sobre el precio de los instrumentos financieros correspondientes.

Señala  a este respecto que un inversor razonable puede basar su decisión de inversión en una información que no le permita necesariamente anticipar la variación en un sentido determinado del precio de los instrumentos financieros correspondientes: « Una información determinada puede ser utilizada por un inversor razonable como parte de la base de su decisión de inversión y, por tanto, puede cumplir la condición establecida en el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, aunque tal información no permita anticipar la variación en un sentido concreto del precio de los instrumentos financieros correspondientes.»

Además, la creciente complejidad de los mercados financieros hace particularmente difícil evaluar de manera exacta el sentido en que pueden variar los precios de los instrumentos financieros.

Si sólo pudiera considerarse que una información tiene carácter concreto o preciso cuando permita determinar el sentido de la variación de los precios de los instrumentos financieros correspondientes, quien la conoce podría utilizar como pretexto la incertidumbre al respecto para abstenerse de hacer pública determinada información y, de este modo, beneficiarse de ella en detrimento de los demás operadores del mercado.

Habidas todas estas consideraciones, el TJUE responde a la cuestión planteada que el artículo 1, punto 1, de la Directiva 2003/6 y el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/124 deben interpretarse en el sentido de que no exigen que, para que una información pueda considerarse de carácter concreto o preciso en el sentido de esas disposiciones, sea posible deducir, con un grado suficiente de probabilidad, que su influencia potencial en los precios de los instrumentos financieros de que se trate se ejercerá en un sentido determinado, una vez hecha pública.


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