El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que corresponde al juez nacional valorar si la discriminación indirecta que pueden sufrir las personas con discapacidad, al tener más riesgo de acumular las faltas previstas en el Estatuto de los trabajadores que motiven su despido, puede justificarse como medio para alcanzar la finalidad legítima de combatir el absentismo laboral o si por el contrario estos medios previstos en la regulación laboral van más allá de lo necesario para lograr este objetivo.

La Abogada General Sharpston señala que la Directiva no obliga a la persona que sufre una discapacidad a comunicar su estado, pero si el empresario o bien lo sabe, o bien debiera razonablemente ser consciente de ello, tendrá la obligación de adoptar medidas adecuadas para realizar ajustes. Si no lo hace, el despido del trabajador por faltas reiteradas será discriminatorio.

La Sala de lo Social del TSJM ha dictado sentencia de fecha 23 de enero de 2015 en la que establece que en estos supuestos la carta debe concretar no sólo los datos atinentes al absentismo personal, sino también, desglosados, los del centro de trabajo, no siendo suficiente la simple manifestación de que se supera el 2,5%, haciéndose necesario expresar las ausencias excluidas por no ser computables legalmente.

La crisis financiera que padecemos, recesión económica en su más amplio sentido, ha dejado en mínimos el absentismo laboral, lo que ha supuesto un efecto curioso de la crisis, dejando más que al descubierto lo mucho que de fraude tienen las ausencias al trabajo y la escasa fiabilidad de los medios de control.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas, por el que se concede a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.

Los objetivos de esta nueva norma son mejorar la gestión de las mutuas, ayudar en la lucha contra el absentismo laboral injustificado y facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad a los autónomos que hayan cotizado para obtener la misma.