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08/05/2015 09:37:00 | Redacción NJ | Derecho al olvido

Expertos critican la forma en que los tribunales españoles están aplicando la sentencia del TJUE sobre el derecho al olvido

La sentencia del TJUE (asunto C-131/12, Mario Costeja), que hace casi un año logró que se reconociera el derecho al olvido en Internet, y la forma en que está sido aplicada por los tribunales españoles, no ha sido bien acogida por todos los juristas. Así se ha puesto de manifiesto durante el XI Congreso de la Abogacía Española, que se está celebraa estos días en Vitoria y en el que el Derecho aplicado a la tecnología está teniendo especial protagonismo.

Según informa Almudena Vigil, en su intervención en la Ponencia "Tecnología y Derecho" de dicho Congreso, el abogado Carlos Sánchez Almeida ha señalado que, “la intimidad está muerta y enterrada en un sepulcro blanqueado con protección de datos y un falso derecho al olvido”.

Este letrado se ha mostrado especialmente crítico con las consecuencias que está teniendo en España la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre derecho al olvido. En concreto, Sánchez Almeida ha lamentado las sentencias que se están dictando sobre este tema en la Audiencia Nacional, a partir de la de 29 de diciembre de 2014 (recurso núm. 725/2010), que fue la primera que aplicó la sentencia del TJUE.

Corta-pega de sentencias

Según Sánchez Almeida, estas sentencias “son todas un corta y pega con idénticos argumentos, pero sin criterio y extrapolando el derecho al olvido a cuestiones que no se deberían hacer desaparecer, como casos de agresiones sexuales, por ejemplo”. Concretamente, ha citado otra sentencia, tambíen de fecha 29 de diciembre de 2014, en la que se concede la cancelación de datos de unos enlaces al BOE en el que se publica la sentencia condenatoria a un hombre por agresión sexual.

Además, Almeida se ha preguntado qué intimidad podemos encontrar en un Internet y unas plataformas “controladas por Estados Unidos, y con los términos y condiciones de la web redactados por abogados americanos”.

Sobre este punto ha discrepado el abogado Javier Fernández-Samaniego, explicando que el problema no es Estados Unidos sino que estamos en una realidad global. “Creo que no se puede combatir a las  empresas americanas con populismo, existe un proteccionismo mal entendido en Europa”, ha señalado. Respecto al problema que ha habido en España con Uber, ha apuntado que “nos podemos poner muy estupendos y decir que viola la privacidad o asumir que es un modelo de negocio y tratar de buscar el equilibrio de derechos”. Este experto ha discrepado en que los negocios digitales tengan que frenarse y ha afirmado que la privacidad está sirviendo como arma para liberarnos del pago de nuestras deudas: “En España, el moroso se acoge a la protección de datos”.

Respecto al derecho al olvido, Fernández-Samaniego ha coincidido con Almeida en que debe primar el derecho a la información, una afirmación a la que se ha sumado también el abogado Luis Miguel González de Garza.

Y sobre este mismo tema, el fiscal de sala coordinador de menores del Tribunal Supremo, Javier Huete, señaló que, pensando en el futuro, el derecho al olvido será especialmente importante para los que hoy son jóvenes y están compartiendo una gran cantidad de información personal en Internet, sin ser conscientes de la consecuencia de tales actos.

Prueba electrónica

Otro de los temas que se ha abordado es si está la Administración de Justicia preparada para afrontar los nuevos delitos tecnológicos y dar respuesta a los ciberataques. A tenor de la opinión de diferentes ponentes, la respuesta es no.

El letrado Ángel López Pérez se ha mostrado rotundo y ha puesto un ejemplo muy gráfico que está generando muchos problemas en los tribunales: la falta de regulación sobre las pruebas electrónicas. "El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal no está a la altura en este sentido, porque sólo habla de la prueba, pero no de las condiciones para que no sufra alteraciones en la cadena de custodia, lo que genera una enorme inseguridad jurídica", ha lamentado.

Rodolfo Tesone, abogado y presidente de Enatic, ha asegurado que contamos con una Administración de Justicia del siglo pasado que no está preparada para dar respuesta a los conflictos digitales. Tesone ha apostado por asentar definitivamente la línea jurídica para afrontar estos asuntos y ha reivindicado que los ciudadanos hagan valer sus derechos y no se conviertan en "simples productos o mercancías".

A este respecto, Javier Huete apuntó también que una aplicación extrema de la protección de datos a las decisiones judiciales, que condujera a su total anonimización, tendría consecuencias muy negativas para la jurisprudencia, pues impediría la identificación de las partes y, en muchos casos, su localización y el acceso a la misma.

Finalmente, sobre el cruce de jurisdicciones en las investigaciones de las comunicaciones digitales, Javier Huete ha explicado que "cada territorio tiene su propia frontera digital, lo que siempre dificulta la resolución de problemas".


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