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17/12/2008 06:56:00 | Ministerio de Justicia | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Justicia impulsa la unificación de los sistemas informáticos judiciales con las CCAA

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presidió ayer, en el Palacio de Parcent del Ministerio de Justicia, la Conferencia Sectorial con 10 de las 11 Comunidades Autónomas (País Vasco no ha asistido) que cuentan con las competencias. En el encuentro han estado la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia, Cantabria, Aragón, Asturias, Canarias y Madrid

Durante la reunión, el departamento que dirige Fernández Bermejo trasladó su propuesta de plan de colegiación de esfuerzos para el desarrollo de sistemas de información comunes para la Administración de Justicia. Con él se pretende establecer un marco de colaboración estable, efectivo y con vocación de permanencia entre el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia para desarrollar e implantar sistemas de información comunes.

De esta forma, las administraciones que, de forma voluntaria, decidan adherirse al plan, podrán beneficiarse de una reducción de costes, derivada de una generación de economías a escala y de la compartición de esfuerzos. Además, la unificación de los productos facilitará no sólo el intercambio de información, la formación del personal o el establecimiento de estándares y de normas comunes de actuación, sino también la constitución de una base amplia de conocimiento compartida entre todos.

La propuesta supone también una mejora de la calidad y una garantía de estabilidad de los sistemas, así como la implantación progresivamente más sencilla de aquellos que se desarrollen en el marco del plan.

Cada administración podrá optar por uno de los dos programas de actuación que contempla el plan:

  • De corto plazo y duración limitada: supone la implantación, durante el año 2009, y hasta el 1 de enero de 2010, del sistema de información procesal Minerva- NOJ v.02 en todas las administraciones adheridas al programa. No obstante, la elección de esta alternativa implica la incorporación también de la adhesión al programa de actuación a medio plazo.
  • Programa a medio plazo y con duración ilimitada: permite desarrollar e implantar gradual e incrementalmente una serie de sistemas y servicios de información que den soporte a la Administración de Justicia, de cara a conseguir los objetivos planteados en el Plan de Transparencia Judicial de 2005.

Implantación de la Nueva Oficina Judicial

Durante la reunión de la Conferencia Sectorial también se trataron otros asuntos, como las actuaciones que están aún pendientes para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

No obstante, el Ministerio de Justicia informó a las comunidades autónomas del estado de tramitación de los proyectos legislativos que afectan al proceso de implantación. En especial, del Anteproyecto de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, que fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Asimismo, ha dado cuenta de otros planes que pretenden acometerse y de la intención del Ministerio de fijar un plazo para el proceso de implantación de la oficina judicial que vincule a todas las Administraciones con competencias en la materia.

La implantación de la nueva oficina judicial es uno de los objetivos claves del Ministerio de Justicia en la presente legislatura y pretende culminar el trabajo realizado por este departamento durante la anterior.

Con este nuevo sistema de trabajo se hará posible la transformación de las actuales estructuras judiciales del siglo XIX en una Administración moderna y ágil en su funcionamiento en pleno siglo XXI, mediante una redistribución de funciones y de recursos propios más racional. La implantación de este nuevo modelo de oficina judicial constituye, sin duda alguna, la pieza clave en el proceso de modernización de la Administración de Justicia.

Durante la pasada legislatura se trabajó intensamente en la consecución de este objetivo con actuaciones como: la confección del Plan de Transparencia Judicial; la aprobación de los siguientes Reglamentos: Cuerpo de Secretarios Judiciales, de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, y el General Disciplinario de dicho personal; o la aprobación del sistema LEXNET de presentación telemática de escritos y traslado de copias a los operadores jurídicos.

Mejora del funcionamiento de los Registros Civiles

También, el pleno de la Conferencia Sectorial acordó aprobar la propuesta del Ministerio de Justicia de crear una comisión permanente y conjunta entre el propio Ministerio y las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas, para el seguimiento de las actuaciones de los registros civiles, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los mismos.

La creación de esta comisión ha sido propuesta por la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia como un impulso más para modernizar y agilizar los registros civiles, en la apuesta por conseguir un servicio público de calidad.

Agrupación de partidos judiciales en materia de Violencia de Género

La Conferencia Sectorial trató también la agrupación de partidos judiciales en materia de Violencia de Género y la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Comisión de Selección de Personal

Otro de los puntos abordados ayer fue la designación de representantes de la Comisión de Selección de Personal, ya que corresponde a la Conferencia Sectorial determinar qué cuatro comunidades habrán de formar parte de esta Comisión. Han sido designadas las CCAA de Cataluña, Galicia, Canarias y Andalucía para formar la Comisión de Selección de Personal.

Estudio de las diferencias retributivas entre distintas CCAA

Por iniciativa de algunas CCAA, la Conferencia acordó estudiar en detalle las políticas retributivas que han seguido las distintas comunidades, y que arrojan sensibles diferencias entre unas y otras, y también entre ellas y el Ministerio de Justicia.

La Conferencia estuvo de acuerdo en considerar que, sin perjuicio del respeto a las competencias de cada administración, la existencia de diferencias genera distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia.


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