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Notas de prensa | Actualidad
23/06/2015 15:43:37

Jornada sobre la Ley de la Segunda Oportunidad en la Cámara de Comercio de Sevilla

De izquierda a derecha: Israel Barroso y José Ignacio Valderas del Grupo NAPAIS; José Luis Yus, socio del despacho Roca Junyent; Julio Fuentes, Secretario General Técnico del Mº de Justicia, Francisco Herrero, Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, y Pedro Delgado, Secretario General de la Cámara de Comercio de Sevilla.

El Bufete Roca Junyent, la Cámara de Comercio de Sevilla y el Foro de Mediación han organizado una jornada sobre la Ley de Segunda Oportunidad y la Mediación Empresarial. El evento, de difusión nacional, ha sido el primero de las Cámaras de España abarcando esta temática tras el nuevo escenario que impone el Parlamento Europeo y el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE.

En el acto, además de José Luis Yus, han participado Julio Fuentes Gómez en representación del Ministerio de Justicia, Pedro Delgado Moreno, Secretario General de la Cámara de Comercio de Sevilla, e Israel Barroso López y José Ignacio Valderas Monge, de Grupo NAPAIS.

Durante el encuentro se han buscado puntos en común entre la mediación empresarial y la llamada Segunda Oportunidad, una normativa aprobada en nuestro país pero que no ha gustado a algunos de los expertos en insolvencias por considerar que no es la solución adecuada a personas físicas con deudas graves. Según José Luis Yus, socio de Roca Junyent, “esta ley apoya a los emprendedores como motor de la economía, generadores de empleo y de riqueza”.

Para la Cámara de Comercio de Sevilla esta Ley acabará con la situación de insolvencia y de exclusión social de muchos emprendedores que, tras un fracaso empresarial, se han visto abocados a responder con su propio patrimonio. Así, se busca que los españoles pierdan el miedo a emprender y al estigma que lleva asociado el fracaso.

En este sentido el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero ha valorado positivamente las funciones de mediación y arbitraje que otorga la Ley a las Cámaras de Comercio para “garantizar la trasparencia y la ausencia de conflictos de interés”.


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