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26/11/2015 13:50:29 | CFH - Redacción NJ | Abogacía

La Abogacía pide a los partidos políticos un Pacto de Estado por la Justicia

El presidente del CGAE Carlos Carnicer, presentó ayer las propuestas de la Abogacía ante las  elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

Estas propuestas, que ya han sido remitidas a todos los partidos políticos, se basan en cinco puntos: la adopción de un Pacto de Estado sobre la Justicia; la mejora de la justicia gratuita; la disponibilidad de unas estadísticas fiables sobre la actividad de la Justicias; una Ley Orgánica del Derecho de Defensa y con la toma en consideración de la voz de los profesionales en la futura regulación de sus servicios y colegios.

Pacto de Estado por la Justicia. Carlos Carnicer. Juan José Toharia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pacto de Estado por la Justicia

Según la Abogacía, la Administración de Justicia, como pieza clave del Estado de Derecho, necesita urgentemente un cambio profundo que refuerce su papel como elemento vertebral de la democracia. La Justicia sigue recibiendo insuficiente atención por parte de todos los Gobiernos, y la ciudadanía percibe como partidistas muchas de sus manifestaciones.

Por ello la Abogacía propone como objetivos a este respecto: a) reconstruir la confianza de los ciudadanos en su sistema de Justicia eficaz, neutral y previsible, independiente de los otros poderes del Estado y b), avanzar en la consecución de una Justicia más eficiente, ágil e igualitario.

Y como medidas para alcanzarlo se propone:

1. Impulsar un gran Pacto de Estado por la Justicia en el que participen todos los operadores jurídicos, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, a través del permanente diálogo entre el Gobierno y los profesionales de la Justicia;

3. Especialización de jueces, fiscales y abogados para afrontar los casos de corrupción, y otros delitos especialmente graves.

4. Dotar a la Administración de Justicia de más medios humanos y materiales.

5. Impulsar definitivamente el uso de las nuevas tecnologías en la administración de justicia, y especialmente las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre los operadores jurídicos y los ciudadanos, fomentando además el acceso al sistema mediante mecanismos que permitan la adecuada interoperabilidad con otros sistemas.

6. Fomentar la gestión de la Administración de Justicia con criterios empresariales.

2. Asistencia jurídica gratuita

El servicio público de la Justicia Gratuita es, posiblemente, el servicio público que funciona mejor en Justicia, con mayor eficiencia, valorado enormemente por la ciudadanía, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo. Sin embargo, las retribuciones se han visto congeladas o incluso reducidas sensiblemente para los abogados del Turno de Oficio desde hace más de 10 años. Su fortaleza es la del Estado de Derecho, de ahí que mejorarla incrementará el bienestar social del país. Pero, ante todo, debe continuar garantizando el sagrado Derecho a la Defensa de los más desfavorecidos.

Por ello se propone como objetivo asegurar que el servicio de asistencia jurídica gratuita se presta siempre con la mejor calidad posible, motivando y reconociendo a los abogados que prestan el servicio.

Medidas para alcanzarlo

  1. Mantener el servicio de Justicia Gratuita como lo que es: un servicio público, no privatizado.
  2. Garantizar la cercanía e inmediatez en la prestación del servicio en todas sus instancias (territorialidad)
  3. Dotar al servicio de medios suficientes y adecuados.
  4. Fijar una compensación económica digna, puntual y garantizada por el Estado para los abogados que prestan este servicio.

3. Estadísticas fiables y reales

Los datos de la Justicia en España son muchas veces confusos, erróneos o no son fiables -reconocido por la mayoría de los actores-.

Esos datos erróneos sirven, no obstante, para avalar reformas legislativas y para transmitir a la sociedad una realidad sobre la Justicia que es incierta. Sin conocer la realidad no se puede actuar sobre ella, corregir sus errores ni potenciar sus aciertos.

El problema reside en el instrumento estadístico aplicado, que en opinión de la Abogacía, no reflejan correctamente el nivel de actividad real de los juzgados y tribunales españoles. Por ejemplo, en el ámbito penal, las estadísticas del CGPJ incluyen un muy alto número de delitos sin autor conocido, que no pueden considerarse que afecten a la carga real de trabajo de los Tribunales. Igualmente no se entiende la paralización de procedimientos por falta de notificación, algo que ocurre con mucha frecuencia.

Y la solución no puede venir de desjudicializar múltiples asuntos sin, a la vez, dotar a los recursos alternativos como, por ejemplo la mediación, de los recursos necesarios.

Por ello se propone como objetivos contar con datos fiables de la Administración de Justicia que permitan un conocimiento exhaustivo de la situación real.

Y como Medidas para alcanzarlo Promover entre todos los operadores jurídicos (jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, abogados y procuradores) y el Gobierno, un sistema de tratamiento de datos de todos los procesos judiciales, que facilite la unánime consideración de las estadísticas de la Justicia en nuestro país como fiables y reales.

4. Ley Orgánica del Derecho de defensa

El Derecho de Defensa consagrado en los artículos 17.3 y 24 de la Constitución representa uno de los derechos más sagrados de todos, pues garantiza el acceso a los demás. Sin embargo, se trata de una materia que aún no ha sido debidamente regulada, encontrándose dispersa entre varias normas, por lo que nuestro sistema de Justicia está incompleto.

El CGAE ha elaborado un proyecto de ley que ha enviado al Ministerio de Justicia y que se pretende sea un ejemplo de norma pactada entre todos los agentes sociales implicados.

Los objetivos a este respecto pretenden:

  • Regular el asesoramiento y la defensa jurídica, garantizando así el Derecho Fundamental de Defensa, y reforzando otros derechos y obligaciones conexos a éste, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional.
  • Constitucionalizar las actividades de los abogados en funciones de defensa y reforzar el papel constitucionalmente reconocido a los abogados como garantes del Derecho de Defensa jurídica.
  • Poner fin a actuaciones que, sin base legal, violan este Derecho de Defensa.

Para ello se propone aprobar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa -dado que se trata del desarrollo de un derecho fundamental, constitucionalmente protegido-, acordada a través del diálogo y el consenso, con las contribuciones de la Abogacía y otras profesiones garantes de dicho derecho. 

5. Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Se han elaborado varios anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales sin contar con la voz del Consejo General de la Abogacía Española y de los Colegios de Abogados. Estos textos parten de un desconocimiento –si no directamente prejuicios infundados- sobre la realidad colegial y sobre la valiosa labor que cumplen las corporaciones colegiales para garantizar los intereses de los ciudadanos.

Carnicer manifestó a este respecto que sobre este tema no llegó a producirse un diálogo, pues la postura del Gobierno era muy intransigente en temas como la cuota de acceso (que se quiere eliminar) y el tope máximo de las cuotas colegiales anuales.

Por ello se pretende:

  • Garantizar la independencia y viabilidad de los Colegios Profesionales, constitucionalmente reconocidos (art. 36 C.E.), así como la calidad de los servicios de defensa jurídica en nuestro país.
  • Reforzar la confianza de los poderes públicos en la labor que realizan los Colegios Profesionales, reconociendo además la función social y relevancia de los Colegios de Abogados, que gestionan el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

Medidas para alcanzarlo:

  1. Establecer un marco de diálogo estable y fluido entre los pre-legisladores y la Abogacía institucional, que permita tratar los distintos proyectos legislativos que afecten a los Colegios de Abogados y a los servicios públicos profesionales desarrollados por los abogados en nuestro país; y en el que el caso de esta ley futura permita:
  2. Proteger la independencia y autonomía de las corporaciones frente a intentos de control no justificados.
  3. Garantizar la colegiación única con criterio de territorialidad, que permita el control deontológico, de participación colegial, de censo y de eficacia del Turno de Oficio.
  4. Mantener la unidad de la profesión de la Abogacía, sin rupturas ni divisiones de la misma atendiendo al empleador.

Debemos tener tan buenos abogados como jueces y fiscales

Carnicer, cuyo mandato como presidente del CGAE concluirá definitivamente el próximo día 4 de enero, destacó en su intervención que considera como el mejor logro de su gestión todo lo relativo a la Ley de acceso a la profesión de Abogado.

Asegurar la calidad de la formación y cualificación de los abogados es esencial, porque la buena Justicia comienza por el abogado. Este es el primer juez que estudia un asunto para decidir si debe tener o no acceso a la jurisdicción.

De hecho, un tercio de los asuntos que llegan a los despachos no llegan después a los tribunales, pues abogado siempre intenta primero alcanzar un acuerdo que evite la judicialización de los temas.

Por ello, concluyó Carnicer, “Debemos tener tan buenos abogados como jueces o fiscales”.


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