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25/01/2016 12:41:42 | Funcionarios Administración Justicia

Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios

 

La Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE de 22 de enero), anuncia el Acuerdo alcanzado en el marco de la Mesa Sectorial de Justicia, de fecha 18 de diciembre de 2015.

Circunstancias económicas y financieras excepcionales

El Ministerio de Justicia y los sindicatos CSI·F, STAJ, CC.OO y UGT llegan a este acuerdo, una vez estabilizada la  situación de crisis económica que obligó a adoptar un conjunto de medidas que hiciesen posible reducir el gasto público, incluidas en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Reconocimiento

Esta situación de cierta estabilidad económica, tuvo su reflejo en el  Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

Los firmantes parten del reconocimiento al esfuerzo llevado a cabo por los funcionarios durante el periodo de crisis económica, y son conscientes del reto que supone para los trabajadores la implantación generalizada de herramientas informáticas y medios electrónicos (LexNet).

Tal y como se manifiesta en el Acuerdo, con la mejora de las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración de Justicia se refuerza la labor de nuestros juzgados, tribunales y fiscalías.

Compromisos

Sin perjuicio de que, con la firma de este acuerdo, las organizaciones sindicales firmantes no renuncian a conseguir la restitución plena de los derechos laborales a la situación anterior a los Reales Decretos Leyes 8/2010 y 20/2012, el acuerdo con el Ministerio de Justicia se traduce en los siguientes compromisos:

1. Ampliar el periodo de disfrute de los días reconocidos en el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, hasta el día 31 de marzo de 2016.

Para ello, el Ministerio de Justicia se compromete a modificar la Orden de calendario laboral.

2. Conversión en plantilla de aquellos refuerzos que cuenten con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos.

A efectos de cómputo de dicha antigüedad se tomará como referencia el  1 de enero de 2013, sin que ninguno de estos refuerzos que en el momento de la firma de este acuerdo cumplan con estos requisitos sea suprimido hasta que se realice su consolidación.

La consolidación de puestos, que deberá producirse en un plazo no superior a nueve meses,  pretende, tras analizar las cargas efectivas de trabajo, transformar en plazas aquellos puestos del personal que ha venido prestando servicios como refuerzo debido al incremento de asuntos en los tribunales.

Se garantiza número total de plazas, si bien no el centro de destino actual cuando esto sea preciso para una mejor racionalización y organización de medios.

3. Equiparación del régimen retributivo sobre incapacidad temporal al previsto para miembros de la Carrera Judicial y Fiscal.

El Ministerio de Justicia modificará, antes del 1 de enero de 2016, las resoluciones dictadas en su momento sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal para el personal al servicio de la Administración de Justicia, en su respectivo ámbito territorial, con el propósito de equiparar dicho régimen al actualmente previsto para miembros de la carrera judicial y fiscal.

4. Permiso por asuntos particulares.

El Ministerio de Justicia se compromete con las organizaciones sindicales a impulsar una modificación del tenor actual del artículo 503 de la LOPJ, en cuanto el calendario legislativo lo permita, con el propósito de recuperar su versión vigente con anterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia. Recordemos que la mención a “permiso por asuntos particulares que tendrá una duración de nueve días, los cuales no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas” se eliminó en la versión vigente de dicho artículo.

5. Priorizar las sustituciones sobre el de nombramiento y cese de personal interino.

El Ministerio se compromete a priorizar el mecanismo de sustituciones  –tanto horizontales como verticales– entre los distintos Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia respecto del nombramiento de personal interino, al que solo se acudirá cuando no sea posible la cobertura por sustitución.

6. Incluir como mérito valorable para la ordenación de los aspirantes en la bolsa de trabajo los resultados obtenidos en anteriores convocatorias.

Para ello, la Administración y organizaciones sindicales negociarán una modificación de la Orden JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos generales y especiales al servicio de la Administración de Justicia.

7. Cotizaciones de Seguridad Social del personal interino.

El Ministerio de Justicia se compromete a seguir impulsando la corrección de cualquier incidencia que, acaecida en legislaturas pasadas, pudo haber generado errores u omisiones en las cotizaciones de Seguridad Social del personal que en ese momento era interino, continuando la labor emprendida hasta el momento en la búsqueda de soluciones globales y definitivas.

8. Mejorar la formación continua del personal.

Ante el desafío que supone la implantación de las nuevas tecnologías unido a las reformas procesales y sustantivas que con periodicidad se publican, se hace preciso implementar nuevas fórmulas que faciliten dicha formación a través de herramientas que, no solo aseguren la adquisición de conocimientos y habilidades sino también que lleguen al mayor número de funcionarios posibles, permitiendo compatibilizar esa labor formadora con el mínimo impacto posible en el desempeño de sus funciones.

9. Oferta pública de empleo.

Además el Ministerio se compromete a mantener una oferta pública de empleo estable que permita seguir avanzando en el objetivo común de lograr la mayor profesionalización posible en los integrantes de la oficina judicial.

10. Comunidades Autónomas con competencia en Justicia

El Ministerio de Justicia se compromete a trasladar el contenido de este acuerdo a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia en el seno de la Conferencia Sectorial.


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