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19/10/2016 16:36:46 | Redacción - NJ | Administración de Justicia

Los presidentes de los TSJ proponen revisar la actual distribución de partidos judiciales y avanzar hacia la colegiación de órganos judiciales

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia han acordado reclamar un plan nacional de justicia electrónica y modernización tecnológica, y proponer una revisión de la distribución territorial de los partidos judiciales.

Así lo han decidio al concluir su reunión anual, celebrada en Logroño,

Las principales conclusiones, alcanzadas por unanimidad, son:

1.- La necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes.

2.- Replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad, en la que la proximidad física de los juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterio fundamental de planificación.

3.-Partiendo de la aspiración a una justicia más moderna, capaz de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia reiteran su firme compromiso con el objetivo de la implantación de los más modernos métodos de organización e instrumentos para la gestión procesal en todos los órganos judiciales.

4.- Reclamar un plan nacional de digitalización de la justicia que involucre a todas las administraciones competentes y consiga una planificación más coordinada en los procesos de implantación de la Justicia Digital para evitar las asimetrías detectadas en los distintos Tribunales Superiores de Justicia.

5.- Que el diseño del expediente judicial electrónico contemple las necesidades específicas de los jueces y juezas y no solo los de las oficinas judiciales.

6.- La implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia exige un replanteamiento drástico de la legislación procesal, que debe regular el proceso –tal y como ordena la Ley 18/2011- tomando como premisa que éste se desarrolla en un entorno electrónico.

7.-Los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, como máximos responsables en el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia, exigen la dotación de herramientas tecnológicas adecuadas en todos los órganos judiciales.

8.- Es imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial realice una valoración del nuevo entorno digital a efectos de salud laboral con determinación de cargas de trabajo de los integrantes de la Carrera Judicial.

9.-Reiteran que la planta actual de las Salas de lo Civil y Penal no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma operada por la Ley 41/2015, que garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia Penal.

Respuesta de Catalá

En relación con la preocupación mostrada por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia por la entrada en vigor de la segunda instancia en la jurisdicción penal, el ministro de Justicia en funciones, que ha intervenido en la clausura de estas Jornadas, ha anunciado que ya se encuentra avanzada la planificación de unidades judiciales en el seno de las salas Civil y Penal de estos Tribunales, para afrontar el previsible aumento de asuntos derivados del nuevo recurso de apelación.

Se suma a este esfuerzo la posibilidad de reforzar estas salas con autorizaciones de comisiones de servicio a la espera de poder crear plazas permanentes.

Igualmente, ha mencionado la necesidad de crear más unidades judiciales, objetivo que aún no ha sido posible por la situación del Gobierno en funciones, pero cuyo proyecto de constitución se encuentra ya avanzado en el Ministerio de Justicia.

El ministro también ha reconocido la urgencia de convocar nuevas plazas de jueces y fiscales, para lo que ha defendido la posibilidad de emitir una oferta de empleo público al respecto, al tiempo que se ha mostrado partidario de resarcir a jueces y magistrados de la pérdida de sus derechos motivada por el ajuste presupuestario del ejercicio 2012, mediante una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como una revisión del sistema de retribuciones.

 


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