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27/03/2017 17:08:49 | FGE | MENORES DISCAPACITADOS

La Fiscalía General del Estado publica una Instrucción sobre la imagen de los menores con discapacidad en los medios de comunicación audiovisuales

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha firmado hoy, 27 de marzo,  la Instrucción 1/2017 sobre la actuación del Fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual.

La firma ha tenido lugar al término de la reunión con los miembros del CERMI, a quienes Maza ha explicado que con esta Instrucción cumple uno de los compromisos adquiridos ante el Congreso de los Diputados, en la defensa y protección de las personas con discapacidad.

El Fiscal General ha explicado que con esta Instrucción se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que los Fiscales pueden armonizar su actuación y ofrecer una respuesta común ante hechos similares.

Por su parte,  Luis Cayo, Presidente del CERMI, ha afirmado que de todos los poderes públicos, el  Ministerio Fiscal es la institución más próxima y amigable para las personas con discapacidad, que luchan día a día para generar un entorno que respete sus derechos.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Manuel Maza ha explicado que el objetivo de la Instrucción es “dar respuesta a aquellos casos en  los que algún medio de comunicación no respeta el honor y sobre todo el derecho a la imagen de un menor discapacitado”.

El Fiscal General ha explicado que los diferentes Convenios Internacionales firmados por España exigen que se dispense un trato respetuoso, y que salvaguarde la identificación de los menores con discapacidad. En su opinión, tanto la televisión como la prensa gráfica son ámbitos en los que se puede ver afectada la imagen de las personas menores de edad.

Protección reforzada

La Instrucción adoptada por la Fiscalía General tiene en consideración la importancia de la utilización de los medios de comunicación para el fomento de actitudes positivas hacia los niños con discapacidad.

Se trata de unas directrices generales en relación a la protección reforzada que precisa el colectivo de menores de edad con discapacidad en los supuestos de su presencia en los medios de comunicación audiovisual.

Esta Instrucción llega tras un proceso que se iniciaba el 20 de noviembre de 2012 con la firma del Convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en materia de derecho de protección de la imagen de las niñas y niños con discapacidad en los medios de comunicación. De conformidad con el mismo, la Unidad de Menores de la FGE impartió una serie directrices a los Fiscales especialistas (Dictamen nº 3/2013, del Fiscal de Sala Coordinador de Menores) e intervino activamente en algunos procesos de cierta trascendencia.

los Fiscales van a analizar la aparición de niños y niñas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual partiendo de la protección reforzada que ha de dispensarse en tanto menores de edad, por un lado, y personas con discapacidad, por otro. Se considerará siempre si es necesario un control de su contenido y si el mismo ha de realizarse antes o después de la emisión.

¿Qué dice la Instrucción 1/2017 sobre menores con discapacidad y medios de comunicación audiovisuales?

Destacamos el siguiente contenido de la Instrucción adoptada por la Fiscalía:

- Intromisiones que deben considerarse intolerables:

Se integra por dos elementos: por un lado, lo constituyen aquellas intromisiones que lo sean con carácter general para los menores de edad; por otro, lo definen también aquellas que constituyan actos de discriminación en el sentido de la actual Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDL 1/2013, de 29 de noviembre, en adelante, LGDPD).

En este aspecto, hay que recordar que el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, firmado por el Gobierno y los principales operadores de televisión entró en vigor en marzo de 2005. Su apartado II.2 está dedicado a la “Presencia de los menores en la programación televisiva: Programas, informativos y publicidad”, texto que incide especialmente en una serie de contenidos:

• No se emitirán imágenes ni menciones identificativas de menores como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos.

No se utilizarán imágenes ni menciones identificativas de menores con graves patologías o incapacidades con objeto propagandístico o en contra de su dignidad.

• No se mostrará a menores identificados consumiendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes.

• No se entrevistará a menores identificados en situaciones de crisis (fugados de su casa, que hayan intentado el suicidio, instrumentalizados por adultos para el crimen, involucrados en la prostitución, con sus padres o familiares allegados implicados en procesos judiciales o recluidos en la cárcel, etc.).

• No se permitirá la participación de menores en los programas en los que se discuta sobre el otorgamiento de su tutela a favor de cualquiera de sus progenitores o sobre la conducta de los mismos.

• No se utilizará a los menores en imitaciones de comportamientos adultos que resulten vejatorias.

La Instrucción hace referencia al marco normativo estatal y autonómico aplicable, junto al que menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 (CDPD), no sólo como clave de interpretación de la normativa previa, sino porque es directamente aplicable y susceptible de invocar conforme a nuestra CE.

A los efectos de determinar lo intolerable, deben tenerse en cuenta los principios de la misma que, al estar en la parte dispositiva del tratado, son también exigibles. Así, el art. 3 CDPD consagra, entre sus principios generales, el de no discriminación e igualdad de oportunidades, junto con otros no menos importantes como lo son el respeto de la dignidad, la autonomía individual y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas y la accesibilidad. Estos principios junto a la obligación del art. 8 relativo a la toma de conciencia son una guía para el análisis de la imagen de los menores. En este sentido el fin último es que la imagen sea coherente con un enfoque de derechos humanos y no con una imagen de beneficencia, de lástima o de conmiseración, lo que obliga a un tratamiento audiovisual de la discapacidad desde la dignidad humana.

Los menores de edad con discapacidad participan de estos principios y, a tal efecto, el art. 7 -en línea con lo establecido en el art. 23.1 de la Convención sobre los derechos del Niño- establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

En desarrollo del art. 49 CE y junto con la distinta legislación emanada de las CCAA, destaca la LGDPD cuyo objeto lo constituye, por un lado, “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los arts. 9.2, 10, 14 y 49 de la CE y a la CDPD y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España” y, por otro, “establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades.

Por último, también es necesario destacar la existencia de preceptos penales que sancionan conductas discriminatorias como lo constituyen, por ejemplo, los arts. 510 y 515 CP.

- Pautas para valorar la gravedad de la intromisión

Los fiscales analizarán la aparición de niños y niñas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual partiendo de la protección reforzada que ha de dispensarse en tanto menores de edad, por un lado, y personas con discapacidad, por otro.

Al valorar estas emisiones, los Sres. Fiscales se ajustarán a las siguientes pautas:

A.- Mantiene plena vigencia los criterios contenidos en la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen de los Menores. Tales criterios se aplicarán, tras las tareas de comprobación de los contenidos que exigen los arts. 3 LO 1/1982 y 4 LOPJM.

B.- La gravedad de las intromisiones en los derechos de los menores con discapacidad debe ponderarse a partir de la evolución producida en el seno de la autorregulación de contenidos televisivos e infancia y del derecho administrativo sancionador de carácter estatal y autonómico.

- Qué contenidos justificarían el ejercicio de acciones judiciales

El marco de los contenidos intolerables que justificaría el ejercicio de acciones judiciales por parte del Fiscal se define desde la doble óptica de:

− Los actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad.

− Los actos de discriminación en el tenor de la LGDPD.

Ante la emisión de contenidos intolerables descritos anteriormente, los fiscales procederán al ejercicio de las correspondientes acciones judiciales. Ante la emisión de contenidos no intolerables pero que no respondan inicialmente a la imagen social que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 (CDPD), y por tanto se afecte a los derechos de los niños y niñas con discapacidad por la actuación de los medios de comunicación, procederán a notificar tales situaciones a la Unidad de Menores de la FGE al objeto de realizar las comunicaciones correspondientes al CERMI con el fin de que, por el mismo, se apliquen las restantes medidas alternativas para la eficacia del derecho fundamental contenidas en el Convenio de colaboración.

- Nuevo expediente (Ley de Jurisdicción Voluntaria)

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ha introducido un nuevo expediente (arts. 59 y 60) para obtener la aprobación judicial del consentimiento cuando el Fiscal se hubiere opuesto al otorgado por el representante legal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, dando así cumplida satisfacción a la necesidad de dar respuesta procesal a la previsión contenida en el citado art. 3 de la Ley.

La audiencia del menor o incapacitado se efectuará sólo si el Juez lo creyera necesario, a pesar de no contar con las suficientes condiciones de madurez, o para asegurarse de que en efecto carece de tales condiciones.

- ¿Publicación de la sentencia condenatoria?

Desde otra perspectiva, también es importante reseñar la redacción del art. 9.2. LO 1/1982, que, tras la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, expresa que “en caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida”. Esta cuestión fue objeto de tratamiento por la STS Sala 1ª, nº 667/2014, de fecha 27 de noviembre, que dejó bien claro que la disposición limita la publicación al caso de intromisión en el derecho al honor (aunque mantiene la aplicación a los derechos a la intimidad e imagen en los casos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la reforma).

Como expresa la Instrucción 2/2006, ya citada y cuyos pronunciamientos continúan siendo válidos, la difusión de la sentencia en el medio generalmente no contribuirá a la reparación del daño, sino que, por el contrario, puede trasladar de nuevo a la opinión pública los hechos que se han considerado perjudiciales para el menor. Dependiendo de las concretas circunstancias concurrentes los Sres. Fiscales postularán, bien una publicación parcial de la sentencia, evitando perjuicios al menor, bien pura y llanamente, interesarán la no aplicación del artículo 9.2 LO 1/1982 cuando la publicación en sí pueda ser contraria al superior interés del menor. En este sentido se han pronunciado las SSAP Madrid, sec. 13ª, nº 83/2003, de 14 de noviembre; Madrid, sec. 19ª, nº 193/1999, de 11 de marzo y Sevilla, sec. 6ª, nº 99/2004, de 23 de febrero.

- Comisión de Seguimiento creada conforme al Convenio de colaboración entre la FGE y el CERMI

Para facilitar la labor de la Comisión de Seguimiento creada conforme al Convenio de colaboración entre la FGE y el CERMI, los Sres. Fiscales comunicarán a la Unidad de Menores de la FGE los casos relativos a programas cuyos contenidos o formas de presentación revistan características especiales o alguna complejidad.


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