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24/04/2009 04:17:00 | Ministerio de Presidencia | VENTANILLA ÚNICA

La Administración General del Estado tendrá un plan piloto de Ventanilla Única Electrónica el próximo mes de octubre

María Teresa Fernández de la Vega anunció ayer, en el Pleno de Control al Gobierno, que el Ejecutivo prevé tener operativo un plan piloto de Ventanilla Única electrónica en el próximo mes de octubre.

En respuesta a una interpelación del diputado del PNV, Joseba Beloki, la Vicepresidenta Primera explicó que este proyecto responde a la trasposición de la Directiva Europea de Servicios, cuyo proyecto de Ley, ya registrado en la Cámara, cambia de manera radical la forma en la que las empresas y los ciudadanos se relacionan con las administraciones.

Además de las modificaciones legales que introduce, que ya están en buena medida en curso, la Directiva obliga a crear una Ventanilla Única electrónica donde sea posible obtener toda la información necesaria y realizar los trámites para prestar actividades de servicio en cualquier parte del país.

El Gobierno ha creado un grupo de trabajo con 7 comunidades autónomas para el desarrollo del citado plan piloto que, una vez en marcha, se extenderá a lo largo de este mismo año al conjunto del sistema.

En su intervención, la Vicepresidenta repasó las medidas impulsadas por el Gobierno para modernizar y transformar las administraciones públicas, empezando por la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos aprobada en junio de 2007 (que estará plenamente desarrollada a finales de este año) y el consecuente Plan de actuación específico para facilitar el acceso electrónico.

Según los datos disponibles, a día de hoy ya se han adaptado a la Ley 567 los procedimientos de la Administración General del Estado, frente a los 241 de 2008. En lo que se refiere a los procedimientos de “alto impacto”, de los que más se beneficia a la ciudadanía, en mayo de 2008 estaban adaptados 54, mientras que hoy la cifra asciende a los 140.

De esta manera, al final de este año todos los servicios de la Administración General del Estado serán accesibles, desde cualquier lugar y en cualquier momento, por medio de Internet.

Además, el Gobierno ha llevado a cabo un intenso trabajo para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos:

  • La llamada web 060 permite ya el acceso directo a la totalidad de los servicios de la Administración del Estado y de un buen número de comunidades autónomas y ayuntamientos.
  • Y el número de teléfono único 060 , que atiende consultas generales sobre los servicios de cualquier departamento ministerial.

Además, se ha creado una estructura cooperativa de oficinas 060 entre Comunidades Autónomas, Entes Locales y Administración General del Estado, para que desde las oficinas de información y registro de cualquiera de ellas se pueda proporcionar información, registrar documentos o realizar trámites de cualquiera de las demás.

La web 060 proporciona acceso, en la actualidad, a más de 1.200 servicios, atendiendo a una media de un millón ochocientas mil llamadas anuales, y ya son más de 1.600 las entidades locales y 13 las comunidades autónomas adheridas a su red de oficinas.

Estas infraestructuras y servicios comunes están disponibles para el resto de Administraciones, tanto autonómicas como locales. Destaca en ese aspecto la red de comunicaciones SARA, que conecta a todos los Ministerios con todas las Comunidades Autónomas y con más de 1.600 entidades locales.

Todas estas actuaciones han sido complementadas con un fuerte compromiso con la reducción de cargas administrativas, con el fin de alcanzar la reducción del 30 por ciento comprometida para el año 2012.

Este mismo mes de abril, el Gobierno ha aprobado un total de 78 medidas para reducir cargas que benefician directamente a autónomos, a empresas y a trabajadores. Con ellas son ya cerca de 160 las medidas aprobadas para seguir modernizando nuestra administración pública.

Por otra parte, la Vicepresidenta anunció que el Consejo de Ministros, aprobará un Real Decreto por el que se regulará la Memoria del análisis de impacto normativo. Su finalidad será garantizar que, a la hora aprobar un proyecto, se conozcan perfectamente las consecuencias jurídicas, económicas, presupuestarias y de impacto de género.


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