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08/05/2017 15:52:47 | EXCLUSIÓN SOCIAL

La Rioja regula la «renta de ciudadanía» para personas en situación o riesgo de exclusión social

El objeto de la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja (BOR de 5 de mayo de 2017) es determinar las condiciones de acceso y disfrute del derecho subjetivo a la renta de ciudadanía, destinada a cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, así como a promover su inserción social y laboral.

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) y también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, configura el derecho subjetivo a los servicios sociales, garantizándolo a los ciudadanos sin sujeción a la existencia o no de disponibilidad presupuestaria en el momento en el que se solicitan.

Dentro del catálogo de servicios y prestaciones del sistema público riojano de servicios sociales reconocidos en el anexo de dicha norma se recogen entre los servicios sociales de primer nivel el 'servicio de prevención e inclusión social' y entre las prestaciones de segundo nivel las 'prestaciones de inserción social': ingreso mínimo de inserción -IMI- y ayuda de inclusión social -AIS-. Ambas modalidades de ayuda se regulan a través del Decreto 24/2001, de 20 de abril.

Entrada en vigor

La ley entrará en vigor el 5 de septiembre de 2017, a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

La renta de ciudadanía

La renta de ciudadanía que ahora se regula se define como un derecho subjetivo reconocido a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Su finalidad es atender las necesidades básicas del solicitante y su núcleo familiar de convivencia que se encuentren en esta situación y promover su inserción social y laboral. A diferencia de las actuales prestaciones de inserción social, su objetivo es garantizar las necesidades básicas a aquellos colectivos y en aquellos periodos no cubiertos por las prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad Social y Empleo.

Destinatarios de la prestación y concepto de unidad familiar

Son destinatarios de la prestación el titular de la renta de ciudadanía, a quien se le reconoce el derecho a esta, y, en su caso, el resto de personas que, junto a él, integran la unidad familiar o de convivencia.

Para acceder a la prestación, la unidad familiar o de convivencia del beneficiario no deberá disponer de los medios económicos necesarios para atender las necesidades básicas de la vida. Se consideran comprendidas en esta situación las unidades familiares o de convivencia cuando no dispongan de rendimientos mensuales superiores al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) correspondiente al mismo periodo cuando se trate de un solo integrante, e incrementada esta cuantía en un 20% del IPREM por el primer miembro de la unidad familiar o de convivencia, un 15% más por el segundo y un 10% más por cada miembro adicional, hasta un máximo del 125%.

Se contemplan excepciones para facilitar el acceso a la renta en supuestos de fallecimiento, divorcio, separación, violencia de género y violencia intrafamiliar o cualquier otra causa similar de disolución de la unidad de convivencia; se incluyen, por vez primera, los supuestos de desahucio.

Compatibilidad de la prestación

La ley introduce como novedad la flexibilización de los requisitos de acceso para los emigrantes riojanos retornados, las mujeres embarazadas en situación de riesgo social, así como para las personas refugiadas o beneficiarias de protección internacional y los mantiene en relación con las mujeres víctimas de violencia de género y con quienes hayan sido objeto de acogimiento familiar o procedan de instituciones de protección de menores.

Por lo que respecta al cómputo de rentas, se exceptúan del cómputo determinadas ayudas de servicios sociales y, específicamente, las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.

Se permite la compatibilidad de la renta con las pensiones de orfandad, en favor de familiares, con la prestación o subsidio por desempleo, así como con la pensión de viudedad en favor de menores de 65 años, siempre que su importe sea inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía y, en general, con cualquier otra prestación de naturaleza asistencial, de importe inferior a la cuantía básica de la renta. También se permite en determinados supuestos la compatibilidad de la renta con el trabajo a tiempo parcial, incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, contributiva o no de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía y con la renta activa de inserción percibida por mujeres víctimas de violencia de género.

Obligaciones de los beneficiarios y proyecto individualizado de inserción

La renta de ciudadanía se configura como un derecho subjetivo, pero su percepción debe llevar consigo el compromiso del perceptor de realizar las acciones necesarias para superar su situación y lograr la plena inclusión social.

El denominado proyecto individualizado de inserción se elaborará -con la participación de los beneficiarios- por los servicios públicos de Empleo o/y Servicios Sociales, en función del diagnóstico que estos últimos realicen de la situación personal y socioeconómica de los destinatarios.

Las contraprestaciones del proyecto individualizado de inserción consistirán preferentemente en actividades de formación destinadas a la inserción laboral del solicitante, si bien, en los casos de personas que por sus características personales y/o sociales no puedan acceder a los programas de inserción laboral, su programa de intervención se dirigirá, prioritariamente, a la recuperación social.

Cuantía de la prestación

La cuantía básica mensual de la renta de ciudadanía estará cifrada en el 80% del indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico. Por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia distinto del titular se reconocerá un complemento de la cuantía básica de la renta.

Los ingresos de la unidad familiar o de convivencia se complementarán hasta la cuantía mensual que, en función del número de miembros de la misma, corresponda en concepto de renta de ciudadanía.

Cuando se reconozca la compatibilidad de la renta de ciudadanía con el acceso a un trabajo por cuenta ajena del perceptor de la misma, para calcular la cuantía a percibir, no se tendrá en cuenta durante el primer año el 50% de dichas rendimientos de trabajo, ni durante el periodo de percepción de la renta aquellos inferiores a la cuantía mínima de la prestación. La cuantía máxima de la prestación a percibir será del 125% del IPREM, y la mínima, el 25% de la renta de ciudadanía correspondiente a su unidad familiar o de convivencia.

Colaboración interadministrativa y financiación de la renta de ciudadanía

Dentro de la colaboración interadministrativa destaca la posibilidad de constituir equipos de incorporación sociolaboral, con profesionales de las diferentes Administraciones públicas intervinientes.

Por lo que respecta a la financiación, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de La Rioja. La naturaleza de derecho subjetivo de la renta hace que los créditos destinados a financiarla tengan el carácter de ampliables.

Conexiones normativas

En la Ley 7/2009, de 22 de diciembre , de Servicios Sociales de La Rioja, se sustituye el punto 2.3 del apartado «Prestaciones de inserción social» del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales por un nuevo punto 2.3 denominado «Renta de ciudadanía».


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