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21/06/2017 18:03:20 | Almudena Vigil Hochleitner | BLANQUEO

Así es como el Notariado identifica testaferros y desenmaraña sociedades

Almudena Vigil Hochleitner.- Una mujer mayor entra en una notaría y anuncia su intención de crear seis sociedades limitadas. El notario, sorprendido por el perfil de la “empresaria” que declara como actividad económica "sus labores”, comienza a hacerle las preguntas de rigor y le advierte de la responsabilidad que asume como administradora de las mismas. En ese momento, la señora, preocupada, afirma: “A mí nadie me había dicho nada de eso”. Ese es el momento en el que en la notaría saltan todas las alarmas y se activa el sistema de detección de actividades sospechosas de blanqueo que los fedatarios públicos tienen previstas.

Aunque este es un ejemplo muy burdo de un caso real, en el día a día de una notaría se pueden detectar multitud de actuaciones que despiertan sospechas aunque se produzcan con un ‘modus operandi’ más sofisticado que el anteriormente mencionado. El cruce de datos de toda la información que maneja el notariado en su conjunto permite detectar testaferros y sociedades pantalla o sociedades interpuestas que tratan de ocultar quién es realmente la persona que mueve los hilos detrás de una entidad determinada.

Es así como la información que se maneja en las notarías de toda España puede convertirse en una fuente de información valiosísima en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este contexto, los notarios cuentan con la Base de Datos de Titular Real, creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, o incluso tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros.

Creada en marzo de 2012, esta base de datos, que tiene actualmente identificados a los titulares reales de más de dos millones de sociedades y organizaciones, es única en el mundo y ha sido valorada muy positivamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Gracias a ella es posible comprobar, en menos de tres minutos, quién es la persona que maneja realmente los hilos de una sociedad. Bajando al detalle, son 1.678.681 sociedades limitadas las que tienen acreditado su titular real, 68.937 en el caso de las sociedades anónimas, y 35.607 de asociaciones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos. Además, 446.102 titulares reales han sido identificados como tal, ante un notario y en documento público, por los representantes de sociedades u organizaciones.

Dificultades para seguir el rastro de las sociedades anónimas

Aunque ya se tienen identificados de manera acreditada a más del 80% de los titulares reales de las sociedades y organizaciones, lo cierto es que la cifra es muy dispar si se diferencian los casos entre sociedades limitadas (SL) y sociedades anónimas (SA).

La actual normativa, que no requiere la intervención del notario para la transmisión de acciones en una sociedad anónima hace que sea muy difícil seguir el rastro en este tipo de entidades, ya que la venta de acciones tras la constitución de las mismas no queda registrada en documento público y permite cambiar muy fácilmente la titularidad. Esto explica que en el caso de las SL estén identificados el 86% de los titulares reales, mientras que en las SA el porcentaje es del 61%.

En este sentido, el Gafi ha recomendado cambiar la normativa para que los fedatarios públicos puedan contar también con la valiosa información procedente de las sociedades anónimas.

Toda la información que ofrece la Base de Datos de Titular Real, creada hace cinco años, ha permitido que jueces, tribunales, autoridades policiales y sujetos obligados por ley (notarios, entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) hayan podido solicitar más de 3,5 millones de informaciones sobre los titulares reales de cientos de miles de sociedades y organizaciones.

La información contenida en la base de datos procede del Índice Único Informatizado notarial, que es la piedra angular de los servicios de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude fiscal del colectivo notarial. Este índice contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas físicas y jurídicas.

Utilización de sociedades “pantalla”

Para iniciar una actividad mercantil, lo más habitual en nuestro país es crear una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, y según los datos estadísticos notariales, en 2016 se constituyeron 105.629 nuevas sociedades, el 95,1% de responsabilidad limitada.

La sociedad se dota de personalidad jurídica y se convierte en un sujeto de derecho para operar en el tráfico mercantil. Esta circunstancia es la que puede permitir utilizarla como un medio para el blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, entre otros actos delictivos.

“El blanqueador de capitales, por definición, pretende que el dinero obtenido de forma ilícita parezca que procede de actividades legales. Los accionistas de muchas empresas son a su vez otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace realmente complejo llegar a conocer quién o quiénes son las personas físicas que en última instancia controlan la compañía. Estas circunstancias son las que pueden convertir a las sociedades mercantiles en herramientas idóneas para el blanqueo de capitales”, señala Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.

“Con objeto de reducir este uso la normativa de la Unión Europea ha tratado en diversas directivas de generar transparencia en torno a las personas jurídicas. En aras de una mayor transparencia que permita combatir la utilización abusiva de las personas jurídicas, la Unión Europea obliga a los Estados miembros a que garanticen que la información relativa a la titularidad real de las personas jurídicas se conserve en un registro central situado fuera de la sociedad mercantil correspondiente. En España este registro lo hemos creado los notarios, convencidos de nuestro deber de contribuir a luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, en beneficio de la sociedad”, asegura el presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Quién tiene acceso a la información

El acceso a la  información de la Base de Datos de Titularidad Real es posible únicamente para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac), para los fines encomendados a este organismo; para las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; para los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y también para otros sujetos obligados previstos en la Ley 10/2010, tales como entidades financieras, auditoras o entidades de seguros (previo convenio con el Notariado).

También la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta Base.

 


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