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22/05/2009 04:05:00 | Redacción NJ | COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

El Congreso limita la competencia de Justicia Universal a los casos en que esté implicada España

Los grupos parlamentarios de PSOE, CiU y PNV en el Congreso han acordado un amplio paquete de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, entre ellas una relativa a la Jurisdicción Universal para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española o que sus presuntos responsables se encuentren en territorio español. 

El propio Ministro de Justicia ha conversado recientemente con los portavoces de Justicia para remitirles su propuesta e intercambiar opiniones sobre la misma. La idea inicial es que todos los grupos que se sumen al acuerdo registren un documento conjunto el próximo lunes, pero mantengan vivas para su debate las enmiendas relativas a los puntos que no se han negociado con el Gobierno. Previsiblemente la discusión en la Comisión de Justicia se iniciará antes del verano, con el objetivo de que la reforma sea definitivamente aprobada este año.

La enmienda que se ha redactado modificaría el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir el siguiente párrafo: "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los delitos de genocidio y lesa humanidad deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España".

La adición a la LOPJ incluye además la condición de que la investigación sobre estos delitos no se haya iniciado en otro país competente o en el seno de un Tribunal Internacional. "El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país", añade el texto, que ERC, IU-ICV y BNG ya han adelantado que no respaldarán.

El acuerdo contempla también otra de las cuestiones que habían provocado mayor controversia en los últimos meses en el mundo de la judicatura, como es la conocida como agenda de señalamiento cuya gestión reclamaban para sí los secretarios judiciales y los jueces. En concreto, los señalamientos de los juicios corresponderán a los presidentes de Sala y de Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para la celebración de la vista oral, la hora de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada del juicio y la naturaleza y complejidad de los asuntos.

Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de "bochornoso" el acuerdo, advirtió de que esta medida contribuirá a "amparar a aquellos que hayan cometido los crímenes más atroces", y solicitó se lleve a cabo un debate serio e informado, pues "limitar el principio de jurisdicción universal es una contradicción 'in terminis'" porque "todos los estados están concernidos en la lucha contra impunidad para los casos de crímenes de lesa humanidad".


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