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19/06/2009 05:02:00 | Ministerio de Justicia | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Las comunidades autónomas con competencias asumen el Acuerdo Social para modernizar la Justicia

Las once comunidades autónomas con competencias en materia de justicia han asumido el Acuerdo Social, propuesto por el ministro Francisco Caamaño, para modernizar la justicia, en la primera Conferencia Sectorial celebrada recientemente bajo su presidencia. Se trata de un plan con cinco ejes estratégicos, una veintena de programas y 120 actuaciones, compartidos por las once comunidades autónomas reunidas.

Una de las primeras medidas de modernización que se pondrá en marcha será la puesta a disposición de los órganos judiciales de todas las comunidades autónomas de 3.000 pulseras para el seguimiento telemático de personas con órdenes de alejamiento por violencia doméstica.

Además, y entre otros acuerdos, se ha pactado la constitución de un grupo de trabajo técnico con el cometido de inventariar los sistemas informáticos actualmente en funcionamiento en cada comunidad, como primer paso para constituir una plataforma común que desemboque en la interconexión informática de todos los juzgados. Asimismo, el Ministerio de Justicia y las 11 comunidades han acordado un marco conjunto de trabajo para poner en marcha la Nueva Oficina Judicial, así como el reforzamiento de la Conferencia Sectorial con la constitución de grupos de trabajo o un consejo interterritorial.

Protección integral contra la violencia de género

El Ministerio de Justicio informó a los asistentes a la Conferencia Sectorial que en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el propio Código Penal, el Gobierno pondrá el próximo mes de julio a disposición de los titulares de los órganos judiciales 3.000 unidades (pulseras) de seguimiento telemático de las personas sometidas a medidas de alejamiento en materia de violencia de género.

En breve se remitirá a las comunidades autónomas con competencias un protocolo para la distribución y colocación de los dispositivos que será adaptado a las necesidades de cada autonomía.

Interconexión entre juzgados

El Ministerio y las Comunidades han acordado la creación de un grupo de trabajo que deberá acometer el inventario de todos los sistemas informáticos procesales actualmente existentes. Su propósito es determinar cuáles son los puntos donde se necesita converger para poder ofrecer al Consejo General del Poder Judicial aplicaciones homologables que superen el llamado test de compatibilidad. Este grupo de trabajo empezará a funcionar a principios de julio y supone el primer paso para constituir una plataforma informática común. Su implantación permitirá lograr el objetivo común de que todos los juzgados trabajen en red.

Nueva Oficina Judicial

La Conferencia Sectorial adquirió el compromiso unánime de implantar la Nueva Oficina Judicial como una tarea compartida entre el Ministerio y las comunidades. La primera medida ha sido la constitución de un grupo de trabajo para poner en marcha el proceso. Su primera reunión será el próximo 16 de julio. Igualmente se ha fijado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial para octubre en la que se abordará la organización y el seguimiento del proceso de implantación.

Personal al servicio de la Administración de Justicia

Otro importante paso en la reunión de ayer ha sido el consenso alcanzado con las CC.AA. para realizar un estudio sobre la descentralización del personal al servicio de la Administración de Justicia y en particular en lo relativo a selección y provisión de puestos de trabajo. Con el modelo actual, las CC.AA. han manifestado que se produce una excesiva interinidad, que perjudica la calidad del servicio. El Ministerio se ha comprometido a valorar la viabilidad de la propuesta presentada por las comunidades en la reciente Conferencia de Barcelona.

Justicia gratuita

De manera unánime las CC.AA han transmitido la insatisfacción del modelo actual de justicia gratuita y se han comprometido a hacer llegar sus propuesta de modificación y mejora de la Asistencia Jurídica Gratuíta al Ministerio, que ha asumido el compromiso de revisar la actual normativa, de 1996, a la vista de dichas propuestas.


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