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22/10/2018 13:27:10 | Tribunal Constitucional | Agentes de autoridad

El personal de las empresas de transporte de viajeros por carretera puede ejercer funciones de policía administrativa

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, que atribuye la condición de agente de autoridad a los empleados de las empresas de transportes de viajeros por carretera en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia considera por unanimidad que el contenido de dicha disposición no invade las competencias del Estado en materia penal (art. 149.1.6 CE) y en materia de seguridad pública (art. 149.1.29ª CE). El fallo señala que la citada norma catalana se limita a atribuir al personal la condición de agente de la autoridad como título de intervención sobre los usuarios del servicio público del transporte regular de viajeros por carretera, a los efectos de “permitir que puedan ejercer funciones de policía administrativa sobre ellos”. Por tanto, “dicho personal debe dar cuenta de las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes, que serán los encargados de imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a la ley autonómica”. La sentencia concreta que esa atribución no comporta la asunción por “ese personal de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas”.

El Constitucional rechaza las dudas de constitucionalidad planteadas por la Audiencia de Barcelona, por posible vulneración de los artículos 17, 25.1, 149.1.6 y 149.1.29ª de la Constitución, razonando que la disposición cuestionada se inserta en una ley autonómica dirigida a regular un determinado sector material y “no amplía ni modifica el tipo penal del art. 550 del Código Penal ni define el sujeto pasivo de la acción penal, ni impone al juez penal una concreta subsunción del tipo sino que restringe su ámbito de aplicación al puramente administrativo”.

El Tribunal entiende que la Ley del Parlamento de Cataluña no atribuye al personal de transporte de viajeros funciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas o la defensa y protección de los intereses generales de las administraciones públicas, lo que equivaldría a ejercer funciones de policía gubernativa, y no considera que se hayan vulnerado las competencias estatales en materia de seguridad pública.


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