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21/05/2019 12:53:50 | Consejo General del Poder Judicial | ACCESO JUSTICIA

El CGPJ y la 'Fundación A la par' acuerdan colaborar para facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha firmado un convenio de colaboración con la presidenta del Patronato de la “Fundación A la par”, Almudena Altagracia Martorell Cafranga, cuyo objetivo es dar formación a los miembros de la Carrera Judicial y ofrecerles las herramientas necesarias para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Administración de Justicia y mejorar su relación con la misma.

La Fundación es una entidad benéfica que trabaja en el fomento de la inclusión social y de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y que, a través del desarrollo de distintas actividades e iniciativas, defiende también el derecho de acceso a la justicia de este colectivo.

El convenio establece las líneas de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y la Fundación dentro del ámbito de las competencias de formación así como en relación con las iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual.

Trámites procesales con personas con discapacidad intelectual

Con este fin prevé, entre otras iniciativas, la elaboración de guías o protocolos de actuación para los jueces sobre el trato que debe dispensarse a las personas con discapacidad intelectual que intervengan en un procedimiento judicial.

Asimismo, la fundación se compromete a prestar a jueces y tribunales apoyo para la práctica de diligencias de instrucción o prueba en juicio que impliquen o afecten al citado colectivo. 

El CGPJ y la fundación acuerdan también la realización conjunta de acciones formativas en el ámbito de la Formación Judicial y de la Formación Continua en materia de trato y práctica forense y procesal de personas con discapacidad intelectual.

El cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años prorrogables, está a cargo de una comisión de seguimiento, que celebrará una reunión ordinaria anual.


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