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Notas de prensa | Actualidad
25/07/2019 09:13:48 | C. G. P. J. | AUDIENCIA NACIONAL

El CGPJ renueva al magistrado José Ramón Navarro en la presidencia de la Audiencia Nacional con el apoyo unánime del Pleno

C. G. P. J. - El magistrado José Ramón Navarro Miranda repetirá en la presidencia de la Audiencia Nacional tras ser elegido por unanimidad para el cargo, que ostenta desde mayo de 2014. 

Navarro Miranda ha obtenido el apoyo unánime de los 21 miembros del Pleno. Por unanimidad ha sido reelegido también el magistrado Eduardo Menéndez Rexach como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

José Ramón Navarro ingresó en la carrera judicial en 1991, siendo sus primeros destinos judiciales los juzgados de primera instancia e instrucción 1 de San Vicente del Raspeig (Alicante), y 2 de Icod de los Vinos y 3 de La Orotava, ambos en Santa Cruz de Tenerife. 

Tras ascender a la categoría de magistrado, pasó a desempeñar en 1997 sus funciones en el juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Manresa (Barcelona), trasladándose posteriormente, en julio de 1999, al juzgado de instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife. 

En diciembre de 2004 fue nombrado, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cargo que desempeñó hasta junio de 2013, en que fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Desde mayo de 2014, José Ramón Navarro preside la Audiencia Nacional, presidiendo igualmente su Sala de Apelación desde junio de 2017. 

El presidente de la Audiencia Nacional, que ejerció la profesión de abogado de 1985 a 1989, es desde el curso 2016-2017 profesor de Derecho Penal en el doble Grado de Derecho y ADE de CUNEF y codirector de la cátedra “Francisco Tomás y Valiente” de la Universidad de La Laguna. 

Asimismo ha sido profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tanto en asignaturas de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Ciencias Medioambientales. También ha ejercido como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de La Laguna y del Colegio de Abogados de Tenerife. 

Es coautor de diversas publicaciones jurídicas (“Enciclopedia Jurídica”, de La Ley, “Código Civil Comentado” de Civitas o “Tratado de derecho penal económico”, de Tirant Lo Blanch), así como de la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, promovida y editada por el Consejo General del Poder Judicial en 2017. 

Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Por su parte, el magistrado Eduardo Menéndez Rexach ingresó en la Carrera Judicial en 1979 y desde 1994 presta servicio en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de la que fue nombrado presidente en marzo de 2014. Con anterioridad, estuvo destinado en juzgados de primera instancia e instrucción en Sigüenza, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. 

Entre 1987 y 1995 trabajó como letrado en el Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y fue vocal en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Después se incorporó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 

En 2006, fue nombrado por el órgano de gobierno de los jueces miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) y entre 2008 y 2012 estuvo en la situación de servicios especiales como consecuencia de su nombramiento como jefe del Gabinete de la Presidencia del CGPJ. 

Ha participado en numerosos cursos y programas de formación y en distintos programas internacionales sobre aplicación de convenios bilaterales o programas de la UE, sobre todo en relación con los derechos fundamentales, el estatuto judicial, el derecho comunitario europeo, el derecho de la competencia europeo y español y la jurisdicción contencioso administrativa, materias todas ellas sobre las que versan varias de sus publicaciones. 

Asimismo, ha participado en seminarios, jornadas y conferencias en los que se han tratado, entre otros asuntos, el derecho al olvido, la protección de datos en la sociedad actual, el derecho de asilo o la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales.


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