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02/08/2019 08:49:34 | J. M. BARJOLA | CONSUMIDORES

Agua gratis en los restaurantes por ley: en Francia sí, en España no

‘¿Qué van a beber? Agua del grifo, por favor’. En España existen ciudades donde esta conversación está legalmente protegida por ley y otras donde no. Tímidos proyectos legislativos han avanzado en algunas comunidades autónomas, pero la realidad es que mientras que en Francia el eau de garrafe es un derecho a nivel nacional, aquí sólo Castilla y León, Navarra y Baleares cuentan con leyes que garantizan el acceso gratuito al agua del grifo en hoteles, restaurantes y cafés. 

En las demás regiones, servir agua gratuita es cuestión de cortesía o costumbre empresarial, pero no un derecho con cobertura legal del que disfrute el consumidor. 

Las Comunidades donde está recogido el derecho a pedir agua del grifo

Castilla y León fue pionera en regular la cuestión estableciendo la obligación de no cobrar por el agua del grifo. 

La comunidad aprobó en 2016 la medida con el objetivo de reducir el consumo de envases de plástico y fomentar el turismo gastronómico, a través del Decreto 12/2016, de 21 de abril, que regula los establecimientos de restauración en la Comunidad. Su artículo 28 regula el derecho del consumidor a no ser cobrado por el agua no envasada ni a pagar cuando pretenda usar los servicios del establecimiento. 

En el caso de las Islas Baleares, otra de las comunidades donde beber agua del grifo gratis es un derecho, la ley es más garantista para el consumidor. El artículo 25 de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados establece una auténtica obligación para los hosteleros de servir agua del grifo con vasos cuando los clientes la pidan, de forma paralela a su oferta de productos habitual. 

Así, el artículo deja claro que “se tiene que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano y que por lo tanto presenta las condiciones sanitarias exigibles”.

La ley también establece el deber de los hosteleros de proveer envases cuando los clientes quieran llevarse la comida que sobra (excepto en el caso de buffets libre).

Navarra, la más avanzada

En cuanto a Navarra, como en Baleares, la medida está incluida dentro del plan autonómico para reducir el consumo de plástico y controlar la producción de residuos. Pero la norma navarra va un paso allá con respecto a otras normativas autonómicas sobre la cuestión, avanzando en la cuestión del acceso al agua potable en lugares públicos. 

Ley Foral 14/2018 sobre el tratamiento de residuos y su fiscalidad establece la obligación de servir agua del grifo en restaurantes y cafés, recogida en su artículo 24 en términos iguales a los de la ley balear. Además prohíbe la venta de agua embotellada en locales de la Administración Pública, excepto en hospitales, y garantiza el acceso al agua potable gratuita en eventos públicos, garantizando a los consumidores de alternativas más allá de los puntos de venta de bebidas comunes. 

Andalucía, el caso fallido

En otras comunidades la cuestión ha sido tratada profundamente e incluso ha llegado a proyectos legislativos con estadios muy avanzados de aprobación. Sin embargo, muchos de estos proyectos legislativos se han quedado en el cajón, especialmente tras los recientes cambios de legislatura.  

Este es el caso de Andalucía. En 2018 fue promulgado el Proyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, contando con gran repercusión en la prensa por la inclusión de una norma para obligar a ofrecer agua gratuita en los restaurantes y cafés andaluces.

La medida se granjeó la antipatía de varias asociaciones de hosteleros; sin embargo, para sus suerte, nunca llegó a ser posible exigir, con la ley andaluza en la mano, un vaso de agua gratis. Tras la aprobación del Proyecto en el Parlamento y finalizado el proceso de enmiendas, en octubre de 2018 el proyecto decayó con el fin de la legislatura, nunca entrando en vigor. 

No existen por el momento noticias de que se vaya a retomar el proyecto. 


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