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16/09/2020 14:04:17 | REDACCIÓN | DERECHO A LA VIVIENDA

La Fiscalía publica una instrucción para actuar en casos de okupación

J. M. Barjola. - La Fiscalía General del Estado ha publicado este martes una instrucción para unificar criterios y actuar "con la mayor urgencia" en los casos de ocupación de inmuebles, una "realidad social" que genera "una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía", apunta el texto. 

El documento, la primera instrucción del año por parte del Ministerio Público, aclara a los fiscales que, en caso de ocupación de primera y segunda residencia, la vía a utilizar debe ser la del allanamiento de morada. Este camino permite instar al juez a la expulsión de los intrusos como cautela urgente en un plazo de 72 horas. 

La Fiscal General de Estado, Dolores Delgado, establece qué criterios deben seguir los fiscales para solicitar este desalojo exprés. También marca las normas para recabar la información necesaria para instar al juez al desalojo, como contar con cualquier documento o prueba que demuestre la propiedad, o entrevistar al afectado para corroborar que se ha vulnerado su derecho. 

La instrucción tiene por objeto que los fiscales "refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento".

Allanamiento y usurpación, supuestos diferentes

El texto distingue dos tipos de okupación para solicitar esta expulsión exprés: el allanamiento de morada y la usurpación pacífica de inmuebles.

El allanamiento, tal como prevé el artículo 202 del Código Penal, se produce sólo respecto a la morada, esto es, sobre primeras y segundas residencias. Debe ser un lugar donde el dueño desarrolle su vida privada e intimidad, si no habitualmente, al menos con cierta frecuencia. 

Si la vivienda está deshabitada, los fiscales pueden acudir al delito de usurpación pacífica de inmueble. Está recogido en el artículo 245.2 del Código Penal, es un delito leve e implica pena de multa. En este caso, la petición de expulsión urgente está atada a requisitos reforzados.

Si la vivienda no está habitada y no se prevé que lo esté, la instrucción apunta que "deberá atenderse a la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de la medida cautela", aunque no se especifica cuáles. 
 


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