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26/03/2010 08:02:00 | Consejo General de la Abogacía Española | JUSTICIA GRATUITA

Carlos Carnicer muestra la preocupación y negativa radical de la Abogacía a que se recorten garantías y derechos básicos en el acceso a la Justicia Gratuita

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, denunció "el alarmante retroceso en la defensa de los derechos y las libertades de los usuarios del servicio público de Justicia Gratuita" y mostró "la preocupación y negativa radical de la Abogacía a que se recorten estas garantías y derechos básicos", durante un desayuno con los medios de comunicación celebrado en la sede del CGAE para analizar la situación este servicio que prestan más de 35.000 abogados adscritos al Turno de Oficio en España. En el acto, Carnicer estuvo acompañado por el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Luis Nieto y el de la Comisión de Proyección Social, Nazario de Oleaga.

Carnicer, subrayó que los problemas derivados de la actual crisis económica, que provoca un notable aumento de las peticiones de Asistencia Jurídica Gratuita -entre un 20 y un 30% de media-, y paralelamente, en muchos casos, una disminución de los presupuestos de la Administración dedicados al servicio de Justicia Gratuita, "no deben recaer ni ser pagados por los más afectados, que son los más débiles y vulnerables, ni sobre los que tienen que defenderles".

El presidente recordó a los periodistas que los "únicos que pueden garantizar la independencia, la libertad y la competencia de los abogados son los Colegios de Abogados, que son "los que tienen la capacidad de gestionar el servicio". Además, Carnicer subrayó que pese a la "falta de dotación de personal y económica para satisfacer con garantías ese servicio", la Abogacía "está en permanente revisión, como demuestran el Observatorio de la Justicia Gratuita, los seminarios y conferencias, así como el interés mostrado y las visitas de otras Abogacías internacionales que se interesan por nuestro servicio". "Estamos ante un sistema de referencia en el mundo, no hay otro igual", comentó.

La preocupación de la Abogacía es doble, ya que "las garantías representadas en la Justicia Gratuita se están viendo amenazadas y en ocasiones incluso hay movimientos para llevar la Justicia Gratuita hacia otras asociaciones o colectivos de los que no sabemos los intereses que podrían existir y que aún tienen que acreditar la capacidad de garantizar el derecho de defensa".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Luis Nieto, denunció que si bien es una situación heterogénea, con numerosas diferencias entre unas comunidades autónomas e incluso provincias, el recorte de derechos queda manifiesto por ejemplo en extranjería, donde "había convenios muy positivos con las comunidades autónomas que se han eliminado", y ahora además "se está exigiendo mayor documentación, en ocasiones cantidades ingentes, ya no sólo del solicitante, sino de la unidad familiar, lo que hace muy difícil que les sea concedido el derecho a la Justicia Gratuita". Nieto también destacó los problemas en el ámbito penitenciario, "un colectivo vulnerable que ha visto como los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria que había en la mitad de los centros de España carecen de financiación y algunos han tenido que ser suspendidos ya que la prestación no puede depender exclusivamente del voluntarismo de los abogados".

En cuanto a la Violencia de Género, Nieto denunció el déficit estructural "porque la Ley establece la necesidad de una asistencia inmediata, que se está supliendo con un grandísimo esfuerzo por los abogados de oficio". En este aspecto, el presidente del CGAE, apuntó la importancia de la presencia del abogado "desde el momento más temprano, si la víctima cuenta en ese momento con un asesoramiento, el proceso cursa mejor y las garantías de protección son inmejorables y más beneficiosas para víctima".

El modelo funciona

A pesar de las trabas, el servicio público del Turno de Oficio "funciona eficientemente 24 horas al día, 365 días al año, atendido por 35.000 abogados que trabajan con la máxima dedicación, esfuerzo y calidad, y es utilizado por más de un millón de personas con escasísimas quejas" dijo Carnicer. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han tramitado 155.000 expedientes de Justicia Gratuita y se han realizado 160.000 designaciones en 2009, y tan sólo se han recibido 854 quejas de los justiciables.

Además, el presidente del CGAE afirmó que hay que romper con los tópicos sobre la capacidad del abogado de oficio, "ya que es un abogado de 41 años, con más de 13 años de ejercicio profesional y al que se le exige una formación específica para poder acceder al servicio", dijo.

Reforma del turno de oficio

Luis Nieto alertó sobre la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, provocada en algunas comunidades donde el gobierno pretende reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita por decreto "sin contar con la opinión de los abogados", ha intentado privatizar algunos de los servicios, o se ha reformado el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita también sin contar con la opinión de las entidades colegiales.

En este tema Luis Nieto, subrayó que "los abogados somos los primeros interesados en velar por la calidad y eficiencia del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita", y alertó sobre las reuniones que están manteniendo los consejeros de Justicia de las comunidades con competencias transferidas para hablar sobre el servicio y avanzar en la definición de un nuevo Turno de Oficio "sin contar para nada con la Abogacía, que es quien organiza, coordina, presta y garantiza la continuidad y la calidad y el funcionamiento de éste".

Por otra parte, Carlos Carnicer, señaló que aunque "el sistema funciona perfectamente, 24 horas al día, 365 días al año", hay necesidad de reformar la Ley de Justicia Gratuita para "adecuarla a una realidad social actual, que no es la misma que cuando se creó la Ley". Carnicer apuntó cómo el aumento en el número de asistencias prestadas, la mejora telemática del servicio, así como la implementación de numerosos servicios sociales, exigen una reforma de la Ley de Justicia Gratuita de 1996.


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