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15/06/2011 05:05:00 | Redacción NJ | TELECOMUNICACIONES

El Gobierno español pide al Tribunal de Justicia de la UE que anule la multa récord a Telefónica

El Gobierno español ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), durante una vista oral celebrada en Luxemburgo, que anule la multa récord de 152 millones de euros que la Comisión Europea (CE) impuso a Telefónica en julio de 2007 por abuso de posición dominante en el mercado de la banda ancha. El Gobierno se suma así al recurso del operador español, que ya fue examinado en una vista oral celebrada el pasado 23 de mayo.

El Ejecutivo comunitario justificó la sanción con el argumento de que, entre 2001 y 2006, Telefónica cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir. El resultado de estas prácticas comerciales, según Bruselas, es que el operador español debilitaba a sus competidores, ya que dificultaba que mantuvieran su presencia y su crecimiento, y les obligaba a incurrir en pérdidas si querían igualar los precios minoristas de Telefónica. El resultado es que los consumidores españoles pagaban por el acceso a la banda ancha un 20% más que la media europea, mientras que su índice de penetración era un 20% inferior y su crecimiento un 30% más bajo, de acuerdo con los datos de la CE.

En su recurso ante el TUE, el Gobierno español esgrimió como principal argumento que la sanción "obstaculiza la labor regulatoria desarrollada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)", que ya había examinado la supuesta práctica anticompetitiva de Telefónica. La multa a Telefónica "incide sobre el marco regulatorio de las comunicaciones electrónicas vigente en España, además de romper el equilibro entre regulación ex ante y normativa de competencia", señaló el Ejecutivo español. Además, viola el "principio de confianza legítima respecto del operador sancionado y respecto del resto de operadores en ese mercado al romper con el marco regulatorio en una materia que ya había sido regulada por la CMT", denunció España.

El Ejecutivo comunitario argumentó en su réplica durante una vista oral que "ni la decisión impugnada implica crítica alguna de la CMT, ni el marco regulador de 2002 se encuentra en peligro como resultado de la misma".


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