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17/06/2011 04:42:00 | Redacción NJ | PROCEDIMIENTO PENAL

Caamaño propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluya un Estatuto de Víctimas

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha abogado por que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemple un "Estatuto de las  Víctimas" que recoja toda las garantías y la jurisprudencia que han cubierto con el tiempo "los vacíos existentes" sobre la protección de los derechos de los ofendidos durante el proceso penal.

A su juicio, la sucesión de reformas parciales que se han acometido en este terreno no dan solución a los "problemas" del sistema vigente. Por ello, ha puesto en valor el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que deberá salir adelante tras un "diálogo abierto y amplio con toda la sociedad española".

De esta forma, ha explicado que en la elaboración del anteproyecto se escucharán a todos los sectores implicados ya que es conveniente abrir un "debate sincero y sereno" sobre esta norma.

Felicitaciones a los nuevos fiscales

Por otro lado, el titular de Justicia y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han entregado este jueves los despachos a la 50º promoción de nuevos fiscales, compuesta por 101 mujeres y 26 hombres.

Caamaño les ha felicitado tras recordar que han dedicado una media de 9 horas diarias durante aproximadamente 5 años a aprobar la oposición. "Todo esfuerzo merece su recompensa", ha indicado el ministro, quien ha valorado el esfuerzo y las horas de estudio "bajo el flexo"  de los nuevos fiscales.

Conde-Pumpido ha transmitido a la nueva promoción su "pasión" por la Justicia y les ha comunicado el "potencial" que ha logrado el Ministerio Público, que ha dejado de ser una institución "gris y desconocida con un papel secundario" a una "fuerza imparable capaz de poner en marcha, sin ruido ni aspavientos, una transformación sin precedentes".

Conde-Pumpido, acompañado del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y de  la directora del Centro de Estudios Jurídicos, Sofía Puente, ha concluido que en su mandato ha impulsado que el fiscal general del Estado "no pueda ser cesado sin más que en supuestos realmente tasados y sujetos a revisión por el Tribunal Supremo para que no tenga nada que temer del Gobierno".


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