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22/06/2011 06:02:00 | Redacción NJ | AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

José Luis Rodríguez Álvarez toma posesión como director de la Agencia Española de Protección de Datos

José Luis Rodríguez Álvarez ha tomado posesión del cargo de director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en un acto presidido por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, celebrado en la sede de la AEPD, tras la aprobación de su nombramiento por el Real Decreto 853/2011, previa deliberación del Consejo de Ministros el viernes17 de junio de 2011.

José Luis Rodríguez Álvarez ha ocupado desde marzo de 2009 hasta su nombramiento como director de la AEPD el cargo de director de Gabinete del Ministro de Justicia.

Anteriormente, ha desempeñado los cargos de director gerente de la Fundación Democracia y Derecho Local entre los años 2002 y 2004; director del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (2004-2008), y director general de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia (desde abril de 2008 hasta febrero de 2009).

Nacido el 4 de enero de 1962 en Madrid, José Luis Rodríguez Álvarez es licenciado en Derecho y ha desarrollado la mayor parte de su actividad docente como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Además ha realizado estudios de postgrado (Máster) en la Universidad de Heidelberg (Alemania) y ha desarrollado su actividad investigadora en centros internacionales como el Max-Planck-Institut de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional durante tres años.

Dictamen favorable del Congreso

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 8 de junio, el dictamen favorable sobre la propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Álvarez como director de la Agencia Española de Protección de Datos.
 
El nuevo director de la Agencia Española de Protección de Datos se sometió a este trámite previo en el Congreso en cumplimiento del artículo 2.3 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado


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