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21/05/2012 05:47:00 | Consejo de Ministros | La Moncloa

El Gobierno incorpora a la Ley de Transparencia las aportaciones de los ciudadanos

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El texto se presentó el pasado 23 de marzo y se colgó en la web del Ministerio de la Presidencia y en otras webs institucionales hasta el 11 de abril para que los ciudadanos hicieran las aportaciones que consideraran oportunas.

La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que durante este periodo el texto recibió 78.000 visitas. Los particulares, administraciones y organizaciones no gubernamentales han enviado casi 3.700 aportaciones "de muy diversa índole y muy diferente calado". "Se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse porque respondían a la filosofía de esta ley, en la que vamos a procurar que lo que se incluya, se cumpla. Sería fácil incluir cuestiones que queden en papel mojado", ha aclarado Sáenz de Santamaría.

Entre las las aportaciones de la consulta pública, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que "se ha aceptado la sugerencia de incluir a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público".

Por otra parte, los adjudicatarios de contratos públicos tendrán que hacer transparente la gestión de los mismos. Además, se ofrecerá una información trimestral de los montantes y principales elementos de los contratos de poca cuantía, hasta ahora excluidos de la ley.

Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. La vicepresidenta ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los Ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que los ciudadanos han reclamado la conversión del silencio negativo en positivo, pero la petición ha sido desestimada porque hay materias sensibles para la seguridad ciudadana y la defensa nacional, por lo que "actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que entendemos que hay que preservar".

Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que reforzará su independencia ya que su presidente se nombrará mediante un régimen similar al de otros organismos supervisores. La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno no quiere crear nuevas agencias ni estructuras "que cuesten dinero a los ciudadanos".

Buen Gobierno

En el Código de Buen Gobierno se ha acotado el régimen de procedimiento sancionador de los altos cargos que incumplan las normas previstas en la ley. El Consejo de Ministros será el órgano sancionador para los ministros y secretarios de Estado. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sancionará la conducta del resto de altos cargos que vulneren tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Además, Sáenz de Santamaría ha anunciado que se aprobará un plan de simplificación normativa "que tiene por objeto que haya menos y mejores leyes, que los ciudadanos y operadores económicos y jurídicos se encuentren con normas más sencillas, menos numerosas y mejor hechas".

Una vez que el proyecto supere todos los trámites, la parte de la Ley que se refiere al Código de Buen Gobierno entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, y la parte relativa a los portales de transparencia lo hará en el plazo de un año.

Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado a los periodistas que la Casa Real no forma parte del grupo de las administraciones públicas y, por tanto, como ocurre en otros países no se someterá a dicha ley.

Resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el desarrollo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer, ven el que se aprobaron los Planes Económico Financieros de Reequilibrio de las Comunidades Autónomas, excepto el del Principado de Asturias.

La vicepresidenta del Gobierno ha hecho una valoración "sumamente positiva" de la reunión, que "marca un hito muy importante en el desenvolvimiento del estado autonómico".

"El acuerdo de ayer es un auténtico pacto de Estado en el que todos sus miembros hacen común un objetivo de nación, que es controlar el déficit para salir de la crisis. Se pone de manifiesto la viabilidad de un estado de las autonomías, capaz de marcarse objetivos comunes y de fortalecer la unidad de todos sus miembros para conseguir un elemento fundamental en la salida de la crisis, que es el control del déficit", ha subrayado.

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que las Comunidades y el Gobierno han puesto en claro sus cuentas y "logran un acuerdo para fijarse un objetivo común de primera magnitud, que es el control del déficit".

Además, ha destacado que "por primera vez habrá un control mensual de la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en términos homologables y transparentes para todos los ciudadanos".

"De la transparencia de las cuentas públicas nace también la responsabilidad de controlar el déficit, de reordenar los servicios públicos y de lograr una verdadera reforma administrativa, un cambio de mentalidad en todas las administraciones para, cumpliendo con los compromisos presupuestarios, poner el contador de las deudas a cero y abrir una nueva senda de crecimiento y creación de empleo", ha añadido.

Asuntos de actualidad

Sobre la situación de Bankia, la vicepresidenta ha trasladado un mensaje de tranquilidad a inversores e impositores y ha garantizado la solvencia de la entidad.

Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Ministerio de Economía y Competitividad dará a conocer el próximo lunes los nombres de las dos entidades auditoras que se encargarán de llevar a cabo la auditoría del sector financiero español. Ésta se hará en dos fases: una muy rápida y otra posterior más pormenorizada.

En cuanto a la situación económica, la vicepresidenta ha subrayado que la Unión Europea ha puesto en valor hoy algunas de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno y ha destacado el resultado de la reunión del Consejo de Política Financiera.

Respecto a la renovación de los cargos directivos de RTVE, la ministra ha insistido en que no es el Gobierno el que debe dar los nombres, sino los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a través del trámite correspondiente. En este sentido, ha sostenido que el objetivo del grupo parlamentario popular es lograr el máximo consenso


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