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21/12/2012 08:13:00 | Congreso de los Diputados | Reforma del Código Penal

El Congreso aprueba la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal para la lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, al obtener 183 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención en la votación de conjunta, necesaria por tratarse de reforma de ley orgánica.

La Cámara Baja aprobó, con 188 votos a favor, 114 en contra y 24 abstenciones, las enmiendas incorporadas por el Senado al texto remitido en su día por el Congreso, con lo que concluye la tramitación parlamentaria de esta iniciativa y queda lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió en su día ante el Pleno este proyecto del Gobierno, que revisa los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, regulados en el Título XIV del Código Penal, por la que se crean subtipos agravados para castigar las conductas más graves en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social, que serán castigadas con penas de hasta seis años de cárcel. Además, se amplía el plazo de prescripción de estos delitos de cinco a diez años.

Los objetivos de la reforma en el ámbito tributario son: la creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años; posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación.

Asimismo, pretende incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal; introducir mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la hacienda y a los presupuestos de la Unión Europea; evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria.

Con esta propuesta de reforma del Código Penal el Gobierno quiere modificar la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública, recogidos en el artículo 305, a fin de facilitar la persecución de estos delitos y corregir algunas deficiencias advertidas en su aplicación; el 307, sobre delitos contra la Seguridad Social, a los efectos de reducir a 50.000 euros la cuantía que establece el tipo delictivo como condición objetiva de punibilidad, y se castiga al empleador que no dé de alta en la Seguridad Social a un trabajador y se introduce un nuevo artículo que penaliza a quienes mediante simulación, tergiversación u ocultación de hechos, obtengan prestaciones de la Seguridad Social que no le correspondan o faciliten a otros su obtención.

También se modifica el artículo 308,  relativo al fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social. Así, se castigará a la autoridad o funcionario público que falsee la contabilidad, los documentos o la información que haya de reflejar la situación económica de una entidad pública con el objeto de causarle un perjuicio.

Enmiendas

Las enmiendas introducidas por el Senado Diez introducen una precisión de carácter técnico en la redacción de la letra c) del número 2.º del artículo 311 del Código Penal, y modifican la redacción de la Disposición Final Primera con el objerivo de contemplar con mayor rigor técnico-jurídico la adecuación de las causas de inelegibilidad que postula.

Con la nueva redacción, se establece que las  causas de inelegibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se adecuarán, mediante la oportuna modificación legislativa, a las derivadas de las infracciones que en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal.


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