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04/11/2013 09:21:00 | Redacción NJ | Almacén Temporal Centralizado

El Supremo desestima el recurso de Greenpeace contra la ubicación del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por Greenpeace contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 por el que se decidió que la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, sería finalmente la localidad conquense de Villar de Cañas.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fallo del Alto Tribunal impone además a la parte recurrente las costas de su recurso.

La Sala ha deliberado este recurso a la vez que el interpuesto por la misma asociación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que rechazaba otro recurso interpuesto por Greenpeace a la resolución de la Secretaría de Estado de energía de 2009 por la que se efectuó la convocatoria pública para la selección de municipios candidatos a albergar el ATC, que también ha sido desestimado.

En sus fundamentos de derecho, el Supremo explica que, si bien el acuerdo del Consejo de Ministros puede ser susceptible de control jurisdiccional, "no se puede decir que carezca de motivación, tal y como alega el demandante".

Antecedentes

El recurso de Greenpeace fue interpuesto el 24 de febrero de 2012 y presentó escrito de demanda el 6 de septiembre de 2012 pidiendo la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida. A esta demanda contestó primeramente la Abogacía del Estado pidiendo la desestimación íntegra de la misma y la confirmación del acuerdo impugnado, e igualmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidió su inadmisión.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Villar de Cañas, con fecha 3 de diciembre, se adhirió a la contestación realizada por la Abogacía del Estado y suplicó la desestimación del recurso.

Fundamentos de derecho

Greenpeace alegaba en su petición que el acuerdo vulneraba un Real Decreto por el que se aprobaba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, ante lo que la Sala contesta que la decisión del Consejo de Ministros se sustentaba en un Real Decreto posterior por el que se creaba la Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC.

La organización ecologista afirmaba que tanto la resolución de convocatoria como el acuerdo del Consejo de Ministros vulneraban el derecho a la participación en la toma de decisiones y que con ello se impedía el ejercicio de estos derechos.

Ante este alegato, el Supremo valora que "no son precisas demasiadas consideraciones para rechazar este alegato de la demanda", ya que "las distintas fases del proceso previas a la decisión del Consejo de Ministros han estado en todo momento abiertas a la participación ciudadana, no sólo a través de la denominada Mesa del Diálogo --en la que intervino Greenpeace-- sino mediante la publicación de los sucesivos documentos e informes en una página web denominada precisamente 'emplazamientoatc.es', a través de la cual se han podido formular las alegaciones, sugerencias, críticas y alternativas que cada uno ha tenido por conveniente".

En cuanto a una supuesta negativa postura de todas las comunidades autónomas alegada por la parte recurrente, el Supremo indica que tanto el Ayuntamiento de Villar de Cañas como la Junta de Castilla-La Mancha "defienden en este litigio la validez del Consejo de Ministros", y si el Gobierno actúa en consenso con la Comunidad Autónoma y es respaldado por el ayuntamiento correspondiente, "mal puede sostenerse que han fallado los instrumentos de participación de las entidades territoriales afectadas o los mecanismos de colaboración y cooperación administrativa".

Así, según el Alto Tribunal, "han sido debidamente respetadas las exigencias tanto de la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como del denominado Convenio de Aarhus", convenio que la parte demandante consideraba vulnerado.

Tampoco considera la sentencia que el acuerdo vulnere aspectos medioambientales, tal y como reclamaba Greenpeace, y asegura que en la designación de los municipios candidatos han intervenido, entre otras, las consideraciones mediambientales que, apreciadas por la Comisión Interministerial, se han tomado en cuenta. (EUROPA PRESS)


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