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13/02/2014 10:00:00 | Redacción NJ | Justicia universal

La Abogacía Española rechaza las restricciones al principio de jurisdicción universal

En relación con la proposición de ley que limita la extensión de la jurisdicción de España fuera de sus fronteras, de la que recientemente dimos cuenta en Noticias Jurídicas, y cuya tramitación ha sido aprobada en el Congreso, el Consejo General de la Abogacía Española ha hecho público un comunicado por el que mafiesta que dicha iniciativa entra en contradicción con los fundamentos de la jurisdicción universal, y con compromisos internacionales adquiridos por España.

En consecuencia, el Consejo General de la Abogacía y Fundación Abogacía Española muestran su radical rechazo a la nueva e injusta limitación que vuelve a sufrir este importante principio de derecho internacional.

Según el texto difundido hoy, esta modificación prevista de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede además generar nuevas controversias jurídicas con algunos preceptos adoptados por España en virtud de la firma de convenios y tratados, como sucede en el caso del artículo 129 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Según este artículo, vigente en el acervo normativo español en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, nuestros Tribunales pueden perseguir los delitos establecidos en dicho Convenio independientemente de dónde y quién los cometa mientras que, tras la reforma planteada, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo impediría.

Con la aprobación de esta tramitación, se señala, España reduce drásticamente su compromiso internacional  y su protagonismo en la lucha contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El cambio legal previsto podría dar lugar al archivo de varias causas abiertas, como el caso Couso, el genocidio de Guatemala, los asesinatos cometidos en el Sáhara  y la relacionada con los delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma del Tíbet en los años ochenta y noventa del siglo XX.

Se subraya que llama la atención la celeridad con la que se producen las reformas de leyes orgánicas que afectan a estas cuestiones y, en el caso actual, la ausencia total de apoyos parlamentarios al Grupo que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara parlamentaria y ha presentado la propuesta de reforma. Y mucho más cuando estos ingredientes se unen para aprobar una claudicación de las responsabilidades internacionales de España en la persecución de los crímenes más atroces que puedan cometerse, tales como genocidio, crímenes de guerra, torturas o desapariciones forzadas.

De igual modo se reducirá drásticamente la capacidad de los tribunales españoles para iniciar procedimientos por hechos delictivos de naturaleza transnacional: trata de personas, tráfico de estupefacientes, o delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad. Esto facilitará la existencia de nuevos espacios de impunidad para los presuntos culpables.

El comunicado finaliza señalando que "Es lamentable el doble rasero que se aplica en las relaciones internacionales de los Estados. Por un lado se apoya en lo económico un mundo cada vez más globalizado, libre de cortapisas y guiado por la cesión de soberanía, mientras que en materia de justicia se aprueban decisiones que suponen un repliegue de la vocación internacionalista y vigilante de los derechos humanos por los Estados, apartando  la vista cuando las víctimas de violaciones de esos derechos están al otro lado de la frontera, donde no pueden obtener reparación."


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