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19/02/2014 08:02:00 | Redacción NJ | Proyectos de Ley

Las 10 grandes reformas legislativas previstas para lo que queda de legislatura

Según informa Almudena Vigil en el diario Expansión, el Ministerio de Justicia se prepara para unos meses de actividad legislativa frenética, con el objetivo de sacar adelante los proyectos clave de la legislatura antes de verano.

Dejando aparte la polémica reforma sobre el aborto, dadas las dudas sobre su futuro y el proyecto de reforma del Código Penal, ya en tramitación, las 10 grandes reformas pendientes son las siguientes:

1.- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría llegar en primavera. Prevé crear los tribunales de instancia y acabar con las audiencias provinciales.

2.- La nueva organización judicial se desarrolla en la Ley de Demarcación y Planta, que finalmente no se tramitará en paralelo con la LOPJ, lo que dificulta que entre en esta legislatura.

3.- El nuevo Código Procesal Penal llegará a Consejo de Ministros después de la reforma de la LOPJ. Supone un cambio de modelo con la figura del fiscal instructor.

4.- La obra faraónica del nuevo Código Mercantil supone toda una revolución para el mundo de los negocios. El Ministerio quiere que el texto llegue al Congreso antes de verano.

5.- La aprobación de la Ley de Justicia Gratuita parece inminente. El texto podría recibir el visto bueno del Consejo de Ministros en las próximas semanas.

5.- La Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrega competencias a colectivos como notarios y registradores, está en fase de informe en el Consejo General del Poder Judicial.

7.- Justicia tendrá que resolver en breve la incógnita en torno a la gestión del Registro Civil. Las opciones están entre registradores y secretarios judiciales.

8.- La Ley de Servicios Profesionales es una de las normas que más preocupa al sector legal. Aunque corre a cargo de Economía, Justicia negocia para alcanzar acuerdos.

9.- Otra iniciativa de Economía en la que colabora Justicia es en un retoque a la Ley Concursal para flexibilizar los acuerdos de refinanciación en la fase preconcursal.

10.- La Ley de Navegación Marítima, que regula el régimen general sobre el tráfico marítimo para evitar contradicciones con convenios internacionales, está ya en tramitación.

Entre estas reformas se encuentran algunas de las más controvertidas para el sector jurídico. Los próximos meses serán decisivos, ya que lo que no pase por el Consejo de Ministros antes de verano será más difícil que quede aprobado antes de que culmine la legislatura.

En esta relación destacan normas de gran peso, como el nuevo Código Procesal Penal, que configura un cambio de modelo en el que la investigación penal correrá a cargo del fiscal, respaldado por un juez de garantías. La figura del fiscal instructor supone un acercamiento a los países de nuestro entorno, pero implica una reorganización judicial en España. De ahí que, una vez aprobado, el texto podría incluir una vacatio legis (retraso en su entrada en vigor) de un mínimo de tres años. Según fuentes de Justicia, la reforma podría tardar hasta tres meses en llegar en primera vuelta al Consejo de Ministros.

Antes se espera que llegue la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otro de los grandes proyectos que ha impulsado el Ministerio. El texto, que podría pasar el visto bueno del Consejo de Ministros en un mes, prevé dotar de una mayor previsibilidad a las sentencias de los tribunales, de forma que lo dictado por el Supremo vincule a los órganos inferiores, fomentando así la uniformidad y la seguridad jurídica, e incluye la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de las audiencias provinciales.

Respecto a esta cuestión, el texto pone los cimientos para una reforma estructural de calado, pero su puesta en marcha definitiva no llegaría hasta que se desarrolle la Ley de Demarcación y Planta, que finalmente no se tramitará en paralelo, sino que deberá esperar a que la primera quede aprobada. Esto hace muy difícil que la Ley de Demarcación y Planta pueda salir adelante en la actual legislatura.

En cuanto al nuevo Código Mercantil, según las fuentes consultadas por Expansión, en un mes podría estar listo para pasar por Consejo de Ministros.

En este caso, Justicia se ha marcado un ambicioso objetivo: lograr que para verano pueda pasar el segundo visto bueno del Gobierno. Tras casi ocho años de trabajo, este proyecto, casi faraónico, se adapta a la forma de hacer negocios del siglo XXI, recopilando en un único texto prácticamente toda la legislación mercantil e incorporando materias que carecían de regulación, como los contratos electrónicos o los financieros mercantiles. Según ha trascendido, también podría incluir algunas cuestiones en materia de gobierno corporativo.

Más avanzada se encuentra la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pendiente del trámite de informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, cuyo dictamen podría ser inminente. Esta ley reparte nuevas competencias a colectivos como notarios y registradores.

Por su parte, la Ley de Justicia Gratuita, de la que ya se adelantó y aprobó una parte hace un año, se prevé que pase el visto bueno del Gobierno en las próximas semanas –o incluso este viernes–.

Proyectos con Economía

Justicia también está presente en otras reformas en las que el Ministerio de Economía lleva la iniciativa. Es el caso de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, uno de los proyectos que más preocupa al sector legal y que podría afectar de forma crucial a la colegiación obligatoria, así como suponer el fin de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, algo que preocupa especialmente a este último colectivo. Fuentes de Justicia señalan que se sigue trabajando en ello y que se espera alcanzar un acuerdo o una solución intermedia. El texto podría llegar al Consejo de Ministros en segunda vuelta para primavera.

Economía también trabaja en introducir, de forma inminente, un cambio en la Ley Concursal para agilizar los acuerdos de financiación en la fase preconcursal. El objetivo es evitar que empresas que son viables, pero que cargan con una elevada deuda financiera, lleguen a concurso de acreedores, lo que en el 90% de los casos supone la liquidación.

La gestión del Registro Civil, pendiente de asignación

Una de las cuestiones más polémicas que tiene actualmente el Ministerio de Justicia entre manos es la desjudicialización del Registro Civil. El Gobierno debe decidir pronto quién se hará cargo finalmente de su gestión: si los registradores de la propiedad y mercantiles o los secretarios judiciales. La decisión no podrá demorarse en exceso, puesto que en julio culmina el plazo para poner en marcha un nuevo modelo, como establecía la Ley del Registro de 2011.

La cuestión atraviesa un momento crítico. La semana pasada, el decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, anunciaba por carta a todo el colectivo que “al final la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores”, generando un gran revuelo.

El Ministerio se apresuró en desmentirlo, asegurando que aún no hay nada decidido, y señaló dos líneas rojas que no quiere traspasar. Lo primero, garantizar la gratuidad en las notificaciones y certificaciones para los ciudadanos –en caso de asumirlo los registradores, se financiaría a costa del margen que les dejan sus actuales aranceles– y, en segundo lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente vinculados al Registro Civil.


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