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29/04/2014 08:19:00 | Redacción NJ | Justicia gratuita

Ruiz-Gallardón anuncia modificaciones en el proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado por el Gobierno

El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados, durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley de Justicia Gratuita, la incorporación al texto de algunas medidas no incluidas en el texto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero.

Entidades medioambientales

Así, por una parte, las entidades medioambientales se reconocerán expresamente en dicha norma como beneficiarias de justicia gratuita con independencia de sus recursos.

La redacción actual del proyecto de ley mantenía la situación prevista para estas entidades en la Ley de Justicia Gratuita vigente y sólo concedía el beneficio de la justicia gratuita a las que acreditasen insuficiencia de recursos, aunque elevaba el umbral para acogerse a esta prestación para las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones.

Con la aprobación de esta enmienda las organizaciones medioambientales se equiparan a las asociaciones de víctimas del terrorismo, que el proyecto de ley ya sumaba a las de consumidores y usuarios, las de discapacitados, los sindicatos y representantes de los trabajadores, Cruz Roja, las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.

Personas jurídicas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita

También se introducirá en el texto, vía enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que con carácter general las personas jurídicas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita con independencia de su recursos y los trabajadores sólo asumirán el pago de las costas cuando el tribunal declare en sentencia que actuaron con temeridad o mala fe.

Convenios con los colegios de abogados

Además, para mejorar el proyecto de ley, se incorporará en otra enmienda la previsión de que cada una de las administraciones competentes, si lo considera necesario, pueda suscribir convenios con los colegios de abogados para prestar en centros penitenciarios un servicio de orientación jurídica a potenciales beneficiarios de justicia gratuita.


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