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07/10/2014 04:43:00 | Redacción NJ | IRPF

El TS plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la retroactividad de la tributación de las 'stocks options'

El Tribunal Supremo (TS) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra el número Uno de la disposición final 49.ª de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que estableció la "retroactividad máxima" a la tributación de las 'stocks options' en el IRPF para los periodos posteriores al 4 de agosto de 2004.

Esta disposición, aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, añadió una nueva disposición adicional trigésima primera en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estableciendo condiciones para aplicar la reducción del 40% de la renta gravable en el caso de la tributación de las 'stocks options' que preveía esa misma ley.

Así, la citada norma estableció que se podía aplicar la reducción del 40% cuando los rendimientos obtenidos se hubieran generado en un periodo superior a dos años y cuando no se hubieran obtenido de forma periódica o recurrente, y todo ello con efectos retroactivos desde el 4 de agosto de 2004.

Posible vulneración del principio de seguridad jurídica

En su auto, planteado en el caso de una contribuyente que cobró y tributó por 'stocks options' de su empresa en 2007, la sala tercera del Tribunal Supremo señala que dicha disposición legal puede entrar en contradicción con el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, y para aclarar este extremo eleva una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Ahora, será el alto tribunal quien decida primero si fue constitucional regular por ley en 2011, con "retroactividad máxima" (aplicable desde 2004), las tributaciones de 'stocks options' y, además, el Supremo subraya que la ley cuestionada dio cobertura legal a lo establecido en normas reglamentarias anteriores que ya habían sido anuladas por el propio TS.

Para la demandante, la norma vulnera el principio de seguridad jurídica y el de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, estableciendo una retroactividad máxima, "vedada" en la medida en que afecta a hechos imponibles realizados con anterioridad a su vigencia. (EUROPA PRESS)


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