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09/01/2008 06:07:00 | Consejo General de la Abogacía | ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Balance de la legislatura: cuatro años, 167 leyes aprobadas y ocho proyectos en el tintero

Cuando la actual Legislatura está prácticamente acabada, tres Ministerios acaparan por si solos más del 50 por ciento de las leyes aprobadas en estos cuatro años. Economía, Justicia y Trabajo copan el “ranking” de departamentos más reguladores en la actual Legislatura, frente a Vivienda, Fomento y Exteriores, los que menos actividad legislativa han presentado.

En total, se han aprobado 167 leyes aunque se han quedado ocho proyectos de ley en el tintero por falta de consenso. A pesar de eso, y de un último trimestre del 2007 muy intenso, el primer Gobierno de Zapatero se queda a 8 de las 175 leyes que sacó adelante el Gobierno de José María Aznar entre 2000 y 2004.

El resto de Ministerios se mantiene en una media equilibrada de actividad legislativa, aunque en algunos casos la importancia de las leyes propuestas que han sido aprobadas hace que su “caché” aumente de manera cualitativa.

Destacan por su importancia o por su especial controversia la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Regulación de conflictos de intereses, la Ley de Propiedad Intelectual y la polémica ley que ordenó la devolución de los archivos de Salamanca a la Generalitat de Cataluña, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, las dos Leyes de Educación (general y universitaria), la Ley de OPAS, la reforma del IRPF, la Ley para impulsar la TDT, la de la reforma laboral de RTVE, el carné por puntos, la Ley anti-tabaco, la Ley del matrimonio homosexual, la de reproducción asistida, la Ley de igualdad, la Ley de Dependencia, la Ley contra la violencia de género, el Estatuto del Trabajador Autónomo, la Ley del Suelo, la reforma hipotecaria, la Ley de Defensa de la Competencia o la Ley de responsabilidad medioambiental.

En el terreno de la abogacía, cabe destacar muy especialmente la ley de Sociedades Profesionales, la Ley de Acceso y la regulación de la relación laboral especial, mediante el Real Decreto Ley 5/2006 del 9 de junio.

Actividad Frenética

En líneas generales, al observar el mapa de actividad legislativa de éste Gobierno hasta la fecha, hay dos cosas que saltan a la vista: en primer lugar, que unos Ministerios han tenido una intensa actividad mientras que otros apenas han presentado proyectos de ley; y, por otro lado, que las Cortes tuvieron que aplicarse para aprobar los proyectos de ley que se acumulaban sobre la mesa allá por el mes de mayo, cuando la actividad política fuera del Congreso comenzaba a ganar tiempo a la legislativa.

A ésta urgencia temporal había que añadir que durante algunos meses los partidos estuvieron volcados en las campañas electorales para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, por lo que hasta que no pasó esa cita con las urnas la actividad legislativa en las Cortes sufrió un importante parón. Además, el Debate sobre el Estado de la Nación, celebrado en junio, que centró la actividad parlamentaria durante una semana a poco tiempo de las vacaciones de verano, también hizo que el Congreso frenara el debate y aprobación de proyectos de ley.

Una de las causas apuntadas para explicar esta acumulación puntual de trabajo son los seis Estatutos de Autonomía que se han aprobado en ésta legislatura, cuyo debate, tramitación y reforma han sido arduos, lentos y costosos.

A pesar de los obstáculos, el Gobierno ha conseguido sacar adelante sus iniciativas más importantes en todas las áreas ministeriales, aunque se han quedado en el tintero ocho proyectos de ley, entre los que destaca la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de las iniciativas estrellas de Zapatero, que pretendía descentralizar este organismo mediante la creación de consejos autonómicos.

Junto a éste, se quedan sin aprobar otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este caso la que modificaba el recurso de casación y generalizaba la doble instancia penal; el proyecto de régimen económico de los puertos; el que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que preveía la posibilidad de colocar en Bolsa una parte de sus recursos; el proyecto de ley de Navegación marítima; el de Concurrencia y prelación de créditos; el proyecto de reforma legislativa sobre el patrimonio de incapacitados; y la modificación de distintos apartados del Código Penal.

Estas reformas irán a la siguiente legislatura, en el caso de que el PSOE gana las elecciones, según ha prometido el presidente del Gobierno, aunque una vez más dependerá del consenso que exista entre los partidos.

Grandes desencuentros

Además de la falta de acuerdo sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, -el Consejo lleva más de un año en funciones y sin renovar- también ha habido otras grandes polémicas en las leyes aprobadas, de las que merece la pena destacar los aplazamientos o la retirada de algunas partes de ciertas leyes especialmente polémicas, como fue el caso de la Ley del Vino, de momento aplazada, la Ley del Cine, la Ley de Estudios universitarios –que afectaría a algunas carreras que o bien podrían desaparecer o bien quedar absorbidas por otras y ver modificados sus planes de estudio y su duración- o la cláusula retirada de la Ley de Internet según la cual el Gobierno podría controlar los sitios web.

Pero si de polémicas se trata, sin duda en ésta legislatura ha habido dos frentes claros: en primer lugar, el revisionismo histórico –con la muy controvertida decisión de devolver parte de los “archivos de Salamanca” a Cataluña por considerar que les pertenecían tras haber sido incautados durante la Guerra Civil-, y, especialmente, la Ley de Memoria Histórica, que ha enfrentado a Gobierno y oposición por considerar los primeros que de ésta manera se hace justicia a los perdedores de la guerra del 36 tras muchos años de sufrimiento, silencio y vejaciones, y por entender los segundos que así se traiciona el espíritu de la Transición democrática, y lo único que se consigue es revivir el fantasma de las dos Españas enfrentadas en bandos enemigos.

Y en segundo lugar, el que sin duda ha sido el gran enfrentamiento que ha mantenido el Ejecutivo ha sido contra la Iglesia Católica, por la aprobación de un gran número de leyes consideradas por la jerarquía eclesiástica como un ataque a los principios morales tradicionales. Así, la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, la nueva asignatura de “Educación para la Ciudadanía” que deja Religión como asignatura no computable en la nota media, la ley de Reproducción asistida o la agilización de los trámites del divorcio, provocaron una fricción en ocasiones extremadamente agrias entre la Iglesia y el Ejecutivo.

En ciertas ocasiones, como ocurrió con la ley del matrimonio homosexual o la reforma educativa, el Episcopado llegó incluso a hacer campaña contra estas normas en las parroquias, y a convocar manifestaciones masivas para protestar por éstas medidas que consideraban como una agresión al modelo de familia tradicional. Además, en la nueva reforma fiscal, la Iglesia dejará de beneficiarse de aportaciones provenientes de impuestos a no ser que los contribuyentes así lo deseen marcando la casilla correspondiente en su Declaración, algo que tampoco sentó bien entre la jerarquía católica.

Otro de los temas candentes, la reforma de la Ley del Aborto, recuperada tras los escándalos de las clínicas abortivas que interrumpían embarazos avanzados, ha quedado aplazada tras considerar el Gobierno –no sin una fuerte división en las filas socialistas- que no procede realizarla en éste momento.

Principales leyes aprobadas

  • Ley contra la violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Fue la primera ley enviada por el Gobierno a las Cortes y , posteriormente, aprobada por el Parlamento. Aunque tras su aprobación las denuncias, las órdenes de alejamiento y los arrestos aumentaron, no lo han hecho las muertes por violencia de género ni las agresiones.
  • Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley 7/2007 del 12 de abril. Esta legislación nació con el objetivo de modernizar la Administración pública, así como mejorar las condiciones de sus trabajadores, mediante la equiparación de sueldos, la garantía del principio de igualdad en el acceso y promoción entre hombres y mujeres, y la reducción de la temporalidad en el empleo.
  • Ley de Regulación de conflictos de intereses. Ley 5/2006 del 10 de abril de 2.006. Esta ley representa un intento más de luchar contra la corrupción pública, a la luz de los numerosos casos de corrupción urbanística que salieron a la luz el pasado año, aunque en ésta ocasión se intenta regular también desde el ámbito de la administración para reforzar los esfuerzos que se vienen realizando desde la óptica penal.
  • Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo. Ley 20/2007, de 11 de julio. El texto recoge las principales reivindicaciones de este colectivo, integrado por más de tres millones de trabajadores y fue ratificado por las dos asociaciones mayoritarias del sector, ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos) y UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomos).
  • Ley de Propiedad Intelectual. Ley 23/2006, de 7 de julio. Uno de los asuntos pendientes de los últimos años, su negociación fue ardua y no exenta de polémica, ya que en ella se estableció el ya famoso “canon” contra la piratería que grava los equipos y soportes que pueden ser utilizados para la grabación de archivos para compensar así a los autores de una posible utilización fraudulenta de los originales en cualquier formato.
  • Ley que ordenó la devolución de los “archivos de Salamanca” a la Generalitat de Cataluña Ley 21/2005, de 17 de noviembre. Sin duda una de las leyes que más controversia levantó de todas las aprobadas en ésta legislatura. La decisión del Gobierno de devolver a Cataluña los conocidos como “archivos de Salamanca”, que en su momento pertenecieron a la Generalitat, pero que fueron incautados durante la Guerra Civil, inició una guerra entre la Junta de Castilla y León, la propia Generalitat y el Ejecutivo, que llegó incluso a provocar que su traslado se realizara de noche para evitar incidentes.
  • Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Ley 5/2005 17 de noviembre. Contempla el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, regula los supuestos de consulta parlamentaria y establece que las misiones en el exterior deberán ser conformes con la Carta de Naciones. También recalca la “naturaleza militar" de la Guardia Civil, mientras la legislación que regulará la situación de éste cuerpo sigue en trámite parlamentario.
  • Leyes de Educación. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOU, dirigida a la Universidad) y Ley 2/2006, de 3 de mayo (Educación primaria y secundaria). Como ha ocurrido con las últimas reformas educativas de los últimos tiempos, su aprobación ha disgustado a amplios sectores políticos, sociales y dentro del propio mundo docente y estudiantil, especialmente en lo que se refiere a la segunda legislación, cuyo contenido más polémico fue el de la inclusión de la asignatura “educación para la ciudadanía”, que incluso llegó a provocar manifestaciones organizadas por la Iglesia Católica por considerarlo un ataque contra éste estamento, ya que además la asignatura de religión se mantiene, aunque no será computable.
  • Ley de OPAS. Ley 6/2007 de 12 de abril. El agitado panorama empresarial que vivió la economía española a lo largo del último año provocó que el ministerio de Economía elaborara una legislación específica para regular este tipo de operaciones
  • Reforma del IRPF. Ley 35/2006, de 28 de noviembre entro en vigor 1 de enero. Su aplicación real se hará de cara a la Declaración de la Renta de 2008, con los datos del actual año fiscal.
  • Ley del impulso de la TDT. Ley 10/2005, de 14 de junio. El tan sonado y polémico “apagón analógico” quedó regulado con esta legislación, que finalmente sentó las bases para el paso paulatino del sistema de televisión actual a la televisión digital.
  • Reforma de RTVE. Ley 17/2006, de 5 de junio. Considerado como el proyecto más ambicioso en materia audiovisual del Gobierno de Zapatero, nació con la intención de sanear las cuentas de la televisión y la radio públicas. Así, establece que el Ente público se convierta en una corporación estatal, sometida a las leyes de las sociedades anónimas, cuyo máximo responsable es elegido por el Parlamento y no por el Gobierno, como había ocurrido hasta ahora, en un intento por despojar a RTVE de la imagen seguidista con el Gobierno de turno. Su tramitación estuvo empañada por el plan de saneamiento del ente público –el famoso ERE-, aunque se trataba de iniciativas independientes.
  • Carné por puntos. Ley 17/2005, de 19 de julio. Entra en vigor 1 julio 2006. Aunque fue aplaudida por prácticamente todos los sectores políticos y de la sociedad, una vez entrada en vigor comenzaron los problemas, no tanto por su efectividad –ya que en general sí produjo un descenso en el número de muertos en carretera- sino por el colapso producido en los juzgados de lo contencioso-administrativo, que han provocado retrasos de hasta 4 años en la retirada de puntos a los infractores.
  • Ley anti-tabaco. Ley 28/2005, de 26 de diciembre. Entra en vigor el 1 de enero 2006. Estuvo cargada de polémica, especialmente por la prohibición de fumar en los lugares de trabajo –sin obligación para las empresas de habilitar sitios específicos para fumadores- y por la exigencia a los locales de más de 100 metros cuadrados de crear zonas aisladas para consumidores de tabaco. Desde su entrada en vigor su cumplimiento ha sido desigual, y algunas comunidades, como Madrid o la Comunidad Valenciana, suavizaron sus límites.
  • Ley de matrimonio homosexual. Ley 13/2005, de 1 de julio. Esta legislación provocó reacciones encontradas, por un lado de los que consideraban que otorga un derecho que hasta ahora les había sido negado a un colectivo con cada vez más presencia en la sociedad, y por otro por los que vieron en ella un ataque al modelo de familia tradicional. En cualquier caso, se trató de una ley revolucionaria que tuvo eco en toda Europa.
  • Ley de reproducción asistida. Ley 14/2006, de 26 de mayo. Aprobada tras un arduo debate y muchos informes, esta legislación aprueba la selección genética con fines terapéuticos para terceros y prohíbe la clonación de seres humanos con fines reproductivos así como el empleo de “madres de alquiler”. La novedad respecto a la aprobada por el Gobierno de PP en 2003 es que la investigación con células madre puede realizarse ahora sobre preembriones sobrantes –previo consentimiento de los progenitores- que no tienen porque haber sido congelados previamente, como establecía la anterior norma.
  • Ley de igualdad. Ley 3/2007, de 22 de marzo. Otra de las leyes más controvertidas de las aprobadas en ésta legislatura. La obligación a las empresas y los propios partidos políticos de incluir una cuota de mujeres entre sus trabajadores y puestos directivos fue considerada por algunos sectores como una discriminación positiva que no ayuda a las aspiraciones laborales femeninas, aunque el Gobierno argumentó que sin un impulso inicial obligatorio el “techo de cristal” difícilmente se romperá por si solo. Además de ésta premisa, la ley incluía, entre otras cosas, nuevas normas para el permiso de maternidad y paternidad, con el objetivo de que las mujeres no tengan que elegir entre sus carreras profesionales o ser madres.
  • Ley de Dependencia. Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Una de las grandes apuestas de ésta legislatura. Con ésta legislación, todas las personas dependientes por edad, enfermedad o discapacidad tendrán derecho a una prestación social, mientras que todos aquellos que tengan a su cargo a una persona dependiente comenzarán a cobrar una pensión de ayuda.
  • Ley de Sociedades. Profesionales Ley 2/2007, de 15 de marzo. Una de las leyes más importantes para la Abogacía aprobada en los últimos años. Pretende regular a las organizaciones integradas por profesionales liberales asociados -abogados, arquitectos, médicos, notarios, registradores…-. Gracias a ella se introducen garantías jurídicas en sus actividades, y para ello la inscripción en el Registro Mercantil será obligatoria y garantizará la transparencia en la estructura de estas sociedades. Además, se extienden las responsabilidades tanto a los profesionales como a la sociedad en la que se integran
  • Ley de Acceso a la Abogacía y a la Procuraduría. Ley 34/2006, de 30 de octubre. Su aprobación supuso un importante avance para la Abogacía, y aunque el CGAE expresó su satisfacción, también llamó la atención sobre las lagunas que aún tenía. La legislación establece un nuevo sistema de acceso que requiere la realización de cursos especializados de postgrado, formación práctica y superación de un examen para acceder a las profesiones de abogado y procurador. En este sentido, se le otorga una especial importancia a las prácticas, por lo que establece que éstas deben ocupar exactamente la mitad del contenido formativo y no un tercio como contemplaba el proyecto inicial. Está previsto que no empiece a aplicarse hasta dentro de cinco años, para garantizarse los derechos de los alumnos que ya están cursando el primer curso de la carrera de Derecho.
  • Relación laboral especial. Ley 22/2005 de 19 de noviembre. Gracias a ésta ley, por primera vez, todos los abogados –no socios– de un despacho se convierten en trabajadores por cuenta ajena, pero en la norma se excluyen de la relación laboral especial a los socios y los abogados que actúan con criterios organizativos propios y que recibe una remuneración totalmente variable.
  • Nueva ley del divorcio (“divorcio exprés”). Ley 15/2005 de 8 de julio. Otra de las legislaciones que causó fricciones con la Iglesia Católica. En ésta reforma de la ley del divorcio, la primera desde que se aprobó en el año 1981, se elimina la necesidad de separación previa para solicitarlo –las parejas pueden divorciarse a los tres meses de haber contraído matrimonio-, suspende la necesidad de alegar causas para pedir el divorcio, regula el concepto de custodia compartida de los hijos, prevé un fondo de impagos de pensiones a cargo del estado y establece que en caso de que las parejas casadas no compartan las tareas del hogar, éste hecho puede ser determinante en caso de divorcio en detrimento del cónyuge que no haya cumplido su parte.
  • Ley de Memoria Histórica. Una de las iniciativas más polémicas de esta legislatura, y que finalmente ha visto la luz. La ley de Memoria Histórica reconoce, amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, además de otras medidas con mayor o menor apoyo entre los distintos grupos políticos.
  • Ley Hipotecaria. En pleno revuelo de subida de tipos, caída del mercado inmobiliario y bancarrota de agencias y promotoras, entró en vigor la nueva Ley Hipotecaria, que reduce las comisiones aplicadas a los préstamos hipotecarios, regula la hipoteca inversa y rebaja los gastos en los aranceles registrales y notariales sobre las escrituras de vivienda
  • Reforma del Código Penal en materia de seguridad vial. Ley 15/2007 de 30 de noviembre. Con esta reforma, aprobada en tiempo record, se pretende poner freno al alto número de muertos en la carretera, y establece pena de cárcel para los infractores que excedan unos límites.
  • Ley de Adopción Internacional. Una de las últimas leyes aprobadas en esta legislatura, garantiza que en las adopciones internacionales prevalezca siempre el interés superior del niño y el respeto por sus derechos con el fin de evitar y prevenir la sustracción, venta o tráfico de menores y su discriminación.

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