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07/11/2008 06:43:00 | Parlamento Europeo | INMIGRACIÓN

El PE propone sanciones más estrictas contra la contratación de inmigrantes ilegales

En la Unión Europea viven alrededor de ocho millones de inmigrantes ilegales, un caldo de cultivo ideal para la explotación laboral en trabajos poco cualificados y mal remunerados. Mientras, Europa envejece y necesita abrir nuevas vías para canalizar la inmigración legal y luchar contra la ilegal sancionando a quienes den trabajo a personas en situación irregular. La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó este martes por la tarde las sanciones propuestas.

La posibilidad de encontrar un trabajo que les permita mejorar su nivel de vida es una de las principales razones que lleva a muchos inmigrantes a venir a Europa, aunque para ello pongan su vida en peligro. Esta situación es aprovechada por algunos empresarios que la perciben como una oportunidad de pagar sueldos más bajos por el mismo trabajo, lo que a largo plazo distorsiona a la baja los salarios medios de los sectores que concentran un mayor número de empleados en situación irregular, fundamentalmente la construcción, el campo, la limpieza y la hostelería.

Faltan trabajadores

Además, los trabajadores irregulares no tienen derecho a seguridad social ni a prestaciones por desempleo o jubilación, y además corren el riesgo de ser expulsados a su país de origen en cualquier momento.

A todo esto se una la paradoja que viven muchos Estados miembros de la Unión Europea, donde faltan trabajadores a la vez que la gestión de la inmigración ilegal se ha convertido en un problema de primer orden. En otros, la integración y adaptación de los inmigrantes legales también resulta problemática.

Explotación

El ponente del informe, sometido a votación el pasado martes 4 de noviembre en la comisión de Libertades de la Eurocámara, el socialista italiano Claudio Fava, alerta de que "una de las consecuencias sociales de este fenómeno es que estos inmigrantes están empleados en condiciones de explotación". Fava asegura que "los inmigrantes ilegales ayudan a satisfacer las necesidades de algunos empleadores sin escrúpulos" que contratan a "trabajadores dispuestos a aceptar empleos que, por lo general, están poco cualificados y mal pagados".

Para poner freno a esta realidad, la Unión Europea propone, entre otras medidas, unificar las sanciones para quienes empleen mano de obra ilegal o que cada Estado miembros realice inspecciones en una de cada diez empresas. Además, la sanción recaería sobre el empresario, y no sobre el trabajador, por lo que se hace recaer sobre los primeros la responsabilidad de revisar los permisos de trabajo de los empleados que contraten.

Sanciones penales y administrativas

Las sanciones irían desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Para los casos más graves, como aquellos en los que no se respete la norma en repetidas ocasiones (tres infracciones en dos años) o en circunstancias de trabajo particularmente precarias, se aplicarían medidas de tipo criminal.

Fava puntualiza que "no se pide que los empleadores tengan un conocimiento riguroso de los aspectos de los permisos de residencia u otras autorizaciones de estancia". El ponente afirma que "un empleador puede ser considerado responsable sólo si el documento es manifiestamente incorrecto o si sabe que se trata de una falsificación", y pide a los Estados miembros que establezcan "directrices claras y consejo continuo sobre la identificación de permisos de residencia y otras autorizaciones de estancia".


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