Sindicatos

El ministerio plantea habilitar parte de agosto, establecer turnos de mañana y tarde y permitir la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales de misma localidad y jurisdicción durante los tres meses posteriores al estado de alarma

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha denegado hoy la medida cautelar solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se instara al Ministerio de Sanidad a proveer con carácter urgente a todos los centros sanitarios de una serie de medidas de protección contra el Covid 19, pero adopta una medida cautelar propia.

La sentencia tumba la reclamación de UGT y CCOO en un caso de conflicto colectivo donde exigían que al SMI de 12.600 euros al año se le sumasen complementos y una prima de producción. La Audiencia concluye de forma contraria a la opinión de los sindicatos que estos conceptos deben ser absorbidos por el SMI. 

El Ministerio ha comunicado los servicios mínimos para los próximos días 8, 10 y 13 de enero. Se protegen el 100% de los vuelos con los territorios no peninsulares, el 57% de los servicios domésticos sin alternativas de transporte inferiores a 5 horas, así como los internacionales, y el 35% en el resto de operaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2019, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.

El Real Decreto que regula el reglamento de la carrera diplomática ha sido anulado. El Supremo se ha apoyado en que en el momento de la negociación, uno de los sindicatos participantes no estaba presente.

CSIF traslada al Congreso la incertidumbre y propone un órgano único competencial que garantice la igualdad de la justicia en toda España. Denuncian que la Generalitat renuncia a plazas de funcionarios de cuerpos nacionales para mantener el control sobre los interinos.

La Comisión Europea sigue estudiando con los sindicatos y las organizaciones patronales de la UE la manera de modernizar la normativa sobre contratos laborales, de modo que todas las categorías de trabajadores disfruten de contratos más justos y predecibles.

Confirma la nulidad de las medidas llevadas a cabo por la empresa en mayo de 2015 por no respetar el procedimiento previsto en el Estatuto de Trabajadores para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La sentencia ha condenado a la empresa a reponer a los trabajadores en las condiciones que disfrutaban antes de dicha fecha.

Tras el dictado de la STS del pleno del pasado marzo, la Sala 4ª ha vuelto a manifestarse a favor de que el deber empresarial tan solo se refiere a la horas extraordinarias. La Sentencia, que esta vez no contiene votos particulares discrepantes, resuelve el litigio iniciado por los sindicatos contra la empresa ABANCA, dando la razón a ésta última en la demanda de conflicto colectivo sobre el sistema de registro de jornada realizado por la plantilla.

El Consejo considera necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad. El documento se ha remitido al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, partidos políticos, asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, notarios, registradores y graduados sociales, así como sindicatos y consumidores.

Según el Consejo, se calcula que su elaboración requerirá un año de trabajo, durante el cual las propuestas que vayan saliendo del CGPJ se consultarán con diferentes operadores jurídicos como asociaciones de jueces, abogados, procuradores o sindicatos de funcionarios.

La nueva regulación de esta figura pretende mejorar la calidad de los cursos para el acceso a puestos de trabajo más cualificados y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en este ámbito, para lo cual aparta a sindicatos y patronal de la gestión directa, que se abre a la libre concurrencia.

Tras su tramitación parlamentaria, el texto introduce novedades sobre el texto presentado por el Gobierno, sobre todo en materia de "cheque formación", el papel de los agentes sociales en el sistema, los centros públicos formativos y la posibilidad de que empresas de menos de 50 trabajadores puedan agruparse para facilitar su acceso a la formación.

En el nuevo modelo de formación, surgido tras el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las organizaciones empresariales y sindicales no actuarán como gestores directos. La CECA ha decidido no presentar el próximo plan de formación y Cepyme se lo está pensando.

La propuesta de informe al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público avala la que constituye su principal novedad: la obligación de los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales de someterse a la Ley con el fin de mejorar la integridad y la transparencia en la contratación pública, y evitar posibles actos de corrupción.

En un clima de estancamiento en las negociaciones tanto en el tema salarial como en la ultraactividad de los convenios, los sindicatos están dispuestos a vincular la evolución de los salarios al PIB, como piden CEOE y Cepyme, y a aceptar aumentos inferiores al 2% hasta 2016, para conseguir cerrar con acuerdo el pacto de negociación colectiva 2015-2017.

Los representantes de la patronal y de los sindicatos podrían llegar a un preacuerdo dentro del que debe ser el III Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva para el periodo 2015-2016.

Dado que no se entregó a los sindicatos negociadores el censo de los trabajadores que debían de votar la aceptación la propuesta de despidos propuesta por la empresa, resulta acreditada la vulneración de la libertad sindical de los sindicatos demandantes durante el período de consultas, lo que determina la nulidad del despido colectivo aplicado, , de conformidad con lo dispuesto en el art. 124.11 LRJS.

En la reunión celebrada hoy entre Rafael Catalá, y los dirigentes de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia, el ministro ha señalado su apuesta por el diálogo con los representantes de los funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia, ha mostrado su  voluntad para cumplir el preacuerdo alcanzado en julio para mejorar las condiciones de los trabajadores y asegura que el cambio en el Registro Civil no supondrá una reducción de trabajadores.

El Gobierno ha acordado con los sindicatos modificar el criterio para el reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada, por lo que aquellas personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013 sin formar parte de un despido colectivo y mantienen convenios individuales con la Seguridad Social, podrán acogerse a la jubilación anticipada con 61 años.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha replicado a los sindicatos que la futura ley agraria está negociada con todos los agentes y que la misma persigue hacer la vida más fácil a los agricultores y ganaderos.

En sendas cartas enviadas este martes a Torres-Dulce y a Lesmes, los líderes sindicales critican que en los procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales derivados del ejercicio del derecho de huelga, el Ministerio Fiscal esté solicitando penas privativas de libertad "excesivas y desproporcionadas", en algunos casos superiores a los tres años, y ello "a pesar de que en general no existen fenómenos de violencia ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes".

Las asociaciones judiciales, excepto la APM, tachan de nefasta la reforma propuesta. La Secretarios Judiciales del sector progresista consideran un retroceso la propuesta y se muestran contrarios a las sanciones por incumplimiento del deber de vertir y comportarse con decoro. Los sindicatos de funcionarios proponen movilizaciones contra la reforma, para exigir que la normativa se "negocie" con los representantes sindicales. Un vocal del CGPJ considera la propuesta necesaria, pese a sus aspectos polémicos

Organizaciones de mujeres y los sindicatos discrepan con el nuevo diseño del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al CGPJ, porque su presidenta, María Ángeles Carmona, compatibiliza el cargo con tareas de coordinación en la Unidad de Violencia de género de la Delegación del Gobierno en Andalucía, lo que podría repercutir en la imparcialidad de la institución.

El Ministerio de Justicia ha incluido en un borrador de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial un recorte en el ámbito de la acusación popular, para impedir su ejercicio a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales con el objetivo de "evitar su politización y utilización abusiva".

Los sindicatos más representativos de la Administración de Justicia, CCOO, CSIF, STAJ y UGT, se han reunido con representantes de la Izquierda Plural, a quienes han trasladado su decisión de seguir con las movilizaciones, "sin descartas las más contundentes", en contra de los planes del Ministerio para "privatizar los registros civiles".