Tras conocer la sentencia por despido nulo, la Universidad empleadora le comunicó la readmisión inmediata a su mismo despacho y con las mismas asignaturas que tenía antes, pero él no se reincorporó porque estaba trabajando en otro sitio, y un año después interpone un incidente de readmisión irregular.
La Copa Máster de Debate Judicial se celebró entre los días 17 y 21 de julio en Parlamento Europeo de Bruselas, Senado de España y Congreso de los Diputados y sus debates profundizaron en torno a una pregunta: “¿Es el actual sistema de nombramientos de altos cargos de la judicatura una amenaza para la independencia judicial?”.
El vigente Código Penal responde a la filosofía de establecer una nítida frontera entre la respuesta que corresponde al derecho penal y las respuestas de otras ramas del ordenamiento jurídico en esta materia de control de la legalidad de la actuación pública. Lo relevante de la sentencia del Tribunal Supremo analizada es que se trata de la primera condena a un docente, en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa, con ocasión de “falsear” o en puridad, “crear” parte del expediente académico de una alumna, concediéndole el aprobado con sobresaliente sin acreditar ésta los méritos exigidos para aprobar la asignatura impartida por dicho profesor.
Más de ochenta trabajos recibidos, de 37 universidades españolas, avalan el éxito de esta primera convocatoria. El fallo se hará público el próximo 17 de octubre.
Los ejercicios del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial se realizarán a partir de septiembre de 2016. Según el sindicato, Justicia justifica su decisión en que los convenios con las universidades tienen que pasar por el Ministerio de Hacienda, un problema que no se ha planteado para los exámenes que se han realizado de otros cuerpos.
El TS ha anulado sendos artículos de los Decretos de tasas universitarias de 2012-2013 para la Comunidad de Madrid, que establecían precios públicos en base a una horquilla de cuantías máximas y mínimas para los estudios de grado y máster, al entender que es la Comunidad de Madrid la que debe determinar "de modo cierto, no por cercanía" la cuantía del precio público.
Por su parte, 60 catedráticos de Derecho Penal en 33 universidades públicas españolas han hecho público un manifiesto en el que critican duramente la reforma del Código Penal que se discute este miércoles en el Congreso -que incluye la figura de la prisión permanente revisable y un aumento generalizado de las penas-, que afirman bebe de las fuentes más "reaccionarias" y sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, lo que a su juicio "pisotea" la dignidad humana.
La asociación Jóvenes Abogados Universidades (antes Abogados sin Toga), exije condiciones dignas para acceder a la abogacía: un examen convocado con una antelación suficiente, con un programa ajustado al tiempo de la convocatoria, sin añadir temas extensos, y realizable en cada Comunidad Autónoma donde exista un afectado por el examen de acceso.
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