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Artículos Doctrinales

Ejecución de sentencia
Héctor Taillefer de Haya

Ni desde el punto de vista de la protección de datos, ni desde ámbito tributario existe problema alguno en la cesión al Juzgado de datos sobre los bienes y derechos del ejecutado, ni si quiera cuando se trata de datos de terceros no intervinientes en el proceso, por lo que no puede entenderse el recelo, que en muchas ocasiones, muestra la AEAT a dicha cesión, cuya solicitud viene amparada por una resolución judicial, que previamente habrá ponderado todas las circunstancias concurrentes para adoptar la solicitud.


Error de consentimiento
Daniel Enrich Guillén

El análisis para apreciar un error relevante en la prestación del consentimiento no sólo se realiza teniendo en cuenta aspectos meramente subjetivos de la voluntad de quien emite ese consentimiento sino que, en aras a la seguridad jurídica y a la tutela de las partes actoras o intervinientes en el tráfico jurídico, resulta necesario establecer elementos de valoración y de juicio dotados de cierta objetividad. Se trata, de esta manera, de disponer de herramientas capaces de establecer un baremo –a la vez que un límite– capaz de medir la trascendencia jurídica del error derivada de la expresión de la voluntad como esencia del ejercicio de la libertad del individuo en el marco legal en el que cohabita.


Anonimización
Sara Mogollón

El Grupo de Trabajo del artículo 29 de Protección de Datos ha adoptado recientemente una opinión en la que trata de analizar la eficacia y límites de las técnicas de anonimización existentes en el contexto jurídico de la Unión Europea en materia de protección de datos. 


Derecho al olvido
Iván Ontañón Ramos

Un fallo de la justicia europea resuelve finalmente la cuestión sobre la interpretación del Derecho al Olvido en los buscadores de Internet. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado hoy una Sentencia que aclara la larga disputa entre la responsabilidad de los buscadores, la aplicabilidad de la normativa de protección de datos y los derechos de los ciudadanos.


Penalidad
Manuel Pacheco Gallardo

El Anteproyecto de Reforma del Código Penal, aprobado por el Consejo de Ministros el día 11 de octubre de 2012, introduce la prisión permanente revisable. Este importante cambio se propone sin que el gobierno haya ofrecido ninguna justificación sobre su necesidad, vulnerando claramente los principios constitucionales contenidos en el artículo 25 de la Constitución: el principio de legalidad y el mandato de resocialización. En el presente artículo se realiza un análisis crítico sobre esta medida.


Inglés Juridico
Adela Martínez García, José Manuel de Torres Perea, Christopher Sykes.

Si para ejercer la abogacía queremos utilizar la lengua inglesa habrá que tener en cuenta:a) que la lengua es el principal vehículo de comunicación de otra cultura, b) que la OtraCultura —la del Common Law— tiene un sistema legal que no tiene una constitución escrita, ni un código civil, ni penal, ni mercantil, etc.  En esa cultura, la equidad prevalece sobre el Case Law o jurisprudencia.

Toda esta complejidad podría aclararse si nos centramos en las diferencias culturales (en las leyes y sus convenciones textuales, en las instituciones, en los tribunales, en los profesionales de la justicia) y en los rasgos propios del lenguaje jurídico  y su terminología (préstamos, frases hechas y términos equívocos). 

En este artículo se subraya la importancia del estudio del inglés jurídico en un mundo cada vez más globalizado y se profundiza en una experiencia innovadora que se ofrece por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).  Nuestra estrategia es la enseñanza online del inglés jurídico mediante el estudio del Derecho español.


Intervención de las comunicaciones
José Pablo Sancha Díez

El derecho a la intimidad de los recluidos en un centro penitenciario se ve mermado por la entrada en aquél. Sin embargo, corresponde a la Administración penitenciaria y, muy especialmente, a los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la correcta ejecución de las penas (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) la misión de impedir que “justicia se detenga en la puerta de las prisiones” (Sentencia del TEDH, caso Campell y Fell v. Reino Unido de 28 de junio de 1984, que nuestro Alto Tribunal reprodujo por primera vez en la STC 2/1987, de 21 de enero). De ello se deduce que determinadas medidas acordadas en sede judicial, como ordenar la grabación sonora de un encuentro vis a vis de una reclusa, pueden ser calificadas de degradantes al conculcar derechos fundamentales de los internos, que siguen siendo sujetos de derechos
 


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