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Artículos Doctrinales

Pensión de alimentos
José Antonio Martínez Rodríguez

La pensión de alimentos deberá de mantenerse mientras subsista la necesidad del alimentista, sin sometimiento a condición o plazo alguno, debiendo extinguirse cuando el hijo ha alcanzado una edad que hace que no resulte razonable mantener indefinido en el tiempo el derecho a la pensión, pues esta obligación alimenticia de los padres respecto de los hijos mayores de edad no puede prolongarse indefinidamente por el sólo deseo de los hijos en la ampliación de su formación educativa o universitaria, así como tampoco cuando el descendiente mayor de edad muestra desidia en su formación o dedicación a los estudios.


Crédito sindical
Francisco Rosa Lucena

El uso del crédito sindical por parte de los trabajadores, actuando siempre en ejercicio de sus funciones de representación, ha sido siempre un continuo objeto de polémica. De esta forma, tanto los trabajadores observan con recelo el empleo que se da al mismo, como al empleador le preocupa el escaso control que puede ejercer. Sólo un análisis en profundidad de la naturaleza jurídica de la institución y de la configuración que la jurisprudencia ha dotado al mismo, permite comprender la amplitud de este derecho en beneficio de los trabajadores.


Trabajos familiares
Eloy Romero Martín

El presente trabajo analiza y estudia desde un punto de vista práctico, con referencias doctrinales y de la jurisprudencia, la naturaleza, concepto y características de los trabajos familiares, benévolos, amistosos y de buena vecindad. Tales trabajos se encuentran excluidos de la relación laboral por disposición del art. 1 apados. 3d) y e) del Estatuto de los Trabajadores y tienen gran incidencia, entre otros, en los procedimientos administrativos sancionadores de orden social. La delimitación de los mismos, como se verá, es objeto de estudio frecuente, y al contrario de lo que pudiera parecer, reviste una especial problemática.


Convenios Colectivos
Miguel Ángel Díaz Herrera

El Tribunal Supremo soluciona como puede la inseguridad jurídica y problema insoluble generado por la reforma laboral con la Ley 3/2012, de 6 de julio, en la redacción dada al art. 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y la Disposición Transitoria Cuarta, optando por la lógica de la seguridad jurídica con el reconocimiento de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores en su reciente Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en Pleno, el 17 de diciembre de 2014 (rec. núm. 264/2014), relativa a la ultraactividad de los Convenios Colectivos, pese a reconocerse la extinción de efectos del Convenio Colectivo de referencia, y entre un maremágnum de votos particulares de los magistrados del Pleno de la Sala.


Costas procesales
Marcos Cabrera Galeano y Telmo Esteban Fernández

El artículo pretende ofrecer un análisis de alguna de las principales cuestiones prácticas que se producen en relación con las Administraciones y las costas procesales en el derecho español, centrándose en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, y todo ello analizando algunas cuestiones que suelen plantearse en el ejercicio práctico de la abogacía.


Derecho de la competencia
Bruno Manzanares Bastida

La política de la competencia y la liberalización del comercio internacional comparten objetivos y metas en relación con la promoción de la eficiencia económica y el interés del consumidor. Sin embargo, el derecho de la competencia se basa en consideraciones políticas y económicas domésticas tendentes a promocionar la eficiencia económica y es aplicado así mismo por autoridades domésticas que muy raramente tienen contacto con el cambiante escenario, estándares  y diplomacia del comercio internacional.


Responsabilidad civil ex delicto
Juan Añón Calvete

Los arts. 109 y 116 del Código Penal obligan al responsable criminalmente a responder de las consecuencias civiles del delito o falta. El Código Penal también contempla la responsabilidad civil de terceros que no han participado en el ilícito penal, entre ellos quien por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, responsabilidad que requiere determinar el fundamento de su responsabilidad y sus requisitos, sin olvidar que se trata de responsabilidad civil y no penal.