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Metodología jurídica y derecho indiano: en torno a la aportación y obra del profesor García-Gallo y de Diego

De: Carmen de Las Heras García
Fecha: Septiembre 2003
Origen: Noticias Jurídicas

I. Introducción. Derecho y distinción con otros órdenes

Una cuestión básica de la ciencia jurídica no es sino procurar hallar una respuesta al interrogante ¿qué es el Derecho y cuál debe ser el método idóneo para su estudio? En torno a la misma se han formulado numerosas y diversas teorías que, en unas ocasiones, suponen auténticas concepciones del Derecho y, en otras, la mera utilización de distintos métodos dirigidos al análisis científico del fenómeno de lo jurídico.

De los múltiples significados del término Derecho contenidos en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua cabe destacar, en su acepción objetiva, aquél que lo define como conjunto de principios, preceptos y normas que regulan las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza. Dicha definición nos parece, en términos generales, demasiado superficial razón por la que creemos de todo punto necesario abordarla de una manera menos somera y siempre bajo la óptica de la disciplina que nos ocupa, esto es, la Historia del Derecho.

Resulta innegable que todo cuanto existe requiere un orden, en consecuencia, también la vida del hombre en sociedad precisa de una ordenación, que es llevada a cabo por medio del Derecho (el cual, al fin y al cabo, no es más que la ordenación de la vida social con carácter vinculante). Dado que, en todas las épocas, los tratadistas han manifestado su opinión acerca del significado de lo jurídico habremos, en primer lugar, de seleccionar un concepto que nos resulte válido, independientemente del ámbito temporal y espacial en que nos movamos. Para ello, podemos partir, en principio, por considerar el Derecho como aquél conjunto de normas que disciplinan el comportamiento del hombre en sociedad, de lo que se desprende la idea de «organización social» que conlleva el término, en cuanto que se nos presenta como un sistema normativo integrador y, a la vez, regulador del ser humano en el seno de la comunidad de la cual forma parte. El individuo es, por naturaleza, un ser social de forma tal que incluso su propia condición humana únicamente se verá realizada mientras viva y se relacione en sociedad con sus semejantes. Así, en el orden social, la persona realiza actos que ineludiblemente, de una u otra manera e intensidad afectan a los demás miembros de la comunidad a la cual pertenezca, de modo que cada uno de éstos se verá envuelto en los resultados de las decisiones de sus congéneres: sólo mediante la familia, la comunidad urbana y el Estado el hombre satisface necesidades que, de modo específico, se relacionan con el grado de sociabilidad alcanzado. Cada persona podrá actuar libremente con el exclusivo límite de no perjudicar a aquéllos otros que, junto a él, componen la colectividad. Para no quebrantar dicho límite y dar cumplimiento efectivo a éste requisito esencial se precisa un «orden social» que, a través del Derecho, se erige en un «orden jurídico» y procura configurarse como justo y legítimo, aunque, lamentablemente, no siempre se consiga.

Así pues, podemos concebir el Derecho bien como la ordenación del comportamiento humano en cualquier comunidad, bien como aquél conjunto de normas que regulan y disciplinan la conducta social. Cuando un sujeto, miembro de una comunidad concreta, pretenda imponer su voluntad al margen del sistema jurídico, nos hallaremos con una vulneración de esa idea innata de orden que implica el Derecho, la cual debe transmitir. No queremos concluir este sucinto apartado sin antes subrayar que para que el Derecho sea efectivamente sinónimo o equiparable a orden será preciso que reúna, de manera ineluctable, cuatro características fundamentales; a saber:

Primera - Anterioridad de sus preceptos o normas, en relación con el conato de ordenación de la concreta situación de que se trate.

Segunda - Coordinación de las distintas normas reguladoras.

Tercera - Aplicación uniforme de dichas normas.

Cuarta - Permanencia en la vigencia de sus preceptos.

Igualmente resulta relevante deslindar, también brevemente, el Derecho de otros órdenes normativos -en concreto, de la Moral y de los usos sociales- con los cuales coexiste, se relaciona y comparte un carácter común: su origen, que no es sino la sociedad de la que proceden en último término.

En cuanto a la Moral concierne, la distinción es posible llevarla a cabo por medio de tres vías:

  1. Por el ámbito de aplicación.- La Moral se ocupa y rige en el fuero interno del sujeto; por el contrario, el Derecho afecta a los actos externos del mismo.

  2. Por la finalidad que persigue cada norma.- La Moral se dirige a la consecución de fines trascendentes de la persona referidos a su perfección interna; en cambio el Derecho centra su atención en los fines sociales y temporales del individuo.

  3. Por la clase de sanción que deriva del incumplimiento de unas u otras normas.- El incumplimiento de las normas morales lleva aparejada una sanción de carácter trascendente que, exclusivamente, opera en el fuero interno del sujeto; mientras que el de las normas jurídicas conlleva la reparación del acto lesivo para la sociedad mediante la coacción ejercida sobre el culpable.

Por ende, podemos afirmar que la diferencia fundamental entre uno y otro orden (Moral y Derecho) radica en el modo o forma en que se verifica la coacción, esto es, en la existencia dentro del Derecho de un mecanismo coactivo, inimaginable en aquélla, cuyo objeto no es otro que el de restablecer el orden violado y disuadir a los posibles incumplidores de cualquier norma jurídica.

En lo que respecta a los usos sociales, es innegable el hecho de que, en el normal desempeño de su actividad, cada individuo se halla sujeto por determinadas pautas de conducta que, en principio, no poseen relación alguna con las normas jurídicas; pudiéndose también acudir al criterio de la coacción para diferenciarlas de las normas legales. Sin embargo, creemos que tales usos sociales no se encuentran desprovistos de coacción sino lo que sucede es que ésta es cualitativamente distinta que en el supuesto del Derecho por la sencilla razón de que la coacción atribuida al Derecho es más inmediata y eficaz que la propia de las reglas del trato social.

II. La Historicidad del Derecho

El mero hecho de definir el Derecho como fenómeno histórico, como producto o resultado de la Historia, supone introducirnos en un aspecto fundamental del ordenamiento jurídico, en aquello que nos ayuda a facilitarnos -junto a su racionalidad- su más adecuada perspectiva. Por ello, podemos concebir el Derecho como una creación de la Historia ya que, en última instancia, tiene por destinatario final a la persona humana, ser histórico por excelencia.

II.1. Su rasgo permanente y evolutivo

Podemos mantener el carácter estable del Derecho -siempre desde su vertiente objetiva- con base en que el mismo se proyecta sobre constantes situaciones humanas -piénsese, p. ej., las convenciones o pactos, el instituto del matrimonio, etc.- de modo que si dichas situaciones no experimentan variación alguna el Derecho, en principio y considerado en sentido abstracto, permanecerá inmutable. No obstante, simultáneamente se configura y aparece con un indiscutible carácter mudable, debido a que en las actuaciones de los sujetos se halla latente la idea de libertad. En efecto, la regulación de aquéllas relaciones y situaciones es susceptible de transformación, y de facto se transforma, dependiendo de la fase de desarrollo alcanzada del hombre en sociedad. En este supuesto el Derecho o, de manera más concreta, algunas de sus instituciones jurídicas cambian, evolucionan, en aras a la adaptación a las nuevas formas adquiridas por las situaciones sociales; aún manteniéndose sustancialmente iguales aquéllas relaciones y situaciones que las originaron.

Bajo estas premisas nos hallamos en condiciones de afirmar que el rasgo que define al Derecho es su vertiente social, esto es, el constituir una manifestación cultural emanada de una sociedad específica sobre la que se aplica y de la cual recibe la fuerza motriz que determina tanto su carácter, como su irremediable evolución.

Pese a que la Historia del Derecho se ocupa del estudio del Derecho pretérito (o Derecho histórico), ello no significa que aquél que se encuentre en vigor en un momento determinado (o Derecho positivo) constituya por sí una gran novedad respecto del que predominó en una época anterior; pues cuando no es la forma de regulación, son los propios principios inspiradores los que no sufren alteración alguna, permaneciendo vigentes en la nueva etapa del devenir histórico del Derecho.

II.2. Sobre las razones de su evolución

Cualquier evolución jurídica obedece a diversos motivos que, concurriendo, la posibilitan y le conceden el empuje preciso para que se produzca. Básicamente dichos motivos radican en la sociedad misma que, al reestructurarse, propician una simultánea transformación en lo jurídico, es decir, en el Derecho. Esa transformación operada puede obedecer a diferentes factores, tales como:

  • Aparición de nuevas situaciones de hecho no contempladas anteriormente por el Derecho (p. ej., las derivadas de los avances tecnológicos y/o científicos como circulación de vehículos a motor, etc.).

  • Introducción de nuevos preceptos (p. ej., despenalizando conductas sancionadas con anterioridad, como ha sucedido con los delitos de adulterío o aborto).

  • Cambio en la mentalidad social.

  • Motivos técnicos introducidos para alcanzar una mayor eficacia en el ordenamiento jurídico.

Así pues, resulta constatable que las causas que determinan una evolución del Derecho son diversas y actúan con distinto grado de intensidad, razón ésta por la cual no es posible llevar a cabo una enumeración exhaustiva de las mismas (numerus clausus), por resultar de muy heterogénea índole (lo que provoca que se admita que las mismas siempre serán numerus apertus).

Dentro del sistema jurídico, estimamos conveniente resaltar que las instituciones que lo integran no evolucionan de modo independiente unas de otras, sino que cada una lo hace en armonía con las restantes, propiciando que la evolución jurídica se caracterice por verificarse de manera ininterrumpida y gradual en todas sus porciones.

III. Alusión a las distintas concepciones del Derecho

En síntesis, las diferentes fórmulas jurídicas son susceptibles de ser enmarcadas en alguno de los en cinco grandes grupos que siguen:

  1. IUSNATURALISMO: Terminológicamente es la doctrina que cree en la existencia de un Ius Naturale. De la misma han derivado innumerables y muy diversas versiones, pudiendo diferenciarse principalmente cinco etapas:

    1. Iusnaturalismo cosmológico o físico.- Es el primero en el orden cronológico y frecuente en el pensamiento grecorromano. Conecta el Derecho Natural o Ley Natural con la Naturaleza concebida como physis. El exponente más notorio lo constituye la doctrina estoica, aunque precedentes de la misma hallamos en HERÁCLITO, los sofistas, ARISTÓTELES, los atomistas...

    2. Iusnaturalismo teleológico o escolástico.- Es el modelo de mayor vigencia temporal. Iniciado por SAN AGUSTÍN, su desarrollo sistemático es debido a SANTO TOMÁS, prolongándose en la escolástica española para llegar a nuestros días en el movimiento de la escolástica actual. Sus seguidores, en líneas generales, se basan en una concepción trimembre de la ley:

    - Ley Eterna (aquella por la cual Dios gobierna el Universo y que afecta a todos los seres).

    - Ley Natural (que no es sino la Ley Eterna en cuanto atañe al hombre, es decir, en cuanto la criatura racional participa de ella).

    - Ley Humana o Positiva (ley del hombre que debe reproducir la justicia contenida en la Ley Natural).

    3. Iusnaturalismo racionalista o mecanicista.- Surge en el siglo XVII por influencia del racionalismo imperante en la filosofía de la época (que dominará aquélla centuria y la siguiente). Se aparta por completo de la tradición escolástica, siendo su principal carácter la desteologización del Derecho Natural, es decir la desvinculación de éste respecto de Dios. Sus seguidores no niegan, en absoluto, la existencia de un Derecho Natural, lo que sucede es que consideran a éste como conjunto de preceptos no procedentes del legislador, que tiene su fundamento y raíz en la naturaleza racional, en la razón humana. No se necesita, por ello, recurrir a Dios para basar el orden normativo natural: todo es obra del hombre.

    4. Iusnaturalismo del siglo XIX.- En opinión de MAYER, hasta principios del siglo XIX, la Filosofía del Derecho no ha sido más que Derecho Natural; sin embargo es en este siglo cuando sufre los mayores ataques al ser combatida, de un lado, en el ámbito jurídico y en nombre del historicismo, por la Escuela Histórica y, de otro, en el ámbito filosófico, por el Idealismo. Es por ello por lo que la doctrina del Derecho Natural va a «sobrevivir tras los bastidores». Se trata de un periodo crítico para el Iusnaturalismo, cuestionándose sus planteamientos por aquéllos que otorgan primacía a la ley positiva. Pese a todo, no faltarán en esta época defensores de la misma, destacando la obra del jesuita suizo Victor CATHRENI que pudo ejercer algún peso en la polémica contra el positivismo.

    5. Iusnaturalismo del siglo XX.- El resurgimiento del pensamiento iusnaturalista se produce en Alemania, tras la experiencia del régimen nacionalsocialista, las atrocidades por él perpetradas y la catástrofe en que tal país se había visto envuelto. Ello indujo a que la mayoría de los autores, e incluso los mismos Tribunales de Justicia, buscarán valores que no dependiesen exclusivamente de la voluntad del Estado, sino que fueran susceptibles de imponerse a ésta para así limitarla y controlarla. Por razones similares, podemos afirmar que renace el iusnaturalismo en Italia, propiciado por la obra de grandes autores como DEL VECCHIO, BATTAGLIA, CARNELUTTI...

    No obstante, en cuanto a la mentada «reaparición iusnaturalista», cabe realizar dos importantes matizaciones:

    a) Que en ninguna medida supone la reproducción mimética de las antiguas doctrinas iusnaturalistas, puesto que la única conexión que posee respecto del iusnaturalismo clásico no es sino el postulado conforme al cual se niega que el Derecho se reduzca a las normas puestas por la voluntad del Legislador.

    b) En el siglo XX, el iusnaturalismo acoge las influencias históricas, subrayándose que el Derecho Natural no puede ser ajeno al decurso histórico, sobre todo en base a que los grupos humanos -destinatarios de todo Derecho- se hallan sujetos a la inevitable evolución en el tiempo.

    El Derecho Natural nos ofrece, en este sentido, unos cánones superiores de conducta acomodándose, a la vez, al diacronismo de la Historia. En tal línea se manifiesta un Derecho Natural «de contenido variable», defendido por STAMMLER, y un Derecho natural «de contenido progresivo» mantenido en Francia por DELOS y LE FUR y, en nuestro país, p. ej., por el profesor RUIZ-GIMÉNEZ.

  2. NORMATIVISMO: La actitud positivista va unida al nacimiento del concepto de Estado, aunque será a partir del Renacimiento y del nacimiento del Estado moderno cuando los juristas se decantarán por defender una concepción positivista del Derecho para fortalecer a los diferentes reyes de las monarquías occidentales europeas en su tarea de exterminar de una vez el feudalismo imperante. Sin embargo, de manera consciente, el positivismo como doctrina jurídica se origina en el siglo XIX. En el siglo siguiente, la culminación del positivismo se produce merced a la obra del insigne jurista Hans KELSEN, nacido en Austria pero naturalizado norteamericano, creador de una de las más grandiosas y coherentes doctrinas jurídicas de todos los tiempos: la denominada «teoría pura del Derecho» o del «normativismo jurídico» -ciencia de conceptos y sistemas-.

    El dogma principal de su método para introducirse en el estudio del Derecho consiste en eliminar de éste todos aquellos elementos que considera, de un modo u otro, extraños al mismo, partiendo de que el análisis del Derecho se debe llevar a cabo independientemente de todo juicio de valor ético-político y a toda referencia a la realidad social en la que actúa. El Derecho constituye, según esta orientación, un «sistema de normas» que supone la forma lógica de lo jurídico. La norma es la piedra angular o eje central del Derecho, desvinculada de su contenido material y de su eficacia social. Las normas jurídicas son creadas por aquellas personas autorizadas para ello a virtud de una norma anterior, formando todas ellas una pirámide apoyada en su vértice por una norma final y fundamental a la que llama hipótesis, clave de todo el sistema jurídico. Esta norma hipotética es la que establece el deber de comportarse como prescribe la Constitución (aquella que basa y señala la forma de crear otras «leyes generales») y supone que así ocurre en realidad, pues de lo contrario el sistema jurídico carecería de validez.

  3. TEORÍA MARXISTA DEL DERECHO: Sus aspectos básicos se hallan en las obras de MARX y ENGELS. En tal concepción la función del Derecho se encuentra en conexión con el materialismo histórico, la lucha de clases y el perecimiento del Estado. A tenor de lo que predica dicha tesis, la Historia está condicionada por el proceso material de la producción. En las sociedades burguesas el Derecho es mero instrumento de dominación de la clase burguesa-capitalista; más la revolución final representará el triunfo del proletariado frente a la burguesía y, con él, el fin de la división en clases de la sociedad. Ello provocará el derrocamiento del Estado y, por ende, el Gobierno de los hombres se sustituirá por la Administración de las cosas, lo que llevará consigo la desaparición del Derecho.

  4. ESTRUCTURALISMO: Nace de los estudios de la Lingüística y de la Psicología durante las primeras décadas del presente siglo de la mano de autores de la talla de SAUSSURE, KOFFKA, KOCHER..., caracterizándose por concebir cualquier objeto de estudio como un todo cuyos elementos aparecen interrelacionados entre sí y con el todo, de forma que la alteración de uno solo de ellos modifica los restantes; procurándose descubrir y analizar el sistema relacional latente en él -es decir, su estructura- a través de un método que descarta tanto el análisis (descomposición) como la síntesis (recomposición).

    Dicha corriente concibe sus objetos de estudio como estructuras -de ahí su denominación- integradas por elementos solidarios entre sí, o cuyas partes son funciones unas de otras, sin que exista una independencia relativa entre ellas. Este método estructuralista es aplicable a toda realidad compleja (al estudio del arte, urbanismo, música, sociedades primitivas, etc..), no obstante en la actualidad nadie ha desarrollado una doctrina estructuralista del Derecho.

  5. REALISMO E INSTITUCIONALISMO: La doctrina de KELSEN (normativismo) fue criticada, entre otros extremos, por olvidar que el Derecho es un fenómeno social que incide sobre una realidad social. Como reacción surge, a finales del siglo XIX, en Alemania la concepción realista e institucional del Derecho, que pronto se extendió por toda Europa, siendo Francia e Italia los países donde obtuvo mayor acogida en base a dos circunstancias:

    a) Por la aparición en el campo de las ciencias de una disciplina nueva: La Sociología.

    b) Por el desarrollo del término institución, especialmente en el ámbito de la ciencia administrativa.

    - Respecto de la primera, cabe rememorar que los partidarios de ésta concepción patrocinaron la aplicación del método utilizado por la Sociología para el estudio de los fenómenos jurídicos. Nace así una corriente de pensamiento denominada «realismo sociológico o sociologísmo jurídico» en la cual se pueden diferenciar dos direcciones: Una más radical, que considera que la labor del jurista únicamente se deberá reducir al estudio del Derecho como fenómeno social y como se presenta en la realidad. Supone aplicar el método sociológico en toda su pureza, proponiendo la observación, análisis y comparación de los hechos que originan los fenómenos jurídicos tal y como se ofrecen en la realidad, sin buscar principios superiores de la razón para determinar las leyes o principios a que responden. La valoración del jurista ha de consistir, para ésta dirección, en la descripción objetiva del fenómeno social que es el Derecho. La segunda línea, más moderada, mantiene que el Derecho es un intento de ordenar la realidad con arreglo a criterios determinados, consistiendo la labor del jurista en tener en cuenta, junto a esos fines que el Derecho persigue, la forma en que se cumplen en la realidad social o la manera en que se podrían cumplir más eficazmente. El análisis sociológico se convierte así en un auxiliar indispensable para lograr que el Derecho cumpla sus fines, cuyo examen se incluye de modo decisivo en las funciones del jurista.

    Simultánea y paralelamente al «realismo sociológico», hemos de referirnos a la corriente denominada «realismo jurídico», cuyos defensores sostienen que el objeto del Derecho debe ser la realidad y no construcciones formales apriorísticas. Los realistas, al contrario que los positivistas, rechazan todo intento de ordenar o concebir el Derecho como un sistema lógico, dedicándose al análisis de elementos extrajurídicos en el sentido tradicional. Las normas jurídicas constituyen sólo un elemento a considerar, pero en ningún caso el único ni el decisivo, motivo por el cual los realistas se ocuparán del modo en que realmente actúa el Derecho en la realidad, analizada conforme a los métodos habituales en las ciencias sociales. De sus múltiples manifestaciones, merece la pena destacar el llamado «realismo judicial», que pone el acento del Derecho en el momento de la decisión judicial.

    - En lo que concierne a la segunda circunstancia apuntada, en cuanto al ordenamiento jurídico se refiere, ineludiblemente hemos de hacer especial mención a la figura del tratadista italiano SANTI ROMANO. Dicho autor considera el ordenamiento jurídico como una organización, una estructura dentro de la cual se insertan las normas; poniendo de relieve que todo ordenamiento jurídico es una institución y que toda institución es un ordenamiento jurídico, coexistiendo, por consiguiente, tantos ordenamientos jurídicos como instituciones. Para llegar a tal conclusión, SANTI ROMANO estima que todo ente o cuerpo social es una institución y sus caracteres coinciden con los caracteres del Derecho, que no son sino los siguientes: 1) Es un ente o cuerpo social con existencia objetiva y concreta, en el que se manifiesta la naturaleza social y no puramente individual del hombre; 2) es un ente cerrado, que puede tomarse en consideración en sí y por sí, precisamente porque tiene su propia individualización y, por último, 3) es una unidad permanente que no pierde su identidad aún en el supuesto de que cambien sus singulares elementos, de suerte que, renovándose la institución, sigue siendo la misma. El Derecho no se reduce sólo a consagrar el principio de coexistencia entre los individuos; sino que, sobre todo, se propone vencer la debilidad de sus fuerzas y limitaciones, creando entes sociales más poderosos y duraderos que los individuos. Por esta causa, la institución es considerada la originaria manifestación del Derecho.

También cabe hacer referencia a la idea de la institución del francés HAURIOU. A su juicio, el verdadero elemento objetivo del sistema jurídico es la institución, la cual contiene, sin lugar a dudas, un germen subjetivo que se desarrolla por el fenómeno de la personificación, más el elemento objetivo subsiste en el corpus de la institución y éste, con su idea directiva y su poder organizador, es muy superior en virtualidad jurídica a la regla de Derecho. Las instituciones se presentan como los elementos de la vida jurídica, representan la función de lo normativo y lo fáctico. En suma, son las instituciones las que hacen las reglas del Derecho y no a la inversa.

Señaladas todas estas concepciones hemos de subrayar, no obstante, como indica el profesor de la Universidad de Murcia PÉREZ MARTÍN, pese a las numerosas fórmulas y, por ende, metodologías ante las cuales el estudioso puede decantarse o seguir en un concreto trabajo científico, la mejor de las opciones será aquélla de no aferrarnos tan solo a una de ellas sino que, por el contrario, el jurista o analista del Derecho ha de permanecer «abierto» y recoger de todas y cada una las influencias que de ellas estime convenientes.

IV. Metodología realista e institucional y su aplicación por el profesor García-Gallo a la historia del derecho indiano

La concepción o el método realista e institucional arranca de la premisa de que el Derecho positivo constituye una ordenación de la vida social con un valor exclusivamente instrumental o de medio, centrándose en el estudio de las instituciones de la vida social y de las regulaciones jurídicas de que han sido objeto. El término clave que, a grandes rasgos, engloba a dicha concepción será el de institución (como ha quedado dicho, frente al de sistema de los normativistas o dogmáticos). Los institucionalistas estiman que el sistema es el producto final de un proceso en el cual paulatinamente, cuando ha sido preciso, se han ido dictando las oportunas normas o se han adoptado soluciones concretas, excepto en el supuesto en que se tenga constancia de que un específico sistema doctrinal ha influido de manera decisiva en determinadas realizaciones prácticas.

Las situaciones, relaciones y cuestiones que la vida social plantea al hombre son siempre, en su mayoría, idénticas o, al menos, de gran similitud, pese a que sus circunstancias muden: posición del individuo en la sociedad, la familia, las violaciones del orden social, la necesidad de una ordenación... En nuestro país, entre los autores que se han inclinado por dicha metodología del Derecho, ha sobresalido, con mucho, sobre el resto el profesor D. Alfonso GARCÍA-GALLO Y DE DIEGO (nacido el 05-01-1911, Soria - fallecido el 21-12-1992, Madrid) que, en opinión de LÓPEZ ORTIZ, puede ser considerado como la tercera generación de la escuela de HINOJOSA, en la que entronca a través de GALO SÁNCHEZ. Para el insigne profesor y jurista, la orientación realista e institucional resulta mucho más interesante que la dogmática, puesto que mientras que aquélla estudia el por qué y la manera en que los problemas han sido solucionados por el Derecho, esta última tan sólo se preocupa de la evolución de unos conceptos abstractos aplicables a todos los problemas que nos puedan surgir (es decir, únicamente se centra en la evolución de los conceptos y normas). Por el contrario, la metodología realista e institucional cuenta con la ventaja de permitirnos conocer las diferentes soluciones aplicadas en el tiempo a un mismo problema o institución, pudiéndose así, al unísono, verificar y apreciar su eficacia.

A modo de justificación, el profesor GARCÍA-GALLO ponía de relieve que únicamente algunos juristas han tratado de construir y delimitar los sistemas jurídicos atendiendo exclusivamente a sus características intrínsecas y no a criterios extrajurídicos, sin embargo los resultados obtenidos no han sido satisfactorios. En cambio, mediante la orientación institucional, el investigador se encuentra liberado de los inconvenientes de periodificación y dogmática, al no tener que preocuparse de caracterizar las épocas históricas y prescindir, a la vez, de los sistemas totales del Derecho. El hecho de que cada institución posea una evolución propia nos facilita distinguir en cada una de ellas sus diferentes etapas, las cuales pueden o no coincidir con las de otras instituciones.

D. Alfonso GARCÍA-GALLO se interesó por todo el Derecho Romano vulgar en general, centrándose en determinadas instituciones que presentaban rasgos similares con el sustrato germánico que pudieron aportar nuestros visigodos. Para él, no existía una doble legislación para godos e hispanorromanos, sino que todo lo legislado fue para ambos. El Derecho territorial visigótico resultaba ser el más romanizado de los pueblos germánicos.

En opinión del propio autor, en toda institución jurídica se pueden distinguir tres principales elementos:

  1. Las «situaciones de hecho» que son tenidas en cuenta (la edad, el sexo, la vulneración de un derecho o deber, la filiación...). Tales situaciones se producen unas veces de manera involuntaria -p. ej., a causa de un terremoto- y en otra ocasiones con el concurso de la voluntad -asesinato, robo...-.

  2. La «valoración humana individual de dichas situaciones de hecho», de acuerdo con las ideas e intereses religiosos, económicos, políticos, morales..., de cada sujeto.

  3. La «regulación de las situaciones de hecho», de conformidad con la escala de valores que resulten predominantes en cada época. Únicamente ésta regulación constituye lo propiamente jurídico de la institución; pero ¿qué es lo jurídico? ¿qué es el Derecho?.

Para el profesor GARCÍA-GALLO, el Derecho es el «caparazón» o armadura que reviste la ordenación de la vida social, incluyendo en tal concepto todo aquello que en cualquier momento de la historia haya cumplido dicha función, con independencia de que coincida o no con lo que en la actualidad se tenga como Derecho.

IV.1. Las fuentes del llamado Derecho Indiano

En sentido amplio la expresión Derecho Indiano hace referencia al Derecho aplicado en las Indias y en aquéllas islas de Oceanía colonizadas por España; no obstante, en sentido estricto, alude al conjunto de leyes, normas y disposiciones dictadas por los reyes y, en nombre de éstos, por las demás autoridades y órganos de gobierno sometidos que configuraron el sistema jurídico especial que rigió en el Nuevo Mundo. En los primeros decenios el Derecho Indiano fue una mera prolongación del Derecho de Castilla, merced a que fue precisamente la Corona de Castilla la que impulsó y soportó las cargas del descubrimiento; sin embargo, pronto se advirtió que los problemas del territorio descubierto eran muy diferentes de los europeos o españoles y, en consecuencia, resultaba difícil que la legislación castellana solventara los conflictos que se planteaban en la realidad indiana. Todo ello propició que las autoridades castellanas elaborasen, casuísticamente, nuevas normas concebidas de manera especial para solucionar los concretos problemas de que tenían conocimiento los legisladores, surgiendo así un Derecho nuevo: el Indiano.

Dado que el Derecho indiano surgió, se desarrolló y desapareció en un ámbito temporal pretérito, no es posible examinarlo de manera idéntica a como en la actualidad analizaríamos el Derecho vigente, motivo por el cual no tendremos más remedio que acudir a sus fuentes de conocimiento que, en cuanto a la Historia del Derecho interesa, podemos dividirlas en dos grandes grupos:

  1. Jurídicas.- Aquéllas que desempeñaron una función, con mayor o menor intensidad, de naturaleza jurídica en el Derecho que nos ocupa, esto es, en el Derecho Indiano. Se incluirían en este apartado las leyes entendidas en un sentido muy amplio, comprensivo de leyes propiamente dichas, Pragmáticas, Mandamientos de gobernación, etc. y cualquiera que fuese la forma que adoptaren (Provisiones, Cédulas, Decretos, Órdenes, Instrucciones, Autos, etc.).

  2. No jurídicas.- Aquéllas otras que, no estando en conexión directa con el Derecho, nos permiten conocerlo en cualquiera de sus aspectos. Así, pueden ser de la más variada índole, tales como históricas y narrativas (crónicas, relaciones,...), geográficas (descripciones geográficas de América o de sus provincias, libros de viajes,...), literarias (novelas, poesías, dramas,...) o, incluso, pictóricas (dibujos, pinturas, cuadros,...).

GARCÍA-GALLO se ocupó con rigurosa seriedad de cada tipo de fuentes, revelando el profundo examen realizado por el profesor al respecto que, indudablemente, ha servido de fundamento, base y guía a ulteriores tareas investigadoras acometidas por diferentes estudiosos de la materia. Destacan, en especial, sus numerosos trabajos monográficos a los cuales nos referiremos en el apéndice segundo del presente análisis.

IV.2. La orientación realista e institucional aplicada a la Historia del Derecho Indiano.

Fiel a la dirección realista e institucional seguida por GARCÍA-GALLO, advertida ya en su Metodología de la Historia del Derecho Indiano (Santiago de Chile, 1971), el autor admite que el método por el cual optó no constituye sino un complemento y, a la vez, desarrollo o reiteración de las recomendaciones generales contenidas en su Manual de Historia del Derecho Español, tomo segundo (Madrid, 1959). Respecto a otros historiadores que, al abordar este tema, de una forma u otra influyeron en él, mención especial merecen Rafael DE ALTAMIRA Y CREVEA (1866-1951) así como Ricardo LEVENE (1885-1959), a los cuales siempre dedicó palabras de elogio, sin olvidar la labor de Jorge BASADRE.

Para comenzar el análisis y estudio de la ciencia del Derecho Indiano, en primer lugar consideró preciso llevar a cabo un planteamiento tanto conceptual como metodológico de la misma, poniendo de relieve que la concepción y elaboración de la Historia del Derecho no puede quedar nunca al mero arbitrio del estudioso, más bien al contrario, éstas le vienen impuestas por el objeto de que se ocupa por lo que habrá de atender siempre a la naturaleza y caracteres del Derecho que examina. En consecuencia, será necesario conocer las características del objeto de aquello que constituye nuestra labor investigadora que, en cuanto al Derecho Indiano se refiere, podemos reducirlas a tres:

  1. Historicidad del Derecho Indiano.- El profesor era partidario de que para el estudio, ya global del Derecho Indiano, ya sea particular de una institución del mismo, hay que centrarse en su dinámica, esto es, en su origen, su posterior desarrollo, las posibles transformaciones y, finalmente, en su extinción.

  2. Aspecto jurídico de la Historia del Derecho.- Subrayaba repetidamente GARCÍA-GALLO que el objeto de la ciencia de la Historia del Derecho se debe reducir tan solo a aquélla parcela encaminada a ordenar la vida social que posee una vis obligatoria, vinculante, puesto que la vida social en sí misma considerada se configura como el objeto de otras ciencias, con independencia de la importancia y trascendencia de aquélla. Por tanto, resulta fundamental distinguir con claridad ambas materias: de un lado, el Derecho y, de otro, la vida social. De este modo, se podrá comprobar que el Derecho es la ordenación de las instituciones (cuestiones, situaciones o relaciones de todo tipo: políticas, económicas, religiosas,... básicas y relevantes de la vida social e integradas por la combinación de distintos elementos, dando a cada una de ellas una estructura singular). Únicamente cuando tal ordenación se refiera a una institución determinada nos hallaremos en presencia de una institución jurídica.

  3. Lo indiano.- Dicho adjetivo viene a delimitar el Derecho propio de las Indias (que, en la Edad Moderna, abarcaba el territorio de América y Oceanía). A juicio del autor, el Derecho Indiano de raíz española vigente en América, pese a la distinta opinión de otros historiadores, forma un sistema único compuesto tanto por las normas del Derecho de Castilla, como por las normas propias del Derecho especial de Indias, si bien las primeras son de origen legal y las segundas proceden, en cambio, de las costumbres, la jurisprudencia,...

Sobre el método de investigación, propuesto por GARCÍA-GALLO, aplicable a la Historia del Derecho Indiano, el profesor confiesa que toda investigación necesariamente se ha de dirigir a la averiguación o descubrimiento de algún aspecto desconocido del proceso dinámico de la evolución jurídica de este Derecho. En definitiva, y en términos generales, el autor recomienda afrontar tal cuestión a través de la consecución de dos pasos decisivos:

  1. Saber lo que se conoce y aquello que se ignora, en aras a evitar descubrir lo ya conocido. Para su apreciación ello requiere, evidentemente, una cognición suficiente del estado actual de nuestros conocimientos en la materia.

  2. Saber que es aquello que se busca y que no halla respuesta en la bibliografía existente.

Con la finalidad de llevar a buen puerto tal empresa investigadora, GARCÍA-GALLO llegaría a proponer una serie de pautas a seguir, esquematizándolas en cuatro fases o estadios:

A.- Etapa inicial de la investigación.- Comprensiva, a su vez, de dos cuestiones: la elección del tema y el planteamiento del trabajo. Ocupémonos de ellas con cierto detenimiento:

En cuanto a la elección del tema, requisito imprescindible para lograr una satisfactoria elección lo constituye el hecho de que se disponga de una adecuada preparación y formación en aras a acometer la futura investigación. Siempre que nos encontremos frente a una pregunta sin la adecuada respuesta existe un tema de investigación. Así, a título de ejemplo, el autor nos pone de manifiesto que cabría preguntarnos ¿Qué fuentes jurídicas se conocen de América y cuáles rigen efectivamente?, ¿En qué principios y orientaciones se inspira el Derecho Indiano?, etc..., señalándonos que no hemos de olvidar que por el mero hecho de que nos atraiga una cuestión y que, momentáneamente, no sepamos nada o casi nada de la misma, ello no equivale que dicha materia no haya sido objeto de estudio. Al respecto, lamenta GARCÍA-GALLO la inexistencia de repertorio bibliográfico alguno de Historia del Derecho Indiano, dado que los publicados por algunos países hispanoamericanos, pese a considerarlos valiosos, no ofrecen un inventario completo, destacando otras obras de autores españoles como las de Ricardo LEVENE (Introducción a la Historia del Derecho Indiano) o la de José María OTS Y CAPDEQUI (Historia del Derecho español en las Indias y del Derecho propiamente Indiano).

Respecto del planteamiento del trabajo, sugiere el profesor que seguimos que iniciada la labor investigadora, habremos de delimitar qué buscamos en concreto, aquello en lo cual vamos a centrar nuestra atención, aconsejando formular un minucioso cuestionario compuesto de todo aquello que nos resulte interesante o significativo, sin pretender que el mismo sea cerrado sino que, por el contrario, debe mostrarse abierto en todo momento para permitir incluir en él la totalidad de futuros interrogantes y problemas que nos puedan surgir. La importancia de la elaboración de dicho cuestionario resulta ser fundamental para el autor, facilitándonos una serie de cuestiones generales que han de tener cabida en el mismo y distinguiéndolas según que la pretendida investigación verse sobre un texto, sobre una institución o, finalmente, sobre una cultura jurídica.

- Así, en el primero de los supuestos (texto, recopilación legal o escrito de la naturaleza que fuere, es decir, fuente en general) habremos de preocuparnos de conocer si la obra ha llegado a nuestras manos en su primitiva redacción o ha sido objeto de reproducciones infieles; quién fue o es el autor de la misma, su personalidad y la fecha y lugar en que la escribió, finalidad de la misma, información que recogió (fuentes utilizadas) para llevarla a cabo, etc.. Cuestiones que son susceptibles de ser planteadas tanto si indagamos acerca de las Memorias de gobierno de un virrey, como sobre el gobierno del Perú de Matienzo, por ejemplo.

- En la segunda de las hipótesis (investigación de una institución jurídica) la delimitación del tema será el primero de los aspectos a tratar; lo cual podremos realizar mediante dos enfoques o modos distintos, bien atendiendo a la institución misma, tal y como se nos presenta (en cuyo caso cada institución debe ser tratada en toda su complejidad, planteamiento, en general, preferido por los historiadores juristas dogmáticos), bien en atención a la situación de hecho que el Derecho trata de encauzar (planteamiento predilecto del historiador jurista más atento a la vida efectiva del Derecho, esto es, más realista). Dentro del marco del estudio de las instituciones, opina GARCÍA-GALLO que habremos de partir de las situaciones de hecho que son objeto de regulación o de la regulación jurídica. Una vez advertido el alcance de las mismas, será hora de formularnos cuestiones de índole común, tales como:

  1. Situaciones de hecho reguladas efectivamente o que se tratan de regular: Caracteres de las mismas y problemática que conllevan, criterios valorativos de dichas situaciones y sus posibles cambios, así como su fundamento y personas a través de las que se manifiestan (gobernantes de la Península o de las Indias, conquistadores, teólogos, comerciantes, pobladores ,...).

  2. Origen de la institución: Momento en el cual es tenida en cuenta por el Derecho, su regulación ulterior, ¿a quién o quiénes se debe el establecimiento de las normas jurídicas?: Al legislador peninsular o al gobernante indiano; lugar del que emanan las mismas (si son mera imitación o importación de lo que se hacía en otras partes o, por el contrario, suponen una invención).

  3. Naturaleza jurídica de la institución: Manera de concebir la ordenación, cambios operados y sus motivos, similitud o influencias que presentan con otras instituciones de las que tengamos constancia, principios jurídicos básicos de los cuales resulta la institución, concretas normas promulgadas, lagunas existentes, posible oposición, crítica, incumplimiento o, inclusive, resistencia frente a las mismas y sus efectos.

  4. Vida y fallecimiento de la institución: Vigencia de la misma y alteraciones padecidas: ineficacia, inutilidad (como p. ej. la encomienda de indios en el siglo XVIII), eliminación y posibles sustratos supérstites que han repercutido o se han incorporado a otra institución.

- Por último, en el tercer supuesto (indagación de una cultura jurídica en la época indiana o en una región o periodo determinados), las cuestiones generales que nos deberíamos suscitar serán bien distintas, pudiendo enumerar, entre otras, factores condicionantes de dicha cultura (medievales o modernos) y su intensidad (qué elemento tradicional o nuevo contiene, medios por los que han sido introducidos éstos, sus tendencias), el nivel logrado por esa concreta cultura jurídica (sus bibliotecas y legados, centros de enseñanza jurídica y plan docente utilizado, libros publicados, número de juristas y consideración social que merecen, etc.).

B.- Fase segunda: La reunión de datos.- En ella distingue GARCÍA-GALLO dos cuestiones, el examen de las fuentes y la toma de datos.

- En cuanto a la primera de ellas (examen de las fuentes), a fin de procurar dar contestación a las cuestiones planteadas así como a las que vayan surgiendo a lo largo de la labor investigadora, el estudioso debe buscar la respuesta en las denominadas fuentes de conocimiento (fuentes del Derecho que lo han establecido, literatura y documentos jurídicos, actos y conductas jurídicas, objetos materiales en los cuales el Derecho haya influido de manera notable, incluso en otras fuentes no jurídicas). Las fuentes a utilizar dependerán siempre de aquello que constituya el objeto de nuestra investigación (p. ej., si nos atrae la regulación oficial de una institución determinada acudiremos a las leyes; si es la aplicación efectiva del Derecho recurriremos a las crónicas, descripciones y libros de viaje). El orden y forma de utilizar las fuentes son dos aspectos que puede fijar per se el investigador. No obstante, recomienda GARCÍA-GALLO acudir en la iniciación a algunas obras, ya sean de conjunto ya especializadas, para observar con posterioridad la legislación existente en los archivos oficiales, en las colecciones legales y cedularios, en las recopilaciones y en las notas de leyes. En la búsqueda de la disposición que nos interese de entre el enorme conjunto legislativo podremos ayudarnos de obras auxiliares elaboradas con dicha finalidad como, p. ej., el Índice de Schäfer de la Colección de documentos de Indias para los primeros tiempos del Derecho indiano. Una vez conocida la legislación real, habremos de examinar la particular de cada provincia (Ordenanzas, Autos o Mandamientos de las autoridades residentes en Indias), la castellana y la legislación canónica indiana, en especial los textos Conciliares.

En el caso de instituciones reguladas por la ley, únicamente cuando se haya concluido con el análisis de la literatura jurídica y de las fuentes legales será hora de examinar los documentos de la vida jurídica (comprobando así la aplicación o adaptación práctica de las normas legales). No obstante, en alguna ocasión podría resultar aconsejable anteponer las fuentes no jurídicas a los documentos de la vida jurídica, sobre todo cuando falten éstas o revista especial dificultad su utilización. En cuanto al análisis de los textos concierne, el mismo debe ser detenido y atento para obtener de él el máximo rendimiento posible, desmenuzándolo, sin despreciar dato alguno por insignificante que nos parezca prima facie.

- Respecto de la toma de datos (segunda cuestión de esta segunda etapa), sugiere el profesor que los concretos datos obtenidos del examen de las fuentes sean recogidos por separado, ya que cada uno responde a una cuestión distinta. Por ello, aconseja GARCÍA-GALLO la utilización de fichas o papeletas, de manera que en cada una conste un solo dato tomado de una única fuente.

C.- Tercera fase: La elaboración histórico-jurídica.- Dicho estadio abarca tres apartados, y son:

- La edición y estudio de las fuentes, debiéndose atender a que la gran mayoría de los textos jurídicos indianos se conservan manuscritos, pese a proceder todos ellos a época posterior al establecimiento de la imprenta, habiéndose imprimido tan solo algunas Pragmáticas u Ordenanzas, recopilaciones legales, determinadas obras de literatura jurídica y ciertos memoriales, alegatos,... En lo relativo a la elección del manuscrito que ha de editarse y siempre que del mismo exista más de un ejemplar, GARCÍA-GALLO nos proporciona el siguiente orden de prelación:

  1. En caso de que se trate de disposiciones reales, dado que el original en muchas ocasiones se habrá extraviado, acudiremos a la copia oficial del registro del Consejo. Si se conservare esta última y un texto impreso en el mismo periodo, se atenderá a éste por la sencilla razón de que contiene el texto que fue conocido en América. Si, por el contrario, nos encontramos con que de una misma fuente se conoce más de un manuscrito y entre dos de ellos, que tengan el carácter de originales, observamos variaciones de importancia, reproduciremos una sola vez el texto destacando a dos columnas las partes en que difieran.

  2. Cuando de una obra de literatura jurídica se trate, en el supuesto de que se conserve más de un ejemplar habremos de cerciorarnos cuál de ellos es el original, que será el preferido y, para el caso de que no podemos determinarlo, seleccionaremos aquél que resulte ser el más correcto. Finalmente, como complemento de toda edición, se habrá de advertir una nota previa conteniendo el manuscrito que se reproduce, su descripción, la editorial, el autor y los caracteres esenciales del texto.

Respecto al estudio de las fuentes jurídicas, a lo largo del mismo se nos podrán presentar cuestiones tanto de crítica externa -tales como la autenticidad de las fuentes; las diversas redacciones de un mismo texto; la determinación del autor, fecha y carácter de la fuente- como de crítica interna -contenido y fin de la obra, ideología que presenta y sus fuentes; así como su encuadramiento en el conjunto de las fuentes restantes-, ofreciéndonos GARCÍA-GALLO ciertas soluciones para solventarlas.

- El estudio de las instituciones: En cuanto al historiador de Derecho indiano interesa respecto del examen de las instituciones se refiere, no se habrá de conformar con la mera reproducción de los códigos o leyes sino que será preciso elaborar el material recogido e intentar reconstruir lo que fue la concreta institución en su devenir histórico. El método a seguir para la consecución de tal fin se sintetiza del siguiente modo:

  1. Ordenación y clasificación de las fichas conforme a un plan sistemático que comprenda los diversos aspectos de la institución analizada.

  2. Conciliación de la perspectiva histórica y de la sistemática jurídica (para apreciar así las diferentes soluciones a una misma cuestión, valorando los cambios operados en las instituciones o la distinta regulación observada). La periodificación de la institución vendrá determinada por la del sistema jurídico, salvo que prescindamos de distinguir periodos y optemos por estudiar la institución sistemáticamente.

  3. El sistema jurídico de la institución. En todo sistema jurídico, como en toda cultura, existen distintos niveles en los que el mismo aparece matizado (así, no viven de igual forma el Derecho un jurisconsulto, un profesional o un hombre «de la calle», aunque el Derecho por el que se rigen sea el mismo), de tal modo que podemos predicar la unidad del sistema y sus diferentes niveles. Si el historiador comprendiese dentro de «lo indiano» , además del Derecho español, las costumbres jurídico-indígenas o las de la población de color, cabría justificar su tratamiento por separado pues, en realidad, constituyen sistemas propios. Sin embargo, aún en este caso, si el estudio se orienta hacia la normatividad de las situaciones y relaciones sociales, se podrían presentar unas junto a otras las normas que rigen entre los españoles, entre los indígenas y entre la población de color.

  4. En lo relativo a las fuentes normativas y reconstrucción del sistema, aconseja GARCÍA-GALLO una serie de obras que facilitarán la tarea del investigador, entre otras: La Ley como fuente del Derecho en Indias en el siglo XVI, Problemas metodológicos y "Manual de Historia del Derecho español del propio autor o Arte legal para estudiar la Jurisprudencia de BERMÚDEZ DE PEDRAZA (Salamanca, 1612), Vocabulario de Antonio DE NEBRIJA (Salamanca, 1492), Diccionario de americanismos de A. MALARET (San Juan de Puerto Rico, 1931), etc. En el supuesto de que la institución que estudiemos haya sido ya descrita por un jurista o conocedor de la vida indiana de la época, su obra nos servirá de guía y contraste para nuestro trabajo.

  5. Dinámica del sistema de la institución de que se trate; ya que el Derecho indiano no permaneció estático durante su vigencia. Por tanto, tendrá el investigador que atender los siguientes aspectos: Evolución del Derecho indiano; origen de la institución; el Derecho y las situaciones de hecho; permanencia del sistema; cambios en el Derecho y su significación y, por último, las causas de la evolución y origen de las innovaciones.

- El estudio de la cultura jurídica, para lo cual el historiador del Derecho se podrá valer de:

Los libros jurídicos conocidos en Indias: Será importante inventariar los mismos, no sólo los referidos al Derecho indiano, sino además todos aquellos que conozcamos relativos a la América española en los siglos XVI a principios del XIX.

Las concepciones jurídicas: Labor del investigador de la cultura jurídica indiana constituirá la comprobación de la difusión y recepción en el Nuevo Mundo de las diversas concepciones que allí se pusieron de relieve, no solo en cuanto a la ciencia y bibliografía jurídicas, sino también en los ambientes populares de españoles, indios y mestizos.

Otras cuestiones jurídicas objeto de análisis deberán ser: la enseñanza del Derecho, sus centros y planes de estudio, condición social y jurídica de los profesionales del Derecho,...

D.- Etapa final: La exposición de los resultados.- Dicho apartado abarca los siguientes cuatro puntos que a continuación se enumeran:

  1. Publicación de los trabajos: Finalidad normal de toda investigación, para que sea conocida por los demás.

  2. Trabajos con resultado negativo: Es importante darlos a conocer, en aras de evitar esfuerzos a otros posibles investigadores que traten de insistir en el trabajo.

  3. Presentación de los resultados: Deben comenzar con una referencia a la bibliografía y al estado actual de los conocimientos antes de la iniciación. Se habrán de diferenciar nítidamente lo que son hechos probados y lo que son hipótesis; indicando la fuente de conocimiento en que se fundamenta el historiador.

  4. Redacción del original: Es conveniente transcribir en diferentes hojas el texto y las notas. Cualquier cita de fuentes deberá ir acompañada de su referencia, sin perjuicio de la simplificación de la forma de citar fuentes legales (p. ej. Instr., la Instrucción; Ord., la Ordenanza,...). Un complemento nada superficial lo podrán constituir los apéndices documentales, donde se reproducirán los textos fundamentales sobre el tema, así como un sumario o índice del trabajo que permita al lector del mismo apreciar su contenido y disposición.

V. Acerca de la justificación del estudio del derecho indiano y aportación de García-Gallo.

Una de las numerosísimas obras que componen el legado de GARCÍA-GALLO lleva por título Bases para una programación de la enseñanza de la Historia del Derecho y, en especial, de la del Derecho indiano, en la cual trata de explicarnos y, de manera simultánea, justificar su intenso análisis acerca de la Historia jurídica indiana. En la misma, el reputado profesor se autoformula diversos interrogantes a los que procura responder avalado por sus más de cuatro decenios dedicados a la docencia, siendo tres las preguntas principales:

Primera: ¿Por qué y para qué ha de estudiarse la Historia del Derecho?

Al respecto, GARCÍA-GALLO estima que el conocimiento de algo que exista justifica su estudio por el mero hecho de su existencia y, puesto que el Derecho tiene Historia, es lógico que se procure analizarla. En el supuesto de que en las Universidades se atienda, de modo exclusivo, a la formación de técnicos, podremos entonces prescindir de la Historia del Derecho, por el contrario, ello no será posible en el caso de pretender formar universitarios con un cierto nivel cultural. Esto es así por la sencilla razón de que una disciplina como el Derecho sólo se puede comprender plenamente conociendo su scire est per causa scire; ya que el Derecho actual es como es porque se halla condicionado por el del pasado. Únicamente conociendo la Historia del Derecho el jurista podrá apreciar aquello que hay de permanente y estable en él, así como lo que resulta accesorio y contingente, puesto que la Historia del Derecho aporta una experiencia jurídica multisecular (la cultura y la vida social de un pueblo están determinadas por factores políticos, económicos, sociales,... pero también jurídicos y, en cualquier caso, lo que en aquellas se considera de vital importancia se encuentra regulado por el Derecho).

Segunda: ¿Dónde debe estudiarse la Historia del Derecho?

Partiendo de la anterior contestación, GARCÍA-GALLO considera que el lugar apropiado, obviamente, serán las Facultades de Derecho, Jurisprudencia o Ciencias Jurídicas que contribuirán a la mejor comprensión, por parte del jurista, de la Historia del Derecho, propiciándole la adquisición de una formación más completa.

Tercera: En cuanto al Derecho Indiano se refiere, ¿qué Derecho habrá de estudiarse?

Resulta evidente que el Derecho lo es siempre de una comunidad determinada fuera de la cual su ordenación carece de todo valor normativo, por lo que su estudio deberá realizarse siempre en el marco de una comunidad o nación. En la Historia del Derecho nacional de los países hispanoamericanos y filipino se diferencian tres etapas caracterizadas por la vigencia de otros tantos sistemas jurídicos: el indígena, el español y el formado a partir de su independencia. La cuestión acerca de en qué medida en la Historia del Derecho nacional de un país hispanoamericano o filipino ha de tratarse del derecho español anterior al descubrimiento dependerá de la conveniencia y oportunidad pedagógica de conocer los orígenes del Derecho que, a partir del establecimiento de los españoles, configura de manera decisiva el país. Lo más frecuente es que los estudiosos arranquen del siglo XV, prescindiendo de su evolución anterior; debido a que por Derecho indiano, como tenemos señalado más arriba, se suele entender aquél conjunto de disposiciones dictadas por el rey y las autoridades españolas para las Indias.

En realidad, el Derecho vigente en éstas habrá de ser completado con las leyes de Castilla porque, en cualquier caso, se aplicaron con carácter supletorio, no debiéndose obviar el estudio de las costumbres tanto españolas como indígenas (GARCÍA-GALLO hace alusión, por tanto, a la existencia de un mestizaje jurídico o de un Derecho Mestizo). Del Derecho Indiano no habrá que analizar exclusivamente sus fuentes e instituciones jurídicas pues, aunque es indudable que la Historia del Derecho no podrá ser comprendida en su totalidad si desconocemos las instituciones de aquél que constituya el objeto de nuestro estudio (historia de sus concretas situaciones de hecho y su valoración), el jurista también deberá atender a la realidad del medio social en que dicho concreto Derecho fue aplicado. En el estudio de la Historia del Derecho son dos las facetas que conviene contemplar: la jurídica y la histórica, sin que pueda soslayarse o sacrificarse una en detrimento de la otra.

GARCÍA-GALLO propugna, en consecuencia, el estudio del Derecho en sí mismo, en toda su dimensión y peculiaridad, pero en su perspectiva histórica, esto es, en el marco temporal en que ha regido. La consideración histórica del Derecho exige planteamientos diferentes, según se examine éste en su conjunto o en cada una de sus instituciones. Resulta fundamental, por tanto, una contemplación panorámica del Derecho indiano que lo sitúe en el medio temporal en que vive, que muestre cómo surge como adaptación del castellano en el medio geográfico del Nuevo Mundo, las situaciones y problemas que debe afrontar, las dificultades de su aplicación y todo aquello que, en general, influye en su desenvolvimiento. Centrada la atención en las instituciones se posibilita el análisis plenamente jurídico de las mismas; no solo porque así se facilita su comprensión a quienes carecen de una formación jurídica suficiente, sino sobre todo porque así es como se planteó en la realidad. En suma, se habrán de presentar:

  1. Las situaciones o realidades sociales que se dieron destacando, según el caso, sus aspectos políticos, raciales, económicos,... y, también, las actitudes de la sociedad ante las mismas. Sólo así se podrá comprender el motivo y el origen de su ordenación jurídica (lo que era el Derecho de Castilla, cuándo hubo de enfrentarse a tales situaciones, las causas de su adaptación o abandono en aras a la creación de un Derecho nuevo, en qué principios se basó éste y su ulterior desarrollo y aplicación, etc...).

  2. Una vez llegados a este punto, el Derecho deberá estudiarse con sentido y con pleno rigor jurídico, sin dejarse atraer por los aspectos no jurídicos de la institución, los cuales ya se habrán considerado y cuyo tratamiento, en todo caso, es objeto de otras disciplinas. Para que la información que la Historia del Derecho nos suministra pueda ser útil al jurista es imprescindible que sea completa y fiel, que no se limite a presentarnos un conjunto de normas originales y curiosas, sino que destaque sus principios, su lógica y su sistema.

Ismael SÁNCHEZ-BELLA nos pone de manifiesto que el método seguido por Alfonso GARCÍA-GALLO en sus trabajos sobre el Derecho Indiano es idéntico al utilizado en sus estudios acerca de la Historia del Derecho Español, pudiéndose resumir brevemente mediante el esquema siguiente:

  1. Previo planteamiento general sobre el tema a tratar, mostrando un estado actual de la cuestión y un resumen de la bibliografía existente.

  2. Problemas que se plantean, con un enfoque jurídico.

  3. Exposición seria, rigurosa y metódica de su punto de vista. Es característica de GARCÍA-GALLO partir siempre del Derecho castellano de la Baja Edad Media, así ocurre p. ej., en sus estudios sobre los alcaldes mayores y corregidores en Indias, las audiencias, la capitanía general,...; sobresaliendo la objetividad que reina en cualquier análisis del profesor, como puso de relieve el acreditado presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, D. Antonio HERNÁNDEZ GIL.

Finalmente, en cuanto concierne a la aportación de GARCÍA-GALLO a la Historia del Derecho Indiano hemos de atender que a la hora de valorar de manera global la obra científica de GARCÍA-GALLO en el ámbito de la Historia del Derecho Español no pasa inadvertido el hecho de que su principal aportación la constituyen sus creaciones de conjunto, esto es, manuales, cursos y tratados, sus exámenes acerca de las fuentes del Derecho Medieval y su ingente trabajo sobre nacionalidad y territorialidad del Derecho Visigodo. En cuanto a la Historia del Derecho Indiano se refiere, destaca su exhaustivo estudio de las bulas alejandrinas y sus inagotables trabajos monográficos (que se mencionan de manera expresa en el apéndice segundo), siendo igualmente justo resaltar el envidiable enfoque jurídico y rigor metodológico de que hace gala nuestro autor. De hecho GARCÍA GALLO ha sido, con mucho, quien más se ha preocupado de subrayar el parentesco de aquél con el Derecho Castellano de la Baja Edad Media y de la Moderna facilitando, en diversas ocasiones, el punto de arranque imprescindible para el análisis de las instituciones indianas.

En casi la totalidad de sus trabajos deja entrever su admiración por la obra de España realizada en América y Filipinas. Así, en 1987, al presentar GARCÍA-GALLO su segundo gran libro con estudios de Derecho Indiano manifestaba que «Ciertamente, las instituciones actuales de América no son hoy las mismas que recibió a raíz de su descubrimiento y conservó en los siglos en que estuvo gobernada por los Estados europeos. Las corrientes políticas que dominaron en el siglo pasado y las que dominan en el actual las desplazaron y sustituyeron, de una u otra forma, por las del liberalismo y parlamentarismo político. Pero cualesquiera que sean estas instituciones y la vigencia efectiva de las mismas, en la base de todas ellas, como raíz que les da vida, se halla la esencia de una tradición multisecular que en la América hispana es la que España implantó exaltando los principios rectores de Justicia y Libertad y una ordenación jurídica que les sirve de soporte».

Además de acucioso investigador, GARCÍA-GALLO fue un creador de ideas, las cuales exponía en sus trabajos ofreciendo la plataforma que unía a las Indias y que fueron y son el obligado punto de partida para poder averiguar el perfil general de la concreta institución que se trate de estudiar. Al margen de todo lo que se puede llegar aprender en las obras del profesor, GARCÍA-GALLO no descuidaba tampoco enseñar a sus discípulos la profesión de historiador del Derecho teniendo en todo momento presente aquella máxima: «las fuentes mandan».

Carmen de Las Heras García.
Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea. Diplomada en Biblioteconomía y Documentación.
Documentalista.

 

VI. Apéndices

VI.1. Primer apéndice: Fechas clave en la vida de Alfonso GARCÍA-GALLO Y DE DIEGO (singular referencia a títulos y cargos desempeñados).

Nacido en España, en la cabecera del río Duero (concretamente en Soria), el día 5 de enero de 1911. Contrajo matrimonio con una vecina suya llamada María Isabel, de cuya unión nacieron diez hijos -una de sus hijas, Concepción, ha seguido los pasos de su padre en cuanto al estudio del Derecho castellano e indiano se refiere-. Por la apreciación en conjunto de la labor investigadora y de formación de escuela científica llevada a cabo, en 1970 le fue concedido a GARCÍA-GALLO el Premio Nacional de Investigación en Letras "Francisco Franco", recibiendo asimismo el Premio Ricardo Levene de la Fundación del mismo nombre. Fue también condecorado con la Gran Cruz de Alfonso el Sabio y con el Collar de la Orden de Andrés Bello (Venezuela).

Falleció el día 21 de diciembre de 1992 en Madrid, en el denominado «piso de la Profesorera» -nombre que dan los madrileños a un complejo residencial donde habitan los más ancianos y famosos Catedráticos de la Universidad Complutense, ubicado en los jardines de su antiguo Rectorado, muy próximo a Moncloa, frente al Arco del Triunfo y a sólo unas cuantas manzanas de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras, donde el profesor impartió sus enseñanzas durante medio siglo-.

En lo relativo a sus títulos académicos, se doctoró en Derecho el día 12 de enero de 1934, licenciándose en el año 1942 en Filosofía y Letras, Sección de Historia. En el mes de octubre de 1948 obtuvo el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de Chile y, en junio de 1980, le fue concedido el mismo mérito de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Respecto a los cargos universitarios desempeñados por GARCÍA-GALLO, podemos clasificarlos en los cuatro apartados siguientes:

A) Docentes.-

- De 22 de abril a 22 de mayo de 1931: Ayudante de clases prácticas de "Historia del Derecho Español" en la Facultad de Derecho de Madrid.

- De 23 de abril a 12 de julio de 1935: Auxiliar de la misma asignatura en idéntica Facultad.

- De 13 de julio de 1935 a 15 de agosto de 1940: Catedrático de "Historia del Derecho Español" de Murcia por oposición.

- De 16 de agosto de 1940 a 8 de agosto de 1944: Catedrático de "Historia del Derecho Español" de Valencia por concurso.

- De 9 de agosto de 1944 al mes de octubre de 1955 (en que se suprimió la cátedra): Catedrático de "Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América" del Doctorado de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, por oposición.

- De 6 de diciembre de 1947 hasta el año 1981: Catedrático de "Historia del Derecho indiano" de la Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia de América, de la Universidad Complutense de Madrid.

- De 20 de octubre de 1942 a 30 de junio de 1944: Encargado de curso de "Historia de España Antigua y Media" en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia.

- De 1 de octubre de 1946 al mes de junio de 1948 (en que se suprimió ésta enseñanza): Encargado de curso de "Historia Económica de la Antigüedad y de la Edad Media" en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid.

- De 1 de octubre de 1953 a 30 de septiembre de 1956 (fecha en que se suprime dicha enseñanza): Encargado de curso de "Práctica de lectura de textos jurídicos clásicos latinos y españoles" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.

- De 5 de octubre de 1955 hasta el año 1981: Catedrático de "Historia del Derecho Español" de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1981 se produce su jubilación administrativa como Catedrático de Historia del Derecho Español de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

- 1990-1991: Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

B) Cargos de gobierno.-

- De 1 de septiembre a 31 de octubre del año 1939: Secretario de la Facultad de Derecho de Murcia.

- De 17 de octubre de 1941 a 7 de agosto de 1944: Secretario de la Facultad de Derecho de Valencia.

- Años 1949-1953, y 1963-1968: Vicedecano de la Facultad de Derecho de Madrid.

C) Otras actividades.-

- 1963-1975: Director del Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

- 1970-1981: Jefe del Departamento de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
D) Cargos en organismos de carácter internacional.-

- 1943-1968: Profesor de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida.

- 1957-1960: Profesor de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Luxemburgo.

- 1961-1965: Profesor de la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado de Estraburgo.

E) Cargos de Investigación.-

- 1932-1935: Becario del Instituto de Estudios Medievales del Centro de Estudios Históricos.

- 1942-1944: Secretario de la Delegación en Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- 1942-1958: Jefe de la Sección de Valencia y Secretario de la Escuela de Estudios Medievales.

- A partir de 1944: Secretario General del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Director del Anuario de Historia del Derecho de España, publicado por dicho Instituto. Presidente del Patronato "Raimundo Lulio" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (hasta 1976).

- Desde enero de 1980: Director del Instituto de Ciencias Jurídicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- En 1982 es nombrado Director honorario del Instituto de Ciencias Jurídicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como Doctor honoris causa de la Universidad de León y de la Universidad de Lisboa (entre 1981 -año de su jubilación- y 1992 su producción científica se incrementa, siendo objeto de reedición algunas de sus clásicas obras).

Por último, hemos de aludir también a la vinculación de GARCÍA-GALLO con otros centros culturales y de investigación:

- Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Instituto de España.

- Consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Patronato "Raimundo Lulio".

- Vicepresidente del Comité de Dirección de la "Asociación Internacional de Historia del Derecho y de las Instituciones" incorporada, desde 1970, al Comité de Ciencias Históricas de la UNESCO.

- Miembro del Consejo de Dirección de la "Asociación Internacional para la enseñanza del Derecho Comparado".

- Fundador y codirector del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, con sede en Buenos Aires.

- Miembro de las Academias de Legislación Comparada de Toulouse y París.

- Miembro de las Sociedades de Historia del Derecho de Francia e Italia.

- Miembro de los Institutos Ricardo Levene de Historia del Derecho y del de Investigaciones de Historia del Derecho (ambos de Buenos Aires) y de los de Historia del Derecho (de Santiago de Chile y de Roma y Córdoba, Argentina).

- Miembro asesor del Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschiche, de Alemania.

- Miembro honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

- Miembro de la Asociación "Francisco de Vitoria".

- Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Historia.

- Miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Buenos Letras, de Barcelona.

- Miembro del Centro de Investigaciones de San Isidoro de León y de la Institución Fernando el Católico, de Zaragoza.

- Miembro de Honor de la Academia Portuguesa de la Historia.

- Miembro de Honor del Instituto de Cultura Hispánica.

- Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia, de Venezuela.

VI.2. Segundo apéndice: Relación cronológica de su obra

En esta sede, podemos distinguir dos grandes apartados.

* A.- Manuales y obras dedicadas a la docencia:

- Manual de Historia del Derecho Español, en colaboración con Román RIAZA, Madrid, 1934-35.

- Tratado de Historia del Derecho Español, Madrid, 1943-48.

- Curso de Historia del Derecho Español. I, Introducción e historia de las bases de formación del Derecho, de las fuentes y del Derecho público. II, Historia del Derecho privado, penal y procesal, vol. I, Conceptos generales, la persona natural, Madrid, 1946-50.

- Lectura de textos jurídicos. Orientaciones para su práctica, Madrid, 1954.

- La evolución general del Derecho español, Madrid, 1957.

- Manual de Historia del Derecho Español. I, Exposición. II, Metodología histórico-jurídica. Antología, Madrid, 1959-62.

- Formation historique des Droits romanistes, Faculté Internationale pour l´Enseignement du Droit Comparé, Estrasburgo, 1962.

* B.- Monografías y estudios de investigación:

- Notas críticas sobre la edición del Consolat de Mar de F. Valls Taberner, en Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), 9, 1932.

- Recensión de la Historie des collections canoniques en Occident de Fournier-Le Bras, en AHDE, 9, 1932.

- Manuel Serrano y Sanz, en AHDE, 10, 1933.

- La aplicación de la doctrina española de la guerra. (Datos para su estudio), en AHDE, 11, 1934.

- Una colección de fazañas castellanas del siglo XII, en AHDE, 9, 1934.

- Camille Jullian (1859-1933), en AHDE, 11, 1934.

- Sobre las ideas absolutistas en la España romana, en Revista de Estudios Políticos (REP), 1, 1941.

- Textos de Derecho territorial castellano, en AHDE, 13, 1936-41.

- Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda, en AHDE, 13, 1936-1941.

- Notas sobre el reparto de tierras entre visigodos y romanos, en Hispania, 1, 1941.

- Román Riaza, en Hispania, 1941.

- Recensión a «Die Entfaltung des aragonesischen Landrechts bis zum Codigo de Huesca», de Wohlhaupter", en AHDE, 14, 1943.

- La territorialidad de la legislación visigoda (respuesta al Profesor Meréa), en Boletím da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra, 19, 1943.

- Los orígenes de la Administración territorial de las Indias, en AHDE, 15, 1944, y en Estudios de Historia del Derecho Indiano (EHDI).

- Fray José López Ortiz, O.S.A., Obispo de Tuy, en Arbor, 2, 1944.

- Cedulario indiano recopilado por Diego de Encinas. Reproducción facsímil de la edición única de 1956. Estudio e índices por Alfonso GARCÍA GALLO, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1945-46.

- Las instituciones sociales en España en la Edad Media (siglos VIII - XIII), en REP, Suplemento de Política Social, nº 1 y 2, 1945.

- El imperio medieval español, en Arbor, 4, 1945.

- La Constitución política de las Indias españolas, en Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, Conferencias, Curso 1945-46, Madrid, 1946.

- Jueces populares y jueces técnicos en la historia del Derecho español, en "La Justicia municipal en sus aspectos histórico y científico". Ciclo de conferencias, Ministerio de Justicia, Madrid, 1946.

- El Proyecto de Código peruano de Gaspar de Escalona y Agüero, en AHDE, 17, 1946.

- La investigación española en un reciente Manual de Historia de España, en Arbor, 9, 1948.

- Respuesta a Pedro Aguado Bleye, en Arbor, 10, 1948.

- Hinojosa y su Obra, en E. de Hinojosa y Naveros, Obras, Tomo I, Estudios de investigación, Madrid, 1948.

- La posición de Francisco de Vitoria ante el problema indiano. Una nueva interpretación, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 4ª época, 4, Buenos Aires, 1949.

- La unión política de los Reyes Católicos y la incorporación de las Indias, en REP, 30, 1950.

- El concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho Canónico Español en la Alta Edad Media, en AHDE, 20, 1950.

- Las redacciones de los decretos del Concilio de Coyanza, en Archivos leoneses, 5, nº 9, 1951.

- El encomendero indiano, en REP, nº 55, 1951.

- El Derecho Indiano y la Independencia de América, en REP, V, XL, nº 60, 1951.

- La Ley como fuente del Derecho en Indias en el siglo XVI, en AHDE, 1951-52.

- La Nueva Recopilación de las Leyes de Indias de Solórzano Pereira, en AHDE, 21-22, 1951-52.

- Memorial de Diego de Zorrilla relacionado con su recopilación de las Leyes de Indias, en AHDE, 1951-52.

- El Libro de las Leyes de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas, en AHDE, 21-22, 1951-52.

- Nueva recopilación de las Leyes Indias, en AHDE, 1951-52.

- Los virreinatos americanos bajo los Reyes Católicos. Planteamiento para su estudio, en REP, 65, 1952.

- Panorama actual de los estudios de Historia del Derecho Indiano, en Revista de la Universidad de Madrid, 1, 1952.

- Hinojosa, jurista, en Boletín del Colegio de Abogados de Madrid, 1952.

- Desarrollo de la historiografía jurídica indiana, en REP, nº 70, 1953.

- Historia, Derecho e Historia del Derecho. Consideraciones en torno a la Escuela de Hinojosa, en AHDE, 23, 1953.

- L´Historie des Institutions espagnoles (trad. Germain Sicard)", en Recuil de l´Ácadêmie de Legislation publié pour lÁcadêmie de Legislation, 5ª serie, Toulouse, 1953.

- La historiografía jurídica contemporánea. (Observaciones en torno a la "Deutsche Rechtgeschichte " de Planitz), en AHDE, 24, 1954.

- El Derecho germánico y su importancia en la formación del Derecho español, en AHDE, 24, 1954.

- El carácter germánico de la Épica y del Derecho de la Edad Media española, en AHDE, 25, 1955.

- El Derecho Común ante el nuevo mundo, en REP, nº 80, 1955.

- El servicio militar en Indias, en AHDE, 26, 1956 (* tema de su tesis doctoral).

- El testamento de San Martín de Dumio, en AHDE, 26, 1956.

- Aportación al estudio de los fueros, en AHDE, 26, 1956.

- Prólogo a Estudios visigóticos I, con la colaboración de G. VIAMARA, J. ORLANDIS, A. D´ORS y R. GIBERT, Roma, 1956.

- El hombre y la tierra en la Edad Media leonesa. El prestimonio agrario, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.

- Prólogo a la versión española de H. PLANITZ Principios de Derecho privado germánico por C. MELÓN INFANTE, Barcelona, 1957.

- La crisc des Droits et leur survivance à l´époque moderne, en Annales de la Faculté de Droit de Toulouse, 6, 1958.

- Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en Africa e Indias, en AHDE, 27-28, 1957-58.

- El problema de la sucesión mortis causa en la Alta Edad Media española, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 10, 1959.

- Bienes propios y derecho de propiedad en la Alta Edad Media Española, en AHDE, 29, 1959.

- Aspectos jurídicos de la Guerra de la Independencia, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 3, 1959.

- Ius y Derecho, en AHDE, 1960.

- Las indias en el reinado de Felipe II; la solución del problema de los justos títulos, en Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, 13, 1959-60.

- Galo Sánchez, en AHDE, 31, 1961.

- Los fueros de Medinaceli, en AHDE, 31, 1961.

- San Isidoro, jurista, en «Isidoriana, Estudios sobre S. Isidoro de Sevilla en el XIV Centenario de su nacimiento», León, 1961.

- Los enigmas de Las Partidas, en Instituto de España. VII Centenario de Las Partidas del Rey Sabio, Madrid, 1963.

- Los Libros de Derecho, discurso leído en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1963.

- Génesis y desarrollo del Derecho Indiano, en Atlántida. Revista del pensamiento actual, 2, 1964, y en EHDI.

- Los títulos jurídicos de la integración de los territorios africanos en la Monarquía española, en Archivo del Instituto de Estudios Africanos, 18, 1964.

- La evolución del Derecho comparado en España, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 9, 1965.

- L´evolution de la condition de la femme en Droit espagnol, en Annales de la Faculté de Droit de Toulouse, 14, 1966.

- La sucesión en el trono en la Corona de Aragón, en AHDE, 36, 1966.

- Problemas metodológicos de la Historia del Derecho Indiano, en Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, 18, 1967, y en EHDI.

- El Fuero de León. Su historia, textos y redacciones, en AHDE, 39, 1969.

- Discurso de contestación, en José MALDONADO: "La significación histórica del Derecho Canónico". Discurso leído en el acto de recepción como Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1969.

- Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI, en AHDE, 40, 1970.

- El Fuero de Llanes, en AHDE, 40, 1970.

- Cuestiones y problemas de la Historia de la Administración española, en Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Alcalá de Henares, 1970.

- Metodología de la Historia del Derecho Indiano. (Prólogo de Alamiro DE AVILA MARTEL), Colegio de Estudios del Derecho Indiano, Santiago de Chile, 1971.

- Los problemas de edición de las fuentes del Derecho local español, en Atti del II Congreso Internazionali della Societá Italiana di Storia del Diritto. Venezia, settembre 1967; Florencia, 1971.

- Los Fueros de Benavente, en AHDE, 41, 1971.

- La división de las competencias administrativas en España en la Edad Moderna, en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971.

- Las Bulas Alejandrinas, en Diccionario de Historia eclesiástica de España, I, Madrid, 1971.

- El Derecho en el Speculum principis de Belluga, en AHDE, 1972.

- Alcaldes mayores y corregidores en Indias, en Memoria del I Congreso Venezolano de Historia, I, Caracas, 1972.

- Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid, 1972.

- Prólogo al libro de Gisela MORAZZANI DE PÉREZ ENCISO, Las Ordenanças de Intendentes de Indias, Caracas, 1972.

- La Universidad de Salamanca en la formación del Derecho indiano, en III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Madrid, 1973.

- Bases para una programación de la enseñanza de la Historia del Derecho, y en especial de la del Derecho indiano, en III Congreso arriba mencionado.

- Estudios e índices, en Instituto de España, "El Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos" en colaboración con Miguel Ángel PÉREZ DE LA CANAL, Madrid, 1973.

- El Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos y su obra de gobierno, en Instituto de España, Conmemoración de la Fiesta Nacional del Libro español, Madrid, 1974.

- Consideraciones críticas de los estudios sobre la legislación y las costumbres visigodas, en AHDE, 44, 1974.

- La Ciencia jurídica en la formación del Derecho Hispano-americano en los siglos XVI a XVIII, en AHDE, 44, 1974.

- Expositiones nominum legalium y los Vocabularios jurídicos medievales, Madrid, 1974.

- Cuestiones de historiografía jurídica. I, La justificación de la Historia del Derecho. II, La Historia del Derecho europeo, en AHDE, 44, 1974.

- Antonio Muro, historiador del Derecho indiano, en Anuario de Estudios Americanos, 31, 1974.

- José Mª Ots y Capdequi, en AHDE, 45, 1975.

- Los Fueros de Toledo, en AHDE, 45, 1975.

- Sobre Bartolomé de las Casas, en Fomento Cultural Banamex, A.C., Actualidad de Bartolomé de las Casas, Méjico, 1975.

- Las Casas, jurista, en Instituto de España, Sesión de Apertura del Curso 1974-75, Madrid, 1975.

- Las Casas, jurista y representante de la oposición oficial, en Memoria del II Congreso Venezolano de Historia, III, Caracas, 1975.

- Las Audiencias de las Indias. Su origen y caracteres, en la propia Memoria arriba citada, I.

- La penetración de los Derechos europeos y el pluralismo jurídico en la América española (resumen), en XIV International Congress of Historical Sciencies, San Francisco, 1975.

- Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, en AHDE, 46, 1976.

- El título jurídico de los Reyes de España sobre las Indias en los pleitos colombinos, en Actas del IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho indiano, (Morelia, 1975), revista de la Facultad de Derecho de Méjico, 26, Méjico, 1976.

- La condición jurídica del indio, en "Antropología de España y América", Madrid, 1977.

- Del testamento romano al medieval. Las líneas de su evolución en España, en AHDE, 1977.

- Los sistemas de colonización de Canarias y América en los siglos XV y XVI, en I Coloquio de Historia Canario-Americano, 1976; Las Palmas de Gran Canaria, 1977.

- La ciudad de Valencia y su condición jurídica en la época romana, en AHDE, 47, 1977.

- Sobre las Observancias aragonesas de Jaime de Hospital, en AHDE, 48, 1978.

- El documento y los formularios jurídicos en España desde la época prerromana a la Alta Edad Media, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Madrid, 1978.

- La Capitanía general como institución de gobierno político en España e Indias en el siglo XVIII, en Memoria del Tercer Congreso Venezolano de Historia, I, Caracas, 1979.

- El pactismo en el reino de Castilla y su proyección en América, en "El Pactismo en la Historia de España", Simposio celebrado en abril en el Instituto de España 1978, cátedra "Francisco de Vitoria", Madrid, 1980.

- La evolución de la organización territorial de las Indias desde 1492 a 1824, en Actas del V Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho indiano, Anuario histórico Jurídico Ecuatoriano, 5, Quito, 1980.

- El Derecho local y el común en Cataluña, Valencia y Mallorca en la Edad Media, en Diritto comune e diritti locali nella Storia dell´Euroopa. Atti del Convegno di Varenna, Milán, 1980.

- De la ciudad castellana a la ciudad indiana, en Congreso Internacional conmemorativo del IV Centenario de la fundación de Buenos Aires, 1980.

- Las instituciones sociales en España en la Alta Edad Media (siglos VIII - XII) y el hombre y la tierra en la Edad Media leonesa (el prestimonio agrario), Barcelona, 1981.

- Estudios de Historia de Derecho Privado, Universidad de Sevilla, 1982.

- Breve historia del Anuario, en AHDE, 51 bis, 1982.

- Metodología de la historia de textos jurídicos, en AHDE, 53, 1983.

- El proceso de San Marcelo de León, en estudios en homenaje a D. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ en sus 90 años, I (Buenos Aires, 1983), en Anexos de Cuadernos de Historia de España.

- Los libros de leyes del rey Alfonso X el Sabio, Instituto de España, sesión conmemorativa de la Fiesta Nacional del libro español celebrada el día 28 de mayo de 1984 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1984.

- D. Claudio Sánchez Albornoz, fundador del Anuario, en AHDE, 54, 1984.

- Las versiones medievales de la Independencia de Castilla, en AHDE, 54, 1984.

- La problemática de la obra legislativa de Alfonso X, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 5, septiembre-octubre, 1984.

- El régimen público del señorío de Vizcaya en la Edad Media, en Congreso de estudios Históricos: Vizcaya en la Edad Media, Bilbao, 1984.

- Las etapas del desarrollo del Derecho indiano, primera edición en Memoria del Simposio Hispanoamericano sobre las leyes de Indias, San José de Costa Rica, América Central 27 a 30 de octubre de 1981 (Instituto Costarricense de la Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1984).

- Territorio y término en el ámbito local castellano e indiano, primera edición en VII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 1 a 16 de agosto de 1983. Actas y Estudios I (Buenos Aires, 1984).

- Hernán Cortés, ordenador de la nueva España, presentado en el Congreso de la Asociación española de americanistas celebrado en Badajoz el 10 de octubre de 1985. Inédito.

- En torno a la Carta de población de Brañosera, en Historia, Instituciones, Documentos, 11, 1985 (volumen dedicado al profesor José MARTÍNEZ GIJÓN al cumplirse se vigésimo quinto aniversario como Catedrático de Universidad).

- La recopilación de leyes de Indias de Alonso de Zorita, en Alonso DE ZORITA, Leyes y Ordenanzas reales de las Indias del mar Océano, México, 1985.

- El documento en Castilla en la época de Alfonso X el Sabio, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 27, Madrid, 1985.

- Notas sobre la dinámica del Derecho, en Liber Amicorum Prof. Ignacio DE LA CONCHA, Oviedo, 1986.

- Historia del Derecho y Cultura, en Estudios Jurídicos en homenaje al Maestro G. F. MARGADANT, México, UNAM, 1986.

- Los orígenes españoles de las instituciones americanas. (Estudios de Derecho Indiano), Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987(reproduce trabajos anteriormente publicados más el inédito "Hernán Cortés, ordenador de la nueva España").

- Leyes, recopilaciones y códigos, en Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. México, 1987.

- El Consejo y los Secretarios en el Gobierno de las Indias en los siglos XVI y XVII, Comunicación presentada en el VIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho indiano, Santiago de Chile, 23 a 29 de septiembre de 1985; en Revista Chilena de Historia del Derecho.

- La Junta Magna de 1568 y Juan de Ovando, ciclo de conferencias en el Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid (en prensa), 1988.

- La dignidad de la persona en el Derecho Indiano, en "América después del descubrimiento". Ciclo de conferencias en el Colegio Mayor Zurbarán. Madrid, 1988.

- El porqué del estado de la Historia y su estudio, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 2, marzo-abril, 1988.

- Las fuentes legales vigentes antes de la codificación, en Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 19, 1988.

- El bautismo y la capacidad jurídica en la época visigoda, en Boletín semestral de derecho privado especial, histórico y comparado del Archivo de la Biblioteca Ferrán Valls i Taberner: Orlandis 70: Estudios de Derecho privado y penal romano, feudal y burgués, 1988.

- Los Concilios de Toledo y el régimen político visigodo, en Anales de Jurisprudencia y Legislación, 20, 1989.

- Prólogo al libro de Ana Mª BARRERO GARCÍA y Mª Luz ALONSO MARTÍN, Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales. Madrid, 1989.

- El Cedulario de Encinas (Estudio e índices). Madrid, 1990.

- La historiografía sobre las Cortes de Castilla y León, en Las Cortes de Castilla y León. Valladolid, 1990.

- Presupuestos y textos del derecho territorial de Castilla la Vieja: el pseudo-ordenamiento I de Nájera y el Fuero antiguo de Castilla, en Boletín de Historia del Derecho de la Universidad de Málaga, 1990.

- Domingo de Soto y el Derecho indiano, en IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho indiano. Actas y Estudios I (Madrid, 1991).

- Discurso de contestación, en J. A. ESCUDERO LÓPEZ, "La abolición de la Inquisición española". Discurso leído el día 2 de diciembre de 1991 en el acto de su recepción como Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1991.

- Las bulas de Alejandro VI referentes al descubrimiento de las Indias, en Colección de Estudios Testimonio. Madrid, 1992.

- Las Casas y Vitoria ante la conquista de América, en Libro Homenaje al profesor Ismael SÁNCHEZ BELLA, Pamplona, 1992.

- Discurso inagural del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, en Actas del X Congreso .Escuela Libre de Derecho. México, 24 de abril de 1992.

VI.3. Tercer apéndice: Relación bibliográfica de los estudios publicados más importantes sobre su vida y obra

- PÉREZ DE LA CANAL, Miguel Ángel: Alfonso García-Gallo y de Diego, Anuario de Estudios Medievales, 5, 1969.

- LÓPEZ ORTIZ, José: Alfonso García-Gallo y de Diego, AHDE, 50, 1980.

- PÉREZ MARTÍN, Antonio: Memoria sobre el concepto, método y fuentes de la Historia del Derecho Español, págs. 209 a 213, Francfort del Main, mayo 1980.

- VARIOS AUTORES: Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo, cinco tomos, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, primera edición, abril 1996.

VII. Bibliografía

Archivos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

GACTO FERNÁNDEZ, GARCÍA y GARCÍA MARÍN: El Derecho Histórico de los Pueblos de España. (Temas y textos para un curso de Historia del Derecho), octava edición, Madrid, 1994.

GARCÍA-GALLO, A.:

- Historia, Derecho e Historia del Derecho, AHDE, 23, 1953.

- Metodología de la Historia del Derecho Indiano (prólogo de Alamiro DE AVILA MARTEL), Colegio de Estudios del Derecho Indiano, Santiago de Chile, 1971.

- Manual de Historia del Derecho Español (dos tomos). Tomo I: El origen y la evolución del Derecho. Tomo II: Antología de fuentes del antiguo Derecho", novena edición, décima reimpresión, Madrid, 1984.

HERNÁNDEZ GIL, A.: Metodología de la ciencia del Derecho,1971, ED. Espasa Calpe, obras completas - tomo V, Madrid, 1988.

MADRIGAL GARCÍA, ENRIQUEZ SANCHO y FERNÁNDEZ MONTALVO: Teoría General del Derecho - Judicatura, ED. Carperi, Madrid,1994/96.

PÉREZ PRENDES, J. M.: Sobre el conocimiento histórico del Derecho, Estudios dedicados al profesor Doctor Andrés MAÑARICÚA, I, Bilbao, 1971.

PÉREZ MARTÍN, A.: Memoria sobre el concepto, método y fuentes de la Historia del Derecho Español, Francfort del Main, mayo 1980.

VARIOS AUTORES: Homenaje al profesor Alfonso GARCÍA-GALLO, tomo I (prólogo de Gustavo VILLAPALOS), Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, primera edición, abril 1996.

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