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	La prevención de riesgos laborales. Una obligación legal, una necesidad económica

De: Xavier Giner Granja
Fecha: Diciembre 1999

En 1997 tuvo lugar la publicación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, disposición la cual constituye un complemento necesario e imprescindible a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

En este orden de cosas, ante cualquier modificación legislativa de nuestro Ordenamiento, y esta no constituye la excepción, atendiendo a nuestra condición de sujetos o entidades potencialmente obligados por la misma, deberíamos cuestionarnos algunos aspectos tales como, ) Constituye tal modificación una novedad o bien se trata de una evolución de la regulación existente ?, en base a nuestra actuación socioeconómica, ) Nos afecta directamente ?, y en su caso, ) Qué actuaciones debemos emprender ? y ) Cómo debemos hacerlo ? Obviamente, tales preguntas son tan sólo la antesala de un conjunto de interrogantes mayores a los cuales posteriormente también tendremos que dar respuesta y de los cuales es nuestro objetivo en este artículo despejar, cuanto menos, los más importantes.

En relación a la primera cuestión, apuntar que, pese a que en los últimos meses hemos percibido el tema relativo a la prevención de los riesgos laborales como una creación ex-novo, tal difusión es parcialmente cierta. Efectuando un análisis histórico del Ordenamiento Jurídico español, se aprecia que el objetivo de mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, directa o indirectamente, ya se hallaba contemplado en nuestra legislación, entre otros, en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1971), en la Constitución Española (1978), en el Estatuto de los Trabajadores y en su texto refundido (1980/95), en el Convenio 155 de la OIT (1985) y en el Acta Única Europea (1986). En base a lo anterior, por tanto, podríamos preguntarnos, ) Qué sentido tiene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Servicios de Prevención ? La respuesta es triple. En primer lugar trasponer al Ordenamiento Jurídico interno las Directivas Comunitarias 89/391/CEE, 91/533/CEE, 92/85/CEE y 94/33/CE, en segundo lugar unificar y actualizar la normativa en la materia, y en tercer y último lugar dotar al Ordenamiento de una regulación mínima que permita el posterior desarrollo reglamentario concreto y que sirva de base en la negociación colectiva. Por tanto, podemos concluir que las anteriormente referidas disposiciones constituyen una evolución o adaptación de la regulación existente.

Por lo que se refiere al segundo interrogante, el artículo 3 de la Ley 31/1995 establece como ámbito de aplicación de la norma las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al Servicio de las Administraciones Públicas, los fabricantes, importadores y suministradores, los trabajadores autónomos y las sociedades cooperativas. Por tanto, claramente se desprende de lo anterior que toda empresa, con independencia de su tamaño, actividad o forma jurídica, queda obligada al cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, eso si, claro está, con las especificidades que deban observarse en cada caso.

En cuanto a la contestación de la tercera pregunta se refiere, atendiendo al artículo 14.2 de la Ley 31/1995, como principio general, puede sentarse que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo. Por tanto, deberán emprenderse cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en su trabajo, aspecto el cual, en último término, comporta la necesidad de integrar la seguridad en el sistema organizativo de la empresa, lo cual, significa, no tan sólo huir de sistemas basados en la mera minimización o eliminación de los riesgos, sino que exige desarrollar enfoques cimentados en la concepción de un sistema productivo seguro per se. A tal efecto, en virtud del artículo 15 de la Ley 31/1995, deberán observarse los siguientes principios de acción preventiva¹:

En un plano más operativo, podemos señalar como principales obligaciones derivadas del principio general de prevención emanado de la Ley, las siguientes :

Evaluar los riesgos laborales (art. 16) :

Supone, en general, identificar, valorar y controlar los riesgos, tanto inicialmente como a posteriori, mediante las correspondientes actualizaciones periódicas. En particular :

Proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo y medios de protección adecuados (art. 17) :

Implica, en general, adecuar las instalaciones, procesos, equipos de trabajo y productos utilizados por los trabajadores a su trabajo. En particular :

Informar, consultar y facilitar la participación de los trabajadores (art. 18) :

Comporta, en general, informar a los trabajadores de los riesgos existentes y de las medidas y normas de prevención y protección adoptadas, consultar² cualquier aspecto que afecte a la seguridad y salud en el trabajo y reconocer el derecho de propuesta del trabajador. En particular :

Formar a los trabajadores (art. 19) :

Conlleva, en general, la obligación de garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva. En particular :

Adoptar medidas de emergencia (art. 20) :

Supone, en general, analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias correspondientes, En particular:

Como obligación afín a la derivada de los casos de emergencia, figura la de actuación ante un riesgo grave e inminente (art. 21), la cual comporta, por una parte, dar las instrucciones oportunas a los trabajadores en situaciones extremas, y por otra, corregir y/o interrumpir los trabajos en tal situación.

Vigilar la salud de los trabajadores (art. 22) :

Comporta, en general, garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores. En particular, implica efectuar reconocimientos médicos de carácter preventivo mediante, cuanto menos, el concierto con entidades competentes (p.ej. : Mutuas de Accidentes de Trabajo).

Elaboración y conservación de documentos (art. 23) :

Desde una óptica más formal, y como consecuencia de las actividades anteriores, se exige elaborar y poner a disposición de la autoridad laboral, que no entregar la misma, salvo solicitud expresa, la siguiente documentación :

Adicionalmente a las obligaciones de protección general enunciadas anteriormente, la Ley 31/1995, también prevé el siguiente conjunto de obligaciones particulares:

Coordinar las actividades empresariales (art. 24) :

Exige, en general, la relación interempresarial en materia de prevención de riesgos laborales cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas y en particular :

Proteger especialmente a determinados trabajadores (arts. 25, 26, 27 y 28) :

Impone, en general, la obligación de proteger en mayor medida, si cabe, a aquellos trabajadores que por sus propias características personales o estado biológico conocido, así lo requieran. En particular, obliga a la protección especial de :

Asimismo, el artículo 41 de la Ley 31/1995, también establece concretas obligaciones para los fabricantes, importadores y suministradores, cuyo contenido puede resumirse en el deber de asegurar que sus productos no entrañen fuente de peligro alguna para los trabajadores, que el envasado y etiquetado sea adecuado y que la información facilitada para su uso sea suficiente, aspecto, este último, el cual comporta la paralela obligación para el empresario de difusión de la misma entre los trabajadores usuarios en cada caso en particular.

De forma esquemática, todo lo anterior puede resumirse en el siguiente organigrama de objetivos y actuaciones:

Llegado a este punto de nuestra exposición, y antes de dar respuesta al ¿Cómo?, conviene cuestionarse ¿Cuáles son los efectos derivados del incumplimiento de lo preceptuado en materia de riesgos laborales? La respuesta es múltiple, ya que en virtud del artículo 42.1 de la Ley 31/1995, pueden derivarse responsabilidades administrativas, penales y civiles, cuyo régimen de compatibilidad queda resumido en el cuadro siguiente:

Adicionalmente, en relación a lo anterior, cabe apuntar que, en el caso de contrata o subcontrata, la empresa principal responderá solidariamente durante el periodo de la contrata, mientras que en el supuesto de relaciones con E.T.T.'s, la empresa usuaria responderá en los términos del artículo 16 de la Ley 14/1994.

Centrándonos únicamente en el orden administrativo, el régimen de infracciones y sanciones queda resumido en el cuadro siguiente:

El contenido de las responsabilidades administrativas derivadas puede concretarse en la sanción o multa económica, el recargo de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, el incremento de primas de cotización, la obligación de abono de todas las prestaciones económicas o sanitarias y la paralización de actividades.

En cuanto a la contestación al cuarto interrogante planteado, el como, debemos acudir al Capítulo III del Reglamento de los servicios de Prevención, en el cual, se recogen las siguientes cuatro modalidades posibles (arts. 10 a 16) :

Frente a este amplio abanico de posibilidades de gestión de la prevención, la empresa deberá escoger, una, o varias modalidades combinadas, fundamentando su elección en las particulares circunstancias que la envuelven. No obstante a lo anterior, en términos generales, teniendo en cuenta que el 93,5%¹³ de las empresas ubicadas en Catalunya cuentan con una plantilla inferior o igual a 100 trabajadores, parece lógico pensar que las modalidades de asunción propia por el empresario y designación de trabajadores pueden devenir las más interesantes para la mayoría de empresas, siendo las ventajas e inconvenientes más significativos derivados de tal elección las siguientes :

Por lo que se refiere a los inconvenientes, la necesidad de formación adecuada es relativa, por cuanto dependerá de las actividades concretas a desarrollar por los trabajadores designados. Por otra parte, en cualquier caso, en virtud de la Disposición Adicional 50 del R.D. 39/1997, a los trabajadores que viniesen realizando funciones de nivel intermedio y superior en la fecha de publicación de la Ley 31/1995, y en el ámbito exclusivo de su empresa, tal formación requerida les será reconocida mediante convalidación, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos :

De lo anterior, por tanto, se deduce que fácilmente puede superarse el impedimento de la formación mediante la designación de trabajadores que cumplan tales requisitos. En cuanto a la obligatoriedad de la auditoría, no debe entenderse como un impedimento, sino más bien todo lo contrario, por cuanto aporta a la empresa unas credenciales objetivas de su actividad en materia de seguridad, al tiempo que coadyuva al desarrollo de la planificación preventiva mediante la fijación y contraste de objetivos.

Por último, deberíamos preguntarnos ) Por qué debemos realizar prevención de riesgos laborales ? La respuesta es triple:

– En primer lugar, por razones de tipo legal. Este aspecto ya es suficiente en si mismo, sin embargo, adicionalmente, también se justifica por los efectos derivados de su falta de cumplimiento, entre otros, por una parte, las sanciones (en Catalunya, durante 1995, 626 millones de pesetas)¹⁴ y por otra, las responsabilidades derivadas.

– En segundo lugar, por razones de tipo económico. La falta de prevención favorece el acaecimiento de accidentes, aspecto el cual comporta una serie de costes directos e indirectos (en Catalunya, durante 1995, 322.215 millones de pesetas de coste directo y 2.660.431 jornadas de trabajo perdidas)¹⁴. Entre los costes directos figuran la asistencia médica y hospitalaria, los salarios durante el periodo de baja y las indemnizaciones por incapacidad, que, aunque generalmente son cubiertos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo, en ocasiones comportan un coste para la empresa como son los complementos al salario de baja. Entre los costes indirectos, aparecen las pérdidas de tiempo, el consumo de materiales en las primeras curas, la reparación de máquinas u otros activos dañados, las multas o penalizaciones y las consecuencias comerciales (pérdida de clientes y deterioro de imagen).

– En tercer lugar, por razones de imagen económica y social. La accidentalidad es un factor negativo en el clima laboral de la empresa, así como, perturbador en la conclusión de ciertas operaciones comerciales, sobretodo las de exportación, en las cuales cada vez más, será requisito indispensable cumplir con estándares de seguridad tales como los recogidos en la norma UNE 81900 (experimental).

Xavier Giner Granja es Economista y Actuario de Seguros, Técnico Superior en Prevención Acreditado, Profesor de la Universidad de Barcelona  

NOTAS

1. González Ortega, S.: Gestión de la Prevención en las Empresas Vol. II, Biblioteca Cinco Días.

2. Las consultas no son vinculantes. Las decisiones las adopta la dirección de la empresa en el marco de sus responsabilidades.

3. Según circunstancias de representación unitaria y número de trabajadores.

4. Sólo en empresas con 50 o más trabajadores (art. 38.2 Ley 31/1995).

5. Empresas de Trabajo Temporal.

6. Relacionadas en el ANEXO I del R.D. 39/1997.

7. Según funciones y niveles de cualificación comprendidos en el Capítulo VI del R.D. 39/1997.

8. Alternativamente, puede concertarse un servicio de prevención ajeno, siempre que no se rebase el maximo de plantilla.

9. Medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía, y psicosociología plicada (art. 34 del R.D. 39/1997).

10. Funciones de nivel superior (Capítulo VI, art. 37, del R.D. 39/1997).

11. Funciones de nivel básico e intermedio (Capítulo VI, arts. 35 y 36 del R.D. 39/1997).

12. Excepto cuando cocurran las circunstancias que obliguen a constituir un servicio de prevención propio.

13. Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995.

14. Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995.

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