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El principio de precaución y la responsabilidad jurídica.

De: Manuel Javier Delgado Martínez
Fecha: Noviembre 2013
Origen: Noticias Jurídicas

Sumario

INTRODUCCIÓN
1. CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
2. NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN<
3. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL
4. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL
5. MEDIDAS PRECAUTORIAS
6. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE<
7. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD POR PARTE DEL ESTADO
8. CONCLUSIONES
9. EPÍLOGO
10. BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Las presentes líneas ofrecen un breve comentario introductorio en torno al llamado “principio de precaución”, desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica; el objeto de lo dicho en este apartado es el de ofrecer al lector un conjunto de ideas básicas que, a modo de panorámica general, le sitúen ante la materia aquí estudiada. La llamada a tal principio ha ido ganando un creciente reconocimiento en ciertas materias –sobretodo, medio ambiente y salud pública-, no solo en el plano del Derecho Internacional sino, también, por parte de algunos países europeos –especialmente, Francia, que incluyó dicho principio en su propio Texto Constitucional en 2004-; en cuanto a los Medios de Comunicación (prensa, radio, TV), tanto en formato analógico como digital, raro es el día en el cual alguno de ellos no nos ofrece un “Titular de Impacto”, basado en dicho principio y llamativo hasta lo indecible, que sirva para desatar la más grave/generalizada alarma entre la “atónica y aterrorizada” audiencia. Abundan las noticias que hablan del aumento exagerado de la inseguridad y degradación de la vida cotidiana en cualquier ciudad del mundo; sin duda, parece como si la mayoría de las personas vivieran con los nervios a flor de piel, incapaces de dominar sus más negativas emociones de frustración, ansiedad y miedo. Son noticia habitual de primera plana los casos de matanzas masivas en cualquier colegio, Universidad o supermercado estadounidense; éstos, suelen cometerse por parte de uno o varios individuos solitarios armados con un impresionante arsenal de guerra; más, aún, en dicho país, donde su ciudadanía tiene derecho a portar armas de fuego, dotadas de considerable potencia y peligrosidad, sin apenas control público. Pese a todo el conocimiento científico tecnológico que nos rodea, aún no sabemos controlar aquellos impulsos primarios, propiamente humanos, más destructivos; éstos puedan dirigirse contra nosotros mismos o nuestros semejantes[1].

Los habituales mensajes excesivamente catastrofistas en radio, tv, prensa, etc., sin auténtico fundamento ni justificación, solo persiguen un único y verdadero propósito: sembrar el pánico más irracional y extendido; la desmesura informativa, artificiosa y vana, también sirve como eficaz reclamo publicitario, subiendo notablemente la venta de periódicos, etc… Así, es posible que dichos “mensajeros del terror” influyan negativamente sobre el ánimo de la gran masa ciudadana; la facilidad con la cual hoy es posible difundir todo tipo de noticias –léase, internet y redes sociales- es otro elemento que amplifica dicha influencia. Los grandes grupos empresariales, dedicados a la comunicación, están sometidos, en primer término, a la necesidad de “vender” sus productos sobre cualquier otro objetivo; todos sabemos lo encarnizada que puede ser la diaria batalla por las audiencias, en prime time. Por desgracia, tal necesidad de alcanzar mayores ventas -y, en consecuencia, beneficios- produce un resultado diabólico; esto es, la emisión de una serie de contenidos “basura”, pensados tan solo para entretener al público mediante todo tipo de “carnaza” de baja estofa –léase, sexo y violencia-. No es fácil encontrar, hoy día, medios informativos que difundan noticias de manera imparcial, objetiva, meditada, veraz y contrastada.

Recordemos que las imágenes de los dos grandes aviones jumbo impactando contra las torres gemelas neoyorkinas (atentados del 11-S) fueron retransmitidas por todas las televisiones y radios mundiales, segundo a segundo; eso sí, muy poco tiempo después de producirse tan luctuoso ataque. Precisamente, el terrorismo de hoy día (sobretodo, el de origen islamista radical) también utiliza otras armas –en este caso, las “mediáticas”- para lograr la principal meta que se ha propuesto; esto es, subrayar su poder global y, por ende, presunta indestructibilidad frente al “enemigo” en forma de sociedades occidentales. Así mismo, el modo en el cual se difunden todo tipo de noticias casi nunca es neutral; es decir, quien informa determina, a su vez, la realidad que percibe la audiencia, sentada en la sala de estar de su casa, en el trabajo, etc... El discurso informativo suele responder, sin duda, a ciertos “sesgos” o intenciones, normalmente ocultos al espectador y cargados ideológicamente en un determinado sentido; los medios informativos pueden, así, contribuir, de forma tendenciosa, a la preminencia de un cierto estado de opinión en sus respectivas sociedades. En todo caso, es necesario un periodismo de calidad, que no mienta, comprometido con la defensa responsable del interés general ciudadano; el mayor impacto de los medios audiovisuales, sobre los escritos, exige de especiales precauciones. Como bien dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras; por ello, hemos de ser conscientes que cada uno de sus elementos trata de comunicarnos algún mensaje.

El desconocimiento acerca de lo que nos deparará el futuro alienta, en el ser humano de hoy, todo tipo de miedos, zozobras, incertidumbres, dudas, angustias, desasosiegos...; éstas emociones negativas, sin el necesario autocontrol que nos ayude a superarlas, bloquearán nuestra capacidad de pensamiento y acción. Para salir de dicho bloqueo paralizante, conviene la necesaria prudencia, tendente a evitar las malignas consecuencias anejas a lo desconocido. Pero, al tiempo que adoptamos esa sabia actitud, llamada a evitar mayores riesgos, hemos de procurar transcenderla; esto es, empeñarnos, de forma activa/práctica y rigurosa, en la búsqueda de un conocimiento más profundo acerca de todos aquellos serios o graves riesgos, que puedan comprometer nuestra tan deseada seguridad. Cuanto ha ido descubriendo la ciencia es susceptible de un uso alternativo –es decir, tanto de carácter pacífico como, por ejemplo, de naturaleza belicosa-; así, cabe utilizar los átomos para producir energía eléctrica o para un uso armamentístico, de orden militar[2]. Además, no todos los ciudadanos pueden acceder a las ventajas que nos proporcionan los sucesivos descubrimientos tecnológicos; ello puede acelerar la desigualdad y falta de equidad, característica de toda sociedad humana, de modo que los más desfavorecidos se vean aún en peor situación. En este sentido, es indudable que el poder público debe facilitar el uso de las sucesivas aplicaciones tecnológicas entre sus ciudadanos, impulsando con ello el desarrollo y progreso social; esa labor pedagógica, en cuanto a las posibilidades y recursos que ofrece el mundo digital, es cada vez más necesaria para toda la ciudadanía. Sin duda, la tecnología está presente en numerosísimos aspectos de nuestra vida diaria –ocio, trabajo, salud, educación, etc.-; así, algunos hablan de un nuevo tipo de analfabetismo: el tecnológico –en mi opinión, el conocimiento básico de la informática es una herramienta indispensable para todo tipo de actividades cotidianas, incluso las más triviales-. Por otra parte, como en el resto de campos de la actividad humana, Ciencia y Moral han de ir estrechamente unidas, de modo que los criterios ético-morales sirvan de guía al quehacer científico-técnico y su difusión social más amplia posible.

Las máquinas y avances científico-técnicos de todo tipo pueden contribuir a una vida humana más plena y libre; pero, al mismo tiempo, éstos también pueden imponernos las peores de las esclavitudes; no son los científicos quienes deben decidir, en exclusiva, sobre la aplicación de sus descubrimientos sino, más bien, la ética mayoritaria ciudadana, debidamente informada de todos los pros y contras, riesgos y peligros. La democracia, bien entendida, no solo significa la atribución del poder político al pueblo soberano; ello también implica el derecho de ese mismo pueblo a ser informado, en forma veraz y completa, sobre la actividad científica de sus investigadores y demás personal dedicado a dichas tareas. Los logros de la ciencia deben ser enjuiciados por aquellos que van a ser sus destinatarios –la ciudadanía, en general-, debiendo encaminarse la misma preferentemente hacia la defensa y tutela del común interés público. Los sistemas jurídico políticos democráticos más avanzados, tanto en términos sociales como económicos, se caracterizan, precisamente, por defender, como fundamental derecho ciudadano, el derecho de cada uno de nosotros “a saber”; quienes gozan de vivir en esas sociedades –en especial, las del norte escandinavo europeo- tienen perfecta conciencia del poder que proporciona el fácil acceso a una buena y completa información, de calidad, no mendaz ni falsa, sobre los aspectos más esenciales de cualquier sociedad (económicos, políticos, sociales), tocantes a la ciencia y técnica; así, destaca la importancia de dicho aspecto desde el punto de vista, por ejemplo, de la práctica de un consumo responsable, llamado a asegurar la sostenibilidad de los recursos que nos ofrece el medio ambiente o, incluso, en el ejercicio del derecho al voto. Lo mismo cabe decir, respecto a la actividad desplegada por sus respectivas administraciones en lo relativo a la investigación científico técnica; hoy día, la importancia de los países no solo se mide en términos de PIB sino, cada vez más, por el presupuesto que dedican a la formación de personal científico e investigador de proyección internacional. En fin, no hace falta que se aluda a la actitud, tan contraria a la justa defensa de ese “derecho a saber” ciudadano, que predomina entre nuestros diversos gobernantes –tanto a nivel Estatal como autonómico o municipal-, amigos –casi siempre, por desgracia- de la ocultación y secreto a ultranza sobre su funcionamiento y la manera en la cual se ejecuta el respectivo presupuesto público[3].

A nadie se le oculta que el hombre, a lo largo de la historia y desde que el mundo es mundo, ha tenido siempre que lidiar con infinitos riesgos y peligros; en realidad, los términos que conforman dicho binomio presentan una considerable cercanía, sí bien, al mismo tiempo, fundamentales diferencias. El riesgo se define, según el diccionario de la real academia española, como la mayor o menor proximidad/cercanía de un daño difuso/inconcreto; en cambio, por peligro, a tenor de la citada autoridad académica sobre nuestro bello idioma, se entiende la presencia de un daño, concreto e inminente.

A la hora de calibrar dichos riesgos, desde un punto de vista semántico, podemos hablar de dos términos (Precaución/Prevención), no sinónimos entre sí.

El primero de los anteriores (Precaución), alude a aquellos riesgos desconocidos e irreversibles pero, de tanta gravedad y alcance, que conviene evitar a toda costa –a título de ejemplo, el cambio climático, la hecatombe nuclear, las pandemias planetarias de virus sin vacuna efectiva para todos, etc.-; en puridad, sí hablamos de precaución, desde un punto de vista riguroso, tan solo procede referir los riesgos, enormemente graves e irreversibles, mal identificados y apenas conocidos –y, por ende, sin el suficiente control por parte de los Gobiernos o las respectivas Autoridades Administrativas-

En cambio, el segundo de los términos ya expuestos (Prevención), puede comprender dos tipos de fuentes de riesgo; así, por un lado, aquellas (prevención reforzada), también desconocidas -aunque solo en parte-, pero de mucha menor importancia que cuantos se engloban bajo la precaución. Los riesgos, objeto de dicha prevención reforzada, se caracterizarían porque sus negativas consecuencias pueden atenuarse, en parte, con las herramientas e instrumentos científicos hoy disponibles; por otro lado, aquellos riesgos que nos son perfectamente conocidos -y, por tanto, fácilmente evitables en su totalidad- serían objeto de lo que llamaríamos Prevención simple. Constituyen objeto de la prevención simple, antes aludida, aquellos riesgos, perfectamente conocidos y evaluados en toda su extensión, cuyos escasos perjuicios podemos evitar por completo sin dificultad alguna al día de hoy; ejemplo paradigmático de ésta última modalidad de prevención es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se recoge y precisa todo tipo de fuentes de riesgos que pueden lesionar la salud del trabajador, amén de las medidas preventivas llamadas a impedir por completo tales menoscabos.

Así, conviene acudir al concepto de “precaución” ante situaciones de tan enorme impacto y gravedad como la del cambio climático, etc.; puesto que dichos riesgos, de los cuales apenas sabemos nada, podrían materializarse en forma muy negativa para todos nosotros. En cambio, estamos ante un supuesto de prevención “reforzada”, en el sentido antes explicado, cuando, se conoce con bastante amplitud el riesgo ante el que nos enfrentamos, amén de los mecanismos que permitirían conjurar sus más desastrosas consecuencias. Como vemos, los términos Precaución y Prevención, teniendo en cuenta los diversos matices que cabe atribuir a cada uno de ellos, conllevan un muy distinto significado; dichos riesgos, objeto de la respectiva precaución/prevención, también amenazan de distinta manera nuestra seguridad, desde un punto de vista amplio.

En línea con lo aquí comentado, destacan los hechos que dieron pié al tristemente famoso caso de la llamada “sangre contaminada” francesa; en el año 1983, un número considerable de ciudadanos galos, objeto de transfusiones sanguíneas en los hospitales estatales de ese país, se infectaron por sida; la causa de tal infección fue el uso de sangre contaminada con dicho virus para transfusiones, no sometida a los necesarios y previos procesos de descontaminación por parte de los respectivos centros sanitarios públicos. Pues bien, numerosísimas revistas científicas de la época –algunas, de enorme prestigio como New England Journal of Medicine, Lancet, etc.- ya advertían sobre el peligro de contagio por ese tipo de transfusiones, justo cuando dichas infecciones empezaban a tener lugar. En ese sentido, entre algunas de las medidas preventivas –no precautorias, en el sentido ya expuesto- recomendadas por los científicos, estaban las siguientes; en primer lugar, excluir tajantemente de la categoría de donantes de sangre a todas aquellas personas, susceptibles de incluirse en los, entonces, llamados “grupos de riesgo” por contagio de sida (gays, Antillanos y adictos a las drogas) y, en segundo lugar, someter la sangre transfundida a los necesarios protocolos que garantizasen su no portabilidad de infecciones. En este supuesto, cabe apreciar la presencia de unos riesgos de infección debido al virus de sida, más o menos conocidos, frente a los cuales la administración sanitaria gala no adoptó, con la suficiente firmeza y anticipación, las medidas preventivas que hubiesen sido las más adecuadas; en parte, porque el propio personal sanitario (médicos, enfermeros..) no era masivamente consciente de dicho riesgo de infección para los receptores de la sangre transfundida en tales condiciones[4].

Los citados términos Precaución y Prevención tan solo coinciden en un aspecto; esto es, ambos son hijos de la prudencia –ya citada por Platón-, la cual opera como un mandato general para todos –tanto Administraciones Públicas como particulares-; ello es así desde que nuestros actos/decisiones implican riesgos –potenciales/reales- para otros. En base a dicho origen común, algunos sustituyen el vocablo precaución por el de prudencia como principio rector de nuestra conducta; en realidad, un comportamiento prudente es aquel cauteloso, movido por la necesaria y adecuada diligencia a tenor de las específicas circunstancias del caso concreto. El rigor, en el sentido de un cumplimiento fiel y exacto de nuestras obligaciones, con arreglo a un análisis racional y proporcionado de las circunstancias que nos rodean, constituye el pilar fundamental de lo que podríamos denominar como “un hacer prudente”; en igual sentido, cabe calificar el seguimiento, fiel y escrupuloso, de cuantos preceptos o reglas determinan nuestras obligaciones. Salta a la vista que la prudencia debe abarcar todos los aspectos de cuanto decidimos o hacemos, desde que la respectiva decisión o acto se alumbra en la mente hasta su definitiva ejecución e, incluso, tras ese momento; el hombre siempre debe reflexionar pausadamente sobre qué va a hacer, cómo/cuando va hacerlo y las consecuencias (presentes/futuras) de dicha acción. En todo caso, resulta ineludible un comportamiento vigilante, sensato y cuerdo, lleno de las más finas cautelas, ante cualquier fuente de riesgo[5].

Precaución y prevención caminan junto al hombre desde nuestros primeros y tímidos pasos sobre la faz de la Tierra; cada sociedad, a lo largo del devenir histórico, ha ido identificando de distinta manera tales elementos; así, en los grupos humanos más antiguos, próximos a la prehistoria y la edad de la piedra, la tónica predominante es la del más profundo miedo hacia los peligros cercanos, cotidianos y presentes en la naturaleza –grandes animales, fenómenos atmosféricos como las tormentas con gran aparato eléctrico (rayos y truenos), etc.-. Poco a poco, la vida humana tiende a urbanizarse, mediante su progresiva concentración en los primeros asentamientos estables –poblados- en donde la especie humana comienza a cultivar la tierra y criar ganado para los más diversos usos; el desarrollo de las aglomeraciones urbanas significa otro paso en la historia de la humanidad, donde el pensamiento racional y abstracto va cobrando mayor importancia, amén del uso de nuevas y más complejas herramientas de metal. Conforme el hombre va teniendo un mayor dominio de la naturaleza que le rodea, surgen nuevas amenazas para su seguridad, provenientes de aquello que no se presenta ante sus ojos o no percibe mediante sus oídos (los “espíritus malignos”).

Más adelante, la llamada “revolución industrial”, de principios del siglo XVIII, amén de sus simultáneos descubrimientos científico/técnicos, nos sitúan ante una nueva realidad; en ese caso, las fuentes de peligro estaban en el propio uso de las máquinas por parte de la mayoría de la población, de carácter obrero –se inicia el definitivo tránsito campo/ciudad-; el siglo XX, época de la impresionante revolución tecnológica que todos conocemos, supone un cambio radical con respecto a etapas históricas anteriores. La energía nuclear, el uso masivo de maquinaría dotada de avanzadísima tecnología, la informática, etc., nos permiten controlar por completo el medio circundante; ello significa que los conocimientos técnicos/científicos, hoy alcanzados, pueden cambiarnos no solo a nosotros mismos o a los animales y plantas que nos rodean –genética- sino, también, al propio planeta en su conjunto. A partir de ahora, cobran mucha más importancia los riesgos que los peligros; ello es así, toda vez que, pese a nuestros adelantos actuales, aún desconocemos, con exactitud, cuales podrán ser los daños –en algunos casos, incluso, enormemente graves e irreversibles- que puedan derivarse, en el futuro, de cuanto hoy sabemos.

En este momento, las sociedades con mayor progreso (económico, social, etc.) disfrutan de un increíble grado de tecnificación, el cual se manifiesta en incontables ámbitos; además, allí su ciudadanía suele gozar de una elevadísima calidad de vida, gran bienestar material (abundancia de todo tipo de productos/servicios, dedicados a hacer la vida más cómoda y placentera), el más amplio y eficaz reconocimiento de Derechos (individuales, sociales, políticos, laborales, etc.)... En realidad, no son equiparables en modo alguno las condiciones de vida en las regiones más pobres del Planeta con respecto a las preponderantes, por ejemplo, en EEUU; en las primeras, el temor mayoritario no pasa por afrontar una vida sin aparatos mecánicos –tipo ordenador, lavadora, etc.-, como en el “Primer Mundo”, sino por algo mucho más básico y primario; esto es, la propia conservación de la vida cuando la realidad diaria de quienes allí habitan es la hambruna, el desempleo, abuso ilícito de los poderosos, etc..[6]

Hemos vivido en una sociedad de peligros para instalarnos, hoy día, en otra de riesgos; los peligros, al ser concretos y determinables, pueden ser calculados con cierta exactitud. El riesgo, inconcreto y difuso, tampoco se corresponde con un determinado tiempo y lugar; frente a los riesgos, solo cabe la precaución. El peligro es algo exterior al sujeto, mientras que el riesgo forma parte de su interior e interviene en el mismo proceso personal de toma de decisiones. La sociedad postindustrial y tecnificada genera sin parar nuevos riesgos, cuya solución también es social/colectiva; en ella, prima: 1º la mayor complejidad en las relaciones sociales, 2º la incertidumbre generalizada (ésta genera desasosiego, desconcierto vital y desorientación, a la hora de decidir), 3º la creciente multiculturalidad e interculturalidad y 4º la imposibilidad de solucionar los problemas de manera lineal: se precisa la aplicación de soluciones en forma paralela –simultánea- y no en serie o lineal –una detrás de otra-, teniendo en cuenta la interdependencia e interrelación de las distintas problemáticas y sus causas. La sociedad postmoderna en la que vivimos adora la diferenciación y huye de la homogeneidad; crece por otro lado el riesgo de la influencia a distancia (teoría del caos: “el aleteo de una mariposa en Yokoyama produce un terremoto en San Francisco”). La salud hoy, por ejemplo, se mide en términos de calidad de vida –buena alimentación y descanso, ausencia de contaminantes..-, no desde el punto de vista de una enfermedad concreta; lo importante ahora es el riesgo inherente a la presencia de hábitos/conductas sociales patógenos o poco saludables.

Además de los riesgos, derivados de dicha tecnificación, también destacan aquellos que tienen otro origen; hablamos de los que cabe achacar al funcionamiento del conjunto formado por las instituciones más esenciales y básicas (jurídico-legales, sociales, políticas…) para la mejor articulación de toda sociedad humana; tales instituciones suelen trabajar, en los países más desarrollados, de manera correcta y eficiente en pos del interés general y el mejor servicio para todos, sin exclusiones. Por otro lado, es destacable como aquellas sociedades más prósperas se caracterizan, igualmente, por la presencia de una densa y especializada “red” de servicios públicos institucionalizados; éstos proveen a sus beneficiarios –toda la ciudadanía, sin exclusiones- de la necesaria seguridad frente a una gran variedad de infortunios/desgracias que a todos pueden sucedernos -enfermedad, paro, orfandad, viudedad, desempleo, etc.-.. Precisamente, la citada red “protectora” de servicios públicos –en un principio, universales y gratuitos para sus usuarios- “asegura” dicha defensa contra los avatares que puedan afectar más negativamente a las personas; con tal propósito, el Estado Benefactor –vía sus presupuestos generales del Estado- financia el coste de tal entramado, encaminado a proteger la seguridad del individuo frente a toda amenaza, “desde la cuna hasta la tumba”.

Cuando hablamos de riesgos, es necesario el concurso de todos (eso explica el auge del voluntariado); se precisan elevadas dosis de precaución, mediante una radical toma de conciencia y responsabilidad ciudadanas. La política estatal asistencial ya no tiene futuro; hoy, ni el Estado ni el mercado pueden resolver los conflictos sociales por sí solos, en forma independiente. En la extinta sociedad donde primaban los peligros, el Estado era el único con medios, infraestructuras y personal que podía afrontarlos; hoy, donde reinan los riesgos, deben existir múltiples instituciones intermedias protectoras (públicas y privadas), organizadas mediante capas superpuestas de innumerables redes (familiares, voluntariado, economía social, etc.), actuando al unísono. El Estado de bienestar es eficaz en la sociedad de los peligros, pero no se adapta bien a la sociedad de los riesgos; éste, para sobrevivir en el siglo XXI, precisa una mayor flexibilidad y descentralización, menos “dirigismo desde arriba” y más participación cívico ciudadana. Ahora, la asistencia e inserción van juntas (parafraseando el viejo proverbio chino: “enseña a pescar al hambriento, en vez de darle peces”); es decir, se ayuda a quienes más lo necesitan –parados, etc.- mediante cursos y demás instrumentos gratuitos, para que éstos puedan salir por si mismos de su miseria. Los problemas piden soluciones integradas[7].

La eficacia de tales “mecanismos de seguridad”, en forma de trama constituida por servicios públicos –universales y gratuitos- han reducido, de igual manera, las más graves fuentes de riesgo para el ser humano hasta un nivel aceptable; esa amplísima red “jurídica” –tanto pública como privada-, prevista ad hoc, suponía un magnífico colchón amortiguador para todo tipo de conflicto social, proveniente de la incertidumbre ante los riesgos del futuro. Por otro lado, una digna calidad de vida ciudadana presupone la presencia de aquel sistema jurídico político, claramente respetuoso con la legalidad vigente, previsible, razonable y no lastrado por las prácticas corruptas más generalizadas y escandalosas; al hilo de ese comentario, las estructuras e instituciones jurídico políticas estatales, contrarias a la defensa del interés general y el bien común, suponen el mayor obstáculo para el más deseable desarrollo/progreso ciudadano. En estos momentos, resultan de plena actualidad las últimas noticias de carácter económico, relativas al denominado “Riesgo-País”; las agencias internacionales de calificación, pensadas para orientar a los inversores del mercado global, deciden, día a día, cual de ellos se “salvará” y cual no…. La inseguridad también tiene una evidente “contrapartida”, en términos económicos, comerciales, políticos, etc..

Como cabe colegir fácilmente, la materia a la cual nos enfrentamos no es –desde luego- baladí y sin importancia; en realidad, más allá de cuales sean las condiciones y estructuras jurídico-políticas básicas en cada territorio, no puede ocultarse la presencia de otros riesgos. Así, podemos citar, junto a aquellos provenientes del consumismo irresponsable que hoy reina por doquier –cambio climático, crisis financiera mundial, etc.-, los que se encuentran implícitos en los propios conocimientos/saberes técnico disponibles en este momento. Por otro lado, tal “bagaje” técnico científico también puede amenazar gravemente nuestra seguridad; en esa línea, recordemos que todavía no hemos agotado por completo todo el vasto campo de la Ciencia, la cual siempre continúa su labor investigadora. Aún desconocemos, a fondo, las consecuencias para la salud humana, medioambiental, etc., de innumerables aplicaciones tecnológicas, hoy de uso mayoritario entre nosotros; por supuesto, aún en menor grado sabemos los posibles efectos malignos, de cara al futuro medio y largo plazo, de dichas aplicaciones ampliamente utilizadas[8].

Tampoco podemos desdeñar la posibilidad de un uso -negligente e inadecuado- de los descubrimientos y avances técnico-científicos que están a nuestro alcance –accidentes/terrorismo nuclear, etc.-; así, el uso terrorista/ilegal de los prodigios y maravillas de técnica no es algo que pase desapercibido. En realidad, hay mucho donde elegir, pasando desde los virus y demás “genios maléficos del ordenador” hasta el tristemente famoso “maletín nuclear”, lleno de residuos radioactivos altamente contaminantes –la llamada “bomba sucia”-; incluso, en el caso del famoso 11-S americano, los grandes aviones, llenos de pasajeros y combustible, pueden convertirse también en un “arma” altamente destructiva. Desde luego, las consecuencias luctuosas que se derivarían de algunos de dichos usos ilícitos suscitan el mayor de los espantos; sin duda, el mundo global en el cual estamos ya instalados sin remedio, potencia y magnifica, tanto para lo bueno como para lo malo, las consecuencias de nuestro comportamiento. Los últimos adelantos en las telecomunicaciones y el tratamiento de la información hacen que nuestro mundo sea cada vez más pequeño y próximo; los diversos pueblos de la Tierra ya no se encuentran lejanos, como antaño, puesto que los prodigiosos avances en el mundo de la comunicación los acercan cada vez más. La seguridad se ha convertido, ahora, en una cuestión de transcendencia global, necesitada de la máxima concertación y acuerdo entre todos los países que conforman la sociedad internacional; un mundo más estrechamente relacionado entre sí implica, a la vez, mayor interdependencia –y, por eso mismo, riesgo de choque- entre todas las naciones [9].

La ciencia –es decir, conocimiento teórico-abstracto-, cuya aplicación procura la técnica, empieza a ser percibida como un problema; tal ocurre desde el momento en el que, tanto una como otra, alcanzan un grado de complejidad impensable en épocas anteriores. Las increíbles posibilidades –para lo bueno y lo malo- que, hoy día, nos ofrecen ambas resultan pasmosas. Precisamente, por eso, cada día se debaten con mayor brío los límites, fines y responsabilidades de quienes dedican su trabajo a la investigación científica. El hombre, desde que dio sus primeros pasos sobre la tierra, necesitó cada vez más de su intelecto para poder sobrevivir; los seres humanos, a diferencia de los animales, gozamos de un cerebro inteligente que, gracias al pensamiento abstracto, nos permita superar los propios instintos y demás limitaciones biológicas, impuestas por la madre naturaleza. La especie humana, mediante la técnica, puede alterar el medio físico que le rodea hasta transformarlo en aras de su propio y máximo beneficio/provecho; los humanos han pretendido, en todo momento, satisfacer sus necesidades mediante el uso de los conocimientos técnicos disponibles en cada etapa histórica. Los hombres, libres de sus instintos, tienen la mejor herramienta de todas –la memoria-; esto es, el conocimiento guardado y acumulado de padres a hijos a lo largo del tiempo. Cuanto sabemos y hemos aprendido permite la puesta en práctica de aquello que alumbre nuestra imaginación; la humanidad resuelve el problema de cómo satisfacer todo tipo de necesidades mediante el desarrollo técnico-científico.

El conocimiento técnico científico es capaz de modificar la naturaleza –al día de hoy, incluso, la nuestra (genómica)–, de modo que las necesidades humanas pueden satisfacerse sin depender de ella; modificamos nuestro entorno natural a la medida de cuanto necesitamos mientras que, por el contrario, son los animales quienes deben adaptarse, resignadamente, al espacio geográfico. La técnica inventada por los diversos pueblos humanos ha permitido superar, con cada vez mayor amplitud, las limitaciones de nuestros genes; nos “fabricamos” a nosotros mismos mediante la cultura –es decir, los conocimientos que hemos heredado de quienes vivieron antes que nosotros y los fueron atesorando-. A pesar de las maravillas que nos ofrecen la ciencia y técnica de nuestra época contemporánea, ambas son fruto del continuo esfuerzo humano; por otro lado, conviene traer a colación las condiciones no estrictamente materiales –ideológicas, morales, etc.- que, a modo de cuadro general, enmarcan el respectivo progreso científico-técnico [10].

La geopolítica también debe adaptarse al escenario global que nos inunda, donde la colaboración más justa y equitativa entre todos es el único remedio para atenuar nuestros males –igualmente globales-; así mismo, la creciente desigualdad de renta, a nivel mundial, entre los más ricos y los más pobres, contribuye a aumentar el riesgo de conflictos armados internacionales. Sin duda, la liberalización económica, a nivel mundial, concentra la riqueza en cada vez menos manos; una distribución de la renta, claramente desigual e injusta, pone en peligro la propia estabilidad y cohesión social, generando además unas fuertes tensiones que pueden desatar todo tipo de violencia. La globalización no solo tiene efectos positivos sino que, además, multiplica las consecuencias de todo tipo de desórdenes –políticos, económicos, étnicos ..-. Así mismo, las estructuras públicas estatales políticas/representativas, hasta ahora existentes, deben enfrentar los peligros, también globalizados, que encierran el crimen y la delincuencia organizadas en grandes carteles –auténticas “multinacionales” al servicio de las respectivas redes mafiosas-; el poder corruptor del delito –en especial, sobre el mundo judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado- es impresionante. La presencia conjunta de tales tensiones abre la puerta al caos, cuyas consecuencias son igualmente globales.

No solo se globalizan los mercados en su sentido más positivo; las trasnacionales y demás cárteles dedicadas al mundo del crimen utilizan igualmente dichas herramientas –tanto económicas como tecnológicas- para aumentar su poder. A título de ejemplo, sirvan los siguientes: el narcotráfico mexicano –un auténtico Estado dentro del propio Estado de México- ha cerrado abundantes acuerdos con las mafias rusas para trasladar fardos enormes de droga ¡dentro de los submarinos nucleares transoceánicos¡, pertenecientes a la marina de guerra exsoviética, indetectables al radar/sonar y adaptados para tal fin; hace algunos años, la policía de fronteras estadounidense pudo comprobar la existencia de numerosos escondrijos abandonados en mitad del desierto de Nuevo México, llenos de fajos de billetes, no falsificados, de ¡500 $¡, escondidos por los traficantes de narcóticos; en principio, la causa de semejante abandono parece evidente. Los delincuentes de la droga manejan tal cantidad de dinero que procuran actuar de la manera más cómoda, fácil y rápida para ellos, aunque les suponga renunciar a auténticas fortunas; según otra conocida “leyenda urbana”, las primeras máquinas de contar billetes nacieron de la inventiva de los “narcos”, obligados a manejar inmensas cantidades de dinero lo más rápidamente posible. Se trata tan solo de la punta del iceberg.

La globalización [Giddens, A. (2010): Sociología. Alianza Editorial, S.A., Madrid, páginas 148-173] significa mayor interdependencia y conectividad entre individuos y territorios, por encima de las frágiles fronteras administrativas de carácter nacional; según el citado pensador del laborismo británico, la impresionante tecnología de las comunicaciones (internet/ciberespacio) y la información, igualmente avanzadas, constituyen la espina dorsal del fenómeno globalizador. Por otro lado, la economía mundial se mueve sobre innumerables redes internacionales, flexibles y no jerarquizadas, donde se acentúa la colaboración entre los diversos agentes productivos; así mismo, salta a la vista que las estructuras y modelos políticos actuales no parecen servir para la gestión más adecuada de un mundo global, lleno de riesgos, desigualdades y desafíos como el presente, donde las barreras que forman los simples límites administrativos, de naturaleza pública y Estatal, son ya puro y simple papel mojado. El llamado Estado corporativo es la encarnación de la unión, de facto, entre capital y poder político, en donde toda la actividad estatal se centra en la protección y respaldo de los intereses que sustentan los potentados y demás clases pudientes; los intereses empresariales son inescindibles, por tanto, del llamado “interés nacional”. Conforme a ese modelo organizativo de lo estatal, quienes disfrutan de un mayor poder también “gobiernan” por encima de los propios poderes ejecutivos y parlamentarios nacionales[11].

La gravedad de la actual coyuntura mundial es preocupante; el deterioro en el plano económico/medioambiental, institucional, ético/moral…amenaza romper los lazos que mantienen la pacífica convivencia. En línea con ello, el Papa emérito Benedicto XVI ha sugerido una deseable regeneración moral que pueda atenuar, siquiera en parte, la mala situación en la cual nos encontramos; la encíclica papal, titulada “Caritas in veritate” (2009), alude a las profundísimas e injustas desigualdades y desequilibrios económicos que reinan sobre la Tierra. El mencionado texto, en forma de encíclica, nos dice, en suma, que los beneficios empresariales no pueden dejar atrás los mandatos de la ética; además, el Papa emérito hace un especial énfasis en las intolerables, enormes, escandalosas, injustas y lacerantes desigualdades pobres/ricos. En opinión de dicha autoridad religiosa –y, por ende, moral-, es absolutamente necesario “redescubrir” ya, en la realidad diaria, los valores éticos fundamentales que ponen el acento sobre el hombre y sus verdaderas necesidades; la economía solo funciona y es sostenible, tanto de cara al presente como al futuro, si obedece también los mandamientos éticos/morales. Sin verdadera fraternidad no puede haber desarrollo perdurable, tanto en lo económico, como en lo social, etc.[12].

El papado pretende, así, “humanizar” el capitalismo globalizado que hoy nos domina, proponiendo para ello una “nueva” cultura donde predomine la prudencia, responsabilidad e integridad; las empresas están llamadas, no solo, a obtener beneficios para asegurar su pervivencia en el tiempo. La gran aportación papal es la de unir el enfoque económico con las cuestiones morales que, casi siempre, son abandonadas por los economistas “ortodoxos”; la actividad económica debe tener, como objetivo último, la dimensión moral del hombre, primando para ello valores éticos tan relevantes como los de la solidaridad, libertad, etc.. La idea última es que no se “cosifique” a los individuos hasta convertirlos en meros y simples objetos o máquinas productoras de riqueza, solo en orden al lucro de unos pocos. Tal encíclica nos recuerda que, tanto el mercado como las finanzas, pueden ser usados en forma torticera y maligna, en contra de los intereses del bien común; según dicho texto, el contrato y el mercado son instituciones llamadas a facilitar el encuentro de los hombres en pos de satisfacer sus mutuos intereses y necesidades, mediando reciprocidad y confianza. Dicha encíclica condena, además, toda la visión cortoplacista y especuladora, centrada tan solo en los beneficios y nada más, que “cosifica” al hombre para convertirlo en un instrumento únicamente al servicio de los poderosos.

Salta a la vista que la sociedad de hoy aporta una panorámica fragmentada –y, a veces, confusa-, compuesta por incontables saberes/conocimientos que, a modo de mosaicos, se interrelacionan e influyen mutuamente entre sí; el significado de la encíclica papal, antes referida, tiene un especial significado en nuestros días, donde la opinión pública parece cada vez más prisionera de ese nuevo “Dios” -el mercado- al cual todos debemos mostrar nuestra obediencia, fidelidad y miedo, cual el “Leviathan” descrito por Hobbes en su inmortal y sempiterna obra del mismo título. Así, el “Dios” de nuestros días -que llamamos “El Mercado”- es quien ostenta, de facto et iure (sí se me permite decirlo), la suprema y exclusiva autoridad para dictar los criterios determinativos de lo bueno y lo malo; esa autoridad divina, junto a sus “sumos sacerdotes” –brokers de bolsa, inversores, etc.-, ejerce un poder arbitrario total, omnímodo y absoluto. Sin perjuicio de ello, la ciudadanía parece cada vez más concienciada y sensible ante aquellas consecuencias malignas, asociadas al libre juego de las fuerzas que operan en el “mercado”; los desequilibrios de todo orden, tanto a nivel interno de los respectivos Estados como en el plano internacional -destrucción medioambiental, la falta de equidad y justicia en el reparto de la renta, etc.-, impulsan una creciente oposición ciudadana hacia los abusos de los más poderosos. Cada día parece más insostenible una economía que haga oídos sordos a los dictados de la ética, negando cualquier intervención pública destinada a proteger a los más necesitados[13].

La excesiva dependencia “científico/tecnológica”, propia de las sociedades con mayor riqueza material, se traduce en un creciente temor ante el horizonte de una “vida sin máquinas” en las tareas cotidianas; además, el más mínimo fallo o error, en la inmensa pléyade de aparatos que nos acompañan a diario, “justifica”, sin más, las protestas sociales de carácter más generalizado y virulento. Nuestra vulnerabilidad resulta más que patente; el nivel alcanzado por la ciencia actual ya ofrece resultados y posibilidades hasta hace poco increíbles, propias de la más rabiosa “ciencia ficción” pero, al día de hoy, susceptibles de ponerse inmediatamente en marcha. Así, a título de mero ejemplo, destaca que un joven norteamericano ha obtenido autorización del gobierno de su país para fabricar y distribuir un nuevo tipo de arma de fuego; la novedad consiste en que las piezas más “sensibles” están fabricadas mediante impresoras, controladas por ordenador y de ultimísima tecnología, capaces de hacerlo en 3 dimensiones. Al parecer, tales armas, al constar de piezas fabricadas mediante impresoras que modelan plástico tridimensional, apenas están sujetas a control gubernamental; las agencias norteamericanas, dedicadas a la vigilancia del armamento en manos de la ciudadanía, ya las han probado con fuego real, no siendo preocupantes por su, todavía, escasa eficacia y durabilidad. Según afirma la web del rotativo galo que difundió la noticia, el ocurrente y llamativo slogan, inventado por el referido emprendedor para su empresa, reza: Click, Print, Gun (literalmente, cliquea, imprime y dispara) [14].

A fin de cuentas, la Ciencia nos ofrece a diario maravillosos descubrimientos que no solo nos benefician –en términos de mejora de nuestro bienestar/calidad de vida en todos los ámbitos- sino que, al mismo tiempo, también albergan una enorme capacidad “letal” para destruirnos; en efecto, nuestra conducta irresponsable, unida a un uso también poco diligente de las actuales capacidades técnico científicas, ya está comprometiendo muy seriamente la propia existencia de nuestro planeta y la de todos sus habitantes –en especial, los humanos del mañana-. A modo de botón de muestra, recordemos que el tan traído y llevado “cambio climático”, de cuyas futuras consecuencias apenas sabemos nada, puede cambiar radicalmente la faz de la tierra; los residuos más nocivos y peligrosos para la salud/vida humana, procedentes de la energía nuclear, van a estar activos durante siglos, etc.. Hemos de asumir la responsabilidad –individual y colectiva/social- derivada de la conducta que escojamos; ello es así, puesto que somos solo nosotros quienes, a la hora de utilizar los conocimientos técnico científicos disponibles en este momento, decidimos darle un uso positivo o, por el contrario, negativo.

No mata o hiere la piedra, la bala o cualquier otro proyectil; la única culpable de ello es la mano de aquel ser humano que, sin causa legítima alguna que lo justifique, arroja tales “armas” lesivas contra su prójimo para infringirle el mayor de los daños posibles. Por supuesto, ello no quita la clara responsabilidad –moral, al menos- de aquellos científicos e ingenieros que, debido al más puro egoísmo, contribuyen con sus conocimientos y esfuerzos a la creación y/o desarrollo de armamentos de cualquier clase –más, aún, si se trata de ingenios nucleares-; quienes se dedican a la investigación científica, son responsables, en todo o en parte, de los resultados así obtenidos, amén de la utilización que se haga de los mismos. Como dice la ciencia económica tradicional, a modo de símil con respecto a lo aquí reseñado, solo nos corresponde a nosotros, como ciudadanos, decidir, a modo de supremo Juez, en qué gastaremos el presupuesto público: la fabricación de cañones o la producción de mantequilla; los seres humanos suelen ser los peores y más fieros enemigos de sí mismos.

Los hombres han protagonizado las mayores hazañas y, a la vez, las más indignas miserias; ese parece ser nuestro sinó, desde que, como dice la leyenda, “Prometeo robo el fuego a los Dioses”. En realidad, la historia del género humano podría contarse, desde otro punto de vista, relatando la génesis y consecuencias de cada una de las batallas o contiendas, de índole agresiva, en las cuales los diversos pueblos se ha ido embarcando; desde que Caín mató a Abel, parece que los hombres solo hemos aprendido a pelear, destrozándonos mutuamente y, al mismo tiempo, el medio natural que nos rodea. Como demuestra la experiencia, las causas últimas de los males que afligen a la especie humana no están en las estrellas sino, por desgracia, mucho más abajo, entre nosotros; la capacidad de destruir, tanto a nosotros mismos como al resto de seres vivos (animales y plantas), ínsita en la naturaleza humana, ya no conoce límites. Nuestro propio y despreciable egoísmo más radical, cortoplacista e insolidario, será la causa última por la que –más pronto que tarde- desapareceremos del planeta; el individualismo, irresponsable y exacerbado, sin una generosa “altitud de miras” capaz de pensar en el beneficio común o colectivo, acelerará tan triste fin.

En resumen, el enorme desarrollo hasta ahora logrado muestra un claro perfil ambivalente; así, el progreso técnico científico nos permite superar nuestras propias limitaciones biológicas y, al mismo tiempo, modelar el medio circundante en provecho de la especie; pero, sin duda, lo que hasta ahora sabemos también conlleva el riesgo de desencadenar, en cualquier momento, algunas consecuencias negativas, hoy ignotas, en forma de daños graves/irreversibles; en todo caso, el incumplimiento de los deberes que nos impone la precaución es, con mucho, la mayor y más peligrosa fuente de riesgo en la actual sociedad del conocimiento. Las imprudencias en el manejo de la técnica causan innumerables males, tanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de las diversas administraciones públicas. Los avances de la Ciencia también mejoran, en forma considerable, la vida de las personas en terrenos tan básicos como el de la salud, alimentación, bienestar físico/psíquico, etc.. Así mismo, la creciente incertidumbre y miedo ante los citados riesgos impulsa una mayor demandada de seguridad por parte de la ciudadanía; el miedo atenaza a las sociedades humanas –sobretodo, aquellas con mayores recursos económicos- y, ante dicha realidad “angustiosa”, se busca la mayor protección posible frente a cualquier clase de riesgo. Las personas aspiran, entonces, al logro de un ideal imposible: esto es, la ausencia absoluta de riesgos –el “Riesgo Cero”-; pese a ese creciente miedo al futuro y las terribles desgracias que pueden estar allí aguardándonos, tal meta “dorada” no resulta por completo alcanzable. El citado logro “ideal” solo sería posible sí conociésemos, en todos sus aspectos presentes y futuros, el misterio de la vida humana y del cosmos; un conocimiento de semejante enjundia deviene tarea imposible por nuestra naturaleza finita y mortal [15].

Además, crece entre la masa ciudadana de gran número de países una clara conciencia cívica, preocupada por la herencia que dejaremos a cuantos nos sucedan mañana; ello explica el éxito de las industrias “verdes”, no contaminantes y ecológicas, respetuosas con los ciclos naturales que aseguran la sostenibilidad medioambiental. Ante semejante panorámica, todos –poderes públicos, empresas y particulares- debemos actuar con la mayor precaución, responsabilidad, diligencia y cuidado posibles; la mejor calidad de vida, en términos de salud, etc., precisa que el progreso humano tenga en cuenta otros valores no monetarios, además de los puramente cuantitativos/materiales en términos de producto interior bruto, rentabilidad, etc.. El principal activo del llamado principio de precaución pasa por poner el acento sobre esos otros valores, de orden solidario y ético; nadie duda hoy que una naturaleza, bien conservada, favorece la mejor calidad de vida/equilibrio/salud de las personas. Sin perjuicio de todo ello, el exceso de celo en la vigilancia en pos de un mundo mas seguro, sobretodo por parte de los gobernantes, puede suponer serios recortes en nuestros derechos/libertades cívico-ciudadanas [16].

La necesaria y aconsejable precaución a la vista de los precitados riesgos, justifica, siquiera en parte, porqué estudiamos aquí dicho principio; más, aún, cuando algunos de ellos amenazan con provocar una serie de daños, extraordinariamente graves e irreversibles, no solo desde el punto de vista individual sino, incluso, también colectivo. El principio de precaución, desde la órbita del Derecho, persigue una sola meta; esto es, detectar y evaluar la mayor parte de los riesgos antes aludidos, de modo que sea posible reducirlos o, en el mejor de los casos, eliminarlos por completo. El coste de esa tarea no debe ser exorbitante, en términos económicos y sociales. Además de la precitada perspectiva jurídica, cabe reseñar otra responsabilidad indudable, de orden moral; es decir, la que nace de las consecuencias futuras –hoy desconocidas- de nuestro actual comportamiento; ante semejante ardid, podemos preguntarnos sí es posible atribuir efectos jurídicos a un principio, como el ahora estudiado, cuya mirada se sitúa en el largo plazo. Es fundamental, por ello, encontrar los mecanismos –económicos, sociológicos, políticos, etc.- mediante los cuales sea posible afrontar razonablemente aquellos riesgos, enormemente graves e irreversibles, cuyas consecuencias más negativas no sufriremos nosotros directamente sino tan solo cuantos mañana habiten éste planeta [17].

La concepción jurídica de la responsabilidad, tal y como se entiende hoy día, solo parece mirar hacia el cercano presente y pasado; pero, ¿qué ocurre cuando el conducta, ejecutada en este momento, solo manifiesta su naturaleza dañosa mucho más lejos en el arco temporal?, ¿cómo imputar la responsabilidad por esos daños, producidos mucho después de ejecutada la acción de la cual éstos se derivan ?. La ciencia jurídica no ofrece, por si sola, una respuesta adecuada a tal problemática; el motivo de ello es simple: esto es, el derecho a ser indemnizado –como todos los demás reconocidos en el ordenamiento jurídico- no puede gozar de vigencia eterna e ilimitada en el tiempo. La citada limitación temporal queda perfectamente subsanada desde otras consideraciones, que superan lo estrictamente legal; así, sabemos que las reglas morales/éticas establecen deberes de carácter intemporal. La perspectiva moral, debidamente interpretada por nuestro ordenamiento jurídico, es hoy completamente necesaria para responder a la cuestión arriba expuesta; esto es, cómo imputar la responsabilidad por los daños que, provenientes de una acción que efectuamos hoy, verán la luz en un tiempo lejano. El Derecho, gracias a ese influjo de la moral/ética, debe adaptarse a las anteriores circunstancias, de modo que prime la más adecuada prudencia preventiva; hay que encontrar la manera de hacer compatibles el principio de responsabilidad –quien causa o infringe un perjuicio a un tercero deberá repararlo en su justa medida- con el de seguridad jurídica –la figura jurídico legal de la prescripción extintiva (por el mero transcurso del tiempo) de la responsabilidad por daños-. Precisamente, éstas páginas tratan, humildemente, de arrojar alguna luz sobre como conseguir tan deseable equilibrio entre dos principios, necesarios e irrenunciables para toda sociedad que pretenda llamarse “civilizada”; esto es, de un lado, el derecho a obtener “justicia” (derecho a la reparación por un daño injustamente sufrido) y el indeclinable respeto por la ley (prescripción de la responsabilidad); tal vez, el principio de precaución –es decir, una prevención “ampliada”, que acentúe la prudencia y responsabilidad exigibles no solo a corto y medio plazo sino, también, de cara al futuro- puede ser la mejor herramienta con la que, a modo de “sortilegio mágico”, sortear dicha dificultad.

Considerando que la responsabilidad jurídica es, por principio, limitada en el tiempo, el interrogante clave pasa por preguntarnos cómo ampliarlo; los plazos temporales “corren”, desde el punto de vista legal, de una manera considerablemente distinta a la correspondiente al plano moral/ético. La obligación jurídico legal, consistente en reparar el daño ilícitamente causado a un tercero, deja de tener vigencia jurídica –es decir, “prescribe”- una vez transcurrida determinada fecha; así pues, la duda se centra en los siguientes puntos: primero, qué hacer sí dichos daños ilícitos se manifiestan mucho después de llevarse a cabo la conducta/acción que los ha causado y, segundo, cómo imputar la responsabilidad por los daños/perjuicios que se deriven de tales actos.

El principio de precaución destaca, entre otras, por su principal virtud; esto es, la de obligarnos a todos –particulares, empresarios y Administración Pública- a tener en cuenta las posibles daños futuros, hoy desconocidos, que pueden derivarse de nuestras acciones presentes. El no saber qué va a pasar mañana –es decir, la incertidumbre- ya no es excusa; la precaución, bien entendida, previene todo tipo de responsabilidad. Una y otra se refuerzan mutuamente; en todo caso, antes de tomar cualquier decisión acerca de un riesgo, conviene oír y tener en cuenta la opinión de aquellos que se vean sometidos a su influjo; no olvidemos que la sociedad actual, globalizada vía Internet, se caracteriza por una fuerte influencia de los mass media, movimientos asociativos centrados en la defensa de los consumidores, protección medioambiental, etc., de enorme fuerza y difusión en todo el mundo. La mayoría ciudadana quiere ser informada sobre los riesgos que amenazan su seguridad, amén de participar activamente en la gestión de los mismos.

En un mundo como el actual, en donde las personas son cada vez más conscientes –y, a la vez, están más concienciadas- de los riesgos a los cuales nos enfrentamos –algunos con nefastas consecuencias futuras en todo el planeta-, surgen una serie de interrogantes; así, ¿cómo y sobre que guías establecer la más justa imputación de la responsabilidad, proveniente de dichas fuentes de riesgo, sí las consecuencias dañosas, asociadas a las anteriores, pueden salir a la luz mucho más tarde?, ¿un uso “torticero” y abusivo del principio de precaución podría dar pábulo a los comportamientos/actitudes mas irracionales/arbitrarios?...; tal principio avala la inmediata puesta en práctica de las necesarias medidas precautorias, llamadas a evitar aquellos daños, graves e irreversibles, que tampoco están acreditados científicamente, en este momento, de forma irrefutable. En todo caso, la gran virtud del citado principio es que nos obliga a pensar, con mayor descanso y acierto, sosegadamente, sobre las posibles/probables consecuencias futuras de nuestros actos; tal “perspectiva” racional, en forma de “actitud vigilante”, ya merece, por si sola, que dediquemos el mayor esfuerzo posible para delimitar, con acierto y tino, su razonable y verdadero alcance/significado. La pretensión de dicho principio pasa por potenciar al máximo toda actividad investigadora que nos permita despejar la incertidumbre; frente a quienes propugna el no hacer ante cualquier conducta arriesgada, cabe oponer la postura de cuantos, conforme predica el principio de precaución, optan por agotar todas las vías de conocimiento a nuestro alcance en pos de la tan ansiada seguridad.

El principio de precaución, llevado al extremo, solo dará pie a una sociedad timorata y hostil, llena de temores y recelos irracionales ante cualquier riesgo, avance o innovación; prueba de tal punto de vista, en cuanto a una perspectiva demasiado rigorista de dicho principio, es lo sucedido a principios del año 2008, cuando dos científicos –uno estadounidense y otro, español- presentaron una denuncia ante un Tribunal norteamericano contra el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), centro internacional dedicado a la investigación en el campo de la física de partículas. Sendos denunciantes arguyeron que una de las investigaciones, realizadas por dicho centro investigador, podría crear un agujero negro susceptible de tragarse a la Tierra, incluso al universo entero...; en ese mismo orden de ideas, el Tribunal Administrativo Superior de Munster –Alemania- rechazó en 2012 una nueva denuncia contra el referido CERN, interpuesta en esa ocasión por una ciudadana alemana, la cual también alegaba en su favor que las pruebas experimentales, realizadas por el mencionado centro, podrían provocar un enorme agujero negro que “devorase” el planeta. Los razonamientos jurídicos, utilizados por el ya aludido tribunal germano para rechazar la denuncia, se basaban en los informes de seguridad del propio CERN, realizados antes de la puesta en marcha de sus respectivos proyectos científicos, que descartaban cualquier peligro para la vida; la veracidad de tales informes no fue nunca puesta en duda, de manera concluyente. Es más, según los informes científicos antes aludidos, las probabilidades de producirse el referido agujero negro eran de una entre un millón y, por eso, se entendía que los experimentos realizados –de gran importancia para el conocimiento de la materia- no resultaban peligrosos en modo alguno. En cambio, una perspectiva positiva del principio de precaución lo define como una regla de vigilancia, activa y prudente, que, de manera racional y proporcionada, lleva a tomar en cuenta todos los riesgos posibles –incluso aquellos hoy no totalmente probados-.

Salta a la vista que la mejor precaución es aquella que prevé, con cuantos instrumentos sea posible, no solo los riesgos conocidos en este momento sino, también, aquellos que solo se revelarán en el lejano mañana; conviene sistematizar todas las fuentes de riesgo, de modo que una mejor gestión y tratamiento de las mismas evite –o, en todo caso, atenúe- cualquier daño, presente o futuro. La demanda social de seguridad, en el conjunto del ámbito ciudadano, puede satisfacerse racionalmente mediante dicho principio; aunque, hemos de evitar caer en demasiados excesos a la hora de llevarlo a la práctica. No conviene poner trabas al desarrollo técnico-científico, mediante el recurso a los temores irracionales y excesivos más acendrados en la especie humana. El citado principio debe hacernos recapacitar sobre la forma en la que percibimos nuestros propios actos, responsabilizándonos de cuanto hacemos; ya no cabe que sean solo los científicos quienes disfruten del “monopolio de la última decisión”. Todos, en el ejercicio de nuestra libertad y derechos ciudadanos, tenemos derecho a elegir cual será nuestro concreto actuar en cada momento, más allá de cualquier discriminación. La “Política”, en su acepción más rotunda, debería consistir en que los ciudadanos, con suficiente capacidad volitiva/intelectiva para dicha tarea, optasen, libremente, entre las distintas alternativas ofrecidas por el conocimiento científico/técnico; el uso “político” del principio de precaución permite modular las distintas alternativas ofrecidas por la Ciencia/Técnica, buscando la mejor y más consensuada/racional de entre las posibles, “aquí y ahora“, tras el oportuno debate cívico-ciudadano; el supremo poder de decidir solo puede residenciarse en aquellos organismos jurídico políticos que, conforme a la legalidad de cada momento, representen la soberanía popular.

Es tarea de los científicos la de describir a la ciudadanía aquellos riesgos a los cuales hemos de enfrentarnos; ello, con la mayor cantidad de datos de los cuales se disponga y la más escrupulosa/ortodoxa metodología, siguiendo los cánones de la Ciencia mayoritariamente aceptada. Es deseable, incluso, la presencia de posturas científicas contradictorias, bien fundadas, ya que no existen “verdades absolutas”. La ciudadanía tiene derecho a ser informada, en forma clara e inteligible, por aquellos que poseen el monopolio del conocimiento; por otra parte, corresponde al científico ofrecer a los “Representantes del Pueblo” el mejor y más detallado conjunto de opciones posibles, en aras de un control “democrático” de las fuentes de riesgo. Los ciudadanos tienen derecho a conocer, de forma amplia, el contenido de los diversos informes científicos sobre los cuales se fundamentan las diversas decisiones públicas; la democracia, con mayúsculas, comprende, así mismo, el derecho a recibir toda clase de información sobre los datos, informes, etc., de los cuales disponen las autoridades.

Lo fundamental es cómo poner en práctica las sucesivas políticas concretas de precaución por parte de quienes nos gobiernan, revestidos de un verdadero Poder normativo/material sobre el patrimonio de las personas y su conducta; en esa línea, los Estados parecen especialmente bien dotados para prevenir de forma consensuada todo tipo de daños, cuyos efectos y consecuencias superen las siempre estrechas y limitadas fronteras administrativas. Sin embargo, hasta que alcancemos un único y verdadero “gobierno mundial”, con poder efectivo sobre todo el orbe terráqueo, los mandatarios estatales seguirán jugando su actual papel; sobretodo, desde el punto de vista de agentes encargados de gestionar, vía la colaboración mutua, aquellos riesgos de carácter transnacional. Al fin y a la postre, ya nos encontramos lejos de aquellos predicamentos sobre las bondades y maravillas inherentes al desarrollo tecnológico, como perpetuo venero en forma de “maná salutífero e inagotable” para la más excelsa y “divina” libertad/progreso humanos. Cada día tenemos más en cuenta los peligros, amenazas y riesgos, resultantes de nuestra prodigiosa técnica y conocimientos científicos; toca ahora, gracias a la ayuda de principios como el de precaución, gestionar dichos adelantos científico-tecnológicos, sí bien de forma democrática y responsable. Responsabilidad que, como ya hemos señalado, no solo debe de operar en el presente sino, también, de cara al futuro del género humano. Hay que dar la palabra a los ciudadanos para que, mediante la voluntad y concierto de todos, afronten las más diversas amenazas para su seguridad; la fe en el progreso científico –característica de los siglos XVIII y XIX-, ya ha quedado atrás, ante los enormes riesgos –algunos, de trágicas consecuencias- inherentes a nuestro tiempo y las inmensas posibilidades que, desde lo científico técnico, éste nos ofrece. Los horrores, propios del mundo contemporáneo –la segunda guerra mundial, el holocausto, el uso militar de la energía atómica en Hiroshima y Nagasaki (1945), etc.-, han roto la esperanza de un desarrollo, basado en la ciencia y técnica, que nos asegure una vida humana más feliz y satisfactoria [18].

El citado principio de precaución tiene, como principal virtud, la de ponernos en guarda y vigilantes ante los riesgos y peligros asociados al desarrollo científico-tecnológico; fruto de dicha actitud, expectante y prudente, es la de intentar evitar aquellos riesgos innecesarios y excesivos. El reto al cual nos enfrentamos es el de concienciar a la población, mediante los instrumentos jurídico políticos que nos ofrece la democracia representativa, sobre las anteriores problemáticas que aquí solo hemos esbozado; en el fondo, el referido principio saca a la luz una máxima, de orden ético-moral, incontestable: esto es, nosotros no podemos decidir hoy por quienes nos sucederán en el más lejano mañana, los cuales además también tienen justo derecho a disfrutar de las riquezas naturales ahora disponibles. En realidad, no conocemos suficientemente nuestro planeta, ni las leyes reguladoras de su funcionamiento; menos, aún, las inmensas interrelaciones entre las distintas formas en las cuales se manifiesta la vida sobre el globo terráqueo. Todo es mucho más complejo de lo que parece; tal máxima, propia del principio de precaución, nos dice que tengamos cuidado; nuestra conducta actual puede generar mañana gravísimos daños, a escala planetaria. Conviene explorar, de forma sistemática, cuanto sabemos, en orden a despejar la incertidumbre en todo lo que sea posible

La tecnología actual coloca al hombre en el puesto de rey de la naturaleza, con un poder ilimitado de transformar –para bien o para mal- el medio que le rodea; nuestros conocimientos son de tal alcance y profundidad que nos desbordan. ¿Cómo puede el hombre, un ser limitado y finito por naturaleza, controlar sus propias invenciones y descubrimientos científico-tecnológicos, de modo que no se ponga en peligro él mismo y el planeta que lo acoge?; el egoísmo y la pequeñez moral de nuestra especie dificulta un buen uso de dicha tecnología, hoy a nuestro alcance, que puede matarnos, no solo a nosotros sino, también, a todas las formas de vida animal y vegetal hasta ahora conocidas. El desafío al cual nos enfrentamos tiene, más bien, una clara naturaleza de orden ético/moral; esto es, solo dejando de un lado nuestro atroz, mezquino y exacerbado primitivismo egoísta será posible garantizar la supervivencia futura de la especie. En realidad, ese es el mensaje del principio de precaución; no pensemos solo en nosotros y nuestros intereses “materiales” del momento sino, más bien, en cómo utilizar responsablemente los recursos –naturales, etc.-, entregados por la sagrada Divinidad, para que, también, disfruten de ellos quienes nos sucedan.

En el fondo, nos estamos planteando cómo debería ser el progreso más deseable; esa puesta en duda sobre la meta a la que nos dirigimos, fruto del antes aludido principio, ya es beneficiosa en grado sumo. Tenemos Derecho a desarrollar al máximo nuestras capacidades, sí; pero, posibilitando a las generaciones futuras el disfrute de los mismos recursos que hoy gozamos. Eso se llama desarrollo sostenible; es decir, el modo en el cual satisfacemos nuestras necesidades del hoy, sin que ello impida igual satisfacción a quienes, en el lejano mañana, puedan hollar nuestra bendita Tierra. El uso responsable y solidario, tanto de los recursos como del conocimiento científico-tecnológico al cual hemos llegado, precisa que nos anticipemos, en lo posible, a todas sus consecuencias futuras; no contribuyamos con nuestra conducta irresponsable, alejada de toda máxima espiritual, a extinguir el futuro de la familia humana. Por ello, interesa un análisis, profundo y meditado –lejos de lo superficial-, de cuantos riesgos pongan en peligro nuestra seguridad, ya provengan de la propia Ciencia/Tecnología o de cualquier otra fuente; pero, una vez acometido dicho análisis, podemos plantearnos los instrumentos y herramientas más adecuadas mediante los cuales gestionar los riesgos a los que, desde un plano individual o colectivo, debamos enfrentarnos. Nuestro actual conocimiento, desde lo científico técnico, ya resulta asombroso, sí tenemos en cuenta sus casi infinitas posibilidades; pero, por muy avanzados que esté cuanto sepamos, aún queda mucho por descubrir acerca del mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Se impone, en consecuencia, la prudencia más responsable; solo así evitaremos que un comportamiento apresurado por nuestra parte cause enormes daños en el futuro, siquiera hoy imposibles de prever. La cuestión clave es la de cómo conciliar responsabilidad y progreso técnico científico, desde un punto de vista de lo real y posible; el principio de la responsabilidad no puede entenderse en forma absoluta puesto que, de hacerlo así, nos resultaría tremendamente perjudicial en todos los ámbitos de la vida; en fin, a esos interrogantes tratarán de responder las líneas sucesivas.

Una vez esbozadas algunas de las ideas y problemas esenciales que nos ocuparán en ulteriores páginas, pasaremos acto seguido al apartado de esta obra donde definimos el concepto de principio de precaución, desde un punto de vista jurídico.

CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Una vez aludida la importancia del referido principio en numerosos campos, toca explorar, siquiera de forma sucinta, la materia, objeto de su contenido; éste impone –tanto a las autoridades administrativas como a los particulares- la adopción más rápida posible de las necesarias medidas precautorias, tendentes a evitar la producción de un daño futuro (grave e irreversible); y, ello –lo más importante-, aunque no haya todavía, en este momento, pruebas científicas de clase alguna (datos, estudios clínicos, etc.) que acrediten, con absoluta seguridad y certidumbre, la realización del mencionado resultado dañoso. Las autoridades y particulares –destinatarios últimos del citado principio-, lo son en tanto su actividad pueda generar un daño como el arriba expuesto; tales destinatarios deberán gozar de amplia discrecionalidad con respeto a la interpretación/aplicación del citado principio. Por otro lado, el asunto de su valor jurídico es una cuestión discutida y discutible; sin duda, la mayoría de obras dedicadas a estudiarlo proceden, no solo del campo jurídico sino, también, de otras áreas de conocimiento ajenas al Derecho (medicina, etc.).

En este punto, es destacable la transcendencia de la doctrina científica francesa a la hora de perfilar el significado y alcance, genérico y abstracto, de dicho principio; así, merece las mayores alabanzas la obra de Kourislky, P. y Viney, G. (2000), antes citada. Es llamativa la carta, incluida en dicha obra, enviada personalmente por el –entonces- primer ministro de la República Francesa –Lionel Jospin- a cada uno de los mencionados autores –respectivamente, Kourislky, director de una unidad de investigación en el Instituto francés Pasteur y Viney, directora del centro de Derecho de las obligaciones, de la Universidad francesa de Paris I-; el Sr. Jospin inicia sus misivas a los reseñados autores, de fecha 29 de marzo de 1999, con las siguientes palabras [traducción del autor], que nos permiten una mejor y más ajustada interpretación del objeto de dicho encargo gubernamental: “Desde hace varios años, el progreso acelerado de la ciencia y técnica traen la inquietud a la opinión pública, tanto en Francia como en Europa; las controversias acerca del cultivo de las variedades vegetales genéticamente modificadas son una buena prueba de ello. Tales problemas reflejan las preocupaciones de la población -esto es: transparencia informativa, respeto por las precauciones en materia de salud pública y medio ambiente-, sin que éstas se vean contrarrestadas por las aportaciones beneficiosas de la ciencia. Me parece que nos falta en estos temas una reflexión serena, profunda, que nos permita progresar sobre la cuestión de la precaución en los sectores de la salud, investigación y el medioambiente”.

El Sr. Jospin encarga a los referidos destinatarios un estudio sobre los principios generales que, en esas materias concretas, deberían guiar sus pasos; la tarea, en fin, para los anteriores consistirá en clarificar el sentido y alcance del principio de precaución, a la vista del estado actual del Derecho, tanto en el plano interno como en el comunitario e internacional. Además, dicho estudio debería precisar las consecuencias potenciales del citado principio con respecto al desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones, amén del régimen de responsabilidad. Para comprender adecuadamente la importancia de la meritada obra, hemos de recordar que ésta se escribe cuando aún estaba reciente el caso de la sangre contaminada en Francia; a partir de la publicación del precitado informe de los antedichos autores franceses, el estudio de tal principio cobra verdadera importancia, apareciendo acto seguido multitud de obras dedicadas a tal temática.

Tal vez, el motivo de ello sea el de la propia naturaleza del principio precautorio, que excede, a mi humilde parecer, lo puramente normativo o jurídico para ir más allá; es decir, abarcando, de forma omnicomprensiva, todo el comportamiento humano en cada una de sus innumerables facetas. Así, cabría hablar de un principio precautorio en el terreno de la Ciencia, en general, cuyo significado común, más admisible desde un punto de vista práctico, sería el de una prevención, en su modalidad extendida o intensificada, de todos aquellos riesgos susceptibles de generar, en el presente o futuro, cualquier daño o perjuicio a los seres humanos; probablemente, la realidad actual se está dirigiendo hacia esa senda, de modo que dicho principio de precaución ya ha dejado atrás sus inicios como enfoque preventivo en la materia medioambiental para instalarse en otros espacios que, anteriormente, le eran ajenos.

Como decíamos en nuestra introducción, hemos pasado de un mundo de peligros a otro, donde priman los riesgos; la sociedad hipertecnológica que nos envuelve ofrece hoy una serie de posibilidades que, hace pocos años, parecían el resultado de las fantasías más calenturientas. Los avances en genómica, telecomunicaciones, energía nuclear…...elevan a la especie humana al papel de “pequeños aprendices de brujo”, cuya osadía y desconocimiento tan solo puede augurar los más trágicos resultados. Las reglas jurídicas tradicionales, hasta ahora preponderantes, se adaptaban bien a las necesidades de una sociedad, más o menos industrializada, aunque no en el grado presente; la complejidad científico técnica, característica de las actuales sociedades humanas con mayor desarrollo económico, implica nuevos riesgos que precisan, también, de idénticas soluciones para su adecuado abordaje. La mejor respuesta a esos nuevos desafíos pasa por la estrecha colaboración de todos los campos del saber; las herramientas de la ciencia jurídica resultan insuficientes, por si solas, para resolver los citados problemas. En esa línea, tan solo cabe un enfoque multidisciplinar e integrado de todos los campos del conocimiento humano, que permita una mejor identificación y respuesta de dicha problemática.

El desarrollo técnico científico ha ido adaptándose a las sucesivas fases del progreso económico; con el llamado mercantilismo, los comerciantes que se dedicaban a la venta de los productos, previamente adquiridos a los artesanos, obedecían las ordenanzas municipales vigentes al respecto. El derecho mercantil, preponderante entre los siglos XIII al XVIII, se afana por la búsqueda de la mayor seguridad posible en el ejercicio del comercio por parte de los mercaderes; con tal propósito, se regula con extremo detalle la producción, cantidad y calidad de los géneros de elaboración artesana, la materia prima que podía emplearse en su proceso productivo, condiciones de trabajo y salario de quienes trabajaban en el taller del maestro, etc.. La normativa entonces en vigor consiste en un conjunto de ordenanzas gremiales, correspondientes a los de los mercaderes y maestros artesanos, que, con el apoyo de la autoridad municipal, vigilaban la práctica del comercio en ese entorno; los gobernantes de las ciudades, mediante sus respectivas ordenanzas gremiales, regulaban y protegían fuertemente la actividad comercial (ferias, mercados), que allí tenía lugar, contra cualquier competencia exterior. Recordemos que los mercaderes fueron los precursores, por decirlo así, del posterior capitalismo -objeto de la crítica marxista-, habiendo adquirido éste último su mayor preponderancia con los nuevos descubrimientos técnicos que trajo el siglo XVIII –máquina de vapor, de Watt, hiladoras mecánicas, etc.-.

El mercantilismo consiste en la compra de la siempre escasa producción de los artesanos, reunidos en gremios, para venderla a mayor precio; en cambio, el empresario capitalista fabrica y vende, por sí mismo, sus productos. El capitalismo dio paso al nacimiento de las grandes fábricas, con imponentes cadenas de fabricación y montaje que elaboraban multitud de bienes para su ulterior venta en masa. De ahí, que la historia económica separe nítidamente ambos periodos económico; el mercantilismo, a partir del siglo XVI, se va modulando por una creciente intervención del poder estatal en la actividad económica; el Estado –sobretodo, Francia y Reino Unido- se esforzó por unificar sus propios mercados nacionales, no solo eliminando las aduanas y demás obstáculos que entorpecían el tráfico interior de mercancías sino, también, mediante el dictado de un conjunto de normas que regularían en lo sucesivo dicha actividad. Los gobernantes mercantilistas deseaban proteger el comercio de su respectivo país a toda costa, por lo cual se impedía la entrada de productos extranjeros mediante elevados aranceles y cualquier otra disposición prohibitiva de semejante jaez; las exportaciones deberían presentar un saldo superior al de las importaciones, de modo que, así, se pudiera atesorar más dinero –monedas de oro y plata- y, con ello, superior riqueza [19].

En los albores de la industrialización –siglo XVIII y XIX-, lo importante era determinar cómo se imputaba la responsabilidad –reparación- por la causación de un daño a un tercero, que no estaba jurídicamente obligado a soportarlo –el siglo XVIII trae la ilustración y la monarquía absoluta, como prolegómenos de la revolución liberal, promovida por una sociedad burguesa-. La ilustración impone la técnica legislativa de los códigos –conjunto de normas en forma de leyes breves, claras, sencillas, metódicas y racionales-; éstos vienen a sustituir a las recopilaciones, como método propio del Antiguo Régimen (Monarquía Absoluta). Las recopilaciones plantean numerosos problemas a la hora de su interpretación y aplicación, toda vez que, con frecuencia, no se podía distinguir, de modo claro y certero, las normas que estaban en vigor de aquellas otras, ya derogadas; ello se debía a que se acumulaban los sucesivos preceptos jurídicos, dictados a los largo de dilatados periodos temporales, sin excluir aquellos que ya habían perdido su vigencia y, por ende, fuerza obligatoria. Por otro lado, los recopiladores redactaban enormes volúmenes, apenas manejables, sin orden racional ni sistemático alguno que facilitase su labor interpretativa por parte de los Jueces y Tribunales, encargados de aplicarlos. Los revolucionarios, liberales y burgueses, imponen en Francia, a partir de 1789, un nuevo modelo político jurídico, totalmente contrario al recopilador, propio de la odiosa monarquía; esto es, la Constitución y la codificación del Derecho –la más destacada fue el Código Civil de Napoleón (1804)- [20].

El inicio del siglo XIX comporta el fin del llamado “Antiguo Régimen”, feudal y monárquico, en favor de otro tipo de organización social, en donde la burguesía adquiere un papel preponderante; el, entonces, naciente capitalismo de la época dará pie a una fuerte conciencia de clase entre los primeros obreros de las fábricas y talleres. La llamada “revolución burguesa” supuso un cambio sustancial con respecto a la sociedad anterior a la misma –estamentaria [todos los súbditos no son iguales ante la Ley, recibiendo especiales privilegios dos “estados”: el correspondiente a los nobles (nobiliario) y clero] y feudal (el Señor y sus siervos, trabajando éstos últimos la tierra del primero que era el principal activo económico)-; la revolución francesa impuso nuevos modelos organizativos en lo económico, jurídico y político, que dejaron atrás los antiguos privilegios estamentarios para crear una sociedad igualitaria –al menos, sobre el papel-. Tal cambio social, de absoluta importancia, no pudo sino provocar la creación de un nuevo derecho –el de inspiración liberal-, perfectamente adaptado a las necesidades del burgués; la mentalidad burguesa viene a reforzar el derecho absoluto a la propiedad privada (plena, libre e individual) y, al mismo tiempo, la propia libertad personal, expresada en todos los órdenes de la vida. Ello supuso, como lógica e inexorable consecuencia, la ruptura, en idéntica escala, con el anterior ordenamiento jurídico estamental, no igualitario, de origen regio; la clase social burguesa luchará, desde entonces, por el Estado liberal, así como por la libre circulación de bienes –sobretodo, de la tierra-, iniciándose así la apertura de la economía y, con ella, los albores del capitalismo.

El principal afán de la nueva clase, llamada a gobernar tras la revolución francesa, es el del logro de un solo mercado, con alcance nacional (sin trabas internas en forma de portazgos, aduanas, etc.) y regulado por normas jurídicas seguras, escasas y racionales. Los burgos, nacidos en los arrabales urbanos, albergaron en la alta y baja edad media a los mercaderes y artesanos; éstos disfrutaban de muchas mayores libertades que las de los campesinos, cuyo estricto régimen personal –derecho de pernada, etc.- y fiscal –pago de tributos- les sometía –férreamente, desde luego- a los mandatos y privilegios abusivos del Señor feudal de las tierras que labraban; de ahí, el carácter, predominantemente urbano, de la mentalidad burguesa que se impone tras el derrocamiento del rey francés por el fervor revolucionario ciudadano. En todo caso, el tránsito hacia la sociedad predominantemente burguesa, antes descrito, no se produjo en todos los países al mismo tiempo, sino más bien –salvo excepciones- a lo largo de un proceso histórico gradual que fue desarrollándose poco a poco; en el caso español, apenas si había burguesía a finales del siglo XVIII, por lo que nuestra realidad social era por completo diferente a la francesa de idéntico periodo. Ello explica, siquiera en parte, porqué la historia de ambos países tuvo tan desigual fortuna, amén del acentuado retraso de nuestro país con respecto a los avances –políticos, sociales y económicos- habidos en otros de nuestro entorno geográfico más próximo y cercano. [21].

La propiedad y la libertad constituyen, pues, las bases de la sociedad burguesa que se erige y triunfa sobre la del antiguo régimen; el ideal liberal de libertad se contiene en la famosa obra de John Stuart Mill –titulada, en español, “Sobre la libertad”-, publicada alrededor de 1850, la cual lo define con las siguientes palabras: poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. La ley es la única autorizada para marcar los límites dentro de los cuales cada uno puede guiarse por su propio albedrio; Montesquieu dijo que la libertad es el derecho a hacer todo aquello que las leyes no prohíben. El principal anhelo de la nueva clase social triunfante es el logro de la libertad, tanto personal como de comercio y tráfico económico, acompañado de un reconocimiento por parte del Estado de la propiedad privada; eso sí, para que dicho derecho a la propiedad pueda libremente ejercitarse en la práctica, se precisan unas garantías jurídicas suficientes –es decir, una radical defensa por el Estado de la propiedad, defendiéndola además contra toda amenaza violenta que pueda perturbarla o disminuirla-. Los burgueses desean vivir en una sociedad segura, entendiendo por tal aquella que les permita ejercer sus derechos en paz y tranquilidad, rodeados de una legislación dotada de idéntico carácter –es decir, sencilla, estable, clara, pública-, ajena a toda arbitrariedad irracional e injusta.

El Estado, fruto de esa revolución burguesa de finales del siglo XVIII y principios del XIX, será el encargado de garantizar las libertades y derechos –sobretodo, el de la propiedad- de los ciudadanos, tal y como antes la hemos reseñado, ofreciéndoles un entorno seguro en el cual ejercitar dichas conquistas; el ciudadano ha dejado ya de ser súbdito de un rey absoluto, dueño de la vida y la muerte de cada persona. El Estado de Derecho, liberal y burgués, se funda en una idea esencial; esto es, todos –tanto el Estado como los particulares- se someten por igual a los dictados de la Ley, adoptada conforme a los mecanismos e instituciones jurídico-legales establecidos por la respectiva Constitución; así mismo, brilla la condición jurídica igualitaria formal de todos los ciudadanos –sin excepción alguna- ante el Ordenamiento Jurídico, declarándose por ello radicalmente nulos cuantos privilegios y demás beneficios “estamentarios y feudales” estableció el “antiguo régimen”. Sin embargo, esa igualdad formal y “sobre el papel” de todos, no se correspondía muchas veces con la realidad; precisamente, en ello consiste la crítica de Carl Marx y su doctrina, haciendo especial hincapié en la pobreza y miseria de los obreros frente a la riqueza y esplendor en la cual vivían los “capitalistas”. Los burgueses, en clara reacción frente a la monarquía absoluta, establecen el principio de la separación de poderes; éste evitará su excesiva y omnímoda concentración en forma de tiranía, contraria al principio libertario. El texto constitucional, clave del sistema jurídico político liberal burgués, debe -conforme a dicha tradición- reconocer y garantizar los derechos individuales básicos (parte dogmática); así mismo, también será principal tarea de éste la de establecer la división y separación de poderes (parte orgánica).

Otra característica fundamental del pensamiento burgués es el de la llamada unidad de Códigos y de Jurisdicción, como necesario instrumento normativo para la igualdad jurídica y defensa judicial de los derechos, reconocidos constitucionalmente. Todas las constituciones, promulgadas en España durante el siglo XIX, siguen, con pocas variaciones, el patrón anteriormente reseñado; se busca la mayor unificación del derecho como modo de reacción frente a los privilegios y desigualdades, propias del antiguo régimen absolutista. La igualdad de todos ante la ley, reseñada en la primera constitución española –la de 1812-, reclama que el ordenamiento jurídico también sea el mismo para toda la Nación –desaparecen los privilegios asociados al estamento del clero y nobiliario-. A una sola Nación –la española- corresponde, también, un solo Estado y, por ende, un solo Derecho; la unificación del derecho, propugnada por primera vez por el antedicho texto constitucional -y, desde ahí, en adelante-, consiste en el establecimiento de un aparato institucional estatal único y centralizado, con poder sobre todo el territorio. Tal proceso unificador conllevó, sin duda, la presencia, entre otros elementos, de los siguientes: 1º una administración (estatal, provincial y local) uniforme, 2º una codificación civil-mercantil-penal y procesal, también unitarias –sin perjuicio de alguna posible particularidad, compatible con dicho principio unificador-, 3º un mismo derecho tributario, con una sola tesorería general para toda la nación, 4º un solo mercado, con una única moneda común y sin aduanas interiores entre los antiguos reinos, 5º un poder judicial único y unificado y 6º un solo ejército nacional, con la obligación general de todos los ciudadanos de acudir a sus filas.

Es evidente que el referido proceso unificador del derecho obedece a la ideología liberal burguesa, en claro ascenso desde principios del siglo XIX; el ideal racionalista y unificador, propio de la ilustración y el llamado “siglo de las luces”, típicamente burgués, impulsa, así mismo, el propósito de lograr un mercado único, con alcance nacional y sin trabas al comercio interior, en forma de aduanas o impuestos dentro del propio territorio. Semejante ideal casaba bien con los intereses económicos de la nueva clase social burguesa, la cual inició la industrialización de nuestro país; por ello, los privilegios en cualquiera de sus modalidades no eran compatibles con las necesidades de la industria –es decir, un mercado amplio, sin trabas al libre intercambio de productos y servicios/contratación de trabajadores, en donde todas las personas fueran iguales ante la ley-. Contra tal proceso unificador, se alzaron las voces de los nacionalismos más rancios y desfasados –guerras carlistas (1833-1839, 1846-1849, 1872-1876)-, fruto de su nostalgia romántica de un pasado que no podía satisfacer las necesidades de la burguesía de esa época y, menos aún, las del futuro. Como ya hemos reseñado previamente, uno de los primeros objetivos de los burgueses fue el de eliminar la traba que suponían los mayorazgos, en favor de los hijos mayores de los nobles y, así mismo, las amortizaciones (bienes en mano de la Iglesia o de los municipios); tales mayorazgos y amortizaciones impedían que los bienes, sometidos a su régimen, pudieran venderse. La nueva clase deseaba acabar con dichas limitaciones a la libre venta y transmisión de los citados bienes, puesto que, éstos, bajo la mano de la iglesia o los nobles, eran escasamente productivos; la desamortización, tanto de Mendizabal [relativa a los bienes en manos de la iglesia, la cual se acordó mediante sendas medidas legislativas de 19 de febrero de 1836 y 29 de julio de 1837] como la de Madoz (la cual tan solo afectaba a los bienes en manos de los municipios), materializaron tales propósitos por vía legislativa [22].

La codificación, iniciada en España con la revolución burguesa del siglo XIX, abre paso a una nueva cultura jurídica, donde prima la elaboración de códigos normativos; así, entendemos por código una ley de contenido homogéneo, en razón de la materia. El citado código está llamado a regular, con un lenguaje preciso y de manera clara/sistemática/articulada, todos los problemas jurídicos –o si no todos, sí, al menos, los de mayor relevancia y generalidad-, atinentes a una determinada materia, objeto de acotación. Codificar no significa lo mismo que recopilar; lo primero sigue un ánimo racionalizador y unitario, mediante el cual se regula, de manera homogénea y con visión de conjunto, una determinada parcela de la realidad social. Las recopilaciones, en claro contraste con el proceso codificador, se limitaban, tan solo, a reunir en inmensos volúmenes muchas y muy diferentes leyes, aunque de manera desordenada y sin criterio sistemático alguno que las racionalizase y diese sentido; las recopilaciones, al consistir en una mera acumulación ilógica de las sucesivas leyes dictadas hasta entonces, resultaban de una extensión enorme y, en la práctica, imposibles de manejar por Jueces y abogados del Foro. Los códigos, como fruto de la mente ordenada y racionalista de los burgueses, buscan regular determinadas materias legislativas (el derecho civil, penal, mercantil y procesal) de la forma más breve, lógica, útil y precisa posible; sin renunciar por ello a la necesaria coherencia y concisión. La técnica legislativa, propia del código, lo configura como una ley general, sistemática y articulada; ésta, conforme a un determinado plan y según los criterios de la lógica racional deductiva, parte de una serie de preceptos básicos y generales hasta alcanzar aquellos más concretos e individualizados.

El material normativo codificado solía contenerse en un solo texto, ordenado, a su vez, en libros, secciones, capítulos y, por últimos, los sucesivos artículos; los códigos del liberalismo, surgidos tras la revolución burguesa, apuestan decididamente por un lenguaje expositivo sobrio, claro, preciso y sencillo, bien lejos de la ampulosidad, retórica y pesada reiteración, muy farragosa y casi ininteligible, que caracterizaba a las recopilaciones legislativas, propias del antiguo régimen. Los códigos, promulgados a partir del siglo XIX, huyen de las descripciones metafóricas, inútiles y grandilocuentes, más propias de las antiguas recopilaciones normativas regias; éstos no solo definen, en abstracto, conceptos y principios jurídicos básicos –los de mayor transcendencia- sino que, también, indican cómo deben aplicarse, de manera racional y ordenada. El ámbito regulador de los códigos trataba de contemplar, en plenitud, una determinada problemática jurídica, acotándola como un todo ordenado en forma conjunta e unitaria; además, se evita cualquier casuismo prolijo, confuso e ineficaz, que ponga en duda el carácter abstracto y general del código. La codificación, como proceso histórico liderado por el liberalismo burgués, trata de unificar las diversas legislaciones -civil, penal, mercantil y procesal- en sus respectivos códigos; dicho proceso se inicia en España durante el siglo XIX[23].

La burguesía impone el constitucionalismo, como instrumento mediante el cual establecer los fundamentos de su poder político y, al mismo tiempo, la codificación; también hemos de decir que ambos fenómenos no siempre han coincidido en el tiempo, puesto que, a título de ejemplo, nuestra primera constitución es la liberal de 1812 –bajo el reinado del Rey Fernando VII, seguidor del absolutismo monárquico- mientras que el primer y único código civil, promulgado en España, es de 1888, a instancias de la Reina María Cristina. Por otra parte, el fenómeno codificador arraigó en toda Europa, bajo los mismos principios arriba expuestos, si bien cada país lo fue aplicando conforme a sus particulares y respectivos condicionamientos; las colonias americanas, que estrenaron su independencia en el siglo XIX, también utilizaron como modelo la técnica de la codificación europea, aunque con desigual fortuna a tenor de sus peculiares circunstancias. La constitución y los códigos, como elementos que integraban el “Totum” del ordenamiento jurídico de un país, tenían un evidente carácter totalizador y omnicomprensivo del Derecho en su conjunto; lo no previsto expresamente en los mismos podría resolverse vía la interpretación racional, lógica deductiva, de los preceptos ya allí recogidos. La burguesía, conforme a su ideología racionalista e ilustrada, no era partidaria de la costumbre, toda vez que su origen popular la alejaba considerablemente de los filósofos y pensadores, con mayores “luces” en términos de conocimientos y preparación intelectual; además, según los partidarios de la codificación, los usos consuetudinarios, localistas, atentan contra el principio de igualdad ante la ley, amen de estar expuestos a la máxima incertidumbre por su falta de soporte escrito. Los códigos, como resultantes de una actividad legislativa, ofrecen la mayor de las certidumbres, en términos de seguridad jurídica, a la hora de identificar qué precepto jurídico está vigente –y, lo más importante, cómo éste se aplica e interpreta-; así mismo, unos pocos códigos -claros, breves, sencillos y sistemáticos- pueden contener todo el derecho necesario para ordenar la sociedad, delimitándolo con la necesaria precisión.

La constitución y los códigos van a acabar con los particularismos, en forma de desigualdades y privilegios jurídicos, a favor de unas personas y en contra de otras. Igualdad ante la ley y propiedad, como derechos irrenunciables, constituyen el armazón jurídico de la burguesía; libertad e igualdad en lo político pero, también, libertad e igualdad en lo económico; toca acuñar conceptos jurídicos de validez general, construir sistemas jurídicos y normativos fundados sobre principios racionales y lógicos. Los Jueces solo podrán someterse a códigos legislativos escritos con un lenguaje claro, sencillo y fácilmente determinable; por ello, el poder judicial quedará sometido tan solo a la Ley, sin capacidad de “crear” Derecho –es decir, manipularlo-. Los órganos jurisdiccionales estarán obligados, pues, conforme a la lógica burguesa, a la aplicación literal y estricta de la ley; así, les queda vedada toda función interpretativa que sustituya la voluntad legal por la del juez o tribunal que deba aplicarla. El derecho codificado, a partir de la revolución impuesta por la burguesía, va a ser un derecho nuevo, con sus principales mimbres fijados sobre la defensa a ultranza de la propiedad y libertad; la filosofía jurídica burguesa no siempre seguirá los principios del derecho romano clásico, aunque sí mantiene un deseo, claro y determinante, de universalidad –es decir, la expresión de una racionalidad con idéntico alcance sobre todo el orbe-; el nuevo ordenamiento jurídico será válido, por tanto, para toda la ciudadanía sin exclusión[24].

Frente a esa vocación de universalidad, propia del movimiento codificador burgués, algunas recopilaciones jurídicas medievales se dirigen tan solo a los mercaderes –es decir, aquellas personas inscritas en los respectivos gremios de comerciantes, dedicados profesionalmente a dicha actividad económica-; las normas así recopiladas consistían en un conjunto de usos consuetudinarios, practicados por aquellos dedicados al comercio, profesionalmente y de manera habitual. Además, los mercaderes disponían de sus propios tribunales, que dilucidaban las controversias entre ellos mediante un procedimiento judicial ágil, rápido y sencillo; cada parte podía exponer y defender sus argumentos sin necesidad de intervención letrada. La época de los grandes descubrimientos de ultramar, encabezados por las monarquías absolutas europeas del siglo XVI, dan pie al nacimiento de las primeras grandes compañías comerciales; éstas, sometidas al dictado de la respectiva autoridad real de la metrópoli, abrieron considerablemente las rutas comerciales de la época. A partir del siglo XIX, tales grandes compañías comerciales, dedicadas al tráfico mercantil con las colonias, se ven influidas por las ideas capitalistas liberalizadoras propias de la revolución francesa; así, disminuye el control gubernativo de las mismas por cuanto su gestión queda entonces en exclusiva bajo el poder de los propios socios, manteniéndose tan solo un simple trámite de autorización administrativa previa[25].

Con la revolución francesa, los códigos de comercio ya no tienen como únicos destinatarios a quienes forman parte de los gremios de los mercaderes comerciantes; esos códigos, por el contrario, dedican todos sus esfuerzos a regular lo que allí se denomina como “actos de comercio”; surge un derecho mercantil, liberal e individualista, que sigue los principios de la libertad de contratación, libertad de comercio y libertad profesional. Tal cambio de perspectiva ya es de considerable enjundia; así, al hablar tan solo de dichos actos de comercio se reconoce que cualquier persona –no solo los “comerciantes agremiados”- puede llevarlos a cabo. La fuerte y progresiva implantación de toda clase de actividades industriales hace que éstas vayan cobrando mayor protagonismo; ello explica, así mismo, que surgiera una corriente codificadora, también en la rama mercantil, que, como ya hemos reseñado, rompe el monopolio de las corporaciones gremiales. Sin duda, la, entonces, naciente actividad industrial hizo posible el desarrollo de otros sectores a ella conexos; en este caso, hablamos de la banca y los seguros; el nuevo desarrollo económico, surgido con la revolución burguesa, asentado sobre la industria y los avances técnico-científicos, necesitaba de un mercado amplio y bien regulado sobre normas uniformes. Un mercado nacional, sin fronteras fiscales interiores –aduanas, portazgos, etc.-, es el ideal perseguido por el movimiento codificador en lo mercantil; además, la actividad comercial se abre a toda la ciudadanía, no siendo ya un monopolio exclusivo de los antiguos gremios. Pese a publicarse en España un código de comercio (1885), se promulgaron posteriormente numerosas leyes, de carácter especial, para regular algunos aspectos determinados; en estos momentos, las necesidades de una actividad económica cada vez más global e internacionalizada exigen nuevas normas, especializadas y sitas fuera de dicho código, para su adecuado tratamiento y solución [26].

El derecho mercantil ya no se concibe conforme a una visión objetiva del mismo –es decir, el “acto de comercio”-; la complejidad de las relaciones comerciales en nuestros días ha forzado el abandono de esa perspectiva objetivista, dando ello lugar a que hoy tal rama del ordenamiento jurídico se conceptúe como derecho de la empresa. Ambas concepciones –la subjetivista o “profesional” y la objetivista, basada ésta última en el acto de comercio-, conviven hoy en el moderno derecho de empresa; no cabe duda que es necesario homogeneizar el tráfico mercantil pero, eso sí, teniendo también en cuenta los buenos usos o prácticas “profesionales” de quienes se dedican habitualmente a ello. En este momento, el derecho mercantil se define como el derecho ordenador de la organización y de la actividad profesional de los empresarios; tal derecho se ha convertido, ya, en el conjunto de normas que regulan el intercambio de productos y servicios en el mercado, vía la actividad profesional del empresario y el tráfico organizado de su empresa. La vocación del derecho mercantil, desde un punto de vista actual, parece dirigirse hacia la regulación, conforme al derecho privado, de toda la actividad económica que las empresas, organizadas como tales, desarrollan en el marco del libre mercado de oferta y demanda; la maximización de la ganancia, como única meta del empresario del siglo XIX, debe compatibilizarse hoy con una serie de regulaciones, dictadas por el Estado en materia económica, que tratan de proteger los intereses del consumidor, la defensa medioambiental, etc.. Por ello, la fisonomía individualista/ liberal del derecho mercantil, propia del siglo XIX, se ha visto matizada por la perspectiva social de numerosas instituciones jurídicas actuales reguladoras del mercado, en un sentido amplio; conforme a la óptica del derecho mercantil vigente, el empresario –titular, por tanto, de una empresa- es el único que responde frente a tercero y, en su caso, adquiere los beneficios que ésta produzca; dicho enriquecimiento (beneficio), del cual disfruta aquel que ostenta la titularidad -como empresario- de su empresa, justifica que se le impute la responsabilidad por los daños que la actividad empresarial cause a un tercero. El único titular de los derechos y obligaciones es el empresario; no, desde luego, la empresa, entendida como patrimonio económico –ya material, ya inmaterial-; pese a que el empresario es el titular jurídico de la actividad que constituye el objeto de su empresa, éste debe someterse, en cuanto a su gestión, a una serie de normas y principios, claramente protectores o tuitivos del interés social o general (respeto por la legalidad, buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, defensa del consumidor y usuario, últimamente, la llamada “responsabilidad social corporativa”, etc.) [27].

El triunfante liberalismo burgués trae la codificación del derecho civil; el citado código estaba llamado a contener toda la normativa reguladora del espacio privado de cada uno, donde debía de regir la propia y libre voluntad individual de la persona. El “code civil” napoleónico (1804) expresa, bien a las claras, cómo era la sociedad resultante de la toma del poder de los revolucionarios franceses en 1789; en España, la presencia de numerosos derechos civiles forales dificultó, considerablemente, que se promulgase con la necesaria rapidez un código civil, único y común, para todo el país. Tal circunstancia explica los avatares por los cuales tuvo que pasar el movimiento codificador en España, el cual vio por fin publicado su código civil, aplicable en todo el territorio de la monarquía isabelina, en 1889; sin perjuicio de ello, también abundaron las leyes especiales para regular diversas problemáticas, posteriores a la fecha de publicación del precitado cuerpo legal civil y, por tanto, no incluidas en el mismo. El citado código civil tuvo la habilidad de conciliar dos posturas, hasta entonces profundamente enfrentadas y sin visos de acuerdo; esto es, de un lado, quienes deseaban conservar los respectivos derechos civiles forales, hasta entonces subsistentes en España, y, de otro, aquellos favorables a su supresión, vía un solo texto unificador civil de ámbito nacional. Al final, el código civil español, definitivamente aprobado en 1889, admitirá en su seno aquellas instituciones –no solo las civiles-, propias del derecho foral, que debían conservarse –los llamados apéndices-; a cambio de ello, el citado código se convierte en el derecho supletorio de las instituciones forales así conservadas. El citado código expresa las características de la burguesía española de su tiempo; la acendrada defensa de la libre propiedad individual, el sistema sucesorio mediante las legítimas, el respeto a la autonomía de la voluntad, un marcado individualismo, el intento –no siempre conseguido- de conciliar la tradición jurídica propia con la proveniente del extranjero –en especial, la francesa-…caracterizan, al fin, la esencia de dicho cuerpo legislativo

Recordemos que la constitución, aprobada en Cádiz en 1812, ordena, en su artículo 258, la inmediata redacción de tres códigos; esto es, el civil, el penal y el de comercio. El único apéndice foral al código civil que llego a publicarse fue el de Aragón, en 1925; los territorios con derecho foral –Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y Provincias Vascas- no pusieron demasiado afán –salvo Aragón, como ya hemos dicho- en publicar su respectivo apéndice. El porqué de tal desidia de esos territorios forales puede adivinarse fácilmente, sí tenemos en cuenta que, en tanto no se publicasen dichos apéndices, los respectivos derechos forales seguirían íntegramente en vigor. Tras la guerra civil (1936-1939), el nuevo Estado, surgido con el fin de la contienda, admite el sistema previsto en el código civil de 1889; si bien, con una particularidad: en lugar de apéndices, se redactarían compilaciones conteniendo en su integridad el respectivo derecho foral. Con todo, el código civil operaría como derecho supletorio del foral en aquellas regiones o territorios donde éste último se hubiera conservado; las compilaciones forales aprobadas fueron las siguientes: la de Vizcaya y Álava (1959), Cataluña (1960), Baleares (1961), Galicia (1963), Aragón (1967) –ésta última derogó a la aprobada en 1925- y la de Navarra (1973). La constitución española de 1978, hoy en vigor, establece que el Estado tiene la competencia exclusiva en cuanto a la legislación civil; eso sí, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan. En cuanto a la defensa de la libertad y propiedad, entendidas como derechos cuasi absolutos e ilimitados, ésta tan solo dará marcha atrás, en nuestro suelo, con la segunda república española; la constitución de la Segunda República (1931) fue la primera en establecer límites a la propiedad individual, subordinando además la riqueza del país “a los intereses de la economía nacional”. Además, la citada constitución de 1931 establece derechos de neto contenido social y económico, centrados en la protección del trabajador [28].

En cuanto a la administración pública, conviene recordar que, pese a la máxima del estado liberal relativa a su inactividad y no intervención en la esfera privada, éste no ha dejado de crecer desde el siglo XIX hasta nuestros días; con respecto al caso español, hemos de decir que se impone entre nosotros, sin apenas discusión, el modelo de administración pública, centralizada y poderosa, propio de los revolucionarios franceses de finales del siglo XVIII. El Estado, nacido tras la citada revolución, irá adquiriendo poco a poco mayor poder y preponderancia; ese “Estado revolucionario” actuara, desde entonces, como un sujeto privilegiado y omnipresente, llamado a intervenir, de manera decida, eficaz y activa, en pos de sus objetivos. El aparato administrativo de esa época parece centrarse, sobremanera, en la consecución de todas las metas previstas, quedando más bien en un segundo plano su deseable sometimiento y respeto por la estricta legalidad; un poder ejecutivo fuerte necesita de una administración centralizada y uniforme, la cual, a su vez, éste dotada de un órgano superior –el gobierno- capaz de imponer su criterio en última instancia sobre los órganos territoriales periféricos –las provincias y municipios-.

Poco a poco, la administración va adquiriendo un creciente poder reglamentario; tal proceso, nacido a partir de la revolución francesa, toma carta de naturaleza en España, hasta el punto de promulgarse un sinnúmero de decretos, ordenanzas, instrucciones, reglamentos, circulares..emanadas de la autoridad administrativa del momento. Así mismo, se van sucediendo en el tiempo los privilegios a favor de la administración –entre ellos, la llamada autotutela y la creación del orden jurisdiccional contencioso administrativo, al cual corresponde en exclusiva el enjuiciamiento de las decisiones administrativas-; dichos privilegios se conciben en orden a fortalecer -aún más, si cabe- a la administración, dotándola así de una mayor eficacia en el logro de sus propósitos. El crecimiento del derecho administrativo se inicia con el despotismo ilustrado de los monarcas absolutistas europeos, característico del siglo XVIII; en realidad, la revolución francesa se limita a acoger dicha tradición intervencionista de los monarcas absolutos que le precedieron. Los revolucionarios franceses acentúan dicho sesgo intervencionista del gobierno, necesitado entonces de un aparato administrativo mucho más fuerte y centralizado que en épocas anteriores; la administración va a ir asumiendo, progresivamente, una variedad cada vez mayor y más heterogénea de funciones –por ejemplo, la iglesia se ve privada de la tradicional asistencia sanitaria, beneficencia y educación que, a partir de entonces, será predominantemente otra competencia administrativa pública más-.

Las nuevas funciones, asumidas por la administración con el nacimiento de las primeras industrias en el siglo XIX, aumentaron sin duda las dimensiones y complejidad de la misma; de ahí, el incremento del número de funcionarios y demás personal al servicio de las diversas administraciones públicas, así como de ministerios y cuerpos especializados. La industrialización de nuestro país, más tardía que en el resto de Europa, favorece el nacimiento de una serie de normas, de carácter administrativo, dictadas por la autoridad pública del momento para regular los aspectos económicos de mayor peso -el transporte por ferrocarril, concesiones de obras públicas, etc.-; tal regulación estatal tiene por objetivo, además de tales ámbitos de actividad económica, algunas materias conexas como el urbanismo, trabajo por cuenta ajena, etc.. El Estado, pues, asume un puesto relevante a la hora de regular las precitadas materias; sin duda, tal naturaleza reguladora e intervencionista de la autoridad administrativa en la economía no ha cesado de crecer desde entonces hasta nuestros días.

El género literario novelístico español, del siglo XIX, nos habla en numerosos pasajes de la figura llamada de las “cesantías”; así, en virtud de dicha práctica, los funcionarios al servicio de un gobierno eran inmediatamente despedidos cuando quienes los habían nombrado perdían el poder. Precisamente, para evitar los males derivados de dicha inestabilidad y dependencia de los trabajadores al servicio de la administración pública, surge la constante preocupación por el definitivo establecimiento de lo que entonces se llamó el “estatuto del Funcionario”; dicho estatuto impone la estabilidad en el puesto de trabajo de dicho personal, independientemente de los sucesivos cambios en el gobierno. La pretendida estabilidad contribuiría, sin duda, a la deseable independencia –y, con ello, profesionalidad- del funcionariado, toda vez que sus miembros, libres de dicha amenaza de despido tras la llegada de otro partido político al gobierno, tan solo tendrían que preocuparse de velar, imparcialmente, por el interés público y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. En fin, por desgracia, al día de hoy, no hemos logrado esa pretendida estabilidad en el puesto de trabajo, ni abunda tampoco la tan deseable profesionalidad e independencia entre muchos de nuestros empleados públicos.

Por otro lado, el incremento de actividades, asumidas por la administración y, por ello, del número de trabajadores a su servicio, dio pie al tristemente célebre clientelismo “caciquil”, propio de nuestros gobiernos del siglo XIX; es decir, el ejecutivo de turno aseguraba a sus votantes un puesto de trabajo en la burocracia pública, buscando así perpetuar su poder; desgraciadamente, dicho clientelismo sigue siendo, aún hoy día, de lo más habitual, en forma de la correspondiente marea inacabable de “enchufados” inútiles que pululan, sin cesar, al calor de los “reinos de taifas” patrios de todo tipo que nos asolan. La abundancia de personal innecesario, en forma de asesores y demás cargos de confianza al servicio de las diversas administraciones –estatal, autonómica, provincial y municipal-, así como en las empresas públicas adscritas a ellas, constituyen un verdadero “cáncer” maligno; sobretodo, cuando éstos son nombrados por el gobernante de turno teniendo en cuenta tan solo el respectivo “carnet de afiliación” (política y/o sindical), y nada más. Esa triste realidad perjudica, sin duda, a la ciudadanía, que va a padecer esa ineficiente, parcial y poco profesionalizada gestión administrativa; pero, también, se lesionan los derechos de quienes, en forma ejemplar, luchan por obtener el estatus de funcionarios públicos mediante su exclusivo y genuino trabajo, esfuerzo y dedicación personal; éstos últimos, ajenos, por tanto, a cualquier “ayuda” extra por compartir ideología o militancia partidista/sindical con quien ostente el poder.

Solo puede ser justa aquella ley, cuyo tenor literal se haya redactado de manera razonada y fácilmente comprensible para cualquier ciudadano, mínimamente instruído o, en su caso, los profesionales que deban aplicarla. Un ordenamiento jurídico impreciso, vago, cambiante en demasía, asistemático, irracional, excesivo en cuanto al número de normas que lo componen…solo puede dificultar la convivencia ciudadana, imposibilitando una justa resolución de los conflictos allí presentes. Para comprobar el alcance de lo dicho, aconsejo al lector que lea, simplemente, cualquier norma española de carácter tributario; su habitual redacción –farragosa, redundante, ilógica, incompleta e inexacta, las más de las veces- las hace prácticamente ininteligible para quien tenga que aplicarlas –léase, los mismos profesionales de la abogacía, jueces, etc.-. Tal circunstancia se utiliza, de manera habitual y torticera, por parte de las distintas administraciones públicas con un solo e ilícito propósito; esto es, aplicar, de forma sistemática, una interpretación de la ley, claramente parcial a favor de las mismas y absolutamente contraria a los intereses del ciudadano. Para gran parte de nuestros gobernantes –en especial, los encargados de la Hacienda Pública-, todos somos “presuntos” defraudadores[29].

Las nuevas técnicas legislativas, tan en boga en nuestros días, rompen desgraciadamente el ideal unificador, propio de las primeras codificaciones burguesas; la realidad actual nos dice que todo el derecho civil, por ejemplo, ya no se contiene en un solo texto con forma de código sino, más bien, en innumerables leyes dispersas de carácter especial -cuya labor interpretativa es, además, cada vez más difícil e insegura-. La actividad del legislador, en nuestros días, peca de una actitud de mera emergencia, centrada en resolver, cuanto antes y sin demasiada sutileza, aquellos asuntos de mayor impacto y relevancia sobre la opinión pública; se echa de menos una actitud más prudente y sosegada, por parte de los poderes públicos encargados de redactar las diversas leyes. La norma jurídica demanda, para su acertada interpretación y aplicación, un texto claro y preciso, sin errores gramaticales o de concepto; en caso contrario, el precepto normativo no cumple su principal tarea: esto es, resolver un conflicto de modo que se imponga la paz. El carácter perturbador –amén de profundamente injusto- del “mal” Derecho –es decir, aquellas normas deficientemente redactadas, sin el necesario reposo y meditación- constituye triste “moneda corriente” entre nosotros.

Con el siglo XX, fue tomando mayores bríos una perspectiva del Derecho centrada, especialmente, en la prevención, aunque tan solo a corto plazo y con respecto a determinados peligros; el progreso económico y científico impone una sociedad de masas, donde todos los ciudadanos pueden consumir, en teoría, una amplísima panoplia de productos y servicios en el libre mercado. La administración, como hemos señalado antes, acentúa su intervencionismo, regulando un sinnúmero de aspectos de la actividad productiva; la defensa y protección del consumidor, frente a los daños que pueda causarle el consumo de un determinado producto, alcanza una importancia destacable. El Estado del Bienestar Keynesiano, propio de la postguerra en Europa y USA desde 1945, impone a la administración el deber de proteger al ciudadano –a la vez, también consumidor-; el ciudadano no debe ver lesionado su derecho al consumo de productos seguros –es decir, que no dañen la salud o integridad física de la persona-. Nace, así, el llamado Derecho de Consumo, en donde la administración estatal establece toda una serie de reglamentaciones obligatorias, relativas a la producción, intercambio, distribución, venta y publicidad, con ánimo de lucro, de los productos y servicios, objeto de tráfico mercantil en el libre mercado; la actividad empresarial, como apuntamos en párrafos anteriores, deberá plegarse al carácter tuitivo, en claro beneficio del consumidor, propio de esa nueva área del Derecho.

Pues bien, en el siglo XXI, lo importante no es ya cómo establecer quién responde por el daño causado y en qué medida o, en su caso, cómo prever que no se materialicen unos determinados peligros, ciertos y concretos; la tecnología prodigiosa que se ha hecho presente en nuestro mundo de hoy debe ser tratada bajo otra óptica jurídica: esto es, la de la búsqueda de la seguridad, de modo que se eviten a toda costa la realización de los riesgos inherentes a nuestros conocimientos y aplicaciones tecno-científicas, inmensamente poderosos. Gracias a los maravillosos avances de la ciencia y técnica actuales, no resulta tan importante determinar a quién corresponde responder por los daños causados ilegítimamente a un tercero o cómo prevenir determinados peligros; no, ahora el Derecho tiene como tarea primordial la de garantizar la necesaria seguridad, entendiendo por la misma que no tengan lugar los riesgos, cada vez más amplios y difusos, inherentes a un uso irresponsable de los conocimientos científico-técnicos disponibles en este momento.

La búsqueda de la seguridad, como nueva tarea encomendada a la Ciencia del Derecho, precisa de herramientas innovadoras, desde lo conceptual e interpretativo; no sirve ni la doctrina ni la jurisprudencia establecida para la tarea, hasta ahora preponderante, de reparar el daño causado –vía la responsabilidad por riesgo- o la prevención de ciertos peligros concretos. Toca en este momento dar un paso más allá, en pos de la seguridad; es decir, que no se materialicen, dentro de lo posible, alguno de los precitados riesgos inherentes a la ciencia y tecnología del momento presente. En esa nueva tarea, el principio de precaución podría jugar un papel relevante; ello es así, puesto que un uso negligente o irresponsable -ajeno a la necesaria y prudente precaución- de nuestros actuales conocimientos científico-técnicos tendría muy trágicas consecuencias; entre las más dramáticas, cabe citar la de los accidentes nucleares en cualquiera de las numerosas centrales dedicadas a la utilización de los átomos como fuente de energía. En idéntico sentido, mirando hacia atrás en el tiempo, la mortal radioactividad padecida por quienes sobrevivieron a las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

El Derecho, como producto de una determinada sociedad, también va variando con el tiempo para mejor adaptarse a sus sucesivos perfiles; ello es así puesto que los conflictos que la norma jurídica trata de resolver, en la medida de sus fuerzas, tienen lugar entre personas cuyos intereses resultan contrapuestos. La doctrina científica, de raíz técnico jurídica, utiliza el término institución con un particular significado; así, dicho término denomina a todo conjunto homogéneo de relaciones sociales que se regula mediante el marco normativo pertinente. Los diversos conflictos, nacidos en cualquier clase de relaciones sociales, quedan atemperados con el uso de la panoplia de instrumentos que proporciona el ordenamiento jurídico y sus reglas formales; los mecanismos legales permiten un sano equilibrio entre el binomio que forman, por un lado, el interés privado e individual y, de otro, el publico o colectivo. El sistema legal permite un eficaz control del Poder –con mayúsculas- para que éste no se convierta en omnímodo, dictatorial y abusivo; los valores ideológicos, culturales, de convivencia, etc., son otro elemento fundamental en toda construcción normativa; el Derecho no solo debe ser aplicable, sino, además, también legitimo y acorde con una serie de valores irreductibles de orden ético o moral[30].

Uno de los criterios interpretativos de las normas jurídicas es el de tener en cuenta la realidad social del tiempo en que hayan de aplicarse; los riesgos –presentes y futuros- de cuanto hoy sabemos resultan para nosotros no solo cada vez más difíciles de conocer sino, también, siquiera, de comprender. Tal realidad de hoy día, en donde nuestra actual ciencia y tecnología lo puede casi todo, debe llevarnos a ser más responsables y prudentes a la hora de su uso; el punto de vista ético cobra cada vez mayor importancia, puesto que la ley, por sí sola, no puede prever las consecuencias futuras, a largo plazo, de cuanto hoy sabemos. Necesitamos nuevos criterios interpretativos con los que afrontar esa mayor responsabilidad, consecuencia directa de una ciencia y técnica que, en este momento, puede, incluso –a modo ejemplificativo extremo-, acabar con la vida sobre la faz de la Tierra. Es evidente, así mismo, que el grado de sensibilidad de la ciudadanía ante dichos riesgos es mucho más alto hoy que hace unos decenios; el mensaje ecológico, por ejemplo, en favor de la sostenibilidad de la actividad humana, tiene un peso cada vez mayor en la opinión pública mundial. Las relaciones internacionales parecen girar hoy en pos de los principios de la gobernanza global, como único remedio para resolver problemáticas de similar naturaleza; los mass-media no conocen fronteras en su labor de difusión de noticias de todo tipo, dando a conocer cuanto sucede de forma inmediata y “on line”. Gracias, precisamente, a la actitud comprometida que han mantenido los medios de comunicación en la defensa radical del medio ambiente, hoy conocemos, a diario, los atentados medioambientales que, aún, se siguen cometiendo en todo el planeta; esa difusión mediática de los movimientos ecologistas ha aumentado, sin duda, la conciencia mundial sobre los riesgos derivados de dichos ataques contra los recursos naturales de la Tierra.

El principio de precaución, a la vista de cuanto ha hemos reseñado, define aquella actitud/comportamiento (responsable, cauteloso y prudente), que, a la vista de un riesgo grave para la salud/seguridad/medio ambiente, lo detecta y evalúa; el propósito de ello es el de reducirlo hasta un nivel aceptable o, en su caso, si ello fuera posible, eliminarlo por completo. Tal actividad pasa por la inmediata puesta en práctica de las respectivas medidas precautorias más adecuadas, a un coste social y económicamente aceptable, con la vista puesta en el medio y largo plazo. Requisito también indispensable es el de informar, ampliamente, a aquellas personas afectadas por dicho riesgo, de modo que éstas participen, en forma activa, respecto a todo lo atinente a esa temática; la transparencia deviene cuestión fundamental en un tema como el aquí tratado. Desde otro punto de vista, dicho principio debería verse acompañado de una serie de instrumentos/mecanismos, de corte internacional, mediante los cuales fuera posible la más eficaz gestión de las alertas con idéntico ámbito; convendría que los distintos países se facilitaran entre sí toda la información disponible acerca de los riesgos más graves, cuyas consecuencias dañosas fueran susceptibles de rebasar las respectivas fronteras nacionales. En lo relativo a esta materia, la colaboración internacional es lo más deseable; la presencia de un amplio cuerpo de expertos, provenientes de distintos países, con instrumentos estadísticos homogeneizados para compartir/tratar datos, facilita unos resultados más eficaces y provechosos.

El origen conceptual de dicho principio nace en los años 70 del pasado siglo, a partir de la obra de un Filósofo/Teólogo –Hans Jonas- titulada: “El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica” (trad. cast. Ed. Herder, Barcelona, 1975), que introduce un nuevo enfoque acerca del desarrollo técnico/científico; esto es, el de la responsabilidad (individual/colectiva) derivada de sus consecuencias, aunque no desde la perspectiva del inmediato presente/pasado sino -hete ahí la novedad- con el punto de vista puesto en el largo plazo. Las autoridades germanas ya introdujeron dicha perspectiva en su país en el año 1976, respecto a los daños que pudiera causar en el futuro la contaminación química proveniente de su imponente industria; para una comprensión más inteligible de tal enfoque, recordaremos los gravísimos atentados medioambientales que, durante esa época, ya se empezaban a propagar en la Europa y EEUU más industrializada. Los años 80 del pasado siglo XX sentaron las bases de una nueva “conciencia colectiva” en dichas regiones, acerca de los riesgos asociados a la quiebra del necesario equilibrio/conservación natural; los “Verdes” alemanes marcaron entonces un auténtico hito histórico de altura, al conseguir por primera vez un escaño parlamentario en la Cámara Federal.

Conforme sostiene Jonas, a la hora de tomar cualquier clase de decisión, hemos de ser conscientes de sus posibles consecuencias “negativas” de cara al mas lejano futuro, aunque hoy no las conozcamos con absoluta seguridad y certeza; precisamente, el argumento del antedicho Teórico, se basa en las mismas consideraciones de la ética o juicio moral. Ahora bien, desde el plano estricto del Derecho, ¿podemos ser responsables en el largo/lejano mañana por los actos que ejecutamos hoy, cuyas consecuencias futuras nos son -en este momento- por completo desconocidas?; ¿en base a qué razonamientos jurídico legales cabe, si ello fuera posible, atribuir o imputar la responsabilidad de unos daños futuros a quien hoy desconoce, con absoluta seguridad/certidumbre científica, si éstos van a tener efectivamente lugar y, en su caso, con qué alcance y efectos?. El punto de vista esencial del citado autor consiste en poner el énfasis sobre la precaución y su lógico corolario; esto es: la responsabilidad. Además de ese acento sobre la ética responsable, también destaca la necesidad de asumir una serie de deberes por parte de todos con un propósito concreto: prevenir -más que reparar- en todo aquello que menoscabe nuestra seguridad. A la vista de lo ya expuesto, la teoría de Hans Jonas se apoya más en consideraciones éticas que puramente legales; el carácter vago e impreciso de dicho principio dificulta su aplicación práctica.

Francia fue el primer país que recogió, mediante una norma expresa, el concepto de principio de precaución antes expresado; la ley Barnier, relativa al medio ambiente, establecía la necesidad de adoptar las medidas precautorias que fueran convenientes para evitar todo riesgo de daño grave e irreversible al medio natural, sin esperar a que dicho riesgo estuviera científicamente probado de manera irrefutable. Tales medidas precautorias deberían tener un coste adecuado, no excesivo.

En el siguiente apartado, estudiaremos la naturaleza del principio de precaución, no solo desde la ciencia del derecho sino, también, desde el punto de vista de su práctica por parte de las Organizaciones Internacionales, Estados y Órganos Jurisdiccionales de carácter internacional.

NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

La recepción de tal principio precautorio en los Tratados Internacionales no significa por sí sola, en modo alguno, que éste se halle revestido, estrictu sensu, de una “presunta” naturaleza vinculante erga omnes; la disparidad en cuanto a su interpretación práctica, por parte de los Tribunales (Internacionales/Nacionales), nos lleva a pensar, más bien, en un significado puramente contractual del principio de precaución, que solo vincula a quienes, de mutuo acuerdo, aceptan instituirlo para regir sus relaciones recíprocas. Algunos “adalides” del referido principio –especialmente, los grupos ecologistas y de la izquierda- se han “alzado en armas” contra los recientes descubrimientos de la Biotecnología (transgénicos, etc.); esos “insurgentes” tratan de elevar el principio de precaución a la categoría de norma imperativa -“ius cogens”-, absolutamente obligatoria en cuanto a su cumplimiento –eso sí, desde el punto de vista más estricto-. Sin embargo, grandes poblaciones empobrecidas a lo largo de la geografía mundial pueden alimentarse hoy con más y mejores cosechas, por un menor precio, gracias a tales adelantos tecnológicos; para sus beneficiados, el hambre es un mal recuerdo de otras épocas aciagas.

La verdadera naturaleza del principio de precaución es un tema controvertido; para algunos, se trata de un mero mecanismo instrumental, de orden científico, mediante el que calcular los riesgos futuros de nuestras acciones presentes –eso sí, considerando el factor de la incertidumbre-. Para otros, se trata de un principio político, mediante el que las autoridades/Poderes Públicos pueden adoptar decisiones en una realidad “desdibujada y sin límites claros” –social, económica, etc.-, donde prima el desorden, contradicción, ambigüedad, etc.; el uso “político”, antes mencionado, contribuye eficazmente al desarrollo sostenible. Así mismo, algún autor considera que el referido principio lo es del Derecho Internacional, a la vista de las fuentes donde éste expresamente se recoge –es decir, tratados internacionales, suscritos por Estados u Organizaciones Internacionales-; no falta, sin embargo, quien califica dicho principio como una regla jurídica imperativa, capaz de imponer directamente obligaciones y prohibiciones sancionables por el Ordenamiento Jurídico, tanto a la administración pública como a los individuos y empresas. Así mismo, algunos conciben este principio lejos de la idea de norma, en el sentido antes expuesto; para éstos, se trata más bien de una regla moral o ética que, a modo de “standard de enjuiciamiento” o principio general del derecho, debe complementarse con otras normas jurídicas, propiamente imperativas y directas. En semejante línea, también cabe conceptuar dicho principio como una simple orientación de política general para el legislador; si bien, en el caso de algunos tratados internacionales que expresamente lo recogen, se trata de mera directriz de acción política para sus firmantes. El principio de precaución, considerado tan solo como un mero principio moral/político, no gozaría de fuerza jurídica vinculante alguna por sí mismo; las notas características del principio de precaución, entendido en un sentido amplio, pueden dirimirse con el siguiente tenor: 1º la presencia de un riesgo susceptible de producir daños, graves e irreversibles, 2º la ausencia de certezas científicas absolutas en cuanto a la realidad de dichos daños y, siguiendo lo anterior, 3º la adopción de las correspondientes medidas de precaución.

En cuanto a la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC), algunos países –entre ellos, Francia- han alegado que el principio de precaución es un principio consuetudinario del derecho internacional; por el contrario, otros –USA- lo consideraban un mero principio de derecho aún balbuceante, sin valor jurídico imperativo propio. En cambio, los Tribunales de Justicia de las, entonces, Comunidades Europeas sí se han mostrado más favorables a aplicarlo. La exteriorización de las anteriores posiciones, claramente contradictorias acerca de la obligatoriedad normativa -o no- de dicho principio, puede observarse en lo sucedido acerca del caso de las llamadas “vacas locas” (1987)[31]; la, entonces, Comunidad Europea prohibió la importación de carne de vacuno británica que había sufrido la enfermedad denominada de Creutzfeldt-Jakob, protegiendo así la salud pública ciudadana contra el contagio de dicha dolencia –en realidad, el argumento utilizado en este asunto por la Comisión europea de la época fue el principio de precaución-. Por otro lado, la gestión de la seguridad de los productos en territorio europeo descansaba –como criterio general- sobre la mutua y recíproca confianza; según tal criterio, cada país solo podía exportar aquellas mercancías que no fuesen peligrosas, previamente controladas dentro de su respectiva frontera. Pues bien, en el caso de la mencionada crisis alimentaria vacuna, la valiente y decidida postura de la Comisión europea, fundada en un acertado análisis de los riesgos en juego para la salud de las personas, supuso la ruptura de dicho criterio general. Frente a la mencionada postura de la, entonces, Comunidad Europea, Reino Unido mostró su expreso desacuerdo al considerar no aplicable al caso el precepto legal, utilizado por el referido órgano comunitario, para fundar su decisión –art. 130 R del tratado de Maastrich, el cual cita al principio de precaución respecto a la materia medioambiental-. A la vista de cuanto se ha dicho, está claro que tanto Francia como la, hoy, Unión Europea, tienden a conceder a dicho principio un valor normativo y directo.

La OMC establece que cada país podrá establecer un nivel de protección más alto para su ciudadanía que el establecido mediante los estándares internacionales ad hoc; para ello, deberá basarse en las pruebas científicas que acrediten la presencia de un elevado nivel de riesgos, justificándose solo así cualquier medida restrictiva del comercio internacional. Sí el Estado no puede aportar dichas pruebas científicas, será sancionado en la citada organización internacional; por otro lado, EEUU y Canadá están más a favor de la libertad de comercio que del principio de precaución. El punto clave, en los asuntos de comercio internacional, es el de instituir un principio de precaución, aplicable por cada Estado dentro de su territorio, que cumpla los siguientes requisitos: 1º el de ser razonable y aceptable por parte de la ciudadanía y 2º el de estar fundado nada más que en la estricta defensa de la protección de la salud/seguridad de las personas y el medio ambiente; lo importante, desde luego, es que las autoridades nacionales puedan apoyarse a la hora de actuar sobre factores legítimos y razonables -como todos aquellos riesgos atentatorios contra las personas/medio ambiente-, sin merecer tan solo por tal motivo la más mínima medida sancionadora en el ámbito de dicha organización internacional. Cada país debería fijar, en forma clara y previa, qué nivel de seguridad desea establecer dentro de su propio territorio; cualquier traba a las importaciones debe sustentarse sobre un mínimo principio de prueba, relativa a algún riesgo.

Los órganos dedicados a resolver discrepancias interestatales sobre materias comerciales, cuando surgen desacuerdos sobre cómo aplicar dicho principio, han de estar revestidos con la mayor neutralidad e independencia, susceptible, incluso, de recusación; las reglas sobre etiquetado y trazabilidad, así como los procesos de normalización de productos a nivel internacional, no pueden llamar a engaño. Es conveniente establecer en todas las fases productivas y de comercialización los ineludibles imperativos de seguridad, en beneficio de la ciudadanía y el medio natural; las crisis que exceden de los siempre limitados territorios nacionales, poniendo en peligro los derechos de los consumidores/medio ambiente a idéntica escala, deberían resolverse mediante la colaboración internacional mutua –léase, respectivamente, la Unión Europea, si se trata de una problemática tocante a nuestro continente o la ONU, en caso de alcanzar mayor dimensión geográfica-.

Uno de problemas que afronta la tarea de descubrir la naturaleza jurídica del mencionado principio, es el de su falta de claridad/concreción; mucho contribuye a ello la gran variedad polisémica que cabe apreciar en los términos usados en sus más que numerosas definiciones. La tendencia actual, cada vez con mayor fuerza, parece ir en la dirección de otorgar un poder normativo, casi directo, a dicho principio –eso sí, a falta de norma reglamentaria expresa-; así mismo, cabe afirmar que la jurisprudencia de los tribunales administrativos franceses responde al principio de precaución. Así, según dichos órganos jurisprudenciales galos, la administración de ese país deberá decidir siguiendo íntegramente cuantos trámites prescribe la correspondiente normativa jurídico legal; de no hacerlo así, los poderes públicos incurrirían en una falta de precaución sancionable con la nulidad de lo decidido. En cuanto a la responsabilidad civil, los juzgados franceses ya aceptan al principio de precaución como fuente de la misma; en esa línea, se admite la inversión de la carga de la prueba, en beneficio del consumidor perjudicado y, además, que la incertidumbre científica ya no sea causa de exoneración para el fabricante de un determinado producto/servicio. El problema de fondo es que las reglas jurídicas, rectoras del comercio e intercambio de mercancías en todos los ámbitos posibles, parecen perseguir en exclusiva el más fácil y fluido intercambio/tráfico mercantil; las consideraciones relativas a la seguridad y bienestar de los consumidores quedan siempre en un –irrelevante- segundo plano.

A la vista de lo ya expuesto, resulta indudable que el principio de precaución goza de una fuerza normativa que cabe calificar, al menos, como de dudosa; esa carencia radica en que dicho principio no inspira mandatos expresos, claros y directos, dirigidos a unos concretos destinatarios. En realidad, éste principio se sustenta sobre argumentos éticos/morales/ políticos que se alejan de la naturaleza esencial del Derecho: esto es, la coacción –la capacidad de imponer obligatoriamente su voluntad sobre la de sus destinatarios (ya un particular, ya una Autoridad Política)-. El citado principio parece desenvolverse mejor, incluso, en el propio campo de la Ciencia; esto es, como instrumento que permite despejar la incertidumbre cuando nos enfrentamos a nuevos avances y descubrimientos en ese terreno. Así mismo, el uso adecuado y razonable del citado principio permite un mejor ejercicio de las potestades administrativas por parte de las autoridades públicas; así, su actuación, cuando descansan sobre un conveniente análisis de los respectivos costes/beneficios inherentes a un riesgo, responde a las exigencias del principio precautorio. Los gobernantes deben gestionar riesgos de manera prudente y sensata, no dejándose llevar por cómo éstos sean percibidos por el público en general; es necesario que el poder político actúe en todo momento responsablemente, huyendo del alarmismo (excesivo, irracional e infundado) que solo aumenta la intranquilidad entre la ciudadanía.

La realidad fragmentaria, difusa, contradictoria…que nos rodea precisa, por parte de la Administración Pública, de una serie de técnicas organizativas completamente novedosas; las agencias independientes, distribuidas sobre todo el territorio nacional, pueden servir como instrumentos ideales de alarma ante el menor síntoma de la presencia de un riesgo. Tan solo cabe la llamada a una actitud y conducta prudente por parte de todos nosotros; el modelo de la responsabilidad objetiva, sin culpa, como módulo de imputación, fue el que mejor se adaptó a los inicios de las sociedades industrializadas que hoy conocemos. Pero, pese a dicha circunstancia, tal modelo de responsabilidad presenta algunas carencias –el énfasis sobre el componente indemnizatorio, más que en el preventivo-, que comprometen su eficacia de cara al futuro y los problemas que éste plantea. Una óptica adecuada del principio de precaución no solo busca indemnizar a la víctima y nada más; tal principio también trata de averiguar quiénes fueron los verdaderos culpables del citado resultado dañoso y porqué. El mencionado principio habla de meras sospechas de un daño futuro, no susceptibles de medida en forma de mecanismos de probabilidad; pero que, en caso de producirse, darían lugar a consecuencias dañosas enormemente graves e irreversibles. Hay que adoptar las medidas precautorias que sean más convenientes para conjurar cuantos daños, muy graves e irreversibles, puedan amenazarnos; ello, antes incluso, de existir pruebas irrefutables que acrediten hoy la realización futura de dichos daños. El riesgo es indeleble a la vida humana; por ello, tal vez lo más prudente sea decidir cual de ellos evitaremos en primer lugar –en esa tarea, es necesario acudir siempre a los mecanismos jurídico/políticos de representación/participación democrática que sean válidos-; ello implica la presencia de instituciones, de todo tipo, que ofrezcan información clara, precisa y cierta sobre dichos aspectos. La enorme complejidad que comporta el hecho de vivir cada día impone, como primera medida precautoria, la de establecer hipótesis de riesgo; eso sí, incluyendo los riesgos potenciales que, únicamente, se intuyen de modo precario.

La precaución opera sobre tres ejes: 1º la incertidumbre, 2º la acción diligente de quien la aplica y 3º la evaluación de los daños potenciales, así como las consecuencias que se deriven de las medidas precautorias adoptadas al efecto; hay que evitar una aplicación abusiva del referido principio por parte de las autoridades administrativas. Cualquier decisión que tome la Autoridad Pública, basada en dicho principio, debe tener un mínimo fundamento científico, racional y contrastado conforme a la metodología pertinente; resulta por completo censurable en este asunto cualquier clase de arbitrariedad injustificada, que tan solo busque “proteger y blindar” a las Autoridades administrativas frente a las responsabilidades derivadas por todo tipo de catástrofes.

En realidad, el principio de precaución ha superado sus inicios, en el terreno de la protección medioambiental, para cubrir también ciertas materias conexas relativas a los derechos ciudadanos; esto es, el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria. Así mismo, otros abogan por ampliar la aplicación del citado principio a aquellas catástrofes, susceptibles de evitarse con las adecuadas medidas precautorias; la precaución, bien entendida, considera los riesgos basados en hipótesis científicamente creíbles, con gran rigor metodológico, que susciten dudas sobre la inocuidad de un bien (producto o servicio). La perspectiva más adecuada de la precaución no solo tendrá en cuenta los riesgos presentes sino, también, aquellos que amenacen a las sucesivas generaciones en el futuro; este principio lo que impone es “hacer”, una acción, no abstenerse a la espera de obtener una ulterior certidumbre científica que nos haga reaccionar demasiado tarde; los objetivos de la precaución pasan por investigar a fondo los riesgos y su evolución, buscando cuantas pruebas sean posibles. Tampoco debemos olvidar que el referido principio pretende reducir/eliminar el riesgo a un nivel mínimo aceptable, en pos de la mayor seguridad que pueda alcanzarse; todo ello, sin omitir la necesaria transparencia e información a los consumidores y la ciudadanía, en general. La población, si es informada de manera previa y suficiente sobre un riesgo, tenderá a asumirlo/aceptarlo con un mejor talante. Los ciudadanos, amenazados por cualquier riesgo, no solo desearán ser informados sobre las medidas que las administraciones públicas competentes vayan a tomar para atajarlo; también van a reclamar que se les facilite una participación activa en el respectivo proceso de toma de decisiones.

A la hora de delimitar los contenidos correspondientes al principio de precaución, caben dos alternativas; esto es, que los Juzgados y demás Tribunales de Justicia acometan en exclusiva dicha labor, caso por caso, determinando así cual debe ser el alcance del mismo o, en su defecto, mediante los dictados claros, generales y expresos que, en tal materia, apruebe el legislador. La implantación efectiva del citado principio traerá profundos cambios, tanto en el plano del respectivo derecho interno nacional como en el de las relaciones internacionales; la creciente preocupación mundial, derivada de los mas variados riesgos –léase, vacas locas, etc.- hace cada vez más necesario el establecimiento de un sistema de alerta/vigilancia/verificación de igual calibre. En tal sentido, urge instituir todos aquellos protocolos/mecanismos, automáticos y obligatorios, destinados a potenciar la más amplia colaboración/cooperación pluri-interdisciplinar, de orden científico-técnico, entre todos los Estados –incluyendo, por supuesto, la de los miembros de la comunidad científica internacional-; ello haría posible que, tanto las autoridades administrativas como los científicos, compartieran, de manera efectiva, los datos y demás informaciones/experiencias disponibles, mejorando en igual medida la gestión de las sucesivas y futuras crisis –sanitarias, medioambientales, etc.-. Conviene a dichos propósitos el uso de los mecanismos propios de la gobernanza; ésta se entiende como la más intensa participación y diálogo entre aquellos verdaderamente interesados por la gestión –prudente y responsable- de los riesgos, propios de las sociedades tecnológicas en las cuales hoy nos encontramos. La actuación concertada, responsable y prudente de todos aquellos que tenga algo que decir en todo tipo de materias, susceptibles de generar riesgos, parece constituir la herramienta ideal hoy día.

El subsiguiente apartado dedicará algunas ideas al examen del principio de precaución, desde el punto de vista de la legislación civil relativa a la responsabilidad derivada por daños.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL

La atribución de responsabilidad, de índole civil, basada en el principio de precaución arriba expuesto, puede chocar, a mi humilde entender, con una serie de reglas jurídico legales de carácter sustantivo; así, recordemos que el principio de legalidad/seguridad jurídica establece, como requisito sinequanon, el de que la norma legal sancionadora describa, con la mayor exactitud/precisión posible, el hecho y circunstancias por las cuales se es responsable; de ahí, los términos mediante los que se expresen las diversas normas deben ser claros y equívocos, sin el menor atisbo de ambigüedad confusa; la claridad a la hora de redactar la ley permite fijar, sin dudas, los derechos y deberes de todos en un plano de igualdad –particulares y Poderes Públicos-. Así mismo, la prescripción extingue la responsabilidad por el mero transcurso del tiempo, una vez concurran determinadas condiciones; tal efecto extintivo surge como elemento protector del interés general, de modo que sea posible eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas. Los derechos y obligaciones no pueden perpetuarse en el tiempo de forma ilimitada; la imposición de unos determinados topes temporales máximos, en cuanto a la responsabilidad exigible por daños a terceros, es lo que diferencia al Derecho de la Ética/Moral. Aunque la responsabilidad civil tiene como finalidad esencial la de proteger a toda posible víctima de un daño –pasado, presente o futuro-, ello no sucede en el vacío. Las personas, al actuar con la debida diligencia, se anticipan a las posibles consecuencias dañosas, resultantes de sus actos, que puedan manifestarse en el más lejano mañana; hemos dicho bien -consecuencias dañosas posibles-, en el sentido de probables, puesto que no cabe anticiparse a aquellos daños, meramente hipotéticos, los cuales solo se producirán y podremos conocer en el futuro. En principio, se es responsable civilmente de aquellos daños que, pese a no ser perfectamente conocidos en el momento de llevar a cabo un acto, pudieron entonces –y solo entonces- atisbarse o sospecharse –aunque fuera de un modo probabilístico-. Todo aquel que venda o produzca un bien o servicio debe acreditar su inocuidad.

En opinión de algunos, dicho principio, al poner el énfasis sobre la necesidad de cumplir una serie de deberes jurídicamente exigibles (el de diligencia y cuidado, etc.), amplia el concepto de falta; habría lugar a la falta, en el sentido antes expuesto, sí se incumpliesen dichos deberes de observar la necesaria y debida diligencia, etc.. La precaución vendría a ser, entonces, una guía de comportamiento para sus destinatarios –Autoridades y particulares-; el hombre prudente es aquel que tiene en cuenta todos los riesgos, tanto aquellos de los cuales apenas se conoce nada como de aquellos, hoy ignorados, pero no imposibles el día de mañana. Quien incumpla el precitado deber precautorio incurrirá en responsabilidad; así, el fabricante, diligente y cuidadoso en la actividad productiva, advertirá a los consumidores sobre cualquier defecto que haya descubierto en sus productos/servicios. Un ejemplo clásico de conducta prudente es la de los constructores de automóviles, cuando, al constatar la presencia de fallos mecánicos en algunos de sus modelos, piden a sus propietarios que los lleven a los concesionarios oficiales para su definitiva revisión y puesta a punto. El correcto etiquetado, así como la exacta trazabilidad de los productos/servicios, tiene innumerables ventajas; entre otras, cabe reseñar que el consumidor, perfectamente informado gracias a la etiqueta del correspondiente producto/servicio, podrá elegir, en forma libre y responsable, sí lo compra o no; quien informe falsamente sobre un determinado producto/servicio será responsable, en vía civil, por los daños que se irroguen a los consumidores.

En todo caso, a la hora de asumir el riesgo, caben dos caminos fundamentales en el orden de lo posible; esto es, que dicho riesgo sea asumido exclusivamente por la colectividad (vía aseguramiento público) o, en su caso, por el individuo culpable del acto que lo generó. La precaución, al fundarse en la debida diligencia de cada uno de nosotros, pone el acento sobre la culpa; la conducta culposa, merecedora de la oportuna sanción o reproche jurídico, será aquella que podamos calificar como imprudente. La ventaja esencial de los sistemas que imputan la responsabilidad en base a la precaución es que contribuyen, sobremanera, a determinar quién es el verdadero responsable del daño; en cambio, aquellos sistemas, donde prima la socialización del riesgo vía el oportuno aseguramiento obligatorio generalizado –léase, por ejemplo, la Seguridad Social-, tan solo se centran en indemnizar el perjuicio causado, nada más. La citada vía del aseguramiento, cuya principal finalidad es la de procurar -a toda costa- la respectiva indemnización al perjudicado, tiene una grave falla; esto es, impide descubrir al verdadero culpable y, de paso, la mejora de cuantos procesos/procedimientos sean necesarios para que no vuelvan a producirse los mismos daños. La responsabilidad, derivada de dicha imprudencia –o, mejor dicho, falta de precaución-, nace desde el momento en el cual pudimos anticipar la producción futura de un resultado dañoso –o, en caso de producirse, aminorar sus malignas consecuencias- y, pese a ello, no lo hicimos; todos debemos identificar y anticipar los riesgos posibles –no aquellos que hoy nos son completamente desconocidos e imprevisibles, puesto que éstos forman parte de lo que llamaríamos casos fortuitos-. La vida está abierta a infinitas posibilidades que, a su vez, también comportan riesgos; por tal motivo, es necesaria la adecuada prelación/jerarquía de los mismos de modo que establezcamos cuales merecen ser evitados primero y, así, sucesivamente.

La realidad es que el principio de precaución parece orientar la responsabilidad civil, cada vez con mayor fuerza, hacia una función predominantemente preventiva; ello es así puesto que, ante el riesgo de unos daños graves e irreversibles para las generaciones futuras, solo cabe potenciar al máximo la prevención/anticipación de los mismos; indemnizar daños de tal calibre –más aún, cuando hablamos de aquellos perjudicados que todavía no han nacido-, resulta considerablemente problemático y casi irrealizable. Por otro lado, tal indemnización tampoco resuelve nada, más allá de la percepción de un dinero y nada más; los perjuicios que conlleva tal clase de daños serían de muy difícil –o casi imposible- reparación. En fin, la prudencia nos aconseja prevenir/reducir, en todo lo posible, aquellos riesgos que puedan materializarse en daños, graves e irreversibles, para las generaciones futuras; la función preventiva, a la vista de nuestro actual desarrollo técnico, debe afinarse considerablemente para garantizar su eficacia. Así mismo, el concepto de daño no puede quedar constreñido al actual y presente, aquel que nos perjudica tan solo a nosotros, sino conceptuarse de manera evolutiva y flexible.

El art. 383 del código civil francés afirma que se es responsable del daño que cada uno cause a otro, no solo por sus hechos sino, también, por su negligencia/imprudencia; en cuanto al Estado, la administración pública gala siempre será responsable por todas las consecuencias dañinas que se deriven de un servicio público, inadecuado o de mala calidad. Por otro lado, también opera aquí el principio de confianza legítima; esto es, los ciudadanos confían en que quien presta un servicio –más aún, si se trata de la administración pública- lo hará en las mejores y más seguras condiciones posibles, de modo que no sea dañino para los derechos de quienes lo reciben.

En el siguiente apartado, dedicaremos algunas reflexiones a los puntos en común entre dicho principio y la responsabilidad prevista en la normativa penal.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL

En Francia, el Código Penal recoge algunas formulaciones, vagas y genéricas, que podrían justificar la existencia de una presunta falta penal de precaución; dicha falta, cuya tipificación legal presenta algunos problemas en cuanto a sus límites, recaería sobre quienes quebraran una correlativa obligación de seguridad/prudencia, prevista legalmente. Destacan, así mismo, las dificultades que se plantean a la hora de precisar, conforme exige el principio de legalidad, algunos supuestos tan vagos y genéricos como los de imprudencia, negligencia, desatención…. En todo caso, es sancionable la conducta de quienes no tienen en cuenta aquellos riesgos, no demostrados todavía de manera irrefutable; pero, eso sí, cuya probabilidad de realización es más que suficiente para alertar a una persona razonable. A título de ejemplo, una autoridad administrativa que ejerza sus poderes de autorización/control de los productos ofrecidos en el mercado, de manera ineficiente y desordenada, podría ser declarada responsable penalmente; en dicha línea, el citado Código castiga la puesta en peligro de otros, entendida como una infracción de prevención, toda vez que se consuma el delito sin que haga falta la producción de un daño real y efectivo. Una de las grandes ventajas de la justicia penal es que llega a determinar quienes son los verdaderos culpables del daño producido; así mismo, los peritos y demás técnicos intervinientes en la Instrucción corren por cuenta del Estado.

Por otro lado, la figura del riesgo, como fuente de responsabilidad penal, no ha tenido apenas recorrido en España; todos hemos sido ampliamente informados por la prensa de la conducta negligente/irresponsable al extremo de numerosos cargos públicos en nuestro país, malgastando a manos llenas y sin racionalidad/prudencia alguna los fondos por ellos administrados. Cada día va creciendo el número de quienes piensan que esa puesta en riesgo de los bienes/derechos de los demás, debido a la ausencia de toda precaución en el gasto público, debería merecer mayor condena; más, aún, a la vista de los gravísimos daños para la ciudadanía que suelen derivarse de un proceder, arriesgado e imprudente, en ese ámbito. Los mass-media nos informan, casi diariamente, sobre el uso irresponsable/dilapidador de los fondos públicos, imputable en exclusiva a nuestras autoridades políticas y administrativas; las consecuencias de dicho comportamiento imprudente son, entre otras, la falta absoluta de recursos con los que pagar servicios públicos básicos y esenciales (escuelas, hospitales, dependencia, etc.). La naturaleza protectora del interés general, común y benéfico para toda la ciudadanía, impone la mayor sensatez y prudencia a la hora de gastar los recursos económicos de todos, en manos de las diversas administraciones.

La execrable conducta de algunos de nuestros dirigentes políticos –sea cual sea su respectivo “color partidista”-, merece una única respuesta; esto es, la de exigirles la oportuna responsabilidad por los actos cometidos. No se puede tolerar que, so capa de la libre discrecionalidad en el gasto, se actúe irresponsablemente; merece tanto reproche el apropiarse, para sí, de dinero público como autorizar una inversión pública multimillonaria, ajena a cualquier justificación, razonada y razonable. La sociedad española está cada vez más sensibilizada ante aquellos casos en los cuales se manifiesta un excesivo e imprudente gasto público, protagonizado por sus máximos gestores; ello es así, puesto que dicho gasto injustificado supone una menor financiación de aquellos servicios públicos destinados a quienes peor se encuentran, desde lo económico o social; ¡ya está bien de política sin ética ni respeto al bien común¡. Es una desvergüenza -por no decir directamente latrocinio- que las autoridades políticas, obsesionadas por la megalomanía y basándose en los motivos más peregrinos/absurdos, derrochen sin tino ni medida el dinero de todos nosotros; tales dirigentes tan solo buscan “la foto y el titular” periodístico, inaugurando la correspondiente obra pública, de escasa o nula utilidad para la ciudadanía y con un coste “faraónico” que excede de cualquier endeudamiento razonable. La necesaria precaución, en el sentido hasta ahora expuesto, debería fundamentar la actividad de todos los poderes públicos. Así, conforme a dicho principio precautorio, los máximos dirigentes responderán de las consecuencias derivadas de cuanto decidan; eso sí, siempre y cuando dichas consecuencias fuesen racionalmente previsibles en el momento de tomar la respectiva decisión. Como vemos, el principio de precaución admite multitud de interpretaciones, dando pie a que éste pueda aplicarse en muchos otros terrenos.

En cuanto al principio de precaución, destacan las medidas adoptadas al efecto de atenuar los riesgos de los cuales se trate; tales medidas precautorias son el objeto de las líneas correspondientes al subsiguiente apartado.

MEDIDAS PRECAUTORIAS

El citado principio predica que, ante el riesgo de un daño futuro grave e irreversible, conviene adoptar aquellas medidas precautorias mas prontas, eficaces y necesarias para evitarlo; eso sí, sin esperar a que ese daño se confirme científicamente; el uso de tal principio por parte de la Autoridad Pública trae aparejado numerosas problemáticas, puesto que ello implica, normalmente, un perjuicio para el particular –léase, empresa, individuos- en forma de prohibición de venta/circulación de productos/servicios, etc.. Las medidas cautelares/precautorias, adoptadas al efecto, habrán de ser compatibles con el “sagrado” Derecho de cada persona a elegir/decidir libremente; todos tenemos el derecho de decidir, con la mayor libertad posible, qué riesgos queremos correr, cómo y cuando; esas medidas deberán tomarse progresivamente, según vayan evolucionando los hechos, sin premura excesiva pero omitiendo todo retraso injustificado. Procede ir revisando las medidas adoptadas conforme a dicha evolución.

La medida precautoria más eficaz es aquella tomada caso a caso, teniendo en cuenta todos los intereses en juego, sin desconocer ninguno ni perjudicarlo en demasía; así, es deseable que tales precauciones estén suficientemente consensuadas entre aquellos que van a sufrir sus consecuencias, en base a un diálogo franco y sincero interpartes. La participación y el consenso facilitan, desde luego, la más rápida y eficaz aplicación de las diversas precauciones que se deseen adoptar. Las citadas medidas deben ser proporcionales a la gravedad del riesgo que tratan de mitigar, graduándose conforme a la evolución de éste; así mismo, debe vigilarse en todo momento la situación, para evitar su posible agravamiento inesperado. El coste de las medidas de precaución que se adopten ha de ser aceptable para la ciudadanía –y, sobretodo, quienes sufran sus perjuicios-, amén de soportable para las arcas públicas o las de las empresas obligadas a su adopción; una óptica adecuada de dichas medidas debe incluir consideraciones de carácter ético, social, financiero, etc.. Toda medida precautoria adoptada debe ser proporcional –en su justa y cabal medida- no solo al riesgo del cual se trate sino, también, a los beneficios que puedan esperarse de la misma; por supuesto, es también requisito indispensable el de su eficacia.

Las medidas precautorias han de ser revisables y reversibles, revestidas de un eminente carácter provisional a tenor de cómo vaya evolucionando el estado de cosas y su gravedad; tales medidas deben ser objeto de un seguimiento permanente, tanto por el Juez -sí fuera el caso-, como por parte de las autoridades administrativas. En cambio, las medidas de prevención son fijas, firmes y definitivas, estableciéndose de manera determinada para un peligro concreto, también perfectamente determinado; salta a la vista que las medidas precautorias responden a una máxima evidente: los imperativos de salud y seguridad para la ciudadanía están por encima de cualquier otra consideración.

Las medidas precautorias deben basarse en apreciaciones justas y adecuadas de los riesgos, adoptándose conforme a la legalidad –de forma y de fondo- prevista ad hoc; como ya señalamos, tales medidas tratan de evitar daños graves o irreversibles. Por otro lado, será necesario un análisis económico, del tipo coste/beneficio, mediante el cual “medir” el alcance de dichas medidas; la modulación de tales medidas precautorias dependerá muy mucho, así mismo, de cual sea nuestro nivel de conocimientos acerca de los concretos riesgos que enfrentamos. El contenido de las medidas precautorias no puede fijarse de antemano; ello es así, puesto que las anteriores tan solo se explican a la vista de cual sea el riesgo del que se trate y como éste evolucione. Así mismo, tales medidas deben adoptarse con enorme prudencia, puesto que irrogan, en todo caso, una serie de perjuicios a los terceros, directamente afectados por ellas. Si la percepción del riesgo es nula, aquellos que tengan que aplicar la correspondiente medida precautoria intentarán no hacerlo; ello, por considerarla no suficientemente justificada teniendo en cuenta el nulo/bajo peligro percibido.

Es innegable la profunda conexión o nexo existente entre el principio de precaución y el desarrollo sostenible; la precaución, entendida como aquella actitud que trata de anticiparse al futuro, contribuye, sin duda, al logro efectivo de la conservación medioambiental que respete/asegure los derechos de cuantos nos sucedan; las relaciones entre ambas ideas serán abordadas en el párrafo que principia acto seguido.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En un mundo como el presente, en el que no todo es lo que parece –y, viceversa-, con un grado de complejidad –humana, material, medioambiental, etc.- de muy difícil manejo, el interrogante que se nos plantea es el siguiente: ¿qué podemos hacer –y, sobretodo, cómo- para evitar aquellos peligros futuros, todavía desconocidos para nosotros, que pongan en peligro la supervivencia de nuestros hijos?, ¿debemos pensar hoy en las consecuencias que tendrán nuestros actos en el más lejano futuro?. Esas preguntas no son baladíes, cuando contemplamos los daños al equilibrio natural –con dimensión planetaria- que ya nos salen al paso, un día sí y otro también; corremos el riesgo de modificar, profundamente y para siempre, el clima y la geografía ahora conocidas; pronto tocarán a nuestra puerta las masivas migraciones de refugiados que huyen de una naturaleza hostil por culpa de los desiertos, inundaciones (marítimas-fluviales), etc., que avanzan por doquier. Ante una tecnología como la que hoy disponemos, amén de la que se vislumbra en el porvenir, tan solo cabe apelar a la previsión responsable de quienes se dedican a la investigación científico-técnica; aquellos que laboran dichos campos del saber deben anticiparse a cualquier evento dañoso (grave e irreversible), susceptible de tener lugar en el más lejano mañana; tan solo esa llamada a la racionalidad podrá evitar el autosuicidio de nuestra especie.

El citado principio, cuyo nacimiento podemos situar en el derecho medioambiental, tenía el propósito de proteger los recursos/valores propios de la naturaleza; en realidad, este cuerpo normativo recoge una serie de principios comunes a todos los pueblos de la tierra. Hay una especie de solidaridad mundial que nos obliga a buscar soluciones globales; así, el carácter supranacional de las cuestiones medioambientales precisa idénticas soluciones cooperativas. La naturaleza no conoce de fronteras estatales o administrativas sino que, por el contrario, se mueve bajo otros parámetros, mucho más básicos para la vida. La tierra, como hogar común de ingentes formas vivientes, constituye un totum, interconectado e interdependiente; la preocupación por las temáticas, relativas a la conservación del medio natural, empezaron teniendo un alcance geográfico, limitado y concreto; es decir, se trataba de proteger una determinada área geográfica –a título de ejemplo, el tratado de protección del Mar del Norte, firmado en 1987, defendía dicho espacio marítimo contra el exceso de emisiones contaminantes allí vertidas-.

A partir de los años 90 del pasado siglo, va surgiendo una creciente opinión pública mundial preocupada sobre cómo salvaguardar la flora y fauna de todo el planeta; en dicha época, el progreso económico, irracional y acelerado, estaba destruyendo sistemáticamente esos recursos. La idea de desarrollo sostenible se instaura en los tratados internacionales de aquella época, de modo que el desarrollo económico y el respeto al medio natural fuesen compatibles. El largo camino, lleno de dificultades, surcado por el derecho medioambiental permite albergar una esperanza; esto es, la creciente y masiva concienciación ciudadana, entre todos los habitantes del globo terráqueo, acerca de nuestra obligación moral de conservar los recursos recibidos para transmitírselos en idéntica medida a nuestros sucesores. El progresivo asentamiento entre la ciudadanía de las ventajas del ecologismo facilitará, en gran medida, las tareas de conservación de la naturaleza; la difusión “mediática” de los últimos desastres, de carácter medioambiental, ha concienciado positivamente a la ciudadanía sobre dicha problemática. La importancia y gravedad de los daños hasta ahora infringidos a los valores/riquezas naturales del planeta, así como sus nefastas consecuencias con idéntico alcance, no pueden dejar a nadie indiferente.

Desde otro punto de vista, proteger al planeta y su patrimonio medioambiental significa, de igual modo, extender dicha protección a la propia especia humana; no olvidemos que, una perspectiva responsable en el uso actual de las riquezas naturales, es la mejor garantía de futuro para nuestros descendientes. La ciudadanía de hoy está cada vez más alerta contra los gravísimos riesgos de un desarrollismo irresponsable, que concibe la naturaleza como un recurso susceptible de infinita explotación; el uso abusivo de los recursos naturales, que les impida regenerarse en forma sostenible, atenta contra nuestra propia seguridad. Así, nos jugamos no solo nuestra supervivencia hoy sino, lo que es peor, la de las sucesivas generaciones; éstas últimas, claramente condenadas a desaparecer de la faz de la Tierra por culpa de nuestro cortoplacismo egoísta/insolidario más ruin/mezquino. Es necesario recuperar el verdadero humanismo, que pone al hombre en justo equilibrio con el medio que le rodea; ¡ojalá nunca tengamos que avergonzarnos de la “mala herencia” dejada a nuestros sucesores en el “Planeta Azul”¡. El hiperconsumismo actual, claramente abusivo e irrefrenable, va camino de agotar muy pronto todos los recursos naturales, aún disponibles. No es sencillo, desde luego, determinar la responsabilidad en un mundo tan interdependiente/interrelacionado como el de hoy día; el mensaje de Hans Jonas, apelando a la propia responsabilidad de cada uno de nosotros, debe calar con mayor fuerza si cabe. Solo así será posible garantizar la supervivencia futura de la raza humana.

La seguridad absoluta, libre por completo de riesgos, es inalcanzable; la vida, por si misma, ya supone un permanente cambio de escenarios en donde todas las opciones posibles están abiertas; el futuro nos lo construimos nosotros mismos, día a día, mediante cada una de nuestras decisiones. Si tan solo hay meros indicios acerca de la posibilidad futura de producir un daño a otros, ¿tenemos que ponernos en lo peor, dando por hecho que ese posible e hipotético resultado dañoso tendrá lugar?; ¿los meros indicios equivalen a pruebas?, sí dichos indicios son negados por una serie de pruebas documentales, practicadas más tarde, decidiendo tan solo conforme a éstas últimas y, pese a ello, el daño tiene lugar…¿se es responsable por ello?; qué sería lo correcto en ese caso: ¿pedir nuevos exámenes o test, encaminados a dirimir la discordancia entre nuestros previos indicios y las pruebas documentales, posteriormente solicitadas?, ¿quién correría con el gasto derivado de esos nuevos exámenes o test, planteadas en el supuesto precedente?...en fin, el tema no es sencillo; mas, aún, cuando justo en este momento, además, las distintas Administraciones Públicas intentan por todos los medios reducir su gasto, presa de un déficit claramente ingobernable.

Una panorámica como la hasta ahora relatada precisa de nuevos puntos de vista, que nos permitan superar los desafíos dibujados en el horizonte; ¿qué hacer, por tanto?. La precaución bien entendida empieza por anticiparse a cualquier riesgo, evitando que suceda; en esa línea, es necesario un comportamiento diligente y responsable, encaminado a evaluar lo más certeramente posible el correspondiente riesgo concreto a superar; se trata de reducir nuestra vulnerabilidad, razonablemente, ante los permanentes riesgos que nos rodean. El desarrollo sostenible pasa por satisfacer hoy nuestras necesidades, sin que ello comprometa la capacidad de las generaciones futuras para idéntico propósito; esa modalidad de desarrollo obedece, sin duda, al espíritu del principio de precaución; pensar en el futuro, cuando nosotros ya no estemos aquí, permite anticiparnos a las gravísimas catástrofes que acechan la supervivencia de nuestros hijos y nietos. La duda que debemos resolver es la siguiente; esto es, los mecanismos jurídico políticos de carácter representativo/democrático, propios del presente, ¿pueden servirnos de forma útil para gestionar hoy los intereses de aquellos que aún no han nacido ?. Dicho de otra manera, ¿podemos defender hoy los intereses de aquellos que nos sucederán cuando hayamos muerto?; la respuesta, a la vista de cualquier observador atento, es que no. El ser humano, por propio imperativo biológico –diría yo-, parece incapaz de pensar en el largo plazo; es decir, sobre lo que pueda acontecer alrededor suyo más allá de los años que dure su ciclo vital en la tierra. Nacemos y, tarde o temprano, estamos condenados a morir; tal es la única certeza a la que nos enfrentamos. El egoísmo que nos garantiza la supervivencia día a día, puede, al mismo tiempo, cavar la fosa de nuestra futura perdición/muerte sobre la faz de la tierra; pensar en las generaciones futuras resulta un paradigma rompedor, considerablemente difícil de definir y articular de modo satisfactorio; ¿Cómo saber hoy cual será el interés de quienes habiten este suelo en los próximos cien, quinientos, mil años?, ¿durará el planeta tanto tiempo?.

Al fin y a la postre, quién está más legitimado para decidir qué hacer respecto al futuro: ¿los sabios –científicos- que poseen el conocimiento o el pueblo, en general, formado por todos aquellos que, aún sin poseer dicho conocimiento, están en el pleno uso de sus facultades (intelectivas y volitivas)? La mayoría de la población considera que el monopolio para decidir ya no pertenece, en exclusiva, a la “casta de los científicos” sino, más bien, a toda la ciudadanía, sin excepciones de clase alguna. El legislador debe ser pragmático, tomando en cuenta no solo el hoy sino, también, el mañana; hay que satisfacer nuestras necesidades de desarrollo con los medios disponibles, garantizando que también puedan hacer lo mismo quienes nos sucedan.

El principio de precaución puede vincularse, sin duda, con otra serie de ideas; entre éstas últimas, destaca el derecho de todos los ciudadanos –tan solo por el mero hecho de serlo- a que el Estado nos garantice ciertos niveles de seguridad; es decir, la exposición al menor número de riesgos posibles. El derecho ciudadano a la seguridad, vía la adecuada actividad desplegada por los diversos poderes públicos, es un derecho cívico ya ampliamente reconocido; así, la ciudadanía exige de sus respectivos gobiernos las mayores cotas de seguridad posibles en todos los órdenes de la vida. A dicha temática dedicaremos las líneas, objeto del epígrafe subsiguiente.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD POR PARTE DEL ESTADO

El Estado, entendido como aparato administrativo que monopoliza, en exclusiva, el uso de la fuerza, dispone de la autoridad (jurídica/política) necesaria para imponer, coercitivamente, sus decisiones a la ciudadanía; esto es, garantizando, en todo caso, la seguridad de las personas y los bienes frente a la arbitrariedad de cualquier ataque ilegítimo. Tras la edad media, se impone la libertad como nuevo valor predominante –sobretodo, en los burgos o ciudades de la época-; a la vista de ello, surge la necesidad de contar con una organización fuerte y bien asentada sobre ese espacio, capaz de defender la libertad individual ciudadana con todos los mecanismos coercitivos que fuesen necesarios. El mercader, elemento central de la economía de la época propia del mercantilismo, se dedica a comprar lo que los artesanos producen, vendiéndolo más tarde en las diversas ferias que se celebran en las pequeñas urbes ampliamente diseminadas.

El llamado Estado Liberal, burgués, propio del siglo XVIII y XIX, acentúa la defensa de la libertad mercantil y de contratación, desarrollando la figura del mercado como instrumento donde oferentes y demandantes de productos/servicios puedan concertar sus respectivos acuerdos; en esta época, el fundamento de la responsabilidad por daño descansa sobre el comportamiento culposo –es decir, negligente por acción u omisión- de aquel que lo causa. Surge el movimiento formado por las instituciones mutualistas de previsión, dedicadas a prevenir accidentes laborales y sus malignas consecuencias –es decir, tanto respecto al trabajador (invalidez, muerte) como a su familia (viudedad y orfandad)-, mediante el abono de una indemnización.

El llamado Estado Providencia, nacido en USA tras la crisis del año 1929 y en Europa, una vez concluida la segunda guerra mundial, pone el acento en la defensa y protección ciudadanas; el nacimiento de la seguridad social (1942) en Gran Bretaña, gracias al informe que lleva el nombre de su autor –Lord Bedverige-, establece un nuevo hito histórico. Así, según afirma dicho Informe, la administración deberá defender al ciudadano ante los riesgos que le depare la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, como la enfermedad, desempleo, ancianidad, etc.; el llamado Estado de Bienestar –Estado Providencia- va a socializar los anteriores riesgos, mediante un poderoso y complejo sistema impositivo que garantice servicios públicos universales y gratuitos para todos.

La defensa frente a tales riesgos, ofrecida por una red institucional tejida sobre dichos servicios públicos, favorecía la equidad/paz/justicia social; del mismo modo, tales servicios públicos evitaban aquellos supuestos de exclusión más injustos y lacerantes. La solidaridad, esencia misma del Estado de Bienestar, estableció un modelo de aseguramiento para dichos riesgos, financiado mediante los impuestos; con el fin de la segunda guerra mundial, la industrialización masiva trajo abundantes empleos y aumento de las clases medias urbanas en todo el mundo. El fundamento de la responsabilidad por daños vino a apoyarse, entonces, en el riesgo; de éste modo, el empresario, a la vez que cobraba un beneficio como retribución por la venta de los productos/servicios ofrecidos en el libre mercado, también asumía el deber de indemnizar los daños que dichos productos/servicios causasen a sus respectivos adquirentes. Con este sistema fundado sobre el riesgo, la responsabilidad se convierte en un derecho; es decir, el consumidor perjudicado tendrá derecho a obtener la correspondiente indemnización por el daño que, ilegítimamente, le irrogue el bien (producto o servicio) adquirido.

El crecimiento, cada vez más descontrolado, de la arquitectura de servicios y prestaciones públicas, características del Estado de Bienestar antes citado, llegó a ser insostenible; en especial, a partir de los sucesivos shocks petrolíferos subsiguientes al primero de 1973. Los gastos devengados por tales prestaciones públicas, así como las sucesivas caídas en la recaudación impositiva y tributaria, impidieron la continuidad del sistema por asfixia económica. El coste del Estado de Bienestar resultó ya impagable para sus ciudadanos, pese a la cada vez más elevada presión fiscal. Una vez declarado en quiebra y liquidación dicho modelo de Estado de Bienestar, también se derrumbó el correspondiente ideal “keynesiano” que lo sustentaba; dicho ideal propugnaba el aumento del gasto público en aquellos momentos en que el ciclo económico estaba más bajo; la caída del muro de Berlín (1989) y el ulterior colapso de la Unión Soviética (1990) dieron alas a las ideas ultraliberales, contrarias al excesivo intervencionismo estatal y gasto público. Así, en este momento, cuando parece estar muerta y enterrada toda idea “socializadora de los riesgos”, cobra fuerza el principio de precaución; este principio, como ya hemos expuesto en las líneas anteriores, lo que pretende es evitar los riesgos y sus consecuencias dañinas, sobretodo de cara al futuro. Ante esa lógica de la precaución, tan solo cabe una mejora de los instrumentos decisorios, tanto en el ámbito público como privado; así se hará factible la ética de la responsabilidad, enunciada por Hans Jonas. En este momento, se trata de evitar los accidentes con daños irreversibles y graves, manejando los niveles de riesgo hasta los más próximos al 0; conforme a ese propósito, los empresarios debe ostentar una actitud vigilante ante los riesgos derivados de su actividad productiva. Así, la diligencia exigible debería imponer a los empresarios el seguimiento de las mayores precauciones posibles, adoptando por ello la hipótesis más catastrofista; el empresario, incumplidor de dichas precauciones, deberá asumir las oportunas responsabilidades de cara al consumidor injustamente perjudicado.

La responsabilidad, fundada en el riesgo, tan solo se centra en la indemnización al perjudicado, sin ir más allá; en cambio, la responsabilidad, unida al principio de precaución, no solo indemniza en los citados términos sino que, además, trata de averiguar quién -y cómo- ha producido dicho perjuicio. Al día de hoy, cualquier empresa o profesional, que ofrezca y/o distribuya un bien (producto y/o servicio) en el mercado, debe seguir las respectivas normativas específicas reguladoras de tal actividad; además, todos debemos adecuar nuestra conducta a los deberes de diligencia-prudencia exigibles, de modo que no arriesguemos, en forma irrazonable, la vida o patrimonio de los demás. Los consumidores tienen derecho a recibir información sobre los riesgos probables; más, aún, incluso aquellos meramente sospechados pero que, todavía, no gozan de completa prueba. Los profesionales de la salud, obligados por un deber especial de vigilancia y alerta, deben ser muy cuidadosos con las informaciones que proporcionen a sus pacientes.

El derecho a la seguridad a la hora de consumir cualquier bien -servicio o producto-, ofrecido en el mercado, es, hoy día, una conquista, crucial e irrenunciable; en igual sentido, cabe hablar del derecho de los trabajadores a disfrutar de la necesaria seguridad a la hora de desempeñar su trabajo. En realidad, ese derecho a la seguridad, aquí apuntado, tanto del ciudadano en su papel de consumidor como en el de trabajador, responde a un conjunto de principios y derechos más amplios; así, en el caso de la constitución española, todos tenemos derecho a la dignidad, vida, integridad física y moral, protección de la salud, etc.. La actitud y comportamiento, más conforme con cuanto prescribe el principio de precaución, tiene, por objetivo prioritario, la búsqueda de un “riesgo cero” para la ciudadanía; una serie de agencias públicas, independientes, podrían encargarse de vigilar, de forma eficaz y efectiva, el cumplimiento de dicho principio. Además, es deseable que, a la hora de gestionar el riesgo, exista una neta separación entre los órganos científicos –de mero carácter asesor en ese campo- y los órganos decisorios, de tipo económico y social. Los órganos decisorios, antes expuestos, tendrían un papel clave, acordando lo oportuno tras el más amplio debate/evaluación de los informes científicos, previamente recibidos; hablaríamos, entonces, de una duplicidad de mecanismos: uno, encargado de producir los informes y datos científicos relevantes y, otro, económico-social, donde se debatirían en público tales informaciones científicas. Un mecanismo duplicado, como el antes descrito, ofrece numerosas ventajas; así, entre otras, cabe reseñar: 1º la independencia y libertad de la cual gozarían los expertos a la hora de emitir sus informes, sujetos tan solo a los dictados de la ciencia y 2º la satisfacción de una creciente demanda ciudadana que desea unos mecanismos de decisión pública transparentes, abiertos y participativos para todos, sin excluir a nadie.

Los científicos se hayan, muchas veces, en una diatriba delicada; de un lado, la gran mayoría de ellos están contratados por el gobierno de turno, del cual dependen para sobrevivir y, de otro, los imperativos que marca el Saber Científico como tal –con mayúsculas- les obligan a actuar con la mayor transparencia, verdad e independencia posible. Por todo ello, resulta considerablemente difícil compatibilizar ambos roles entre gran parte de quienes se dedican a cultivar el conocimiento científico; en orden a disipar dichas dificultades, conviene un estatuto internacional que las resolviera en forma adecuada. Tampoco es de recibo la figura del científico, convertido en fiel servidor del gobierno que lo tiene en nómina; ello, por desgracia, equivale al mayor desprecio hacia la Ciencia, inflingido por parte de aquellos que, teóricamente al menos, se dedican al estudio y experimentación de sus más recónditos secretos. Debemos exigir la mayor transparencia entre los investigadores, dedicados a escudriñar los más conspicuos y sesudos misterios científicos; así, cada uno de ellos expondría, de manera pública y clara, una sucinta “declaración de intereses”, indicando todo aquello –llámese beneficios profesionales, económicos, etc.- que pudieran mediatizar –en cualquier sentido- su deseable independencia. Hay que establecer, con la mayor claridad posible, el estatus de los científicos/funcionarios al servicio del gobierno de su país; la calidad científica se mide por la necesaria libertad/independencia de juicio de quienes investigan, sobretodo en el momento de interpretar los datos obtenidos y establecer las respectivas hipótesis/conclusiones conforme al necesario rigor metodológico.

La ciencia –y, en general, el conocimiento científico- ya no disfruta de la misma confianza popular que antaño; los excesos cometidos en su nombre, a lo largo de los últimos tiempos, justifican la creciente desconfianza y recelo exhibida por la ciudadanía ante esa nueva “religión de la modernidad” –la ciencia- y sus “apóstoles” –los científicos-; en igual medida, prima una enorme desconfianza y recelo hacia los llamados “expertos” –culpables de una sangrante falta de independencia-, los grandes entramados productivos y financieros (multinacionales) –acusados de pensar tan solo en la búsqueda del máximo beneficio con absoluto desprecio por los derechos de los consumidores/usuarios-, los políticos –“vendidos al mejor postor” en forma de empresario sin escrúpulos-, la administración –ineficaz y torpe en extremo-, etc...

Así mismo, crece a pasos agigantados una conciencia social ciudadana que, de manera unánime, exige responsabilidad a los poderes públicos; es decir, más y mejor: 1º información, 2º transparencia en los procesos de toma de decisiones y 3º participación democrática ciudadana en dichos procesos; la cultura cívica de un pueblo, así como la de sus gobernantes, se mide por el modo en el cual los últimos potencian los debates entre su ciudadanía sobre las más diversas temáticas. Sin perjuicio de lo ya expuesto, la personalidad de cada uno nos hace percibir los riesgos de una forma diferente –como bien dice el refrán, “el miedo es libre”-; en cualquier caso, gestionar bien el riesgo precisa de una necesaria anticipación y vigilancia sobre cualquier amenaza –conocida/desconocida-, la cual pueda lesionar nuestra seguridad; eso sí, es deseable la mayor participación posible de todos en cuanto afecta a dichas temáticas. Los que se oponen a este principio de precaución tan solo alegan un argumento de peso; esto es, su uso irresponsable por parte de los gobiernos puede fomentar el proteccionismo y el aumento de las barreras a las transacciones comerciales. La precaución aconseja que, en el caso de existir riesgos derivados de productos importados/exportados, cada país pueda evaluar aquellos presentes en su respectivo territorio; en esa tarea, serán lícitos todos los instrumentos de vigilancia que sean oportunos.

Cuestión controvertida es la de los organismos genéticamente modificados; para el Congreso USA, las plantas, con tal modificación genética, son mayor fuente de beneficios que de riesgos. Un número considerable de países europeos, especialmente conscientes de los peligros asociados a dichos cultivos, los prohibieron; eso sí, hasta el definitivo establecimiento de las respectivas normas, sobre trazabilidad y etiquetado, de los productos derivados. El objeto de la citada modificación es el de aumentar los rendimientos productivos, mediante procesos altamente mecanizados y eficientes que reducen los costes; pero, eso sí, haciendo caso omiso a cualquier criterio de carácter medioambiental. Por otro lado, tales plantaciones conllevan un problema añadido; esto es, la absoluta dependencia del agricultor con respecto a los necesarios fertilizantes y demás insumos, producidos por las grandes multinacionales del sector (Monsanto, etc.). Además, sus semillas deben comprarse, forzosamente, cada año; los campesinos pobres no pueden aprovecharse de los citados avances tecnológicos, por falta de los necesarios conocimientos y recursos económicos con los cuales afrontar la tarea. La mayoría de países, donde se ha implantado los cultivos genéticamente modificados, se sitúa en América -sobretodo, Canadá y Argentina-; la causa de ello es que allí está fuertemente implantado el modelo de la agricultura intensiva, tanto en capital como en técnica, sobre inmensas superficies, abiertas y planas. Las problemáticas planteadas son de variada índole; así, además de la controversia sobre cómo asegurar el acceso de toda la población a la citada tecnología y sus ventajas, destaca el aseguramiento de la libertad de mercados y la veda de todo tipo de proteccionismo injustificado. En el fondo, los referidos cultivos solo ponen el acento en maximizar la producción como sea, sin que tenga apenas importancia su calidad; así mismo, gran parte de la cosecha se dedica al mercado exportador, no al consumo interno de los países de siembra. Sin perjuicio de ello, el consumidor tiene derecho a recibir toda la información posible –vía la más completa e inteligible trazabilidad/etiquetado-, respetándose además su absoluta libertad de elegir, tanto aquellos productos modificados como los de procedencia clásica.

Cada pueblo tiene el derecho a optar, libremente, entre los diversos modelos alimentarios existentes; así, en la vieja Europa continental, donde prima el más clásico “centralismo francés”, es el Estado quien, de manera previa, controla la seguridad de los productos alimenticios mediante los respectivos servicios administrativos de inspección, quejas/reclamaciones ciudadanas, etc.. Por el contrario, el Reino Unido y USA prefieren otro modelo, distinto del europeo continental, donde la Administración Pública apenas si interviene y deja el control de los alimentos al arbitrio judicial, principalmente o, en su caso, al acuerdo extrajudicial entre las compañías aseguradoras. Hoy día, el objetivo último de todas las políticas públicas es el de proteger a la ciudadanía contra los riesgos; el sustento que late detrás de tales políticas es el principio de precaución, tal y como lo hemos explicado en las anteriores líneas, La administración responde por imprudente cuando no controla los productos, objeto del tráfico comercial, ni realiza la suficiente labor inspectora/sancionadora sobre el etiquetaje/trazabilidad de los mismos; además, las autoridades públicas son garantes del cumplimiento de los deberes de información, establecidos por el Ordenamiento Jurídico en beneficio de los consumidores.

Llega el momento de las conclusiones, objeto del epígrafe que comienza acto seguido, donde sintetizar de la forma más concreta y clara posible las principales ideas que resumen este trabajo.

CONCLUSIONES

El principio de precaución nace del pensamiento de un Filósofo/Teólogo, no Jurista, cuyo énfasis recae sobre la siguiente temática: a saber, las responsabilidades por las consecuencias “malignas” que, en el futuro, nos traiga el actual desarrollo técnico/científico/económico; la perspectiva ético/moral de Hans Jonas, primer inspirador del citado principio, contradice el análisis, puramente jurídico, de su significado profundo. Resulta difícil establecer, conforme al Ordenamiento Legal, una responsabilidad futura –y, en el fondo, ilimitada en el tiempo- por lo que hagamos hoy, cuando se desconoce con absoluta exactitud qué pasará en ese hipotético “mañana”; la tecnología es un factor cuya ulterior evolución nos resulta, en este momento, totalmente imposible de prever –tal y como lo fueron los ordenadores personales hace 40 años, por ejemplo-; siempre podremos usar la Ciencia y sus avances en beneficio de todos los seres humanos o, por desgracia, exclusivamente para unos pocos –aquellos con más riqueza, etc.-. Solo nosotros decidimos, en cada momento, cómo utilizar tales avances técnico-científicos; ya sea a modo de instrumento que favorezca el desarrollo y mejor calidad de vida para todos los “miembros de la familia humana”, ya sea, desgraciadamente, con otros propósitos menos “fraternales” y más violentos/torticeros.

A nadie se le ocultan los preocupantes riesgos que conlleva nuestro actual desarrollo (científico/técnico/económico), cada vez más “deshumanizado e ilógico”; algunos peligros, ya “a la vuelta de la esquina” (Cambio Climático, pandemias infecciosas, etc.), son de tal gravedad que amenazan, sin duda, a todos los habitantes del globo terráqueo. Un desastre, como alguno de los antes reseñados, disminuiría considerablemente las posibilidades de una supervivencia futura humana sobre la Tierra; en realidad, ese es el mensaje o reflexión “ética/moral” que, con enorme lucidez, nos adelantó el citado Filósofo/Teólogo. Conviene relativizar los grandes logros que hasta ahora nos ofrece la ciencia, ya que “todo tiene un precio”; es decir, la búsqueda del conocimiento no puede rebasar ciertas barreras –la dignidad humana, etc.-, sin las cuales éste no está al servicio del Hombre sino que, por el contrario, lo esclaviza hasta el infinito. El desarrollo no solo trae innumerables ventajas sino, también, evidentes peligros –como algunos de los ya citados- que conviene “conjurar” cuanto antes; con la mayor humildad, relativicemos los prodigios que ha alcanzado la ciencia/técnica, toda vez que ésta también implica innumerables riesgos, de enorme gravedad y alcance. Ante el cuadro ya descrito, conviene actuar de manera racional y sensata; eso sí, respetando los derechos de todos, para que cuantos nos sucedan se beneficien igualmente de los recursos hoy disponibles. No solo nosotros tenemos Derecho a desarrollarnos, aprovechando al máximo los conocimientos científicos/técnicos hasta ahora adquiridos y el hábitat natural; ese Derecho también asiste a las generaciones futuras. Es necesario satisfacer ahora nuestras propias necesidades; sí, pero de forma equilibrada, razonable y solidaria con quienes vivan mañana; cuando convirtamos el entorno que nos rodea en un espacio yermo, vacío de toda vida, ¿a dónde irá la especie humana?.

El principio de precaución, entendido en sus justos y prudentes términos, eleva nuestra seguridad en todos los órdenes de la vida; éste nos anticipa todo tipo de riesgos graves y, al tiempo, trata de prevenirlos en la medida de lo posible. También cabe una interpretación de la precaución que la conceptúe en forma dogmática y abusiva; es decir, exigiendo a los científicos que prueben haber tenido en cuenta todos y cada uno de los riesgos/peligros (sospechados o no). Si entendemos dicho principio de forma excesivamente rígida y garantista, tan solo conseguiremos paralizar completamente el conocimiento/progreso científico y, de paso, todas las ventajas que éste podría depararnos en beneficio de la vida, salud, etc.. Una puesta en práctica conveniente de dicho principio pasaría por evaluar los riesgos de la manera más exacta y equilibrada posible, desde un punto de vista amplio; ello reforzaría sin duda la creación de numerosas agencias públicas independientes, formadas por equipos de expertos científicos empeñados en la tarea de la vigilancia de un determinado campo de la realidad.

La gestión (racional y proporcionada) de los riesgos, por toda la sociedad, precisa de unos instrumentos jurídico-políticos, de claro corte transparente, participativo y democrático; la ciudadanía tiene derecho a que se le informe, de forma veraz/completa, sobre cualquier amenaza que ponga en peligro alguno de sus bienes/valores más esenciales (naturaleza, vida/salud, etc.). La mayoría ciudadana, cada vez más participativa, quiere intervenir en todos aquellos mecanismos/foros de decisión sobre los asuntos más preocupantes; así, la cuestión medioambiental, la seguridad de los productos/servicios que se ofertan en el mercado, los derechos humanos, etc., llenan la agenda de todos los organismos (públicos/privados/nacionales/internacionales), preocupados por preservar los derechos básicos que nos atañen como ciudadanos/consumidores/usuarios. Las sociedades con mayor desarrollo económico/social, especialmente sensibilizadas con la defensa y protección de sus derechos cívico/ciudadanos, resultan especialmente combativas contra todo tipo de abuso; así, la mayoría ciudadana exige que se le informe profusamente sobre los riesgos que nos amenazan, sin hurtarle por ello el justo y necesario debate acerca de cómo gestionarlos.

El ciudadano del siglo XXI, bajo el paradigma de la precaución, siempre tendrá derecho a saber/conocer qué está pasando; más aún cuando se trate de cualquier amenaza, de tal calibre que pueda poner en riesgo el pacífico ejercicio de sus derechos. El consumidor solo podrá ser prudente sí recibe la más completa información sobre aquellos bienes/productos/servicios que ofrece el mercado; lo mismo cabe decir respecto a las condiciones de venta/comercialización/distribución de los anteriores. Los consumidores tan solo reclaman, como una sola voz, ser escuchados; es decir, que las Administraciones, empresas, asociaciones,....tengan en cuenta sus peticiones, demandas y deseos. Las administraciones públicas y las empresas tienen ante sí un nuevo reto: esto es, el de consultar a la ciudadanía, para ganarse así su confianza y actitud colaboradora a la hora de afrontar las diversas problemáticas. En un mundo como el actual, la gente ya no confía en la eficacia de las instituciones –las más, sin prestigio alguno-, demasiado lejanas y burocratizadas para contar con el apoyo incondicional ciudadano; una actitud abierta, colaboradora y comprensiva, por parte de todas ellas (públicas y privadas), contribuirá a disminuir poderosamente su creciente recelo/rechazo por parte de cada vez más “ciudadanos de a pie”; el ejercicio responsable y prudente del Poder –llámese político, económico, social, etc.- conlleva, también, “rendir cuentas” sobre las decisiones adoptadas. Los gobernantes juiciosos, sí quieren serlo, deben ser los primeros en sentarse a meditar, con la necesaria pausa y recogimiento, sobre aquellas situaciones arriesgadas para los derechos de sus “administrados”; la sensatez y cordura de quienes ostenta los poderes públicos les impone el deber de tranquilizar a la ciudadanía, tomando para ello las decisiones más sabias en cada momento.

El principio comentado opera sobre unos riesgos –la producción futura de una serie de daños, graves e irreversibles-, cuya única base radica en hipótesis; es decir, datos que todavía no se han confirmado. Lo anterior habla bien a las claras de la complejidad que implica la puesta en práctica del citado principio; más, todavía, en un mundo como el presente, dominado por la vertiente más comercial de los medios de comunicación y las “guerras de audiencias” entre los distintos grupos “mediáticos”. La idea que propugna el mencionado principio es la de que se actúe ahora, eso sí, con la exclusiva finalidad de evitar la realización de un daño futuro (grave y irreversible) del cual hoy no tenemos certidumbre científica alguna; elemento básico en la aplicación correcta de dicho principio es el de cómo calibrar, de manera cabal y sensata, el riesgo ante el cual nos enfrentamos y sus posibles graves consecuencias. Se trata de impulsar la investigación y el conocimiento científico; así será posible superar la incertidumbre acerca de las consecuencias futuras de cuanto hoy sabemos.

La naturaleza de dicho principio no es, todavía, un asunto pacífico sino, más bien, objeto de las más vivas y aceradas polémicas; así, recordemos dos aspectos relevantes: 1º el origen del citado principio puede situarse en el campo de los Tratados internacionales constitutivos del Derecho Medioambiental, suscritos tras las oportunas negociaciones previas entre los Estados firmantes para salvaguardar sus propios/respectivos/recíprocos intereses nacionales particulares y 2º los Gobiernos nacionales y los Tribunales de Justicia internacional han interpretado tal principio de manera muy cambiante e insegura, negando así su carácter de norma jurídica imperativa y absoluta. Los anteriores aspectos, relativos tanto al nacimiento como como aplicación del citado principio, hacen dudar, muy seriamente, sobre su “presunto” carácter jurídico. En realidad, dicho principio parece ser una mera “guía orientadora”, sin un carácter coercible e imperativo, de alcance general, absoluto e indisponible, propio de las reglas/mandatos jurídicos; conforme a lo reseñado, tal guía habría de aplicarse por los poderes públicos cuando se enfrenten a riesgos, susceptibles de producir en el futuro daños graves e irreversibles, que, al día de hoy, carecen de cualquier prueba científica irrefutable.

El principio de precaución ha sido utilizado con harta frecuencia por los poderes públicos, aunque éstos lo hayan interpretado siempre de manera relativa y no obligatoria; en realidad, se ha usado como instrumento mediante el cual ganarse una “opinión pública ciudadana” favorable y presta a colaborar/dialogar, sin grandes estridencias ni conflictos. En un mundo tan esencialmente individualista como el de hoy, donde prima hasta el paroxismo la mas fuerte e intransigente conciencia del propio YO y los Derechos de cada uno, se impone el consenso y la negociación entre la ciudadanía y los diversos Poderes (sociales, políticos, etc.). La vieja expresión “obedece porque yo te lo mando” esta ya completamente fuera de lugar en este momento; el único poder real que es aceptado –y, sobretodo, obedecido- sin oposición alguna es aquel que el Pueblo consiente, conforme a los mecanismos jurídicos políticos democráticos y constitucionales apropiados para ello.

El temor creciente de nuestras sociedades más desarrolladas a una futura debacle –medioambiental, por ejemplo, ya irreversible, casi presente en nuestros días-, debe de hacernos reflexionar sobre qué somos y cual es el futuro que nos aguarda; conviene que aprendamos a controlar los excesos más negativos del conocimiento científico, evitando que, a modo de aprendices de brujo, generemos con nuestro comportamiento egoísta todo tipo de desastres de carácter irreparable. Un mundo, sin el principio de precaución, sería mucho más peligroso e inseguro que el que hoy conocemos; además, se pondría en duda la eficacia de los derechos básicos, de alcance constitucional, que la ley nos concede –a la salud, integridad, etc.-. La actividad económica, ajena a cualquier responsabilidad moral/ética de cara al futuro, solo podrá convertirse en fuente de esclavitud; el productivismo a toda costa, sin cortapisa alguna a largo plazo, no trae nada más que desgracia y sufrimiento. El ejercicio de nuestras capacidades -científicas, etc.- solo puede ser sostenible si pensamos en el mañana y quienes sean sus habitantes. El principio de precaución minimiza los riesgos, sin que ello suponga en modo alguno renunciar a los avances positivos de la ciencia y sus novedosos descubrimientos; precaución y progreso científico no son términos incompatibles, toda vez que la primera reflexiona sobre las condiciones del segundo. Tal reflexión no debe suponer ralentización alguna de los avances científicos. El principio aquí estudiado cuestiona, de manera amplia, los sucesivos logros de la ciencia, de manera global y a largo plazo; por ello, conviene que se separen, de manera nítida y clara, dos ámbitos netamente diferenciados: uno, el de aquellas personas –los llamados científicos-, profesionales de la ciencia que determinan cuales son las opciones posibles ante un determinado riesgo y, otro, el de quienes –ciudadanos-, ajenos a esa comunidad científica, asumen la tarea de decidir cual de dichas opciones será la que finalmente se lleve a cabo; dicha diferenciación, facilita sobremanera que los legítimos representantes sociales –empresarios, consumidores, asociaciones, poderes públicos- mediten –de manera seria, profunda y pausada- sobre qué hacer ante una situación de riesgo y cómo/cuando aplicar las necesarias cautelas.

Los increíbles avances científicos hasta ahora alcanzados, así como los que se vislumbran en el más inmediato horizonte, deben ser sometidos a los necesarios límites y condicionamientos éticos; de lo contrario, corremos un serio riesgo de acabar definitivamente con los recursos del planeta y, de paso, nuestra supervivencia futura. Las necesidades del hombre y la naturaleza deben satisfacerse de forma pacífica, sin contraposición entre ambas; el ser humano y el medio natural forman parte uno del otro. La decisión última en aquello que atañe a los derechos de la ciudadanía tan solo corresponde a ésta última, ejercida a través de los mecanismos jurídico legales democráticos previstos ad hoc; los progresos de la ciencia deben siempre someterse, en último término, al dictado (final y definitivo) del pueblo soberano, quien, de manera cívica, habrá de expresar su parecer vía aquellos que legítimamente les representantes –y, no al contrario-.

Hoy, mas que nunca, es posible observar cómo los descubrimientos científicos son ambivalentes; por un lado, mejoran considerablemente la calidad/dignidad de la vida humana pero, al mismo tiempo, también generan enormes riesgos susceptibles de provocar inmensos daños a la especie; lo mismo cabe decir respecto al conocimiento científico: la ciudadanía pide más avances que aumenten el bienestar de las personas pero, al mismo tiempo, considera la actividad científica como insegura y amenazante para sus derechos, integridad física/moral y libertades. El pueblo ha dejado de creer, ciegamente, en las bondades de la ciencia y sus descubrimientos; se percibe claramente que el desarrollo científico/tecnológico, sin límite alguno, puede provocar los mayores desastres y calamidades. Parece no reinar ya la reverencia/culto más servil a la “verdadera Fe” (en forma de progreso/desarrollo científico) y sus “Ministros” (los científicos); más bien, en este momento, la ciudadanía alberga la mayor desconfianza, recelo y temor hacia la Ciencia, fundada sobre los accidentes que su uso puede originar. La mejor precaución es aquella que se esfuerza en evitar/prevenir desastres, potenciando al máximo todos aquellos mecanismos tendentes a investigar las fuentes de riesgo; se trata, en realidad, de utilizar inteligentemente las herramientas investigadoras a nuestro alcance, de modo que sepamos lo más posible sobre los mencionados riesgos y cómo superarlos.

La esencia del principio de precaución es la de un instrumento, pensado para disipar, en forma meditada y reflexiva, la incertidumbre que nos rodea; dicho principio pone el énfasis en que tengamos en cuenta las consecuencias futuras de cuanto hoy hagamos. Tal perspectiva, dirigida a concienciarnos del hoy –además del futuro mañana-, solo mejorará nuestra dignidad/calidad de vida; debemos ser libres –y, por ende, responsables- para decidir no solo lo que ahora nos suceda sino, también, el legado que dejaremos a nuestros hijos, nietos, etc.. La perspectiva de la precaución introduce la duda ante la incertidumbre que nos ofrece un determinado riesgo; esa duda solo podrá despejarse mediante la práctica de un análisis, amplio y profundo, que examine la mayor cantidad de parámetros/variables relativas al mencionado riesgo y los intereses afectados por éste. Tal actividad analítica, extraordinariamente compleja y complicada, no siempre podrá evaluar, debido a múltiples razones, todas y cada una de las alternativas posibles.

En todo caso, el principio de responsabilidad, al cual hace mención Jonas, no se contradice con el de la precaución, al cual aquí nos hemos estado refiriendo; ambos, desde su respectivo punto de vista, se complementan y, a la vez, comparten elementos comunes y, además, sutiles diferencias; así, entre los puntos en común de ambos conceptos (responsabilidad/precaución) podemos citar el de la duda a la hora de plantearnos qué consecuencias futuras tendrán los actos que llevemos a cabo en este momento. En cuanto a las diferencias, uno y otro operan sobre ópticas diversas; la responsabilidad se refiere a riesgos altamente hipotéticos, de gran alcance y gravedad, cuyo carácter irreversible amenaza muy seriamente la propia existencia humana; la precaución alude a riesgos, en principio no tan graves, pero, igualmente, no susceptibles de completa identificación, estimación o evaluación en este momento. Hemos de pensar que la citada obra de Jonas, en base a la que surge el principio “ético” de la responsabilidad como “guía” del desarrollo tecnológico, está escrita en 1974; en verdad, el principio de precaución, cuya génesis inicial cabe situar en el citado autor, se ha ido aplicando a lo largo del tiempo a nuevos campos del conocimiento, no previstos inicialmente por éste.

Una vez resumidos los conceptos fundamentales sobre los que se apoya la presente obra, conviene ofrecer una serie de reflexiones más personales por parte de quien suscribe éstas líneas.

EPÍLOGO

Recordemos que los riesgos que amenazan a los bienes esenciales del hombre –integridad física y moral, patrimonio, libertad ..- tienen un muy diverso origen; así, por ejemplo, las catástrofes naturales (huracanes, terremotos, tsunamis…), infecciones por virus/bacterias…causan más muertos o heridos que los accidentes de circulación, etc.. Sin duda alguna, disfrutamos en este momento de unos elevadísimos niveles de seguridad en casi todos los órdenes de nuestra vida diaria; y, ello, pese a las noticias “catastróficas e impactantes”, difundidas con el mayor de los escándalos en las primeras planas de la prensa, televisión…. Así mismo, la propia ciudadanía parece haberse contagiado, en numerosas ocasiones, del “tremendismo” mediático antes referido, fuera de toda mesura, racionalidad o equilibrio.

A la vista de ello, cabe apreciar la presencia simultánea de dos fenómenos, en apariencia, contradictorios; esto es, de un lado, las elevadas cotas de seguridad que, desde un punto de vista objetivo, gozan los miembros de aquellas sociedades con mayor desarrollo económico (protección frente a la enfermedad, vejez, etc.) y, de otro, la exagerada/irracional percepción de los riesgos, tanto por parte de los mass media como de los propios ciudadanos. Tales fenómenos, pese a su aparente contradicción, resultan perfectamente compatibles; es más, las increíbles oportunidades que nos ofrece el presente desarrollo técnicocientífico trae, como inevitable consecuencia, mayores riesgos y, a la vez, una creciente conciencia social y ciudadana sobre sus posibles consecuencias negativas. El progreso, con sus innumerables ventajas, no puede transformar por sí solo nuestra propia naturaleza, finita y mortal –con todas las miserias y grandezas que ello conlleva-; en todo caso, las mejoras en las condiciones de vida ciudadana (higiene, alimentación, etc.) han facilitado la casi completa erradicación de algunas enfermedades (tuberculosis, etc.), antaño graves. Así mismo, la misma duración de la vida, así como su calidad y disfrute, se han alargado considerablemente; pese a todos los adelantos técnicos-científicos conseguidos, queda por superar el eterno umbral de la muerte. Aún en contra de lo que pudiera parecer, las estadísticas demuestran un dato objetivo; esto es, los terremotos, maremotos y demás catástrofes naturales de semejante índole –es decir, tan solo imputables a las fuerzas telúricas del Planeta, desatadas en extremo- quitan la vida o hieren a más personas que aquellos accidentes/desastres, producto exclusivo del desarrollo científico-tecnológico. Así mismo, tampoco olvidemos que, cada año, la absoluta falta de alimentos acaba con la vida de millones de personas, en extensas regiones de los países subdesarrollados –sobretodo, África-; éstas sufren, sin parar, el azote de los “jinetes del apocalipsis” en forma de guerras permanentes, pobreza masiva crónica, sequías prolongadas, etc.

El uso cada vez más acentuado de la tecnología hace enormemente fácil la vida cotidiana; pero, a la vez, limita nuestra libertad, convirtiéndonos en seres absolutamente dependientes de ella. Además, el uso por doquier de innumerables instrumentos mecánicos, propios de la sociedad del conocimiento y la tecnología que nos envuelve, también pone en peligro nuestra seguridad; así, la presencia de procesos/mecanismos industriales/tecnológicos, erróneos o ilícitos por abusivos/engañosos (fraude a los derechos del consumidor), es, por desgracia, algo habitual. La llamada “tecnofóbia” no ha hecho más que empezar, expandiéndose poco a poco con un llamativo éxito; podríamos llamar “tecnófogos” a quienes, profundamente temerosos de los riesgos inherentes a los sucesivos avances de la Tecnología, deciden abjurar de sus ventajas, volviendo por completo a la vida natural del pasado. La “sociedad del miedo” entra en escena, llena de terrores hacia lo que puede pasar mañana, pero que hoy no es desconocido.

La población tolera, sin apenas protestas, los riesgos provenientes de la naturaleza al considerarlos “inevitables”; pero, por el contrario, solemos reaccionar menos resignadamente contra aquellos asociados a la tecnología. Las “ventajas” que, cotidianamente, nos proporcionan los innumerables aparatos que nos rodean en el hogar, trabajo, ocio, etc., implica, igualmente, otras contrapartidas; a título de ejemplo, los desplazamientos, gracias al coche, han ganado en seguridad, rapidez y confort, pero, pese a ello, el uso intensivo del vehículo de motor hace más probable un accidente de tráfico con resultado de lesión o muerte, etc.. La sociedad eminentemente tecnológica, propia de nuestros tiempos, mejora a pasos agigantados la dignidad/calidad de vida; ello, sin duda, no es gratis. Así mismo, la aplicación del principio de precaución difiere según cual sea el modelo cultural predominante; en Francia, el intervencionismo administrativo allí reinante ha facilitado el éxito en la aplicación de dicho principio. En USA, donde la libertad mercantil/dictadura del mercado es el “santo y seña” nacionales, dicho principio no ha tenido excesiva virtualidad; precisamente, la cultura francesa, claramente racionalista y cartesiana, pone especial énfasis en la idea del control administrativo previo para controlar la seguridad de todos aquellos productos/servicios/bienes, objeto de compraventa en el mercado. Por el contrario, los norteamericanos, celosos de su libertad frente a la tiranía de los reyes británicos, protegen a pie juntillas la libertad mercantil; en base a ello, las autoridades USA dejan el control de la seguridad de los productos/servicios, tanto a los tribunales de justicia como al propio mercado, vía pólizas de seguro.

Una de las grandes aplicaciones tecnológicas es aquella dedicada a prever y anticipar los grandes desastres naturales; tal tecnología permite minimizar los daños que éstos producen en las cosechas, viviendas, etc.. El principio de precaución analiza los riesgos, tanto potenciales como reales, definiendo no solo su alcance/probabilidad sino también los respectivos costes/beneficios de cada uno de ellos; tal actividad analítica conjunta permite adoptar la mejor medida precautoria posible. En todo caso, conviene que dicho análisis sobre los riesgos sea exhausto, sin dejar atrás ninguno, amén de público, transparente, independiente y neutral; así mismo, tal tarea precisa un razonamiento juicioso, sereno y equilibrado, bien lejos de cualquier sospecha de abuso a la hora de “interpretar” los datos disponibles.

En suma, la precaución es un instrumento que busca salir de la incertidumbre con la mayor rapidez posible; eso sí, investigando de manera seria/rigurosa los riesgos presentes en toda su amplitud. Con mayor incidencia, aún, se impone esta obligación de investigar sí hablamos de riesgos a largo plazo, necesitados de un seguimiento con idéntico plazo temporal –cambio climático, etc.-. A la hora de afrontar los riesgos, interesa establecer dos niveles, nítidamente separados e independientes tanto entre sí como respecto al poder político; uno, el formado por los expertos científicos que redactan los informes y memorandums donde se describen los riesgos hallados y cómo abordarlos y, otro, que aglutina a las diversas organizaciones, entidades y poderes que constituyen y representan a la “sociedad civil” –es decir, administración pública, asociaciones profesionales/sindicales, etc.-. La deseable independencia entre ambos niveles no significa ausencia de colaboración entre los mismos; así, el papel de dichos representantes de la “sociedad civil” es el de valorar los datos proporcionados por los científicos, decidiendo qué opción llevar a cabo de entre las posibles. Ambos niveles deben actuar conforme a protocolos sometidos a la mayor transparencia y publicidad, estableciendo además reglas claras e inequívocas mediante las cuales sea posible la resolución de cualquier discrepancia. Las medidas de seguridad, adoptadas ante un determinado riesgo, deben ser apropiadas, coherentes y eficaces.

La ciudadanía desea unos gobernantes que proporcionen la deseable información sobre los riesgos que puedan amenazarnos, de manera clara, completa e inteligible para “el común de los mortales”; aquellos gobernantes que satisfacen dicha demanda de información cívica-ciudadana suelen recibir, habitualmente, un claro apoyo/respaldo electoral. El mejor etiquetado y trazabilidad de los productos/mercancías y servicios, objeto de compraventa en el mercado, contribuye al cumplimiento del ese “derecho a la información” que a todos nos asiste; por otro lado, no olvidemos que una empresa, seriamente comprometida con los intereses sociales de su entorno, actúa con mayor transparencia que en caso contrario. Las personas quieren saber todo aquello que ponga en riesgo sus derechos básicos y fundamentales como ciudadanos y consumidores –integridad física y moral, seguridad de los productos/servicios/bienes, etc.-; así mismo, crece el deseo de la ciudadanía de participar en la toma de decisiones mediante debates serios y fundados, donde todos aquellos socialmente legitimados puedan opinar de manera libre. Es necesario un nuevo modelo de debate –sensato, sereno, informado y eficaz-, mediante el cual sea posible conciliar los intereses de las distintas fuerzas sociales y políticas; solo así podrá imponerse la verdadera sociedad civil, como espacio de pacífica convivencia en el cual todos podamos ejercer nuestros respectivos derechos y libertades; el respeto y tolerancia por las ideas de los demás constituye, en fin, una regla o principio moral/ético irrenunciable, conforme a nuestra larga tradición democrática.

La precaución, como instrumento mediante el cual evitar riesgos, favorece la participación de todos aquellos agentes interesados en tal propósito; así, el mundo globalizado del presente, cuyas amenazas desbordan las estrechas fronteras nacionales, solo podrá elevar sus actuales niveles de seguridad mediante una actuación, conjunta y coordinada, tanto a nivel internacional como nacional. Precisamente, desde el plano del derecho internacional, faltan mecanismos de alerta con igual alcance y dimensión; el único campo donde todos los países informan a los demás sobre los riesgos para la salud mundial es, por el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los mecanismos de la precaución, a escala nacional y global, deberían articularse sobre las siguientes líneas: 1º todo riesgo debe ser definido, evaluado y fijado conforme a una determinada escala de graduación, 2º el análisis de riesgos ha de contemplar/comparar los diferentes escenarios/opciones posibles de acción/inacción, 3º todo análisis del riesgo implica un aspecto económico, tendente a analizar su respectivo coste/beneficio en sentido amplio, 4º las estructuras que evalúen los riesgos deben ser independientes, aunque coordinadas, 5º las medidas precautorias que se adopten deben ser revisables y proporcionadas, conforme evolucione el riesgo, 6º salir de la incertidumbre impone una investigación cuidadosa y exhaustiva, 7º los circuitos de decisión deben ser apropiados, coherentes, fiables, eficaces e independientes de los que se dediquen a evaluar/seguir los concretos riesgos y 8º la ciudadanía tiene derecho a recibir toda la información disponible, de manera clara e inteligible, pudiendo participar sus legítimos representantes en cuantas decisiones adopte la autoridad, vía el oportuno debate –plural, libre y abierto-.

La ciencia debe abrirse a los demás, que no formamos parte de su comunidad científica; los ciudadanos, como destinatarios de los descubrimientos y avances del saber, tenemos derecho soberano a opinar sobre las metas que éste debe perseguir. También hay que escuchar aquellas opiniones científicas, hoy minoritarias, pero obtenidas conforme a unos criterios metodológicos irreprochables; la interdisciplinariedad enriquece el saber humano, en general. Los descubrimientos de la ciencia deben difundirse sin cortapisa alguna.

La precaución, bien entendida, presupone afianzar la seguridad de todos, puesto que se trata de evitar riesgos -muy probables- susceptibles de daños, graves e irreversibles; así, se tendrán en cuenta todos los costes económicos derivados de dichos riesgos, a fin de establecer las medidas precautorias que sean más adecuadas. Son precisas las más perfeccionadas técnicas de detección/análisis de riesgos; en EEUU, los productores de bienes y servicios deben reconocer por escrito que han hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de sus mercancías. Algunos Estados, presa de un “alarmismo” excesivo sin base racional o científica alguna, utilizan el principio de precaución como barrera frente al librecomercio mundial; sin perjuicio de ello, las diversas administraciones públicas deben realizar mayores esfuerzos, en términos humanos y presupuestarios, para la necesaria puesta en práctica de dicho principio.

Los medios de comunicación deben difundir los descubrimientos científicos sin caer en el más obsceno amarillismo, exagerado y falso; la prensa, radio, TV, etc., conforman, de manera muy influyente, la llamada “opinión pública”. La libertad de expresión/información está limitada por otros derechos, igualmente legítimos y respetables –sobretodo, el derecho de la ciudadanía a ser informada en forma veraz e imparcial-; en el sistema jurídico político democrático, no cabe el ejercicio, absoluto e ilimitado, de cualquier derecho. Conviene regular la actividad periodística mediante un conjunto de criterios deontológicos, claros e irrenunciables, acordados libremente entre sus respectivas organizaciones profesionales más representativas; en esa línea, la defensa del interés público exige noticias siempre completas, veraces y adecuadamente contrastadas, citando sus fuentes con las excepciones que fije la Ley. Ello permitiría sancionar toda difusión de innumerables noticieros falsos o tendenciosos, que suelen asociarse a los intereses más oscuros/ilegítimos contrarios a la verdad; otro tema de importancia es el del deseable rigor a la hora de difundir entre la ciudadanía cualquier actividad científica, la cual ha de comprometerse nada más que con las “leyes” que regulan ese campo del conocimiento.

Como ya hemos indicado más arriba, algunas posturas definen el citado principio de forma minimalista, asimilando su significado al de la prevención; en cambio, para otras, debería primar un concepto más radical de dicho principio -la perspectiva extrema de lo que llamaríamos “la heurística de lo peor”-, buscando, en vano, la meta del “riesgo cero”. En cualquier caso, la metodología del principio de precaución, para los más extremistas, pasa por anticiparse, inflexiblemente, a las amenazas que nos acechan, pudiendo así prever por adelantado las consecuencias de nuestros actos; además, tal perspectiva fija qué riesgos nunca deberían correrse, enfatizando, así, aquellos daños, más graves e irreversibles para las generaciones futuras. El objetivo último debería ser el de garantizar la vida, en sentido amplio, sobre el planeta tierra: hoy y mañana; eso sí, mediante un punto de vista racional que asegure la óptima conservación del medio ambiente y la salud humana. Los partidarios de dicho principio reclaman de los fabricantes/productores la garantía de la inocuidad de sus productos/servicios; así quedaría asegurada la ausencia absoluta de riesgos para quienes los consumieran o utilizasen.

Siguiendo las tesis de quienes contemplan el referido principio, en su concepción más pura, el menor atisbo o sospecha de riesgo debe conducir a una moratoria o abstención definitiva; el problema de esta óptica es que peca de excesiva, toda vez que la ausencia de límites a la hora de aplicar dicho principio supondría unos enormes costes económicos para la sociedad. En esa línea, tal principio, aplicado de forma absoluta y sin limitaciones, solo puede suponer la paralización completa de la actividad económica; ello es así, por la simple razón de no poderse garantizar en todo momento el deseable “riesgo cero”. La aplicación, excesivamente rigorista del citado principio, será una fuente de inseguridad para los consumidores, productores/fabricantes y toda la sociedad, en general; los industriales, ante el peligro de una cascada interminable de litigios por el más mínimo riesgo en sus productos/servicios, subirán los precios, incluyendo en los mismos los costes de los hipotéticos procesos judiciales a los cuales, seguramente, habrán de hacer frente.

Entre quienes defienden el principio de precaución, en su perspectiva minimalista, y, aquellos otros, favorables a una tesis más intransigente, caben posiciones intermedias; así, aplicaríamos dicho principio ante una hipótesis de riesgo científicamente creíble, admitida en ese momento por una parte significativa de la comunidad científica; se trata de valorar/evaluar un concreto riesgo de la manera más precisa posible. Así mismo, las medidas precautorias que se adoptan deben tener en cuenta no solo los costes económicos sino, también, otros factores –sociales, culturales, etc.-. El aspecto ético del citado principio constituye, quizás, su principal virtud a la hora de interpretarlo; la defensa a ultranza del bien común e interés general encuentran el mejor cauce en un hacer, prudente y cauteloso, de las autoridades públicas.

Todos los agentes sociales –comunidad científica, mass media, asociaciones cívicas, etc.- deberían implicarse en comunicar más/mejor sus opiniones/argumentos sobre esta problemática; conviene que todos intensifiquemos la “pedagogía” sobre los riesgos que hoy nos acechan, así como la manera más eficaz de superarlos. En esa línea, los poderes públicos disponen de los “mass-media” para informar a la ciudadanía, de manera atractiva y ágil, sobre las opciones posibles en dicho ámbito; los ciudadanos, tras recibir esa información, serían libres –y, por ende, responsables- de escoger la que prefiriesen, con todas las consecuencias a ella aparejadas. Las decisiones que tomen los líderes políticos, en materia de precaución, han de ser siempre explicadas con sumo cuidado y prudencia a la ciudadanía; así evitaremos un comportamiento descontrolado e irracional de las masas, que ponga en peligro la paz cívico-ciudadana. Las medidas precautorias que se adopten en cada momento deben ser explicadas a la ciudadanía, de manera conveniente y razonable, atendiendo a cómo evolucionen los hechos y conocimientos científicos; los ciudadanos quieren que aquellos con poder –social, político, económico, etc.- oigan la voz (alta y clara) del pueblo.

En todo caso, el comercio internacional necesita el mayor acuerdo posible sobre cómo interpretar el mencionado principio; la fluidez en el tráfico mercantil, a nivel internacional, no solo debería conllevar los beneficios empresariales sino, también, una mínima seguridad en cuanto al medioambiente y salud de los consumidores. Todo aquel que genera riesgos para otros con su actividad –empresas, particulares, Administraciones Públicas-, está sujeto a dicho principio y sus efectos; desde luego, los poderes públicos gozan de la suficiente legitimidad para decidir, en última instancia, sobre la salud pública, seguridad de los ciudadanos y el bienestar general; es más, dichos poderes públicos, en base a su imperium o poder coercitivo, están capacitados para imponer la supremacía del principio de precaución sobre otros, como el de libre empresa, competencia, circulación de mercancías, etc..

Toda amenaza contra el medio ambiente lo es también, en idéntica medida, para la salud humana; nuestra dignidad/calidad de vida más adecuada precisa de un medio natural sano y bien conservado, sin poluciones nocivas en exceso. La producción (masiva e industrializada) de alimentos tiene dos lados; uno, positivo, puesto que disponemos, teóricamente al menos, de comida barata, abundante y de calidad homogénea y, otro, negativo, en tanto que nuestra alimentación resulta, a la vez, nociva y nada saludable por el exceso de aditivos químicos (conservantes, aromatizantes, potenciadores del sabor, etc.). La industria, dedicada a la producción de alimentos, ha de proteger, por encima de todo, la salud de quienes adquieren sus productos, más que la pura rentabilidad o el beneficio empresarial; todos, como consumidores y ciudadanos, tenemos el derecho a alimentarnos con productos sanos y seguros, sostenibles desde el punto de vista medioambiental, que mejoren nuestra calidad de vida -y no lo contrario-.

La ciudadanía, organizada democráticamente, debe tomar parte en los procesos de decisión que articulen las distintas administraciones públicas; conviene que vaya calando entre nosotros una creciente consciencia del riesgo, aumentando con ello la necesidad de prevenir los posibles efectos negativos de la mayoría de nuestros actos. La precaución fortalece una cultura preventiva de los riesgos, haciéndonos responsables de sus consecuencias, presentes y futuras; así mismo, la idea de prever el futuro facilita aquellas cautelas, más necesarias y oportunas, llamadas a minimizar el riesgo existente en todo lo posible. Tal vez, la actividad administrativa deba centrarse hoy, y cada vez más en el futuro, hacia la precaución; la importancia e intensidad de los riesgos a los cuales hemos de hacer frente lo justifican. Eso sí, toda decisión que tomen las autoridades públicas debe estar fundada en Derecho; en esa línea, las opciones elegidas por los representantes políticos nunca podrán permanecer ajenas a los mandatos jurídicos constitucionales, tuitivos tanto del interés general como de los derechos cívico/ciudadanos que a todos nos asisten. La eficacia administrativa debe ir de la mano con el más acendrado respeto por la Ley y el resto del Ordenamiento Jurídico; sin perjuicio de ello, prima entre la ciudadanía el deseo de mayor transparencia e información por parte de los organismos públicos; el nuevo concepto de autoridad es aquel que preceptúa un papel más activo por parte de quien la ostenta, en beneficio del pacto resultante de la previa participación/debate ciudadanos. Se impone, pues, un amplio y ordenado contraste de pareceres que permita la mejor concertación de todos los intereses en juego; ello posibilitará que lo así acordado se cumpla, eficazmente y con plenas garantías.

Como hemos advertido en las anteriores páginas, se suscitan numerosas dudas acerca de la naturaleza, desde el punto de vista jurídico, de dicho principio de precaución; con independencia y más allá de tal controversia, el verdadero valor del citado principio reside en otro lugar; esto es, el de cuestionarnos cuanto hacemos, teniendo en cuenta una perspectiva de futuro que, hasta ahora, estaba “huérfana” de amparo jurídico-legal. En verdad, el éxito del meritado principio reside, precisamente, en fijar una perspectiva que mira hacia el largo plazo; tal vez, por eso, sería conveniente conceptuarlo como un mandato –moral, más que jurídico- dirigido a las autoridades/poderes públicos, cuyo propósito es el de “guiar” su comportamiento. La duda que impone el uso razonable del principio de precaución, en cuanto nos interroga sobre las consecuencias futuras de cuanto hoy hagamos, supone innumerables ventajas; entre otras, la de acentuar la participación/debate popular, de manera responsable y abierta a las más diversas sensibilidades, en pos del necesario consenso cívico ciudadano. Así mismo, la puesta en cuestión de las técnicas y demás actividades humanas, por los riesgos que ellas conllevan, nos permite “ganar tiempo”, atenuándolos debidamente; por otro lado, solo el enfoque que nos proporciona el citado principio hace posible una creciente “humanización” del desarrollo, entendiéndolo como algo que excede de lo puramente material/económico/cuantitativo/monetario. El principio de precaución, como instrumento mediante el cual implementar la duda razonable en todo tipo de procesos –económicos, científicos, etc.-, aporta un gran valor; esto es, hacernos comprender que nuestros actos y decisiones forman parte de una realidad global, donde todos interactuamos de mil maneras.

El Estado, ante los retos que plantea el principio de precaución, precisa reorganizarse de nuevo; así, como ya hemos advertido en las líneas previas, toca la búsqueda del consenso/paz social mediante la mejor colaboración de las autoridades públicas con la ciudadanía. La lógica del “Ordeno y Mando”, propia de otras épocas, donde la autoridad estatal imponía su imperium, ya está periclitada; precisamente, el principio de precaución ha favorecido su fenecimiento, por no adaptarse a la realidad social de hoy día, donde el respeto al Yo y la propia libertad individual lo tiñen todo. Vivimos en una sociedad cada vez más concienciada de los derechos que nos asisten; pero, al mismo tiempo, profundamente negadora de los respectivos deberes para con los demás –sobretodo, aquellos que nos sucederán en el mañana-. El individualismo exacerbado dificulta e impide cualquier proyecto colectivo, beneficioso para todos, que redunde en una mayor seguridad; el mal funcionamiento de los mecanismos e instituciones –de orden jurídico político-, propios de la democracia representativa, dificultan, en igual medida, la resolución colectiva de los problemas.

La ciudadanía desea, en estos momentos, que la Política y sus Valores esenciales –con mayúsculas- tengan verdadero lugar y sitio entre nosotros; es decir, que el sistema Jurídico Político, institucionalizado conforme al Derecho, proteja los intereses generales de toda la ciudadanía, de verdad y sin paliativos. Los ciudadanos demandan de los poderes públicos mayores cotas de información, debate y participación, en todo aquello que les afecte; el pueblo no solo quiere que el poder público cuente con él a la hora de votar; la ciudadanía también exige de sus representantes políticos que obren con responsabilidad/precaución –al igual que a las empresas y demás sujetos de Derecho-. Un comportamiento responsable significa tener en cuenta la dimensión colectiva de cuanto decidimos/hacemos –ya seamos particulares, empresarios o empleados públicos-; la búsqueda, a toda costa, de nuestro exclusivo provecho/beneficio tan solo nos perjudica a nosotros mismos y a los demás. El mercado, sin los necesarios correctivos éticos, tan solo tendrá en cuenta los riesgos cuyas consecuencias se conocen hoy; las decisiones humanas, ya pertenezcan al orden tecnológico, económico, etc., únicamente serán justas si se someten a los necesarios criterios éticos-morales. Tan solo de nosotros depende cómo se aplican los maravillosos descubrimientos científicos, que se van sucediendo a lo largo del tiempo; siempre pueden usarse dichos descubrimientos en beneficio de todo el género humano o, por el contrario, para el de unos pocos –aquellos con mayor poder-. La aplicación de los diversos descubrimientos científicos tecnológicos está estrechamente relacionada con muy variados y numerosos factores –sociológicos, etc.-, propios y característicos de cada sociedad.

En suma, el comportamiento imprudente, infantil y abusivo, irresponsable a fin de cuentas, característico desde el principio de los tiempos de los seres humanos, está detrás de los innumerables riesgos/catástrofes –cambio climático, etc.- que, dentro de no muy lejos, nos borrarán del mapa terrestre; por desgracia, en tan triste y desolador final no estaremos solos. El Planeta Tierra corre también serio peligro de desaparecer, tal y como hoy lo conocemos, convirtiéndose en una inmensa bola estéril, sin vida animal o vegetal en su superficie.

Desde estas líneas, tan solo apelamos a la propia responsabilidad individual de cada uno de nosotros de modo que, como ciudadanos libres/responsables, actuemos con la necesaria y razonable precaución; solo así será posible garantizar un desarrollo sostenible en todas las áreas de la vida humana. Tal compromiso (material y ético) asegura el ansiado bienestar de las futuras generaciones. La realidad que se manifiesta ante nosotros parece dominada por la presencia de cada vez mayores incertidumbres/riesgos; éstos no solo nos son desconocidos hoy en su mayor parte sino que, igualmente, también pueden resultar letales para la propia supervivencia futura humana. La gestión de esos crecientes riesgos/incertidumbres ha de tener lugar en un mundo como el de hoy día, transido por una realidad multifactorial, difusa, fragmentada, contradictoria, dinámica, inaprensible, altamente mutable... A la vista de todo cuanto hemos expuesto, ¿cómo manejar esa tremenda complejidad/mutabilidad/diversidad que, como notas predominantes, conforman las sociedades del siglo XXI?, ¿cómo afrontar con éxito problemas que, ya incluso en este momento, presentan un evidente perfil transnacional –cada vez más acusado, por cierto, de cara al futuro-, usando para ello los instrumentos jurídico-políticos del presente?; la respuesta a tales interrogantes parece solo descansar en el llamado principio de precaución, porque únicamente éste afronta con éxito las mencionadas problemáticas.

El contenido del principio de precaución conlleva grandes ventajas a la hora de tomar decisiones, considerando el escenario antes relatado; se trata de aplicar una perspectiva responsable en el progreso científico tecnológico, donde todos y cada uno de nosotros debemos tener voz y voto. Las instituciones, propias de la llamada sociedad civil, son las únicas legitimadas para tomar las últimas y más trascendentes decisiones, en todo lo tocante a la Ciencia/tecnología; de paso, éstas también deben asumir la mejor defensa de los derechos que el ordenamiento jurídico nos concede a cada uno, como ciudadanos/votantes/trabajadores/consumidores, libres y responsables de cuanto decidamos.

El principio de precaución puede operar, también, en aquellos terrenos ajenos a los de la ciencia y técnica; todos estamos sometidos en nuestra vida cotidiana a innumerables factores de riesgo, en general, aparte de los asociados a dicho progreso científico tecnológico. La gestión más inteligente y previsora de los mencionados riesgos precisa de un nuevo punto de vista, como el que ofrece el referido principio; así, es posible evaluar las posibles consecuencias –presentes y, también, futuras- de cuanto hacemos.

El desarrollo humano solo podrá ser duradero sí, también, tiene en cuenta las necesidades FUNDAMENTALES de los que todavía no han nacido; pensemos hoy en el mañana, de forma que podamos evitar sus más pésimas consecuencias para nuestros descendientes. La ciencia y la tecnología pueden ser la mejor herramienta para el uso responsable de nuestra libertad o, por el contrario, la más fuerte de las cadenas; es necesario interpretar las leyes con sano espíritu crítico, defendiendo así eficazmente nuestros valores éticos/sociales constitutivos. Derecho y realidad social han de ir, en todo momento, de la mano. ¡Quiera el buen Dios católico que las más tristes y lóbregas profecías, algunas en forma de guión hollywodiense al estilo de la saga Terminator o Matrix y sus ulteriores secuelas, se queden solo en eso¡; ¡que nunca llegue el triste día en el que las maravillosas máquinas que hemos creado, alcancen una profunda conciencia de sí mismas y su enorme poder sobre todos nosotros, convirtiéndonos acto seguido en sus esclavos más míseros y humildes¡. Precisamente, dichas ficciones cinematográficas no hacen sino resaltar la creciente dependencia tecnológica de nuestro actual modo de vida; quién de nosotros no ha pensado alguna vez lo difícil que sería vivir o trabajar hoy sin los teléfonos móviles, los correos electrónicos vía internet, los ordenadores, etc..

La mera acumulación de lo material –llámese, dinero, aparatos fruto de la última y más novedosa tecnología, etc..- no nos hace verdaderamente felices, en el sentido de colmar nuestros sentimientos, anhelos y deseos más profundos; antes bien, ello impide que reconozcamos nuestro verdadero “yo” y, también, de paso, cualquier inquietud moral/ética sobre los demás y el mundo que nos rodea. Poseer los aparatos de ultimísima tecnología no resolverá los problemas, de orden moral, transcendente o ultraterreno, que puedan agobiarnos; las “últimas” preguntas –y, por idéntico motivo, las más fundamentales- sobre nosotros mismos -¿Qué soy, de donde vengo, a donde voy..?- no pueden responderse, tan solo, con las herramientas que nos proporcionan los saberes científico-técnicos. El Hombre está formado por un cuerpo físico, sometido en consecuencia al dictado irrefutable de las leyes de la ciencia; pero, además, también goza de un atributo que le hace único entre todas las “criaturas de la creación”. Esto es, como seres libres y capaces de superar los imperativos que nos impone la naturaleza biológica, estamos sujetos a un claro compromiso/deber ético; el de vivir en armonía y solidaridad con todos los demás miembros que forman la gran familia humana. El hombre, rey y señor supremo del mundo natural, debe aprender a respetarlo, explotándolo de modo sostenible para que lo hereden las sucesivas generaciones.

La ciencia y técnica, por sí solas, no resuelven los grandes problemas del hombre; solo el verdadero conocimiento científico técnico, guiado por las reglas morales más básicas, puede contribuir, ciertamente, al progreso humano. Los riesgos, procedentes de los sucesivos avances técnico científicos hoy disponibles, nos reclaman y exigen un mayor grado de responsabilidad; el uso, egoísta e insolidario, del conjunto de conocimientos hasta ahora alcanzados puede destruirnos –y, no solo a nosotros, también al planeta que nos alberga-. El conocimiento, en sus innumerables formas, debe estar al servicio del género humano en su conjunto, en aras del mejor y más equitativo progreso en todos los órdenes de la vida; no al revés. Pese a todo lo que sabemos y las maravillosas oportunidades que la Ciencia nos ofrece, siguen muriendo millones de niños por hambre en África, las guerras se extienden cada vez más, la enfermedad, pobreza y miseria crecen imparables….. Las enormes capacidades que nos proporciona el actual desarrollo, científico tecnológico, plantea, a su vez, nuevos problemas; éstos últimos reclaman, de igual modo, otros principios o reglas, también innovadores, que puedan resolverlos. En esa línea, entendemos más que deseable una perspectiva solidaria, a largo plazo, fundada sobre los criterios que marca la más sabia, razonable, proporcionada y prudente precaución; el principio de precaución, así fundado sobre un comportamiento prudente y responsable, puede convertirse en el instrumento ideal con la cual conjurar los riesgos más negativos, que aún desconocemos y se asocian al conocimiento técnico científico. Son precisos los mejores controles democráticos sobre aquellos que se dedican a la investigación en todo tipo de áreas científicas; la citada actividad investigadora nunca deberá infringir los límites establecidos por los representantes electos de la ciudadanía. Además, conviene que la propia sociedad civil, articulada en base a todo tipo de asociaciones cívicas, libres y legítimamente representadas, dispongan de voz/voto en tales cuestiones que sean de su interés.

Somos “gigantes”, desde el punto de vista de lo que el ingenio humano puede llegar a realizar, gracias al presente grado de desarrollo técnico-científico; pero, al mismo tiempo, merecemos el calificativo de “enanos”, en el plano de la ética/moral. Gastamos, por ejemplo, cientos de miles de millones de dólares en todo tipo de prodigios tecnológicos de carácter militar (la consabida “carrera armamentística”), pensados para provocar la mayor destrucción y daño sobre el orbe terráqueo; sin embargo, los Estados y las Organizaciones Internacionales son incapaces de ponerse de acuerdo para obtener aquellos recursos económicos que garanticen, efectivamente, un mínimo plato de comida a todos los miembros de la especie humana, sin excepción. Llegados a este punto, en el que nuestros conocimientos pueden liberarnos de las mayores pesadumbres y fatigas -características del pasado-, hemos de potenciar la perspectiva espiritual/moral y solidaria, propiamente humanista; las inmensas posibilidades que nos da cuanto hoy sabemos deberían utilizarse, por motivos éticos, como herramientas en pos de una amorosa fraternidad universal, verdadera y efectiva. Tan solo la citada perspectiva, moral y solidaria, hará posible que cooperemos eficazmente, en pos de la supervivencia presente y futura.

La ciencia tan solo nos habla sobre la realidad, susceptible de medición, sensible y objetiva –lo que es-, en tanto que los juicios de valor –lo que debiera ser- corresponden, por fuerza, a un ulterior y más elevado plano –el metacientífico-; la elección definitiva entre las distintas alternativas posibles solo compete a aquellos órganos políticos que, en forma libre y democrática, nos representan. El saber que proporciona la filosofía, política, religión/moral, amén de las demás áreas de conocimientos afines, está llamado a guiar el trabajo de los científicos –esto es, la búsqueda de la verdad-; la sociedad es la única legitimada para fijar las últimas metas y propósitos, a los cuales debe someterse la investigación científica. Sin la necesaria cultura ética/moral y sus valores, no hay salvación posible para la especie humana; en todo caso, conviene fortalecer aquellos mecanismos o foros de decisión, basados en una gobernanza global, que conjuren los graves riesgos asociados a un posible mal uso –es decir, aquel ajeno a toda moral o ética- de la ciencia/técnica hoy disponible. El actual desarrollo científico-tecnológico nos provee con los ingenios y artefactos más maravillosos y sorprendentes, hasta ahora nunca vistos; pero, ello, también comporta gravísimos riesgos, de igual dimensión y alcance. Seamos responsables -y, sobretodo, prudentes- a la hora de poner en práctica los conocimientos alcanzados.

Esperemos que, algún día, se haga realidad el sueño de quienes deseaban que la ciencia y técnica fuese un acicate en pos del verdadero progreso de la Humanidad; el logro de ese ideal exige enormes sacrificios y renuncias, centrados sobre el bien común. La libertad y responsabilidad del hombre han de ser las dos caras de una misma moneda. Como dice el dicho, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ni más ni menos; todos los seres humanos, vivan donde vivan, deberían beneficiarse de la misma calidad de vida que hoy nosotros disfrutamos, gracias al saber técnico-científico; hagamos ello posible con racionalidad y buen juicio. En este momento, es posible erradicar, para siempre, los peores azotes que ha sufrido la especie humana desde que, por primera vez, hoyó el planeta; la medicina, por ejemplo, está en camino de regenerar los tejidos y órganos enfermos de nuestro cuerpo, podemos conocer qué dolencias padeceremos en el futuro, la farmacopea ha conseguido eliminar el dolor casi completamente….. Sin duda, el trabajo de los científicos contribuye a la felicidad humana, de modo que, en alguna medida, ya no vivamos “en un valle de lágrimas”; hoy vivimos más años, con apenas pérdida de nuestras plenas facultades físicas o mentales. Las masas de empobrecidos, famélica legión, también tienen el sagrado derecho, como miembros de la familia humana, a beneficiarse del progreso que nosotros hemos alcanzado; no se lo hurtemos.

Todas nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, hablan bien a las claras sobre lo que somos y –lo más importante- qué queremos ser, en qué mundo queremos vivir y, sobretodo, cuál será el recuerdo que dejaremos a cuantos nos sucedan; ha llegado el momento de pensar a escala global, pero actuando localmente. El nuevo “Becerro de Oro”, falso Dios de Occidente, nos impone la exclusiva búsqueda del mayor y más rápido beneficio económico/cuantitativo, propio e individual, sin sometimiento alguno a los dictados de la exigible solidaridad con los más desfavorecidos; ese sería un buen epitafio para una especie tan autodestructiva como la nuestra. Desgraciadamente, hoy, como ayer, homo homini lupus est (“el hombre es un lobo para el hombre”); el único y principal enemigo del ser humano sigue siendo…tan solo él mismo. Todavía estamos a tiempo de reaccionar, evitando así tan trágico, lúgubre y fatal destino; sin duda, es requisito imprescindible aprender de los errores cometidos, con humildad y ética, responsabilizándonos de ellos. A pesar de todo, debemos estar esperanzados en nuestra capacidad para convertir en reales las mejores y más optimistas expectativas, fruto de nuestro impresionante desarrollo científico y técnico; somos libres para hacer el Bien o, por el contrario, el Mal. La verdadera humanidad pasa por el compromiso, solidario y fraterno, con nuestros congéneres, tanto del hoy como del mañana. ¡Ojalá así sea¡.

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.- Uría, R. (1996): Derecho Mercantil. Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales S.A., Madrid.



[1] Ver Goleman, D. (1996): Inteligencia emocional. Editorial Kairos, Barcelona, páginas 21-35. La obra aquí citada, auténtico bestseller mundial, pone el acento en la necesidad de encontrar aquel justo, razonable, positivo y conveniente equilibrio entre nuestra mente (pensamiento racional/abstracto) y la emoción que sentimos. La primacía conflictiva de una u otra puede causarnos todo tipo de enfermedades graves; ambas (pensar y sentir) han sido necesarias para la vida humana desde la noche de los tiempos. Las emociones nos llevan a actuar de manera inmediata, instintivamente; cuando sentimos miedo, huimos; ante la amenaza de una agresión, nos enojamos hasta el punto de defendernos con cualquier herramienta a mano, etc…. Sin ellas, los hombres no habríamos sobrevivido hasta hoy. La falta del necesario autocontrol y dominio sobre nuestras propias pasiones e impulsos puede ser, en el mundo que vivimos, un factor de tremenda inseguridad; así, por ejemplo, cabe citar el caso de quien, viajando en metro, ante un simple gesto inocente de otro pasajero, cree erróneamente que van a ser atacado y reacciona disparando primero. Sin duda, este tipo de respuestas desproporcionadas puede explicarse sí existe una psicosis generalizada entre la ciudadanía sobre la falta de seguridad en las calles; especialmente, cuando los medios de comunicación inician todo tipo de campañas –repetitivas, impactantes y machaconas en demasía-, haciendo énfasis únicamente sobre los índices de criminalidad, tasa de delincuencia urbana, etc.. En base a idéntico razonamiento, los citados medios no difundían hasta ahora los casos de suicidio para evitar el pernicioso “efecto imitación” entre su público.

[2] Tras el año 1945, el enorme poder destructivo de la bomba atómica abre un nuevo periodo en la historia; numerosos intelectuales y científicos, algunos de talla mundial, llamaron la atención de los gobiernos en orden a que dejarán atrás el instrumento de la guerra, como un elemento clave de sus respectivas políticas en el orden internacional. Destaca, de entre todos ellos, el claro e irreductible compromiso con la paz inaugurado por Albert Einstein; éste, en uno de sus escritos, afirma: “Hoy en día, los físicos que participaron en la construcción del arma más potente y peligrosa de todos los tiempos –se refiere a la nuclear- se ven acosados por un sentimiento similar de responsabilidad, por no decir de culpa..”. Tales evocaciones no carecen de sentido, sí recordamos las imágenes –tantas veces repetidas a lo largo de la historia- de los enormes y malignos efectos destructores de sendas detonaciones nucleares sobre el pueblo nipón. El citado científico dice que, pese a la victoria aliada en 1945, aún no se había ganado la paz; la posibilidad de un próximo enfrentamiento –esta vez, mediante el uso bélico generalizado y masivo de la energía nuclear- pone sobre la mesa la necesidad, cada vez más urgente, de una renuncia al combate armado por parte de todos los Estados. Según Einstein, la humanidad solo se librará de la más completa aniquilación mutua, causada por la arma atómica, sí un organismo supranacional goza, en exclusiva, del poder de producirla o poseerla; tal organismo estaría encargado de resolver, también como única autoridad inapelable, todos los desacuerdos que pudieran dar lugar a la conflagración bélica entre Estados. Para conocer la postura del mencionado pensador, recomendamos la lectura de la obra Einstein, A. (2011): Mis ideas y opiniones. Antoni Bosch, editor S.A., Barcelona, en la cual éste expone (páginas 91-169) cuanto piensa sobre la política, el gobierno y el pacifismo; en dicha edición se agrupa un gran número de cartas y discursos, escritos por tan eminente sabio a lo largo de su vida.

[3] En las auténticas democracias, tanto el Estado como el gobierno –amén del partido político que lo sostiene- están al servicio del pueblo, y no viceversa; así mismo, los gobernantes son responsables de sus actos ante los gobernados, asumiendo las consecuencias de ello sin posibilidad de elusión alguna. La democracia exige, como primer paso, una opinión pública ciudadana informada –es decir, que disponga de toda la información veraz que sea posible sobre cómo se gestionan aquellos asuntos de naturaleza pública-; ¿cómo es posible llevar a cabo tal propósito? mediante unos medios de comunicación diversos y plurales, comprometidos con la difusión imparcial y suficiente de informaciones veraces y contrastadas, objeto de un profundo examen y análisis cualitativo antes de su difusión entre el conjunto ciudadano. La televisión, con un discurso cada vez más chabacano y vulgar, simplifica, frecuentemente, sus mensajes de manera primaria, trivial y cicatera; acerca de las conexiones entre el derecho a la información, propio de los ciudadanos libres, y el régimen jurídico político, denominado democracia, recomiendo Sartori, G. (2007): ¿Qué es la democracia?. Taurus, Madrid. El citado autor italiano explora en su obra, páginas 71-108, las relaciones entre los precitados elementos.

[4] El caso de la sangre contaminada gala no debería encuadrarse dentro del supuesto de precaución, sino en el de prevención “reforzada”; el motivo de ello es la previa información científica existente, muy difundida por parte de revistas e investigadores de mayor prestigio, advirtiendo del riesgo de infectarse por transfusión sanguínea sin una previa descontaminación del virus de sida; por otro lado, también es cierto que, cuando las infecciones tuvieron lugar, la idea de descontaminar el virus del sida de la sangre, antes de su transfusión, no había sido plenamente aceptada, aún, por las principales instituciones (léase, academias de medicina, etc.) de la comunidad científica en su conjunto –aunque, como hemos previamente indicado, las revistas científicas más laureadas a nivel mundial ya advertían de lo que podía suceder-. Como vemos, en el caso francés, el riesgo era, más o menos, conocido; además, las publicaciones más aventajadas en el campo de la ciencia médica había proporcionado los mejores remedios para conjurarlo; aquí no falló la precaución –por principio, pensada para riesgos, casi desconocidos, susceptibles de producir daños graves e irreversibles- sino la prevención –es decir, se conocen, más o menos, los riesgos pero, por un error de prevención, no se llevan a cabo las medidas que pueden atenuar sus malignas consecuencias-. Todo lo relativo a éste trágico asunto, en el cual se vio comprometida la administración francesa, fue objeto de estudio por Kourislky, P. y Viney, G., (2000): Rapport au Premier ministre Le príncipe du precaution. Éditions Odile Jacob, París (Francia), páginas 387- 402.

[5] Más, aún, si partimos de una premisa inicial pesimista; es decir, el mundo es un enemigo más, competitivo y hostil, contra el cual debemos enfrentarnos –idea que, en este momento, parece de plena actualidad-. En base a dicho punto de partida, claramente pesimista, Baltasar Gracián redacta su famosa obra: “El oráculo manual y el arte de la Prudencia”, allá por 1647; según el citado autor, el hombre prudente, desengañado, necesita de un conocimiento eminentemente práctico, que le permita sobrevivir a las más variadas situaciones y desafíos. Los aforismos comentados del referido autor entienden la prudencia a modo de un arte de lo práctico, útil para todo, incluso para beneficiarnos de cuanto nos perjudique o, en el mejor de los casos, como eficaz sustituto del azar; en el último caso, según indica la citada obra, “no hay otro arbitrio sino el de la virtud y la atención, porque no hay más dicha ni más desdicha que prudencia o imprudencia” o, dicho de otra manera, la actitud y conducta de cada uno de nosotros “labra” la propia suerte –un proceder prudente nos procura buena suerte y, en cambio, aquella conducta imprudente conlleva la más negra fortuna-. Recomendamos la lectura de Díez Fernández, J. I. (1993): El arte de la prudencia. Baltasar Gracián. Oráculo manual. Ediciones Temas de Hoy S.A., Madrid; éste autor introduce (páginas vii- xviii) con las ideas, antes expuestas, el texto de Gracián correspondiente a dicha obra, adaptándola acto seguido para facilitar la lectura a las presentes generaciones.

[6][Me pregunto qué pasaría si los europeos y norteamericanos, acostumbrados a vivir rodeados del mayor confort “científico tecnológico” posible, tuvieran que desarrollar su existencia, de pronto, como ahora lo hacen la mayoría de Africanos más pobres; la verdad, en mi caso, no se sí merece la pena, siquiera, llamar “vida” a un destino como el que disfrutan el grueso de quienes “mal” viven en inmensas regiones de África –el continente empobrecido por excelencia-, plagadas de una inseguridad absoluta debido a policías/ejércitos/gobiernos completamente corruptos, interminables guerras civiles, etc..

[7] García Roa, J. (1.998): Exclusión social y contracultura de la solidaridad. Prácticas, discursos y narraciones. Editorial HOAC. Madrid. Páginas 65-110.

[8] A título de ejemplo, conviene recordar que la inmensa mayoría de productos de gran consumo actual están fabricados con una cantidad ingente de productos químicos, cuyos efectos sobre la salud –humana, animal, etc.- no han podido comprobarse por completo en un laboratorio; lo mismo puede afirmarse del –todavía- escaso número de personas enfermas por la exposición a los campos electromagnéticos, provenientes de los aparatos eléctricos que nos rodean por doquier –ordenadores, telefonía móvil, etc.-. Qué decir de las terapias médicas, de origen genético, que actúan sobre los embriones/fetos humanos, aún dentro del vientre de la madre; pese al uso de dichas técnicas, no podemos olvidar que, junto a sus efectos beneficiosos y positivos para la salud, también existen otros riesgos no fáciles de soslayar.

[9] No me resisto a citar al sabio inconmensurable D. José Ortega y Gasset, profesor de inteligencia preclara y docencia infinita, en uno de cuyos fecundos escritos (“Una interpretación de la historia Universal. En torno a Toynbee”, incluido en el Tomo IX de sus “OBRAS COMPLETAS”, editado por Alianza Editorial S.A., Madrid. 1983) aborda la importancia de los asuntos internacionales en el mundo posterior a la primera guerra mundial -1914/1918-; la obra citada fue escrita en 1948-1949, bajo el formato de un curso de doce lecciones titulado “Sobre una nueva interpretación de la historia universal (Exposición y examen de la obra de A. Toynbee, A study of History)”. En opinión de dicho autor (página 16 de la obra citada), tras concluir la primera guerra mundial, tuvo lugar un acontecimiento de honda transcendencia; esto es, el planeta súbitamente se contrajo, coexistiendo los diversos pueblos que habitan la Tierra de manera mucho más próxima y cercana. La causa de tal acontecimiento, a juicio de Ortega, reside en el fabuloso progreso de los medios de comunicación; gracias a dichos avances, personas y cosas pueden viajar mucho más fácilmente a cualquier confín del globo terráqueo. Con ello, la seguridad y prosperidad de cada nación dependía directamente de lo que aconteciese en cualquier otra; al mismo tiempo –casi, diría yo, de modo profético con respecto a la actualidad de nuestros días-, Ortega vaticina que tan súbito acercamiento entre todos los pueblos que viven sobre la Tierra será fuente, sin duda, de enormes conflictos –lo cual queda confirmado con la lectura de cualquier periódico o medio de comunicación de los que hoy se publican-.

[10] Ver ORTEGA y GASSET, J. (1983): OBRAS COMPLETAS. TOMO V: Meditación de la Técnica. Alianza Editorial S.A., Madrid (primera impresión. “Revista de Occidente”, Madrid, 1960), páginas 319-374; Ortega advierte, al principio de la obra aquí citada –redactada en el año 1939- que, a su parecer, todo escritor tiene, como tarea, la de anticipar en modo holgado a los lectores cuantos asuntos, en su opinión, pudieran llegar a suscitar problemas años más tarde. Así, siguiendo al referido autor, los citados lectores podrán tener las ideas claras sobre ese “futuro” asunto problemático, antes –si cabe-, de alcanzar tal guisa, teniéndolo ya por resuelto con carácter previo. El propio Ortega y Gasset, en una obra posterior, en forma de conferencia pronunciada en la ciudad alemana de Darmstadt, en 1951 [ORTEGA y GASSET, J (1983): OBRAS COMPLETAS. TOMO IX: El mito del hombre allende la técnica. Alianza Editorial S.A., Madrid (primera impresión. “Revista de Occidente”, Madrid, 1960), páginas 617-624], vuelve a reflexionar sobre la técnica; así, el autor incide, de nuevo, en que los avances técnicos humanos constituyen uno de nuestros principales rasgos constitutivos, de modo que estamos construyendo un mundo cada vez más distinto del natural o primigenio. El hombre, con su pensamiento, pudo dedicar su capacidad de análisis abstracto a la tarea de crearse un “mundo nuevo”, distinto al que le ofrece el medio natural, más adecuado a sus necesidades y deseos; los humanos utilizamos la técnica para convertir el medio circundante en aliado nuestro, “humanizándolo” hasta alejarlo por completo de su naturaleza primigenia estrictamente salvaje. En otra obra del mismo autor [ORTEGA y GASSET, J (1983): OBRAS COMPLETAS. TOMO IX: Pasado y porvenir para el hombre actual. Alianza Editorial S.A., Madrid (primera impresión. “Revista de Occidente”, Madrid, 1960), páginas 645-664], también de 1951, éste alude a la mutabilidad del comportamiento humano, fruto del libre albedrio que nos caracteriza; los problemas de las sociedades contemporáneas emergen ahora con una amplitud y profundidad desconocidas hasta el momento. La llamada “fe en el progreso”, entendida como la inquebrantable creencia en el avance de la humanidad hacia nuevas formas de vida cada vez más satisfactorias y perfectas, ha dejado de existir; parece como si ya no hubiese nada a lo que, como una roca, poder aferrarnos, por cuanto todo está en permanente cuestión o duda; los nuevos problemas, característicos de nuestra época y los del porvenir, no pueden resolverse conforme a las reglas o principios pretéritos. El ser humano de occidente, incapaz de acudir a su pasado para orientarse en lo que el futuro pueda depararle, está perdido, sin guía…. y tan solo tiene a mano la vuelta al primitivismo. La confianza en la ciencia/razón y en la fe parece ya haberse volatilizado entre nosotros; la civilización occidental duda de sí misma. Hacen falta nuevas ideas y principios para afrontar lo desconocido a la vuelta de la esquina; los desafíos que apunta el porvenir necesitan de soluciones igualmente innovadoras y creativas. Frente a nuestro azaroso destino, presidido por la más radical incertidumbre, el ser humano acude presto a su último refugio; esto es, la esperanza. En fin, el resumen aquí ofrecido de las ideas de Ortega y Gasset confirman mi profundo amor por la obra de tan sabio e insigne estudioso de la realidad; pasen los años que pasen, el pensamiento orteguiano es tan actual y acertado como si se hubiese escrito hoy mismo. Por eso, el citado autor estará siempre vigente por encima del tiempo.

[11] Véase Klein N. (2007): La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre. Ediciones Paidos Ibérica. S.A., Barcelona. páginas 411-431; es aterrador comprobar como los datos y argumentaciones de la citada autora pueden quedar por completos refrendados con la simple lectura de cualquier periódico o revista. El secuestro de la política –y, por ende, del espacio de lo público-, a manos del dinero y del poder en sus innumerables formatos (económico, político, social, etc.), alcanza ya la categoría de hecho consumado; poco podemos hacer los simples ciudadanos para “subvertir” ese nuevo “orden” así establecido, en el que quienes acaparan mayor riqueza tienen la maquinaria jurídico-administrativa estatal al completo servicio de sus intereses y voluntades. Como siempre, “poderosos caballero ese Don Dinero”. En fin, se trata del socialismo “al revés”: los recursos de las Haciendas Púbicas estatales ya no se dirigen a proteger a quienes menos tienen sino, por el contrario, tan solo para enriquecer todavía más a aquellos en mejor situación económica.

[12] Es curiosa la transcendencia mediática que tuvo, en su momento, la encíclica aquí citada; en todo caso, hemos de indicar que el texto de Benedicto XVI sigue la tradición de otros Papas, anteriores en el tiempo, como León XIII, con su “Rerum novarum”, Juan XXIII, autor de “Pacem in terris” y, por último, Juan Pablo II, que publicó la titulada “Centesimus annus”. Sin duda, el fuerte liderazgo ético y moral del papado, pese a todas las críticas sufridas, es la causa última que explica la gran transcendencia de dicha encíclica; la labor magisterial y de testimonio, llevada a cabo por la iglesia desde el principio de los tiempos, ha resistido mil y un embates y persecuciones. La institución eclesial se ha mantenido siempre fiel a su tarea; esto es, la de abogar en pos de la salvación humana y la defensa/tutela de los más desfavorecidos; por otro lado, también es destacable su papel de guía-faro para la humanidad en los asuntos de orden moral, así como en otros aspectos de la vida cotidiana, a lo largo del devenir histórico.

[13] El origen etimológico de la palabra latina leviathan que da título a la obra Hobbesiana “Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth ecclesiastical and civil”, escrita en 1651, describe con prístina perfección su sentido; así, el diccionario enciclopédico abreviado Espasa Calpe define el término como “monstruo marino, descrito por el libro de Job y que los santos padres entienden en el sentido moral de demonio o enemigo de las almas”. Un estudio profundo y documentado del pensamiento de Hobbes se encuentra en Hirschberger J. (1976): Historia de la Filosofía. Tomo II. Editorial Herder, Barcelona; dicho autor nos explica (páginas 104-112) que, para Hobbes –cuya siniestra fama procede, tal vez, de su cita más famosa: “homo homini lupus est”-, el Estado es un soberano absoluto al cual los ciudadanos se someten por una única razón: el temor a su poder carente de freno, capaz de decidir si determinadas doctrinas son incompatibles o no con el deber de obediencia ciudadana, prohibiendo su difusión cuando concurra tal incompatibilidad.

[14] La página web del diario francés “Le Monde” informa, con fecha 19/04/2013, de dicha noticia.

[15][La masiva demanda social de seguridad, en todos los aspectos de la vida, se funda en la igualmente cada vez mayor inseguridad que nos rodea; una prueba de ello es que la atención psicológica-psiquiátrica entre los habitantes de la “Triada” –Europa, USA y Japón- crece rápidamente. Todos deseamos saber también hasta el más nimio detalle sobre cuanto pueda afectarnos –especialmente, desde un punto de vista negativo-; caso paradigmático es el de los enfermos que, antes de acudir a la oportuna consulta médica, se informan vía Internet de su dolencia y, confiados en la veracidad de dicha fuente, se muestran en desacuerdo con el respectivo diagnóstico/tratamiento facultativo recibido. Por desgracia, el exceso de información, si ésta se utiliza de manera imprudente –como en el supuesto arriba comentado-, dificulta sobremanera la adecuada gestión de los riesgos; en cuanto a lo dicho acerca de la tremenda inseguridad en la cual nos hayamos inmersos, no cabe otro discurso si comprobamos -por decir algo- como el desempleo toca a cada vez mayores porcentajes de población –sobretodo, en España-. Y, lo que es peor, cuando el parado de hoy percibe que seguirá estándolo mañana, pasado…por una creciente –y, diría, casi crónica- falta/escasez de puestos de trabajo para toda la población activa.

[16] La película estadounidense titulada “ Minority Report” (2002) expresa, bien a las claras, lo arriba dicho; un gobierno hipotético, en base a una tecnología que podríamos calificar de “ciencia ficción”, crea una unidad policial de lucha contra la delincuencia, denominada “precrimen”. Tal unidad, en base a las predicciones de una serie de personas con especiales dotes adivinatorias, detiene a los “presuntos delincuentes” justo segundos antes de cometer un delito, siendo condenados como si lo hubiera cometido efectivamente. Como demuestra dicho film, el intento de “asegurar” la ausencia de actos ilícitos equivale, de facto, a negar la libertad de los individuos; ello es así puesto que, en la trama de la citada película, se detiene a las personas, justo antes de cometer cualquier acto ilegal, siendo condenados acto seguido como si lo hubieran consumado hasta sus últimas consecuencias. Como bien sabemos cuantos nos batimos el cobre todos los días en las “procelosas y turbulentas aguas de la Justicia de los Tribunales”, se presume la inocencia, nunca la culpabilidad; ésta última debe probarse a la vista de los hechos efectivamente cometidos. La simple posibilidad de cometer un delito no puede castigarse como si éste se hubiera llevado completamente a la práctica. La Ciencia Penal advierte que realizar un hecho delictivo, en grado de tentativa, no equivale, en modo alguno, a su consumación; cada uno de los pasos, tendentes a perpetrar el respectivo tipo penal, han de recibir un distinto reproche sancionador. La culpabilidad tan solo puede establecerse sobre aquellos que, materialmente, cometen un hecho ilícito; por ello, la mera y simple sospecha, vana y sin fundamento, sobre la POSIBLE realización –presente o futura- de un delito o falta, no debe dar lugar a tipo alguno de responsabilidad criminal. Por último, según informa EL MUNDO.ES, de fecha 10/8/2012, el sistema informático que aparece en el precitado film norteamericano será realidad en Nueva York durante ese mismo año; la citada tecnología tratará de controlar/prevenir e investigar todas las actividades delictivas que transcurran en dicha ciudad, hasta el punto de internar, también, anticiparse a ellas. Como ya hemos indicado, tales herramientas, fruto del impresionante desarrollo tecnológico hasta ahora alcanzado, no son ni malas ni buenas por sí mismas; una u otra consecuencia tan solo depende del uso que se haga de las mismas por parte de las fuerzas policiales y quienes las dirigen.

[17] La citada cuestión resulta de un gran calado y trascendencia, a la vez que enormemente interesante, sobre todo desde la ciencia política/sociología; esto es, cómo manejar hoy, a través de los actuales instrumentos jurídico políticos democráticos representativos de los cuales nosotros disponemos, aquellas actividades/fuentes de riesgo, susceptibles de provocar daños –sobretodo, de carácter grave e irreversible- que solo se materializarán mucho más allá del presente. Superar ese reto, desde los mecanismos que nos proporcionan las ciencias sociales, ya daría materia suficiente, en mi humilde opinión, para escribir no uno sino varios libros; ahí dejo esa propuesta para quien se atreva y esté más preparado en dichas lídes.

[18] Ver Ory, P. (director) (1992): Nueva historia de las ideas políticas. Mondadori España S.A., Madrid, páginas 293-301; pese a que el siglo XX fue anunciado por el XIX como una era nunca vista de paz y prosperidad, tales augurios no se cumplieron. La primera guerra mundial -1914/1918- fue el inicio de la larga serie de guerras, revoluciones y enfrentamientos violentos de todo tipo que, tanto a nivel nacional como internacional, han marcado el siglo XX. El periodo comprendido entre el final de la segunda guerra mundial (1939-1945) y la caída del muro de Berlín (1989) tampoco admite el calificativo de “oasis de paz”, toda vez que la llamada “guerra fría” –la lucha entre estadounidenses y soviéticos por la supremacía mundial- puso al mundo al borde de otra nueva conflagración –pero, esta vez, con el uso masivo del arma nuclear-; a partir de 1990, las guerras civiles en los Balcanes, el terrorismo internacional –sobretodo, el islamista-.. no han hecho sino poner de manifiesto cómo, a pesar de los avances del conocimiento técnico científico, los anhelos de paz y progreso a escala mundial, tan propios de los revolucionarios franceses de 1789 y sus seguidores, son ya tan solo meros espejismos ilusorios. No podemos olvidar, empero, que ambas centurias hicieron posible una sucesión, cada vez más rápida, de enormes progresos técnicos que se correspondían con unos descubrimientos científicos cada vez más avanzados. Pero, el ciudadano de hoy ve, junto a tales prodigios, las “sombras”, inquietantes y perturbadoras, que, en el plano de la ética, éstos le proyectan; así, desde ese punto de vista, cabe reseñar, entre otros, el riesgo cierto de un próximo colapso de nuestro planeta, a escala global, alterando sus actuales condiciones y patrones medioambientales de forma súbita y radical; las manipulaciones de los embriones humanos, de modo que éstos pueda utilizarse en todo tipo de terapias génicas como mero instrumento curativo desechable; el establecimiento de una “dictadura”, por parte de los científicos y demás personal investigador, la cual orille los límites y controles que pueda imponer los órganos representativos de la soberanía popular….

[19] Ver Tomás y Valiente, F. (1.980): “Manual de Historia del Derecho Español”. Editorial Tecnos S.A.. Madrid, páginas 346-368

[20] Tomas y Valiente, ibídem, páginas 383-398.

[21] Tomás y Valiente, ibídem, páginas 401-436.

[22] Tomás y Valiente, ibídem, páginas 420-464.

[23] Tomás y Valiente, ibídem, páginas 500-503.

[24] Tomás y Valiente, ibídem, páginas 503-527.

[25] Sobre la génesis y desarrollo histórico del derecho mercantil, cabe la consulta de numerosas obras; entre ellas, destacamos la del ya fallecido Rodrigo Uría, titulada “Derecho Mercantil”, editada en 1966 por Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales S.A.. Madrid; el citado autor, en las páginas 223-224 de la obra, antes mencionada, nos ilustra sobre cómo los nuevos y sucesivos descubrimientos científico-técnicos influyen positivamente en la práctica del comercio.

[26] El carácter internacional, cada vez más importante, del tráfico económico, claramente globalizado en este momento, impone, tal vez, esa realidad; es decir, que cada vez abunden más normas especializadas, ubicadas fuera del solar representado por el correspondiente Código mercantil, en donde se regulen algunas materias específicas. Así, por ejemplo, el derecho bancario y de los seguros, el marítimo…ha sido siempre objeto de numerosísimas leyes, de naturaleza especial, mediante las que cada país incorporaba a su ordenamiento jurídico lo acordado en los correspondientes tratados internacionales, reguladores de dichos ámbitos y suscritos previamente por los diversos gobiernos nacionales; esa legislación especial, aparte del correspondiente código normativo, no ha de romper nunca la necesaria coherencia y racionalidad que debe presidir el Derecho Mercantil, entendido como una unidad o conjunto normativo sistemático, vigente en los respectivos Estados.

[27] Tomás y Valiente, op. cit., páginas 542-554; así mismo, para un mayor análisis de dichas ideas, consultar Uría, op. cit., páginas 5-44.

[28] Tomás y Valiente. Ibidem, páginas 571-591.

[29] Tomás y Valiente. Ibidem, páginas 592-604.

[30] Ver Tomás y Valiente, F., ibidem; el autor, en las páginas 25-28 de la obra citada, define el concepto de institución jurídica como el conjunto que forman unas relaciones sociales materialmente homogéneas, así como su respectivo marco normativo regulatorio; solo es posible comprender adecuadamente qué es y como funciona una determinada institución mediante la observación, detenida y pausada, de esa realidad social que tal marco normativo pretende ordenar. El Derecho, vía las instituciones jurídicas por él reguladas, persigue resolver los distintos conflictos de intereses que nos asaltan a diario (familiares, laborales, mercantiles, etc.); el objetivo último del Ordenamiento Jurídico es el de solucionar pacíficamente dichos conflictos, mediante una amplia panoplia de instrumentos y técnicas legales que aseguren un justo y pacífico equilibrio entre todos los interesados. Por su parte, Tamames y Gallego [ver Tamames, R. y Gallego, S. (2006): Diccionario de Economía y Finanzas. Decimotercera Edición (ampliada y revisada), Alianza Editorial S.A., Madrid, páginas 449-451], conceptúan el término Institución, desde la vertiente económica, de la siguiente manera: “uso, hábito, costumbre o norma por la que se rigen las relaciones de producción y cambio que integran una cierta estructura//la organización que implica la observancia y castigo de las infracciones de tales normativas. Por ejemplo: la justicia y los sistemas penitenciario tienden a asegurar la institución básica de la propiedad privada”.

[31] Un profundo análisis de los hechos puede encontrarse en Kourilsky P. y Viney, G. ( op. cit.), páginas 341-386.

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