Artículos Doctrinales: Derecho Procesal Civil

Los aforamientos en tela de juicio


De: Rosa María Francés Pérez
Fecha: Noviembre 1999

Durante el tiempo que llevo ejerciendo como profesional de la Abogacía, no han sido pocas las veces que he tenido que escuchar de la boca de mis clientes la expresión siguiente: «Es que no todos somos iguales ante la ley».

Los ciudadanos se preguntan el porqué de la existencia de los aforamientos y el porqué de la especialidad procesal, teniendo como criterio de especialización el carácter o calidad de las personas procesadas, suscitándose de esta forma en la calle la polémica que en círculos jurídicos se ha mantenido hace tiempo sobre la base o justificación legal de los aforamientos.

Nuestra Ley de leyes, en su art. 14 proclama la igualdad de todos los españoles ante la Ley, es por esto por lo que se planteó la inconstitucionalidad de los aforamientos. Sin embargo, el TC se pronunció en el año 1985 negando la inconstitucionalidad de los mismos. La doctrina también se ha pronunciado mayoritariamente a favor de éstos.

Sin embargo, no parece muy claro que sea necesario el aforamiento competencial y jurisdiccional para que el servicio al bien común de la sociedad sea efectivo, siendo más lógica la defensa de la sociedad desde el marco igualitario de la misma, puesto que incluso los aforados forman parte de ella.

Con lo anteriormente expuesto, no cuestiono el fondo de la razón de ser de los aforamientos, pues las especialidades tienen su base última en el mantenimiento de los principios generales del derecho; el problema es que la instrumentalización de la especialidad suponga un escudo protector para aquellos que desempeñan determinadas funciones en la sociedad, separando a éstos del resto de los ciudadanos, configurando en la práctica una seria distinción entre justiciables.

No cuestiono la necesidad de la existencia de los procesos penales especiales, aunque sí creo de todo punto necesario y en pro de una mayor seguridad jurídica, que se utilicen todos los medios a nuestro alcance para evitar las desigualdades gratuitas que no responden al motivo de la especialidad como necesidad para servir al bien común de la sociedad.

Rosa María Francés Pérez es Abogada



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