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La requisa militar

De: Victoriano Perruca Albadalejo
Fecha: Mayo 2010
Origen: Noticias Jurídicas

1. Introducción

Cuando hablamos de las limitaciones a la propiedad en caso de guerra, de conflicto o de desastre, desde el punto de vista administrativo e internacional se suelen distinguir varias figuras afines a la requisa. Esto es normal por parte de la doctrina. Tiene una utilidad no sólo intelectual: el esclarecimiento del distinto alcance de una posible responsabilidad estatal que también en su caso con ellas se pueda contraer, por lo que se hace oportuno, preventivo y conveniente distinguirlas.

Se parte de la base de que para las legislaciones modernas la propiedad no es un derecho absoluto sino que es un instituto jurídico y económico que tiene una función o solidaridad social que en todo caso debe de cumplir. Esa necesidad socialmente justificada que la afecta la puede llegar a debilitar (mediante la constitución de una restricción administrativa o de un secuestro), a desmembrar (mediante la constitución de una servidumbre, de un usufructo o de una requisa sólo de uso ocupación temporal-) o incluso a desprivatizarla (expropiación, decomiso, confiscación y requisa de la misma propiedad).

2. Figuras afines

2.1 Las Restricciones

El caso de las restricciones, que pueden implicar un hacer o no, tienen como ejemplo más claro el poder de policía municipal cuando actúa estando justificado por razones tales como las de la salubridad, la seguridad, la moralidad, la estética, el urbanismo, la cultura y la tranquilidad pública. Suponen tener que soportar, en principio sin indemnización alguna, una mera tolerancia general o colectiva por cuanto que no hay un sacrificio o carga especial que le sea impuesta al dueño, por lo que le caracteriza también el que sean actuales, imprescriptibles, permanentes, constantes y continuadas. Su proporcionalidad como medida implica que nunca puedan borrar el dominio en su exclusividad y perpetuidad.

2.2 Las Servidumbres

El caso de las servidumbres, que consiste en hacer que sobre un bien inmueble ajeno recaiga un fin de uso público, ya sí desmiembra a la propiedad como tal derecho, por tanto indemnizable, y cuya disposición ya no lo hace pleno; y, en cuanto que lo puede ser administrativa, se constituye a favor sólo de un ente público dada su finalidad. Suelen precisarse, también en casos de misiones, cuando no habiendo acuerdo contractual al respecto el objeto sobre el que recaen son, por ejemplo, estaciones eléctricas, de radiotelecomunicaciones, o de transportes de otra energía (gas). No obstante, las hay de muchos tipos: de sirga o camino ribereño, de acueducto, gaseoducto, electroducto, ferroviaria, arqueológica, de bienes históricos, de fronteras, de minería y aeronáuticas.

2.3 La Expropiación forzosa

El caso de la expropiación es aquel donde el Estado, para cumplir con una finalidad de utilidad pública específicamente declarada, priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular, siguiendo para ello un determinado procedimiento y pagando una indemnización previa, en dinero, con avalúo de un precio justo y único. Aquí el derecho de propiedad sí se extingue como tal. El caso más famoso a citar en España fue el de Rumasa en su día y supuestos donde pueda haber dudas de que un bien pueda no ser expropiado es el de una embajada extranjera o el caso de templos religiosos. La reversión (retrocesión en América latina) del bien a su antiguo titular podrá tener lugar por la aplicación del bien por el expropiante a un fin distinto del que había sido declarado, o cuando no le dé destino alguno, por ejemplo, en caso de abandono.

En este último sentido, y en un rápido resumen de ella, merece destacarse la Sentencia del TS de 25.01.00 nº 16/00 (RJ 349), en recurso de casación nº 1176/1995, de la Sala Primera de lo Civil, donde fue ponente D. Román García Varela, y relativa a la incautación en la guerra civil española, concretamente en Agosto del año 36, del edificio de un Casino (republicano) de artesanos de la villa de Muxía (Galicia), cuya importancia entre otras consideraciones- destacamos en el hecho de que el despojo sobre aquél lo considera ilegal porque fue realizado en unas fechas donde el sistema político de entonces carecía de garantías jurídicas, las cuales sólo tienen lugar a partir de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, que es el momento a partir del cual sobreviene ya la posibilidad de ejercer la acción correspondiente, motivo por el cual el posible abandono o preclusión de plazos procedimentales anteriores no los toma en cuenta para entender que todavía se hallaba viva la acción reivindicatoria de los demandantes afectados.1

2.4 La ocupación.

El caso de la ocupación temporal , muy ligado al usufructo, lo damos por sabido remitiéndonos a un trabajo anterior2 .

2.5 El Decomiso.

El caso del decomiso es una limitación de la propiedad como medida de policía y de interés público, es decir, por razón de infracción de seguridad pública. Funciona así como una sanción que lo puede ser no sólo administrativa sino sobre todo penal, aduanera y de policía. La cosa caída en comiso, en principio, puede ser destruida por su peligrosidad (el caso de la droga o explosivos), por lo que supone su pérdida sin indemnización alguna que valga.

2.6 La confiscación.

El caso de la confiscación es el simple desapoderamiento de sus bienes a una persona, que pasan al poder del Estado sin compensación. Suele estar prohibida aunque ejemplos en la Historia, con ocasión de guerras, así la de la Independencia, tenemos muchos.

2.7 Secuestro.

Y el caso del secuestro de bienes, antes de entrar en el tema de la requisa, no es más que una custodia temporal y no indemnizable de aquélla por autoridad administrativa o judicial, y a diferencia del decomiso, aquí no siempre estamos hablando de una sanción sino más bien de una medida cautelar, así como que no supone la pérdida definitiva del bien en el decomiso sí-, que recae sólo sobre bienes muebles y su indisponibilidad se puede conseguir vía embargo o su anotación registral. Un ejemplo famoso fue el del club atlético de Madrid con el "Juez" Rubí.

3. La requisa

Por último, la requisa, regulada en lo militar en nuestra Ley de expropiación forzosa (LEF), arts.100 a 107, es la ocupación o adquisición coactiva de un bien por el Estado, quien lo dispone por situación de generalidad y a efectos de satisfacer exigencias de utilidad pública reconocida por la ley.

En nuestro trabajo nos centraremos en la requisa militar sabiendo de antemano:

  1. que la requisa puede abarcar la prestación de servicios, la adquisición de cosas muebles y la utilización en su caso de bienes inmuebles y semovientes.

  2. que debe reunir la nota de utilidad pública, ser indemnizable y tener un procedimiento escrito (la "orden de requisa").

  3. que cuando lo es de propiedad no se permite la especulación y el agio antes de la indemnización pertinente.

  4. que las cosas fungibles nunca se expropian sino que se requisan.

  5. y que la requisa militar es un complemento de los poderes de guerra.

4. El caso de la requisa para socorro humanitario.

Un ejemplo histórico reciente fue el del lunes 14.04.03, con motivo de la primera expedición española a Iraq, cuando la autoridad militar española al mando de la operación Sierra Juliette se planteó la posibilidad material de que los productos perecederos (azúcar y leche) encontrados en los contenedores de un puerto abandonado, frente a la zona de atraque, pudieran ser requisados para ser entregados a la población iraquí atendiendo a su misión y una vez visto que en los contenedores encontrados constaba además la frase "propiedad del Gobierno iraquí".

Esa posibilidad se estudiaría, significando (1) que a priori sería factible atendiendo la finalidad de la operación Sierra Juliett y (2) que en todo caso se tendría que hacer un acta de requisa y una relación de inventario de bienes muebles encontrados, con su valoración a efectos de dejar constancia de su posible valor alzado de mercadería perecedera a fecha del acta. Ello como medida previsora y sin perjuicio de que, lo más probable, dado el estado de guerra entonces no finalizada, en un futuro no hubiera reclamación alguna.

La base jurídica sobre la que a nivel internacional se tendría que realizar esa labor la conformarían la Resolución 1441 del C.S de la ONU legitimadora del mandato de la operación y, desde luego, la normativa de derecho humanitario de los conflictos armados:

  1. Art. 34 I Convenio de Ginebra, art.73 y Anejo III del II Convenio de Ginebra, arts. 53,55,60,61 y 89 del III C. Ginebra, art.14 (a sensu contrario), art14 y 70 del IV C. Ginebra.3

  2. Art.52.1 y 54 Protocolo Adicional I de 1977, art.34, 53 y 147 IV C. Ginebra.

De ese estudio se concluyó:

  1. Que los bienes para cuya finalidad explicada eran objeto de examen tenían la naturaleza de ser bienes muebles civiles perecederos que, al no ser ningún objetivo militar (art.52.1 del Protocolo Ad. I), podían ser requisados incluso en estado de guerra con objeto de no incurrir, como método de aquélla, en la prohibición (prevista en el art.54 del mismo Texto) de hacer padecer hambre a las personas civiles, de tal forma que según el art.53 y 147 del IV Convenio ginebrino, interpretado a sensu contrario, era posible cualquier apropiación de bien civil si estaba justificada por una necesidad militar u operación bélica.

  2. Si se podía hacer en ese estado de guerra, la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU también legitimaba la acción en operación de paz porque la finalidad intrínseca de aquélla era el apoyo humanitario a la población civil, esto es, la última destinataria de unos productos que, por ser encontrados, eran sólo por la Fuerza poseídos, devueltos y no apropiados, imperando por tanto dos causas de estado de necesidad para adoptar esa medida:

    (1) una necesidad militar que aconsejaba su reparto equitativo a la población local iraquí próxima debido también (2) a la caducidad y probable pérdida de los productos en caso contrario.

  3. El ofrecimiento por la Fuerza española - con el aviso a la potencia ocupante - de esta acción de socorro sería sugerida mediante la previa confección de un acta de requisa con relación inventarial de bienes y avalúo a tanto alzado.

    De esta manera, incluso en términos del art.70 del Protocolo Adicional I, esto es, en el contexto de encontrarse en estado de guerra, tal acción de socorro suponía en suma una fórmula jurídica que "...no será (sería) considerado como injerencia en el conflicto armado ni como acto hostil".

El modelo de acta de requisa humanitaria y relación inventarial de avalúo sería uno como el que sigue a continuación: CONSTITUIDO el oficial de la Fuerza española y dos testigos locales iraquíes (abajo identificados con su rúbrica) en el Puerto de UQ, a las horas del día , por designación de la autoridad regente de la Operación de Paz Sierra Juliette y bajo el amparo de la legislación internacional sobre Derechos Humanos y de las Misiones de Paz en los conflictos bélicos según previo Informe Jurídico al respecto; MANIFIESTA que con el fin de hacer entrega a la población local de la requisa que en este acto se realiza sobre los bienes perecederos encontrados y a continuación descritos tanto en cuantía como cualidad, SE PRECONSTITUYE ESTE DOCUMENTO CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE REQUISA DECRETADA Y ACORDADA POR LA AUTORIDAD ESPAÑOLA EN ESTA MISMA FECHA, documento del que teniendo en cuenta la total ausencia de notarios se dejará constancia en el archivo correspondiente de la Fuerza española a tales efectos. RELACIÓN DE BIENES INVENTARIADOS Y AVALÚO A TANTO ALZADO:-Descripción. Peso. Volumen. Cuantía. Valor. - " " " " T O T A L : SUMA. Fdo. : El Oficial . Fdo.: Testigos.

En el Informe jurídico al que se hace allí alusión se debían de abordar al menos los siguientes puntos, a saber

5. Sobre el "pillaje" en la legalidad militar

5.1 Ámbito disciplinario:

En el ámbito disciplinario, de acuerdo con la Ley O 8/98, de 2 de diciembre, se prevé (1) en el punto 28 del art.7 que es falta leve ( esto es, con alguna sanción de las previstas en el art.9.1 del mismo Texto legal - la mayor de las cuales es el arresto de un día a treinta días en domicilio o Unidad -), la siguiente: "La sustracción de escasa cuantía y los daños leves en las cosas realizados en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves o establecimientos militares, o en acto de servicio, CUANDO NO CONSTITUYA INFRACCIÓN MÁS GRAVE".

Por su parte, siguiendo el criterio de menor a mayor gravedad, a continuación se prevé en el punto 30 del art.8 que es falta grave "Destruir, abandonar, deteriorar o sustraer caudales, material o efectos de carácter oficial cuando por su cuantía no constituya delito, adquirir o poseer dicho material o efectos con conocimiento de su ilícita procedencia o facilitarlos a terceros", conducta cuyo máximo castigo sería el de la pérdida de destino.

En el comentario de la distinción de gravedad de una y otra, esto es, la línea que separa ambas conductas, es preciso fijarse que sólo será leve cuando sólo se trate de una mera sustracción, no de una destrucción, abandono o deterioro ( acciones que pueden considerarse por tanto más graves), que lo sea de escasa cuantía y no de carácter oficial ( en cuyo caso será siempre como mínimo falta grave), y que el lugar que se cometa esté ceñido a un acuartelamiento, base, buque, aeronave o establecimiento militar, significándose que si es en otro lugar siempre será como mínimo una falta grave si el efecto de que se trate es militar, toda vez que si es un bien civil y no oficial podría llegar a ser en el Derecho español una conducta delictiva en función también de su valor (más de unas cincuenta mil pesetas si nos atuviéramos al Código Penal común español de 1995 para distinguir entre falta y delito de aquellas conductas que atacan al bien jurídico de la propiedad como valor social y penalmente protegido).

5.2. En el ámbito penal militar:

  1. En el ámbito de los "delitos contra la Hacienda Militar", se recordaría que son delitos las siguientes acciones: (Con penas que pueden ir de medio a diez años de prisión):

    • Art.195. "El militar que destruyere, deteriorare, abandonare o sustrajere, total o parcialmente, el equipo reglamentario, materiales o efectos que tenga bajo su custodia o responsabilidad bajo responsabilidad de su cargo o destino".

    • Art.196. "El militar que sustrajere o receptare material o efectos que, sin tenerlos bajo su cargo o custodia, estén afectados al servicio de las Fuerzas Armadas".

    • Art.197. "El que, con conocimiento de su ilícita procedencia, adquiriere o tuviere en su poder los efectos a que hacen referencia los dos artículos anteriores".

    Cabe decir como aspecto común de los tres delitos anteriores que su pena varía según la conducta recaiga o no en material de guerra, armamento o munición, en cuyo caso -y como es lógico- la pena es mayor, así como que según que los hechos en concreto de que se trate revistan una especial gravedad, supuesto este último donde la pena también puede así ser mayor a la "normal" en función de este otro criterio y no sólo el primero.

  2. En el ámbito de los "delitos contra las Leyes y usos de la guerra", también se recordaría como conductas constitutivas de delito debidamente tipificadas las siguientes:

    • Art.74: Será castigado el militar que "(1º) requisare indebidamente e innecesariamente edificios u objetos muebles en territorio ocupado". La pena es de medio año a seis años.

    • Art.77: Será castigado con la pena de dos a ocho años de prisión el militar que:

      • "(2º) despojare de sus efectos en la zona de operaciones a un muerto, herido o enfermo, náufrago o prisionero de guerra con el fin de apropiárselos.

        Cuando con motivo del despojo se les causare lesiones o se ejercieren violencias que agravasen notablemente su estado, se impondrá la pena en su mitad superior".

      • "(7º) destruyere o deteriorare, sin que lo exijan las necesidades de la guerra, el patrimonio documental y bibliográfico, los monumentos arquitectónicos y los conjuntos de interés histórico o ambiental, los bienes muebles de valor histórico, artístico, científico o técnico, los yacimientos en zonas arqueológicas, los bienes de interés etnográfico y los sitios naturales, jardines y parques relevantes por su interés histórico-artístico o antropológico y, en general, todos aquellos que formen parte del patrimonio histórico.

    • Cualquier acto de pillaje o apropiación de los citados bienes culturales, así como todo acto de vandalismo sobre los mismos y la requisa de los situados en territorio que se encuentre bajo la ocupación militar, será castigado con igual pena" (de dos a ocho años de prisión).

    • Art.78: "El militar que llevare a cabo o diere orden de cometer cualesquiera otros actos contrarios a las prescripciones de los Convenios Internacionales ratificados por España y relativos a la conducción de las hostilidades, a la protección de heridos, enfermos o náufragos, trato de prisioneros de guerra, protección de las personas civiles en tiempo de guerra y protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión".

Convino después de todo esto recordar lo siguiente a modo de

6. Postulados básicos.

1º. Que en caso de incumplimiento de las normas expuestas existiría una responsabilidad del propio Estado que se concretaría en la obligación de pagar las indemnizaciones a que hubiera lugar en resoluciones condenatorias, porque los Estados son responsables de todos los actos criminales cometidos por sus Fuerzas Armadas.

2º. Aparte, cada persona estaría sujeta, como es lógico, a una responsabilidad personal por los actos que cometiese.

3º. Que el art.78 del C.P Militar debía de ponerse en relación con el art. 28 del Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1899.

4º. Nociones jurídicas sobre el pillaje en el ámbito bélico:

  1. El principio de distinción en los bienes. Que siendo objetivo militar en lo que respecta a los bienes, según el art.52.2 del Protocolo Adicional I de 1977, aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida, resulta que son así bienes civiles los que respecto de la definición anterior se definen por exclusión y son indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como según el art.54.2, segundo inciso, del mismo Texto- los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.

  2. Prohibición. Que según el mismo artículo último citado está prohibido recurrir al hambre como método de guerra contra la población civil y no serán esos bienes objeto de ataque a no ser que, según el párrafo 3 del precepto, (a) se utilicen sólo como medios de subsistencia para los miembros de las fuerzas armadas, o (b) los utilice en apoyo directo de una acción militar, a condición, no obstante, de que en ningún caso se tomen contra tales bienes medidas cuyo resultado previsible sea dejar tan desprovista de víveres o de agua a la población civil que ésta se vea reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse.

  3. Uso debido. Debe tenerse en cuenta que desde la óptica de un beligerante- si ese bien, por ubicación, finalidad o utilización, supone un apoyo al enemigo o si su captura, destrucción o neutralización proporciona una ventaja militar concreta puede así convertirse en objetivo militar según los términos y condiciones teóricas que antes hemos visto.

  4. Represión de actos. En materia de represión de abusos e infracciones, según el Derecho ginebrino, en el art.50 del I Convenio se dice expresamente que "las infracciones graves a que alude el art. anterior son las que implican algunos de los actos siguientes, si son cometidos contra (...) bienes protegidos por el Convenio: (...) la destrucción y apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de manera ilícita y arbitraria".

Sin decirlo expresamente, este precepto define así el pillaje, definición que podríamos completar acudiendo al art.53 del IV Convenio ginebrino cuando manifiesta que "está prohibido a la Potencia ocupante destruir bienes muebles o inmuebles pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a organismos públicos, y a agrupaciones sociales o cooperativas, salvo en los casos en que tales destrucciones las hicieran necesarias las operaciones bélicas" así como el art.147 del mismo Texto , que es repetitivo y calcado al art. 50 del I Convenio.

7. Conclusiones

  1. Esta Protección de determinados bienes en los conflictos armados proscribiendo y castigando el pillaje y el saqueo, tal y como por ejemplo hace el Estatuto de Roma creador de la Corte Penal Internacional, se conjuga con las precauciones sobre la requisa, objeto ya de anterior estudio, así como por lo dispuesto en el art.18 del III Convenio de Ginebra (sobre el trato a los prisioneros de guerra), según el cual (grosso modo) los medios, recursos y abastecimientos del enemigo capturados, exceptuados los medios de identificación, los recursos sanitarios y religiosos y los necesarios para el vestuario y alimentación y protección del personal capturado, se convierten en botín de guerra, que puede ser utilizado sin restricción. Pertenecen a la potencia captora y no a los combatientes individuales, por lo que serán evacuados por los canales logísticos.

  2. Al igual que en la vida civil y mientras que en tiempo de paz existe un C.P común que castiga el delito o la falta de hurto, esto es, la sustracción de bienes muebles sin fuerza en las cosas o violencia en las personas, así como la apropiación indebida de aquéllos cuando uno tiene además el deber de guarda y custodia de tales objetos, en tiempo de guerra, y por tanto, también análogamente en las misiones de paz que realizan nuestras Fuerzas Armadas sus miembros deben saber:

    Que existe una larga tradición, como lo demuestra la antigüedad de la legislación internacional al respecto (tanto el art.32,a) del Manual de Oxford relativo a la guerra naval, como los arts. 28 y 47 del Reglamento Anejo a las Convenciones de la Haya II de 1899 y IV de 1907 para la guerra terrestre, art. 33 del Convenio IV de 1949 y art.4.3 de la Convención de la Haya de 14.V.54), e incluso ya la más moderna (art.8.2, letra b) apartado xviii del Estatuto de Roma), a su vez desarrollada por la legislación nacional ("de los delitos contra las leyes y usos de la guerra", arts. 74 y ss. del Código Penal Militar) en que el pillaje y la rapiña quedan formalmente prohibidos bajo cualquier forma que se practique para no perjudicar en tiempo de guerra sobre todo ni a la población civil ni a los propios miembros de las Fuerzas armadas que en cualquier momento puedan verse en la necesidad imperiosa de necesitarlos, así como también a sus legítimos dueños.

  3. Y que, en suma, el pillaje consiste en la acción de apropiarse de un bien cualquiera que sea, ya agrícola, ya de alimentación, etc- sin el consentimiento del propietario y con la intención de privarle a su dueño de ese bien y apropiarse de él para su uso privado y personal. Por tanto, se sanciona el hecho de apoderarse o tomar para sí una cosa ajena sin consentimiento del dueño, es decir, sin otra razón que la voluntad del que realiza esa acción, que la lleva a cabo con la intención o propósito de hacer suya la cosa o bien de que se trate, de adquirir su efectiva posesión. A efectos penales concurrirá sólo una causa de justificación que determinará la falta de antijuricidad de la conducta y su consiguiente impunidad cuando la apropiación sea necesaria por necesidades militares, juicio de valor que no corresponde tomar a cada miembro de la dotación individualmente sino al más alto Jefe militar de la Fuerza.

    El saqueo, por su parte, es lo mismo que el pillaje, pero a gran escala; es decir, un pillaje sistemático en el que, además, suele intervenir algún tipo de fuerza en las cosas o violencia en las personas para conseguir el apoderamiento de los bienes de que se trate. Tanto en uno como en otro caso cabe decir que para que la conducta se consuma (se termine y no constituya un mero intento) con carácter ya punible, en la gravedad que corresponda bien como falta o incluso delito-, es preciso que se haya producido la efectiva apropiación del bien ajeno por parte de uno, que ha de haberlo integrado en su patrimonio incluso cuando fuese por cortísimo tiempo (es decir, encontrado en su ámbito de posesiones: taquillas, mochila o guardado en cualquier otro lugar concreto).

  4. Un modelo de orden como la que en su día se confeccionó a raíz del estudio jurídico previo sería la siguiente: ORDEN DE LA AUTORIDAD MILITAR A TODA LA DOTACIÓN. En virtud de mi autoridad y como máximo Jefe militar español responsable en la AOR que tiene el deber de velar por los buenos usos propios de la misión y conducción de las hostilidades en su caso, comunico que haciendo cumplir lo prescrito por la normativa internacional ratificada por España así por ejemplo el art.32. a) del Manual de Oxford relativo a la guerra naval, entre otros- y su desarrollo en el Código Penal Militar (art. 74.1), que castiga la requisa indebida o innecesaria de edificios u objetos muebles en territorio ocupado, SE ORDENA: que ningún miembro perteneciente a la Fuerza española cometa pillaje o rapiña de ningún bien encontrado o que se pueda encontrar en dichos edificios o instalaciones iraquíes por quedar formalmente prohibidos bajo cualquier forma que se practique, significándose que en caso contrario se iniciarán actuaciones tendentes a esclarecer unas responsabilidades que pueden llevar incluso la pena judicialmente impuesta que va de seis meses hasta de seis años de prisión.

Victoriano Perruca Albadalejo.

Bibliografía

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Normativa general española.

Legislación sobre zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional

  • Artículo 30 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 noviembre, de la Defensa Nacional

  • Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo

  • Ley 8/75, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa nacional

  • Ley 37/1988, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Modifica art. 30 y disposición final segunda y añade disposición final quinta a la Ley 8/1975. Actualizó las cuantías máximas de las multas que pueden imponerse

  • Ley 31/1990, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Modifica art. 19 y añade una disposición adicional a la Ley 8/1975

  • Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero. Aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 8/1975 de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional

  • Real Decreto 374/1989, de 31 de marzo. Modifica la Disposición Final Primera del Reglamento de la Ley 8/1975

  • Real Decreto 969/1994, de 13 de mayo. Estableció que los expedientes sancionadores se tramitarán con sujeción al procedimiento previsto en el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora

  • Orden 263/1983, de 21 de octubre. Desarrolla el art. 43 del Reglamento de la Ley 8/1975 respecto al acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros

  • Delegaciones de competencias:

    • Orden 73/1980, de 30 de diciembre. Delega en los capitanes generales la autorización de obras menores a realizar por extranjeros en zonas de acceso restringido a la propiedad.

    • 10.b.- Orden 43/1983, de 25 de mayo. Delega atribuciones en las autoridades militares jurisdiccionales y en los capitanes generales de las Regiones Militares

    • 10.c.- Orden 8/1987, de 11 de febrero. Delega atribuciones en el director general de Infraestructura10.d.- Orden 55/1989, de 3 de julio. Delega atribuciones en el director general de Infraestructura.

  • Instrucción 8/1990, de 24 de enero, del ministro de Defensa, en relación con la Disposición Final Primera del Reglamento de la Ley 8/1975

Legislación sobre servidumbres aeronáuticas

  1. Ley 48/1960 de 21 de julio de Navegación Aérea (artículos 3 y 51)

  2. Real Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas

  3. Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, de modificación del Real Decreto anterior

  4. Orden de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo

Notas

1 Según la doctrina recogida nos preguntamos si en su aplicación hubieran podido verse en su caso afectadas las medidas de guerra civil que a continuación relacionamos y que también ponemos como ejemplos prácticos anteriores a la legislación de 1954:

En materia de su financiación y economía de guerra:

Activas: (de gestión recaudatoria)

  • (año 36. D.26.VIII.1936, n° 69.) La formalización y el control por Hacienda de una suscripción nacional espontánea de cooperación a la causa por los empleados del Estado. Se consiguió por las figuras del cómputo de los días de haber, la retención de donativos por los habilitados y el descuento en nómina.

  • (año 36. D.3.VIII.1936, n° 23) La compensación de ese esfuerzo en los afectados mediante concesiones a los contribuyentes ampliando los plazos de pago voluntario en las contribuciones territoriales e industriales, relevando en el retraso el pago de recargos, intereses de demora y multas por transcurso de los plazos fiscales, y admitiendo su condonación salvo la de la parte de los participes de la multa.

  • (año 36.Orden de 14.X.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Respetar sueldos y gratificaciones a retirados.

  • (año 36.Orden de 24.VIII.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Incentivar el sueldo de actividad peligrosa, así la conducción de coches requisados, en un contexto de tráfico bélico rodado.

  • (año 37. Orden de 16.VI.1937 de la Secretaria de Guerra) Crear un servicio de automovilismo del Ejército.

  • (año 38. D.20.X.1938) Crear un Consejo de coordinación de industrias afectas a la Defensa Nacional para que mediante autorización administrativa se puedan fabricar nuevos elementos de guerra.

  • (año 38. Orden de 25.XI.1938 de la Junta de Defensa Nacional) Crear almacenes de vestuario de campaña justificando mensualmente las cuentas a Intendencia e Intervención Civil, y en el año 39 (Orden de 7.VII.1939 del General Subsecretario del Ejército) prever el tipo de calzado de la tropa extraído de la goma usada (neumáticos).

  • (año 39. Orden de 10.VII.1939 de la Junta de Defensa Nacional) Reducir los Cuarteles Generales en grandes Unidades.

  • (año 37.D. 15.0I.1937 n° 182) Movilizar a los radiotelegrafistas para la campaña.

  • (año 37. Orden de 16.VI.1937 de la Secretaria de Guerra) Recargar con cuatro años de servicio al autor de falta grave por desertor debiéndolos cumplir en los Grupos de Regulares o la Legión, esto es, en las ciudades y frentes de combate de los Cuerpos de guarnición de África.

  • (año 36. Orden de 05.IX.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Dejar sin curso cambios solicitados de destino y traslados.

  • (año 36. D.3.VIII.1936 n° 23) Excitar el celo recaudador y de su gestión, por ejemplo, modificando los itinerarios de costumbre y sirviéndose de su anuncio de llegada por la vía de pregón y carta a los alcaldes de los pueblos para la fijación del aviso en el tablón municipal, sin perjuicio de establecerse una franquicia postal de correspondencia a las Unidades militares nacionales entre ellas.

Pasivas: (o de ahorro)

  • (año 36.D.19.XI.1936) Ampliar la tipificación y pena del delito de auxilio a la rebelión, por la exclusiva vía de Decreto puesto a su vez en relación con su inclusión en los Bandos Militares de guerra, mediante la consideración de que también lo era el contrabando de billetes del Banco de España en el extranjero por ser el lavado pretendido de dinero producto en su mayoría del robo y del pillaje.

  • (año 36. Orden de 30.VII.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Fijar la cuantía del haber diario de voluntarios.

  • (año 36. Orden de 31.VII.1936 ampliatoria de la del 27.VII) Respetar el ahorro privado no regulando el movimiento de libretas.

  • (año 36. Orden de 30.X.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Realizar concesiones de crédito único, así a la Secretaria de Guerra.

  • (año 36. Orden de 31.X.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Establecer racionamientos, así el del ganado, y el de las fuerzas que integran los ejércitos de operaciones (año 39. Orden de 17.V.1939).

  • (año 37.Orden de 26.VII.1937 de la Secretaria de Guerra) Establecer un servicio de cría y caballar de remonta como sección de la caballería encargada de la compra de ganado.

  • (año 38.Orden de 25.VIII.1938 de la Junta de Defensa Nacional) Prever su alimento con productos sustitutivos más económicos y abundantes, así el pienso de cebada por el de avena, y teniendo en cuenta en el año 39 (Orden de 20.IV.1939 de la Junta de Defensa Nacional) la especial ración de pienso en las Unidades hospitalarias de Veterinaria.

  • (año 36. Orden de 23.XII.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Centralizar el reparto de vales de gasolina para gestionar el usufructo de consumo en organismos.

  • (año 36.Orden de 23.XII.1936) Fijar horarios de régimen interior en hospitales militares y un servicio de sanidad militar que organizase material de transporte, instrumental su almacenamiento y laboratorio de desinfección e higiene.

  • (año 37.Orden de 11.0I.1937 de la Secretaría de Guerra) Regular la percepción de haberes de personal sanitario militarizado, no concediéndolos a los que no se tuvieran que ausentar de su residencia habitual, y variando su importe según la continuidad de sus servicios prestados o el percibo posible de otro sueldo en todo caso incompatible.

  • (año 36. Orden de 7.X.1936 de la Junta de Defensa Nacional) Potenciar la figura del Intendente en el pago de arranchamientos.

  • (año 38. Orden de 05.IX.1938 de la Junta de Defensa Nacional) Fijar la ración diaria para el ganado del Ejército en retaguardia.

  • (año 37. Orden de 25.VIII.1937 de la Secretaria de Guerra) Relacionar inventarios en campos de concentración o batallones de trabajadores prisioneros ajustando también haberes entre las bajas y altas dadas mensualmente.

  • (año 38. Orden de 26.VIII.1938 de la Junta de Defensa Nacional) Considerar como servicio prestado en el frente los cargos realizados en dichos campos de prisioneros.

  • (año 36, 37 y 38) Otorgar timbres oficiales a las certificaciones.

En materia de personal, según consta:

- en Decreto de 26 de agosto de 1936 sobre suscripción nacional de "empleados del Estado", se regula la forma de recoger el "justo y patriótico" deseo de la rivalizada contribución a su causa ("dar cima a la completa reconquista moral y material de España para España") de sus aportaciones "personales y económicas", que eran realizadas por funcionarios públicos, militares, civiles y clases pasivas. Asimismo,

- según D.1.X.1936 (nº 146) sobre vuelta al servicio activo en el Ejército ya antes se determinó la vuelta al servicio activo en filas de señores Generales en reserva, llegando a ocupar en la escala de su clase el puesto que les correspondería de no haber pasado a la reserva. De igual modo, los Generales que se encontrasen ejerciendo y pasasen a la reserva, por edad, continuarían en aquél hasta que, pasadas las circunstancias de la época, volviesen a su situación militar, y también continuarían en su puesto los que ya pertenecieran a la repetida situación de reserva y se hallasen desempeñando mando o comisión al efecto por la Junta de Defensa Nacional.

-La Ley de 1.X.1936 que reestructuró el Estado estableciendo un nuevo Gobierno reclamaba dentro de los principios nacionalistas un aparato menos burocrático por innecesario en cuanto que respondía a las características de autoridad, Unidad, rapidez y austeridad.

- por O.19.XI.1936 del Ejército (Secretaría de Guerra) comprobable en RJ cronológica de Aranzadi 1793/1936, se resolvió en relación a los meritorios servicios prestados por militares retirados de alta y no tan alta graduación, con el fin de "evitar que pudieran surgir dudas en cuanto a preferencias para el desempeño de mandos y cometidos de carácter militar entre ellos y los que se encuentran en situación de actividad", que unos y otros tuvieran los mismos derechos, atendiéndose únicamente, para determinar la preferencia, a la antigüedad dentro de las respectivas categorías.

- por Decreto núm. 192 de 26.01.1937 se establece un sistema de recompensas por méritos de campaña donde en su art.1 se relacionan por el siguiente orden: a) ascenso por mérito de guerra, b) Cruz Laureada de San Fernando, c) Medalla Militar, d) Cruz de Guerra (antigua de María Cristina), e) Cruz Roja de Mérito Militar, f) Medalla de sufrimiento de la Patria y g) Medalla de la Campaña.

- por O.24.V.1937 relativa a los servicios espirituales católicos se facultaba a los sacerdotes pertenecientes al clero secular y regular que entonces prestasen sus servicios en Unidades y buques castrenses poder continuarlos allí si -con la autorización y licencia de sus respectivos Prelados- así lo instaban por solicitar continuar en filas sin perjuicio de su fuero personal.

-por Decreto de 18 de Julio de 1938, un año antes de la victoria, se reguló la dignidad de Capitán General en el Ejército y en la Armada precisando además su jerarquía no sólo militar como Jefe de Estado y del Gobierno, de la Falange española y de la JONS, sino también ya como el Generalísimo que tenía el mando directo y máximo de todos los Ejércitos (Tierra, Mar y Aire) porque esta medida recogía el unánime sentimiento de la España Nacional de cifrar en el Caudillo todas sus esperanzas de salvación y resurgimiento, rindiendo el gobierno un tributo de justicia a quien "por designio Divino" y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la Historia, tuvo "la inspiración, el acierto y el valor" de alzar la España auténtica contra "la anti-Patria".

- por O.3.09.1938 que reguló los ascensos del Cuerpo Jurídico Militar se estipuló que los Oficiales terceros honoríficos (asimilados) con más de un año de servicio efectivo, en cometidos de jurisdicción castrense, y comprendidos en algunos de los cuatro apartados del art.1 de la O.24.05.37 (B.O.n° 37), siempre que tuvieran certificado de propuesta favorable de su Jefe (Auditor, Jefe o Autoridad de a que dependiere) y Acta "de reunión" de los profesionales del Cuerpo, podrían ascender al empleo inmediato superior, con la antigüedad correspondiente, al cumplimiento de ese año referido.

En aquel certificado se debía de mencionar especialmente en su caso los servicios de frente, y precisamente de armas, prestado por el interesado.

-por O.de 19.10.1938, sobre La Legión, dispuso que "en atención a los deseos manifestados por los extranjeros que, como legionarios, prestan o han prestado servicio en Unidades especiales no pertenecientes a nuestra Legión, de usar sobre el distintivo de tan glorioso Cuerpo" acceder a ello, de forma que los interesados pudieron agregar al distintivo una barra roja por cada año de permanencia en España, tomando parte en la Campaña, sin tener en cuenta el número de hechos de armas a que hubiesen contribuido ni el de heridas sufridas.

2 La ocupación de inmueble por el soldado y sus problemas de contexto en crisis .Victoriano Perruca Albadalejo. Dos décadas de posguerra fría: Actas de las I Jornadas de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Estudios de Seguridad "General Gutiérrez Mellado" / coord. por Fernando Amérigo Cuervo, Julio de Peñaranda Algar, Vol. 2, 2009, ISBN 978-84-608-0944-9, págs. 357-366.

3 Transcribimos los dos primeros:

Art.34: "Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades de socorro admitidas al beneficio del Convenio serán considerados como propiedad particular. El derecho de requisición reconocido a los beligerantes por los usos y leyes de la guerra sólo se ejercerá en caso de urgente necesidad, y una vez que haya quedado asegurada la suerte de los heridos y enfermos".

Art.73: "A falta de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas acerca de las modalidades relativas a la recepción, así como a la distribución de los envíos de socorro colectivos, habrá de aplicarse el reglamento atañedero a los auxilios colectivos que Figura en el Anexo al presente Convenio. Los acuerdos especiales aquí previstos no podrán restringir, en ningún caso, el derecho de los hombres de confianza a tomar posesión de los envíos de socorro colectivos destinados a los prisioneros de guerra, a proceder a su reparto y a disponer de ellos en interés de los cautivos. Tales acuerdos tampoco podrán restringir el derecho que tengan los representantes de la Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o de cualquier otro organismo que acuda en ayuda de los prisioneros, al que se haya encargado la transmisión de dichos envíos colectivos, de fiscalizar la distribución a sus destinatarios".

Vuelve al principio del artculo...