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Algunas cuestiones sobre responsabilidad civil automovilística: el concepto de 'accidente o hecho de la circulación' y de 'vehículo a motor'” como principales presupuestos del sistema

De: Miguel Ángel De Dios De Dios
Fecha: Enero 2012
Origen: Noticias Jurídicas

I. El alcance del concepto de accidente de circulación

A pesar de la dificultad que conlleva delimitar la noción de accidente, dado el vasto conjunto de actividades sobre las cuales pueden acaecer sus efectos, existen varios elementos que se dan en todo accidente. Estos son: la acción u omisión y el resultado no deseado. Partiendo de esta base, cabría añadir otros componentes que contribuyen a concretar aun más lo que debemos entender por accidente1. Entre ellos: suceso no deseado, esencialmente desgraciado, hecho que se presenta de forma brusca, alteración del entorno donde se manifiesta, hecho fortuito o eventual, suceso involuntario, etc. En consecuencia, de forma apriorística el accidente se puede entender como «suceso fortuito o eventual que altera el orden de las cosas y que involuntariamente ocasiona daños en las personas u objetos». Hay que decir, que el fenómeno de la accidentalidad no esta necesariamente ligado el destino o la fatalidad, sino que es posible actuar para evitarlos, o al menos, para reducir su número o para mitigar sus consecuencias.

Sin embargo, con la finalidad de concretar el alcance del término «accidente» es preciso especificar el tipo de suceso al cual nos estamos refiriendo (accidentes laborales, deportivos, de transporte, medioambientales, etc.). En este caso, el apellido que acompaña a la acepción de accidente es el vocablo “circulación” o “tráfico”. Luego, el accidente es de tráfico cuando ocurre en las vías públicas como resultado del tránsito vehicular. Así las cosas identificamos, al menos dos definiciones que hacen mención al accidente de circulación, el concepto genérico y el normativo o legal.

I.1 Concepto genérico

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y siguiendo a J.S. Baker y López Muñiz Goñi. M.2, entre otros, el accidente de tráfico es «un suceso eventual, producido con ocasión del tráfico, en el que interviene alguna unidad de circulación y como resultado del cual se produce muerte o lesiones en las personas o daños en las cosas». También con carácter general, el accidente de circulación se define como «el producido en las vías públicas de las poblaciones y en las carreteras por los semovientes o los vehículos (carros, bicicletas motocicletas y automóviles) que por ellas transitan»3. Como se puede apreciar, los intentos de aquilatar la definición del accidente de tráfico en sentido genérico son numerosos, pero sin embargo, es verdaderamente complicado encontrar una única definición capaz de cerrar herméticamente los factores que convergen en un accidente de tráfico.

I.2 Concepto normativo o legal

En orden a unificar criterios sobre la producción de accidentes de tráfico, se han creado, con cierto grado de paralelismo, otros conceptos de accidente mediante disposiciones legales, al objeto de poder deslindar correctamente este hecho dañoso del resto de supuestos que quedan fuera del régimen especial de los accidentes de circulación.

  • En primer lugar, cabe citar el concepto normativo impuesto a través de la Orden Ministerial 18 de febrero de 1993,4 el cual establece como accidente de circulación «el producido o que tenga su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, siempre que resulte del mismo, una o varias personas muertas o heridas o sólo daños materiales y esté implicado, al menos, un vehículo en movimiento». En sentido negativo, diremos “in prima facie”, que no tendrán la consideración de accidente de tráfico, entre otros, los siguientes supuestos:

  • La manipulación de un vehículo para simular un accidente de tráfico.

  • El incendio de un vehículo estacionado.5

  • La caída de un objeto sobre un vehículo estacionado.

  • La apertura fortuita de una portezuela que golpea a un peatón.

  • Un peatón que se golpea con una señal de tráfico, tropieza contra una baldosa o cae a una zanja.

  • La lesión de un ocupante del vehículo por un golpe de otro usuario o por un objeto lanzado desde el exterior.

  • Las maniobras irregulares de vehículos sin generar daño alguno, derrapes, trompos, etc.

En segundo y último lugar, ya inmiscuido en el ámbito de la responsabilidad civil, surge la noción de accidente o hecho de la circulación que marcará la pauta decisiva para una correcta aplicación legal del régimen. En consecuencia, para los efectos que aquí nos interesan, la delimitación conceptual en este caso pivota sobre el Reglamento de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Por tanto, según el artículo 3 del citado texto aprobado por Real Decreto 7/2001 de enero, se debe de entender por accidente o hecho de la circulación «el derivado del riesgo6creado por la conducción de los vehículos a motor, tanto por garajes y aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común».

Abundando aún más en la noción de accidente, conviene tener presente la definición dada por el artículo 100 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. En esta ocasión, se entiende por accidente; la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte.

Tanto el “accidente” o “hecho de la circulación”, como el “vehículo a motor” son elementos esenciales para la aplicación de la normativa sobre responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor. Que sea o no considerado como accidente de circulación un hecho determinado trae consigo distintas consecuencias jurídicas que marcaran el camino a seguir dentro o fuera del sistema especial estatuido por LRCSCVM (en adelante Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor) y por ende la aplicación del sistema de valoración del daño, la intervención del Seguro Obligatorio del Automóvil y la mediación del Consorcio de Compensación de Seguros como fondo de garantía, entre otras cuestiones.

Por consiguiente, las mimbres usadas para dar forma al sistema se conforman alrededor de estos dos preceptos básicos que se encuentran entrelazados: “hecho de circulación” y “vehículo a motor”.

En lo atinente al accidente o hecho de la circulación, hay que significar que en la definición prevista en el artículo 3 RRCSCVM (en lo sucesivo Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor) se aprecian dos elementos, uno material; vehículo a motor y otro espacial; lugar donde se produce.

El primero, hace referencia al medio de transporte sobre el cual se cierne el riesgo de sufrir las consecuencias de una accidente de circulación. Una de las primeras definiciones legales del concepto o noción de vehículo a motor aparece en el año 1900 con motivo de la publicación en el mes de septiembre del Reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras del Estado, norma que deroga la Real Orden de 31 de julio de 1897. En esta disposición legal se define al automóvil como todo carruaje movido por fuerza mecánica, cuya conformación debe garantizar unas condiciones mínimas de seguridad.

En la actualidad7 por vehículo a motor, según el artículo 2 del RRCSCVM, habrá que considerar a todo vehículo, especial o no, idóneo para circular por la superficie terrestre e impulsado por motor, incluidos los ciclomotores, así como los remolques y semirremolques, estén o no enganchados, con exclusión de los ferrocarriles, tranvías y otros que circulen por vías que les sean propias. De igual forma, se aplicarán los conceptos recogidos en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/19908, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. Del mismo modo, nuestro Código penal también lanza una definición de lo que se debe de entender por vehículo a motor. Lo hace en el Libro II. Delitos y sus penas, dentro del título XIII «delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico». Capítulo IV. Artículo 244 “del robo y hurto de uso de vehículos a motor”. Este precepto incluye expresamente a los vehículos de motor y a los ciclomotores, superando el texto del artículo 516 bis del Código penal anterior, que trataba de englobar ambas categorías a través de la expresión “vehículo de motor ajeno, cualquiera que fuese su clase, potencia o cilindrada”.

Quedan al margen de la definición, los vehículos a motor eléctricos que por concepción, destino o finalidad tengan la consideración de juguetes, en los términos definidos y con los requisitos establecidos en el artículo 1.1 del Real Decreto 880/19909, de 29 de junio, sobre normas de seguridad de los juguetes, y normativa concordante y de desarrollo.

Tampoco se encontrarán incluidas en el ámbito del presente Reglamento las sillas de ruedas. En cambio, el Reglamento aprobado en 2008, adaptado a la Ley 21/2007 RCSCVM, considera como vehículo a motor, y por lo tanto susceptible de cumplir con la obligación de aseguramiento, a todos los vehículos que requieran autorización administrativa para circular, ya sean minimotos, patinetes a motor, etc. La autorización administrativa de referencia ha de ser la Tarjeta de Inspección Técnica. Es decir, todo vehículo que ostente Tarjeta de Inspección Técnica deberá estar asegurado. No obstante, se prevén algunas excepciones de forma expresa, remolque cuya MMA sea inferior a 750 kilogramos, vehículos dados de baja, etc.

En otro orden de cosas, el elemento espacial acontece en la segunda parte de la definición. Aquí, el legislador trata de deslindar los lugares donde se consideraran como tales los accidentes de circulación. Por tanto, hecho de la circulación será aquel que tenga lugar tanto en los garajes y aparcamientos, como en las vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, ya sean urbanos como interurbanos, así como en vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común. Debido a este carácter fáctico tan marcado de difícil encorsetado, el artículo 1.1 del Reglamento General de Circulación hace extensible, su aplicación a las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, y, en defecto de otras normas, a los que las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

Como puede advertirse, el concepto o elemento espacial de hecho de la circulación es enormemente amplio, hasta el punto de que sólo cabe excluir de él aquellos lugares en los que sea materialmente imposible el acceso y circulación de vehículos terrestres de motor10.

Al igual que en el caso de la noción “vehículo a motor”, el proyecto de nuevo Reglamento profundiza algo más. A pesar de que ya lo hiciera el actual Reglamento 7/2001 la esperada norma llega a pulir las circunstancias que quedan fuera del concepto de “hecho de la circulación”, estableciendo que no son accidentes de tráfico:

  • Los derivados de pruebas deportivas con vehículos a motor.

  • Vehículos destinados a tareas industriales o agrícolas. Un ejemplo paradigmático sería el de las máquinas quitanieves, vehículos que se encuentran en dos posiciones distintas respecto a la consideración de sus trabajos, dependiendo si están realizado las tareas para las cuales fueron concebidas o si por el contrario se encuentra desplazándose de un lugar a otro. En consecuencia, necesitarán dos aseguramientos; SOA y seguro de explotación.

  • Pero si en caso de desplazamiento por vías o terrenos aptos para la circulación o de uso común no estuvieran realizando tareas industriales o agrícolas que les fueran propias.

  • Incluyen las tareas de carga, descarga, transporte, almacenaje y demás operaciones necesarias de manipulación dentro de los logísticos de distribución de vehículos.

  • Desplazamientos de vehículos a motor por vías o terrenos en los que no sea de aplicación la legislación de tráfico (recintos de puertos o aeropuertos). En estos casos la cobertura del riesgo será atribuida mediante el preceptivo seguro de explotación.

II. Concurrencia cumulativa de factores

A modo de conclusión se puede afirmar, que el ámbito material de aplicación de la LRCSCVM pondera la combinación de “hecho de la circulación” y “vehículo a motor” para considerar un suceso determinado como accidente de tráfico. Relación vehículo-lugar donde también confluyen otros factores, como la actividad que está destinado a desempeñar o si el lugar en el que se produce el accidente es por el que habitualmente circula el vehículo. En definitiva, analizar si estamos o no ante un hecho de la circulación va a ser una cuestión no exenta de cierto grado de complejidad. De modo que será la Doctrina en algunas ocasiones y, mayoritariamente, la Jurisprudencia los dispositivos encargados de dilucidar el problema.

La concurrencia cumulativa de los factores analizados abre la puerta a la responsabilidad civil y al seguro en la circulación de vehículos a motor. Así, teniendo presente, que existen, entre otras, las siguientes clases de vehículos:

  • los destinados fundamentalmente al transporte de personas o bienes (turismos, autobuses, camiones, etc.),

  • los destinados a trabajos industriales o agrícolas, cuyo uso principal sea para tales labores, que puedan o no desplazarse de un lugar a otro fuera de aquellos casos en los que desarrollan normalmente sus trabajos, y los siguientes tipos de vías o bienes;

  • vías o bienes, públicos o privados, abiertos a todas las personas o a un número de ellas con derecho de acceso a los mismos,

  • vías o bienes, públicos o privados, cerrados al público,

  • lugares especialmente destinados o acotados para el desarrollo de trabajos o labores, industriales o agrícolas.

Llegamos a la conclusión de que accidente o hecho de la circulación es:11

El acaecido como consecuencia, del uso propio de su destino o un uso análogo, de los vehículos destinados al transporte de personas o bienes en las vías o bienes, públicos o privados, abiertos a todas las personas o a un cierto número de ellas con derecho de acceso a los mismos. Así como también la utilización de los vehículos destinados a trabajos industriales o agrícolas cuando se desplacen por las mismas vías o bienes.

III. Los supuestos que quedan al margen de la LRCSCVM

En sentido negativo, el ámbito espacial de aplicación de la LRCSCVM deja al margen de su aplicación, mediante la definición prevista en el artículo 3 apartado 1 y 2 del RRCSCVM, a otras actividades como son, en primer lugar, los hechos derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin perjuicio de la obligación de suscripción de un seguro especial.12 En segundo lugar, tampoco se considerarán hechos de la circulación los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello. En tercer, y último lugar, no tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. En todo caso, será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal13 como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial.

Asistimos, por tanto, a un sinfín de supuestos propios de laboratorio, pero que sin embargo son alimentados por la realidad práctica. El accidente de tráfico es un suceso en el que pueden concurrir diversas causas y en el que el propio desarrollo tecnológico y la complejidad social contribuyen aportando elementos nuevos. La existencia de tales circunstancias, hacen que la pretensión del legislador por acotar o delimitar el concepto jurídico del accidente sea una empresa de complicada consecución. El factor de la causalidad es tan influyente que la normativa no ofrece un remedio eficaz para todo tipo de accidente. En consecuencia, todo apunta a que sea la aportación jurisprudencial la que contribuya a esclarecer los supuestos fronterizos entre hecho de la circulación u otro tipo de accidente.

Veamos a continuación algunos tipos de exclusiones que se muestran rehaces al encorsetado normativo y huyen en auxilio de la jurisprudencia. Si bien ésta, tampoco acaba de establecer un criterio homogéneo.

III.1 Las pruebas deportivas

Las competiciones deportivas con vehículos a motor quedan al margen de los hechos de la circulación, dado el carácter extraordinario de los lugares donde se celebran. En la mayor parte de los casos, tienen lugar en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas. Éste seria el supuesto de vías abiertas al tráfico pero que sin embargo durante la práctica del evento se cierran al mismo (rallies). Cuando hacemos referencia a pruebas deportivas de este tipo, debemos considerar que las mismas deben contar con las oportunas autorizaciones administrativas. Lógicamente, fuera de este ámbito legal quedarían las realizadas en la más absoluta clandestinidad, como pueden ser las carreras de vehículos no autorizadas en las vías públicas.

Por su parte el RRCSCVM, a través del artículo 16.2, prevé la obligación de suscribir un seguro especial14 destinado a cubrir la Responsabilidad Civil de los conductores intervinientes en pruebas o competiciones deportivas con vehículos a motor, como mínimo por los importes de las coberturas. La obligación de asegurar a los vehículos participantes en estas pruebas deportivas es clara. No ocurre lo mismo cuando nos topamos con vehículos, que estando diseñados para pruebas deportivas también están homologados para circular por las vías públicas. En este caso, la obligación es doble, por un lado pesa sobre ellos el deber del aseguramiento obligatorio del automóvil y por otro, la obligación de estar en posesión del seguro especial para la celebración de pruebas deportivas.

Por lo que se refiere a la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en los accidentes acaecidos con ocasión de la celebración de pruebas deportivas autorizadas, es evidente su no intromisión, aunque los propietarios de aquellos vehículos o la entidad u organismo que organiza tales pruebas no hayan suscrito el seguro especial a que se refiere el artículo 16.2 RRCSVM. Por el contrario, si estaría obligado este organismo de garantía a indemnizar en el supuesto del accidente acaecido en pruebas o competiciones no autorizadas en vías públicas con vehículos no asegurados (STS 2ª de 3 octubre 2000). El Alto tribunal condenó a indemnizar los daños causados por una motocicleta robada y no asegurada que participaba en carrera de motos clandestina y sin ningún control.

Otra situación fronteriza entre la intervención o no del Consorcio de Compensación de Seguros, que se plantea con cierta frecuencia, es el accidente sufrido en las vías y terrenos públicos por motocicletas autorizadas y diseñadas exclusivamente para su participación en competiciones deportivas, generalmente en circuitos de tierra. Uno de estos casos fue resuelto por la STS Sala 2º de 22 mayo de 1989. Se trata del accidente de una motocicleta fabricada específicamente para rodar en circuitos de tierra de carácter privado y no para circular por las vías y terrenos públicos, donde tuvo lugar el siniestro. El Tribunal Supremo viene a establecer que el accidente queda fuera de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros La Sala entiende, que las características singulares de la motocicleta, destinada al uso específico para el cual fue diseñada, estando prohibida su circulación por las vías públicas y que, en todo caso, la falta de matriculación y de seguro no la hacia susceptible de ser considerada como un vehículo a motor a los efectos de quedar sujeta al régimen del Seguro Obligatorio y, por ende, quedaba fuera de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros.

III.2 Tareas industriales o agrícolas

La exclusión de las tareas industriales o agrícolas de la consideración de hechos de la circulación, prevista en el apartado 2 del artículo 3 del RRCSCVM, se circunscribe a los terrenos o ámbitos destinados a dichas tareas, pero serán hechos de la circulación los que protagonicen los vehículos de motor agrícolas o industriales cuando circulen por las vías abiertas a la circulación de otros vehículos o peatones.

En una primera aproximación al contenido y significado del artículo, se observan dos situaciones de hecho, la primera se cierne sobre el peligro creado por este tipo de maquinaria, (cosechadoras, tractores, camiones-grúas, plataformas elevadoras móviles, carretillas, maquinas para los trabajos de asfaltado, etc.) en el desempeño las funciones propias para las cuales fueron fabricadas y el segundo recae sobre el riesgo derivado de la circulación por vías o terrenos públicos cuando se autodesplazan por los mismos. Esto supone que si esos vehículos pueden circular por tales vías, sus propietarios estarán obligados a suscribir el correspondiente Seguro Obligatorio del Automóvil que cubra los daños que puedan derivarse de esa circulación, pero no los que tengan su causa en el desempeño de aquellas labores industriales o agrícolas.

Por su parte, la Jurisprudencia, a la que necesariamente hay que acudir en estos casos, defiende el planteamiento más lógico. Arguye que todo daño causado por esta clase de vehículos es hecho de la circulación cuando sea consecuencia de un autodesplazamiento del mismo, por mínimo que sea, y con independencia del lugar donde se produzca. De este modo, los accidentes ocurridos con ocasión de los trabajos propiamente agrícolas o industriales no estarían dentro del ámbito del seguro obligatorio del automóvil.

Frente al carácter interpretativo extensivo de los tribunales, a comienzos de la década de los años setenta, de los conceptos de hecho de la circulación se opone un línea jurisprudencial, a partir de mediados de los años ochenta15, que focaliza su argumentación en discernir si existe autodesplazamiento o por el contrario únicamente concurre trabajos industriales o agrícolas. Sirva de ejemplo algunos casos recientemente tratados por el Tribunal Supremo y algunas Audiencias provinciales.

Cabe destacar el accidente en el que falleció un trabajador, ocurrido durante los trabajos de descarga de coches prensados de un camión a otro. Para efectuar esta actividad, el operario manejaba la grúa de uno de los camiones, estando detenido el mismo. Era previsible que, al cargar en un camión objetos de unos quinientos kilos mediante una grúa instalada en otro, se produjeran oscilaciones y que la carga se moviera e, incluso cayera. La muerte sobrevino al caerse encima del finado uno de los vehículos achatarrados. El presente supuesto de hecho fue tratado por el Tribunal Supremo (Sala Civil) en la sentencia, Sección 1ª, núm. 1244/2007 de 29 noviembre. El Alto tribunal entiende plenamente correcto admitir que los riesgos causados al cargar un camión detenido, con objetos procedentes de otro dotado de una grúa, que estaba siendo utilizada como instrumento para la ejecución de las operaciones, no son identificables con los previstos en el contrato de seguro celebrado por aquella, los cuales estaban limitados a la responsabilidad civil derivada del la circulación de vehículos a motor.

Otro pronunciamiento lo vierte la sentencia núm. 1379/2008 de 3 enero. Se trata del accidente acaecido en un almacén de materiales de construcción por una carretilla destinada al transporte dichos materiales. El conductor del vehículo al ver a su hijo en las proximidades donde éste estaba trabajando, desciende de la carretilla y se dirige a recibirlo. Antes de abandonar el vehículo acciona el freno de servicio sin parar el motor. Instantes después, y debido a la pendiente, la carretilla comienza a moverse hasta atropellar al hijo del conductor. Como consecuencia del incidente se producen lesiones graves con resultado de amputación de una de las piernas del lesionado.

El fondo de la controversia gira en torno a la consideración del accidente como hecho de la circulación, ya que en uno u otro sentido la responsabilidad será imputada a la aseguradora que cubre el riesgo derivado de la circulación de vehículos o bien a la compañía de seguros que asume el riesgo de la explotación. No obstante, el caso sometido a casación pondera la existencia de seguro cumulativo de responsabilidades civiles.

Propio de la vida cotidiana en las ciudades es la convivencia de las personas con ciertos vehículos destinados por sus características singulares a la limpieza de viales públicos. Esta actividad orientada a satisfacer las necesidades de limpieza con relativa frecuencia produce consecuencias negativas en forma de accidentes de tráfico. Así, la Audiencia Provincial de Toledo en sentencia de 12 de mayo de 2006 se encarga de juzgar el accidente ocasionado por una máquina barredora que en pleno ejercicio de su actividad irroga daños materiales a un vehículo estacionado en la calle. La compañía aseguradora recurrente argumenta que los daños son producto del desempeño de las tareas propiamente industriales y, por ende, la atribución de responsabilidad por el suceso acontecido queda al margen de la cobertura del seguro obligatorio del automóvil. En cambio, el Tribunal, con buen criterio, contesta a las alegaciones manteniendo la evidencia, según la prueba de los hechos, de que el vehículo se encontraba circulando, barriendo la calle con unos cepillos que se alojan debajo del mismo y que el golpe con el vehículo del actor, que se encontraba debidamente estacionado en la vía pública, se produjo al no circular el conductor demandado con la debida atención y no calcular debidamente las distancias. Del mismo modo, se considera que no puede deducirse que la máquina barredora debiera resultar excluida del régimen del seguro obligatorio del automóvil pues el vehículo poco o nada tiene que ver con una grúa, un tractor o una cosechadora, por ejemplo. Ni tampoco su cometido, barrer las calles, tiene mucho que ver con una labor industrial o agrícola.

En lo referente a tareas agrícolas, valga el caso visto por la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuya sentencia es de 11 noviembre de 2004 a resultas del accidente por vuelco de un tractor agrícola y su remolque con resultado de un fallecido en finca privada. En este caso, la Audiencia de Zaragoza desestima el recurso del demandante sobre reclamación de cantidad derivada de una póliza de accidentes. La cuestión litigiosa se ciñe a resolver si el accidente de autos puede ser calificado o no como de circulación para que en su caso sea de aplicación el capital adicional que por tal concepto prevén las condiciones generales de la póliza suscrita, la Sala señala que estando acreditado que el fallecimiento se produce cuando el esposo de la actora se encontraba subido en el remolque avícola realizando labores de esa naturaleza, en la cabina del tractor no había nadie, el motor del mismo se encontraba parado y por defecto de la pendiente, al no tener el freno de mano puesto, el tractor y el remolque se precipitaron hacia una piscina en cuyo borde se golpeó el fallecido, por lo que, añade la Sala, no puede considerarse a éste como pasajero ni conductor del tractor, ni estamos ante un hecho derivado de la circulación.

En sentido análogo, la SAP de Sta. Cruz de Tenerife (secc. 3ª), de 29 noviembre 2002, consideró como no ocurridos con motivo de la circulación los daños sufridos por un vehículo remolcado por una auto-grúa, que procedió a retirarlo de la calzada y trasladarlo al depósito municipal por obstaculizar la circulación. La Audiencia desestimó el recurso de apelación y con ello la demanda en la consideración de que el hecho dañoso no se produce con ocasión de la circulación, sino en la ejecución de la actividad a la que estaba destinado el vehículo asegurado en la demanda, de recoger y trasladar otros vehículos.

III.3 Los daños dolosos

Dentro de las exclusiones que hasta ahora hemos analizado, quizás sea esta la que mayores problemas ofrece en el plano doctrinal y jurisprudencial. Lejos, por tanto, de un estudio pormenorizado de cada uno de los supuestos, si cabe discernir dos corrientes doctrinales. Una de ellas estaría formada por quines niegan la cobertura sobre la base de que los seguros de daños no cubren los siniestros causados por mala fe del asegurado. La otra tesis se muestra partidaria por la solución contraria, aducen el contenido del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, el cual otorga al asegurador de responsabilidad civil un derecho de repetición en el caso de daños causados dolosamente por el asegurado. Sin embargo, la jurisprudencia en los últimos 15 años se ha mostrado proclive a favor de que el dolo del asegurado no debía excluir la cobertura del asegurador. Resultado de ello fue la doctrina que aboga por la inoponibilidad a los perjudicados de los daños causados dolosamente por el conductor de un vehículo de motor.16

En definitiva, podemos mantener, que no se consideran como derivados de un hecho de la circulación los daños dolosamente causados mediante la utilización de un vehículo de motor. Así lo prevé el apartado 4 del artículo 1 de la LRCSCVM17 y el artículo 3.3 del RRCSCVM. «En todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículos a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. Por tanto, si el conductor pone en funcionamiento el vehículo con ánimo manifiesto de matar o lesionar a otra persona, no podrá decirse que estemos ante un riesgo propio de la circulación. En este caso, el vehículo es un mero instrumento para la consecución del fin perseguido, como podría serlo un arma de fuego. Luego, entonces, tales casos quedarán excluidos de la cobertura del Seguro Obligatorio del Automóvil.

No obstante, a pesar de esta argumentación, la Sala 2º del Tribunal Supremo mantenía la doctrina de las sentencias que condenaban a la entidad aseguradora, dentro de los límites del seguro obligatorio, cuando el hecho generador del daño constituía un delito doloso cometido con vehículo a motor18.

En cambio, un nuevo giro jurisprudencial, motivado por la sentencia de 8 de mayo de 2007, ha llevado a la Sala 2º del Tribunal Supremo a celebrar un nuevo pleno19 para acordar los criterios a seguir en el ámbito de los daños dolosos mediante vehículo a motor. En el pleno de 24 de abril de 2007 el Alto Tribunal acordó que la cobertura del Seguro Obligatorio del Automóvil sólo quedará excluida excepcionalmente cuando se utilice el vehículo como instrumento del delito, a través de una acción totalmente extraña a la circulación. En este sentido, única y exclusivamente, deben quedar fuera de la cobertura del Seguro Obligatorio los daños causados por dolo directo (intencionalidad de querer un daño determinado). Por consiguiente, no responderá la aseguradora con quien tenga concertada el seguro obligatorio de responsabilidad civil cuando el vehículo de motor sea instrumento directamente buscado para causar el daño persona o material derivado del delito. Línea jurisprudencial confirmada por las sentencias del Tribunal Supremo núm. 427/2007 de 8 mayo y Sentencia del Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª), núm. 437/2007 de 10 mayo.

III.4 Otros supuestos; incendio, explosión o generación de gases

De forma análoga a las anteriores exclusiones, al margen de la literalidad normativa de la Ley y del Reglamento, nos encontramos con otros casos de especial consideración, dada la caprichosa realidad donde acontecen.

Uno de estos supuestos sería el de los accidentes en los que intervienen vehículos parados o estacionados. Parece que en estos casos no está tan clara la exclusión del vehículo estacionado como participante de un hecho de la circulación. De hecho, en el ámbito judicial surgen sentencias contradictorias.

Bajo este epígrafe estarían presentes los supuestos de incendio, explosión o la generación de gases del motor. Cuando hablamos de los daños causados por los gases emanantes de la combustión de un vehículo a motor, a todos nos viene a la cabeza el caso de la pareja de jóvenes fallecidos en el interior de su vehículo al estar éste arrancado dentro de un garaje. Accidentes, cuyo factor desencadenante lo constituye la inhalación de monóxido de carbono procedente del motor del vehículo.

Con ocasión de uno de estos sucesos se pronunció la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la sentencia 692/2002, de 4 de julio. El Tribunal considera que el accidente mortal no puede ser considerado como hecho de la circulación. Entiende que el gas letal procedía del vehículo pero no de la circulación del mismo, pues aunque la Sala ha afirmado que no se exige que el coche esté en funcionamiento, sino que puede estar detenido, en reposo, sin embargo, es preciso que esté en circulación, y no cabe situación aneja, extraña o independiente de la circulación.

Cuestión diferente acontece con los accidentes ocasionados como consecuencia del incendio de un vehículo estacionado en la vía pública. Son bastantes las sentencias que abordan este tipo de accidentes. Tanto es así, que de todas ellas se puede establecer algunas conclusiones generales.

Si se trata de un incendio de un vehículo estacionado, a veces, incluso, en evidente estado de abandono y provoca daños a otros vehículos próximos, inmuebles u otros elementos, existe una línea jurisprudencial coincidente en señalar la orfandad probatoria, y consecuentemente, la excardinación de estos hechos como susceptibles de encuadre dentro de la cobertura del Seguro Obligatorio del Automóvil.

En cambio, hay otros supuestos, como es el caso recientemente tratado por la Audiencia Provincial de Baleares, sentencia 18 enero 2007. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca estima el recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elvissa, sobre responsabilidad extramatrimonial por daños materiales. El incendio del automóvil estacionado, producido antes o después de circular, constituye hecho de la circulación amparado por el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil, ya que puede generar riesgos y uno de ellos es que por no ejercer el propietario la necesaria vigilancia sobre sus componentes mecánicos se produzca un incendio dañando a vehículos también aparcados, como aquí ocurrió. Por lo que el propietario del vehículo y su aseguradora deben indemnizar los daños causados a la perjudicada.

IV. Conclusiones

Se puede afirmar, sin temor a equívoco, que la circunstancia fundamental que determina si estamos ante un accidente de circulación cabalga sobre el basto y dinámico bloque de leyes que tratan el fenómeno del tráfico y la seguridad vial. Por tanto, el antecedente a la aplicación del régimen especial sobre responsabilidad civil automovilística deviene de la combinación del elemento espacial “lugar del accidente” y del elemento objetivo “vehículo a motor”.

En líneas generales y como conclusión genérica, es de hacer notar, por otro lado, que existen algunas exclusiones sobre el régimen de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor en las que la vis atractiva del aseguramiento obligatorio de los vehículos se impone frente a cualquier otra consideración jurídica. Ciertamente, parece que hay una predisposición a incardinar dentro de la cobertura del seguro obligatorio del automóvil casi cualquier cosa que suceda con un vehículo.

Miguel Ángel De Dios De Dios
Oficial de Policía Local de Salamanca
Profesor de la Escuela Regional de Policías Locales de Castilla y León Abogado Coleg. 2810 ICASAL
Doctorando en Derecho en la Universidad de Salamanca.

Notas

1 Entre otras consideraciones genéricas del concepto de accidente, las siguientes: transferencia no controlada de energía que produce como consecuencia lesiones o muertes en las personas. “Informe mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito Organización Mundial de la Salud”. Ginebra 2004. Suceso resultado de la aplicación de algún tipo de energía (química, nuclear, mecánica, luminosa, eléctrica, electromagnética, térmica, etc.) a un objeto, persona, estructura, etc., o un conjunto de estos con resultados no deseables y, cuando menos, potencialmente dañinos. Dirección General de Protección Civil de España. Centro Europeo de investigación Social de Situaciones de Emergencia. CIESE.

2 Baker, J.S. & Frickr., L.B. “Traffic accidents investigation manual. Northwestern: 1986. Ed. Northwestern University traffic Institute. Traducido en Castellano por la Dirección General de Tráfico D.G.T en 1970.

López Muñiz Goñi. M.:“Accidentes de traficó, problemática e investigación” Revista de Derecho Judicial, D.L. Madrid 1971.

3 Jouvencel M.R.: “Biomecánica del accidente de tráfico”. Ed. Díaz de Santos S.A. Madrid, 2000.

4 Orden Ministerial de 18 de febrero de 1993 por la que se modifica la estadística de accidentes de circulación (BOE 24/02/1993), que deroga a orden de presidencia de Gobierno de 13 de marzo de 1981.

5 Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia provincial de Baleares de 18 de enero de 2007 estima el incendio de un automóvil estacionado producido antes o después de circular como hecho o accidente de la circulación amparado por el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil.

6 la expresión “derivado del riesgo” evoluciona de la contenida en el artículo 4 del Real Decreto 2641/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil derivada del Uso y Circulación de Vehículos de Motor de suscripción obligatoria. Esta norma establecía como hecho de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor.

7 El Derecho italiano trata la definición de vehículo a motor en el artículo 46 del «codice della Strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285): Ai finid elle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di quasiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall´uomo. Non rientrano nella definizione di veicoli quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento». El art. 47 enuemera un amplio elenco de vehículos: «veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche. En el caso francés vide C. Route, en profundidad Lucas-Gallay, I.: “La notion de vèhicule terrestre à motear au sens de l´article 1º de la loi du 5 juillet 1985”, Gaz. Pal. 1997, doctr. Pág. 1227.

8 Vehículo: Artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2. Vehículo de motor: Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores y los tranvías

9 Articulo 1.1. Se entenderá por «juguete» todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 años.

10 Según la normativa vigente sobre tráfico (Ley de Tráfico y Seguridad Vial) no serán de aplicación las normas en ella contenida en los lugares siguientes; los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes.

11 Reglero Campos L.F.: “Accidentes de circulación: Responsabilidad Civil y Seguro” Thomson Aranzadi. Navarra 2004.

12 Artículo 16.2 del RRCSCVM para los riesgos derivados de las pruebas deportivas en las que intervengan vehículos a motor, celebrados en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, deberá suscribirse un seguro especial destinado a cubrir la responsabilidad civil de los conductores intervinientes, como mínimo por los importes de las coberturas obligatorias establecidas en este Reglamento.

13 Última modificación operada por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial.

14 Existen otras normas que regulan la obligatoriedad de este tipo de aseguramiento, entre las cuales destaca el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003 desde que dedicase una sección (artículo 55) y un prolijo anexo II a la regulación de dichas competiciones. En el Anexo se establecía la obligatoriedad de suscribir el seguro de responsabilidad civil al que se refiere el Reglamento del seguro del automóvil y un seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro obligatorio deportivo, y sin ellos no se podrá celebrar prueba alguna.

15 Por ser de mayor interés esta última etapa sirva de ejemplo las sentencias, STS de 7 de mayo de 1998, STS 10 de febrero de 1998, STS 10 de octubre de 1996.

16 Doctrina que se consolidó a partir de la STS de 29 mayo 1997, ponente Excmo. Cándido Conde Pumpido y a la que siguieron las SSTS de 24 de octubre de 1997, 28 abril de 1998 y 4 noviembre 1998

17 Mediante la Ley 14/2000, de 29 diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social se incorporó al artículo 1.4 a la LRCSCVM una previsión según la cual no se consideraban como derivados de la circulación los daños dolosamente causados mediante la utilización de un vehículo de motor.

18 STS 7 febrero 2001, 8 abril 2002, 28 octubre 2003, 23 junio 2004, 20 julio 2004, 29 junio 2006.

19 Para ver en profundidad el acuerdo plenario del Alto Tribunal ver; “Los daños dolosos y el hecho o accidente de la circulación”, (notas a la Sentencia de la sala 2ª del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2007). Reglero Campos. L. F. Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro. número 7 julio-agosto 2007.

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