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Sumario

V�ase Res. 25 septiembre 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D.-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal (�B.O.E.� 2 octubre).LE0000537103_20141002

I

El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci�n y reestructuraci�n de deuda empresarial flexibiliz� el r�gimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas b�sicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas econ�micamente viables es beneficiosa no s�lo para las propias empresas, sino para la econom�a en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jur�dico a la realidad econ�mica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento ven�a a ser el obst�culo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jur�dica de las garant�as reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor econ�mico).

Este real decreto-ley aborda la extensi�n de las premisas anteriores al propio convenio concursal.

II

Adem�s de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisi�n del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitaci�n del proceso concursal, bien cuando la liquidaci�n del concursado sea inevitable, est�n dificultando su venta.

Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en �ltima instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuaci�n de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no s�lo en beneficio de la propia empresa, sino tambi�n de sus empleados y acreedores y de la econom�a en general.

III

La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un �nico art�culo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidaci�n, as� como a otros preceptos de la misma ley �ntimamente relacionados con dichos aspectos.

Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones an�logas a las de la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacci�n dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoraci�n de las garant�as sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los art�culos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la m�s razonable desde el punto de vista econ�mico sino que tambi�n es una s�ntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garant�as posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribuci�n del eventual sobrante en caso de ejecuci�n por parte de alguno de los titulares de garant�as reales. Parece, en efecto, dif�cil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garant�a es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que �sta recae el importe de los cr�ditos pendientes que gocen de garant�a preferente sobre el mismo bien. Tambi�n parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garant�a, de hacerse efectiva, requerir� la ejecuci�n del bien o derecho sobre el que est� constituida, lo cual entra�a unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garant�a en, al menos, dicho porcentaje.

Pi�nsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los cr�ditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garant�a recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo pr�ctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, lleg�ndose as� al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensi�n indefinida de los privilegios es una contradicci�n palmaria de dicho principio. Adem�s, el resultado pr�ctico es que los acreedores que se benefician de dichas garant�as �nicamente tendr�n un derecho de abstenci�n que en nada beneficiar� al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ning�n caso garantizar� el cobro efectivo de su deuda, menos a�n si el concursado debe ir a liquidaci�n. T�ngase en cuenta que, en caso de liquidaci�n o incluso de ejecuci�n singular del bien hipotecado, el acreedor recibir� como mucho el valor de la garant�a. Del resto de cr�dito no cubierto por la garant�a, no cobrar� m�s que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidaci�n y no de empresa en funcionamiento.

Tampoco puede considerarse que la determinaci�n del valor de la garant�a sea un recorte del cr�dito garantizado. Es simplemente una valoraci�n diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuesti�n el derecho principal, sino que se permite aclarar qu� parte del mismo se beneficiar� del derecho accesorio y cu�l no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al cr�dito seg�n su naturaleza.

En segundo lugar, otra modificaci�n relevante en materia de convenios concursales es la ampliaci�n del qu�rum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo ten�an. Si las medidas adoptadas en materia de valoraci�n de garant�as deben conducir ya de por s� a la ampliaci�n de dicho qu�rum, tambi�n deber�n hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de cr�dito con posterioridad a la declaraci�n de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculaci�n especial con el deudor). Hasta ahora s�lo se les reconoc�a derecho de voto cuando la adquisici�n hubiese sido a t�tulo universal, como consecuencia de una realizaci�n forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisi�n.

La prevenci�n que exist�a anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisici�n pod�a esconder alg�n tipo de fraude que se quer�a desincentivar mediante la privaci�n del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de cr�dito) a un precio menor que aqu�l por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad econ�mica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el art�culo 122 sino tambi�n el 93 para hacer un listado m�s amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta raz�n, tendr�n la condici�n de acreedores subordinados y carecer�n en consecuencia de voto en la junta de acreedores.

El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus cr�ditos con posterioridad a la declaraci�n de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un mercado de dichos cr�ditos que les permita obtener liquidez, en una situaci�n de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidaci�n final. Ser� el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y ser� el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisici�n y subsiguiente tramitaci�n del concurso conllevan.

En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el art�culo 100. Al igual que se hace en la disposici�n adicional cuarta, se se�ala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalizaci�n se adoptar�n con las mismas mayor�as previstas en dicha disposici�n adicional. Tambi�n se efect�a una remisi�n al r�gimen general de transmisi�n de unidades productivas a lo dispuesto en el art�culo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisici�n libre de obligaciones preexistentes impagadas. Adem�s se facilita la cesi�n en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.

El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayor�as en el convenio y a la ampliaci�n de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitaci�n general que con anterioridad exist�a para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco a�os) pero para superar dichos l�mites se exige una mayor�a reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayor�as m�ximas exigibles para los pactos de sindicaci�n, que ser� del 75 por ciento (art�culo 121.4).

Y finalmente se introduce una previsi�n novedosa (nuevo art�culo 134.3), que tambi�n tiene precedente en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados cr�ditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garant�a. Aunque para ello se exige un doble requisito: adem�s de unas mayor�as a�n m�s reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduci�ndose por primera vez en nuestro �mbito concursal esta consideraci�n que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposici�n adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales re�ne caracter�sticas propias que justifican un tratamiento espec�fico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores p�blicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deber�n incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).

La decisi�n adoptada por las mayor�as cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero tambi�n desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayor�as cualificadas exigidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Pi�nsese adem�s que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (seg�n los casos) acuerdan para sus cr�ditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del cr�dito pendiente, dichas medidas habr�n de ser tanto m�s duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayor�as y el hecho de que cada uno acordar� para s� mismo el menor de los sacrificios posibles es garant�a suficiente de que los acuerdos no se adoptar�n con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesi�n se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ning�n caso podr�n imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los p�blicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela.

Al igual que en el apartado 11 de la disposici�n adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el verdadero valor de la garant�a, se establece en el art�culo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por �l) tiene que ejecutar la garant�a, se har� con el montante total obtenido que no exceda del cr�dito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garant�as tienen su efectividad en relaci�n con el procedimiento concursal pero no implican alteraci�n de las garant�as registradas ni de las reglas establecidas para su ejecuci�n fuera del concurso.

Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios p�blicos, o contratistas de las administraciones p�blicas. En la actualidad existe un gran n�mero de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situaci�n concursal. Razones urgentes de inter�s p�blico orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestaci�n de los servicios p�blicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecuci�n de los contratos administrativos y de la administraci�n p�blica. Estas soluciones pasan por arbitrar una f�rmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentaci�n de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y econom�a procesal y de consecuci�n de una garant�a de �xito de la soluci�n concebida, aconsejan la tramitaci�n acumulada de todos los procesos concursales declarados en relaci�n con tales entidades.

Las especialidades de la legislaci�n administrativa de contratos del sector p�blico, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelaci�n con las formas de desenvolvimiento y terminaci�n del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un r�gimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios p�blicos y contratistas de la administraci�n p�blica, cuya ubicaci�n legislativa debe situarse tanto en la legislaci�n administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como espec�fica), como en la Ley Concursal, a trav�s de una nueva disposici�n adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia.

La propia Ley Concursal, en su art�culo 67, remite los efectos de la declaraci�n de concurso en el caso de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones p�blicas a su legislaci�n espec�fica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervenci�n en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los �rganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de car�cter administrativo con ellos relacionados.

IV

En materia de liquidaci�n se modifican determinados preceptos del cap�tulo II del t�tulo V de la Ley Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuaci�n de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.

As�, se introduce la subrogaci�n ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (art�culo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exenci�n de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.

Tambi�n se introducen en el art�culo 148 previsiones adicionales respecto a la cesi�n en pago o para pago y una previsi�n novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retenci�n de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsi�n deber�a conducir a una agilizaci�n de la fase de liquidaci�n.

El art�culo 149 tambi�n resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenaci�n de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garant�as reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.

V

Por �ltimo, se aborda una modificaci�n del art�culo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al t�rmino �clase�. Este t�rmino puede implicar en una interpretaci�n estricta, una referencia a la �clasificaci�n legal� de los respectivos cr�ditos, en los t�rminos establecidos en los art�culos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no proceder� la formaci�n de la secci�n de calificaci�n. Sin embargo, la pr�ctica judicial ha venido a darle un sentido m�s gen�rico, incluyendo en tal �clase� a un grupo de acreedores que re�nan caracter�sticas comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificaci�n concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la secci�n de calificaci�n respecto a propuestas de convenio no gravosas.

Habida cuenta que el art�culo 94.2, en la redacci�n dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definici�n del t�rmino �clase� aplicable, conforme al art�culo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la menci�n que se efect�a en el art�culo 167 debe entenderse tambi�n referida a esta definici�n, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la soluci�n concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la secci�n de calificaci�n.

VI

La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposici�n derogatoria �nica y cinco disposiciones finales.

La disposici�n adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicaci�n del art�culo 5 bis y de la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal tendr�n la consideraci�n de medidas de saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.

La disposici�n adicional segunda prev� la creaci�n de un portal de acceso telem�tico para facilitar la enajenaci�n de empresas que se encuentren en liquidaci�n o de sus unidades productivas.

La disposici�n adicional tercera establece la creaci�n de una Comisi�n de seguimiento de pr�cticas de refinanciaci�n y reducci�n de sobreendeudamiento, con funciones de verificaci�n del cumplimiento de las medidas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuraci�n preconcursal o concursal de deuda de empresas econ�micamente viables.

La disposici�n adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociaci�n de los valores emitidos por un fondo de titulizaci�n de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que s�lo podr�n ser objeto de negociaci�n en un sistema multilateral de negociaci�n en el que la suscripci�n y negociaci�n de valores est� restringida a inversores cualificados.

Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el r�gimen transitorio de determinados preceptos contenidos en este real decreto-ley.

La disposici�n transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecuci�n en tramitaci�n a los que resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposici�n final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La disposici�n final primera ampl�a, ante su inminente finalizaci�n, la vacatio legis prevista en la disposici�n transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separaci�n en caso de falta de distribuci�n de dividendos.

La disposici�n final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los cr�ditos transmitidos a la Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria (SAREB) se tendr�n en consideraci�n a efectos del c�mputo de las mayor�as necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal.

La disposici�n final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podr� interponer recurso de apelaci�n contra el auto que desestime su oposici�n a la ejecuci�n, si �sta se fundaba en la existencia de una cl�usula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecuci�n o la cantidad exigible.

Por �ltimo, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los t�tulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendr� lugar el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

VII

En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art�culo 86 de la Constituci�n como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.

La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa concursal despu�s de las novedades introducidas en el r�gimen de los acuerdos de refinanciaci�n por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo.

Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que est� o que estar� de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilizaci�n del convenio concursal tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensi�n de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus acreedores contar�n con m�s instrumentos de reestructuraci�n y refinanciaci�n de la deuda. Adem�s, la extensi�n de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayor�as previstas por clases, garantizar� un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podr�n de este modo continuar con su actividad empresarial.

De no abordarse esta modificaci�n, se mantendr� el concurso como lo que es en la actualidad en la mayor�a de los casos, es decir, un proceso de liquidaci�n ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas.

Tambi�n resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real decreto-ley en la fase de liquidaci�n concursal. La eliminaci�n de determinados obst�culos que est�n surgiendo en la transmisi�n de las unidades productivas, supondr� un incentivo inmediato para la adquisici�n de empresas o ramas de negocio permiti�ndose as� el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.

En su virtud, en uso de la autorizaci�n contenida en el art�culo 86 de la Constituci�n, a propuesta del Ministro de Econom�a y Competitividad, previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 5 de septiembre de 2014,

DISPONGO:

LE0000664780_20200901 Art�culo �nico derogado por la letra n) del n�mero 2 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (�B.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Disposici�n final primera Modificaci�n del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio

La disposici�n transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes t�rminos:

�Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 348 bis de esta ley.�

LE0000421694_20181230

Disposici�n final segunda Modificaci�n de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito

Se a�ade una nueva letra k) al art�culo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito, con la siguiente redacci�n:

• �k) Los cr�ditos transmitidos a la Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria se tendr�n en cuenta, a efectos del c�mputo de las mayor�as indicadas en la disposici�n adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria tuviera la consideraci�n de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del art�culo 93 de la Ley Concursal.�

LE0000492526_20200901

Disposici�n final tercera Modificaci�n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

El apartado 4 del art�culo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes t�rminos:

�4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecuci�n, la inaplicaci�n de una cl�usula abusiva o la desestimaci�n de la oposici�n por la causa prevista en el apartado 1.4.� anterior, podr� interponerse recurso de apelaci�n.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposici�n a que se refiere este art�culo no ser�n susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribir�n exclusivamente al proceso de ejecuci�n en que se dicten.�

LE0000025866_20190616