Se distinguen los siguientes grupos de materias:

1. Solicitudes de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita presentadas antes de la iniciación del proceso, que, en ningún caso se considerarán antecedentes del ulterior escrito de iniciación que se turnará conforme a las normas generales.

2. Impugnaciones de las resoluciones que reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita, si el procedimiento no se hubiera iniciado, y que tampoco se considerarán antecedentes del ulterior escrito de iniciación que también se turnará conforme a las normas generales.

3. Solicitudes de adopción de medidas cautelares presentadas antes de la iniciación del proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 136 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4. Solicitudes de autorización para la entrada en domicilios y restantes lugares en que se requiera autorización de su titular, cualquiera que sea la administración pública demandante y el acto para cuya ejecución forzosa procede la autorización.

Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

5. Demandas de lesividad y suspensión de acuerdos administrativos.

6. Escritos y demandas de iniciación de procedimientos que tengan por objeto cuestiones de personal, cualquiera que sea la administración pública recurrida o demandada, el órgano autor del acto impugnado y la cuantía del proceso.

7. Escritos y demandas de iniciación de procedimientos que tengan por objeto la gestión, inspección o recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público, cualquiera que sea la administración impugnada, la naturaleza del tributo o ingreso y la cuantía del proceso. Se exceptúan los procedimientos correspondientes a materia de Seguridad Social.

8.1 Sanciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

8.2 Sanciones en las restantes materias competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

9. Procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales de la persona, cualquiera que sea la administración pública recurrida, el órgano autor de la actividad impugnada y la cuantía del recurso.

10. Impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales, sean de la Provincial como de la de Zona.

11. Procedimientos correspondientes a materias no incluidas en los números anteriores o posteriores, cualquiera que sea la administración recurrida.

12.1 Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de asistencia sanitaria.

12.2 Responsabilidad patrimonial de la Administración no incluida en el apartado anterior.

13. Extranjería e inadmisión de peticiones de asilo político.

14. Solicitudes de cooperación jurisdiccional.

15. Procedimientos en materia de Seguridad Social cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, excepto aquéllos que se refieran, exclusivamente, a sanciones, a los que se aplicará el apartado 8.2 de este anexo.

El reparto se llevará a cabo atribuyendo a cada uno de los Juzgados de este orden jurisdiccional un asunto de cada una de las materias especificadas, hasta completar el número total de Juzgados, a partir de cuyo momento se realizará nuevamente la misma operación.