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Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.

Ficha:
  • rgano CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL-PLENO
  • Publicado en BOE nm. 231 de
  • Vigencia desde 28 de Octubre de 2005. Esta revisin vigente desde 29 de Octubre de 2013

Sumario

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

Las numerosas y profundas reformas introducidas en la Ley Orgnica del Poder Judicial por la Ley Orgnica 19/2003, hacen aconsejable la elaboracin de un nuevo Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, que viene a desarrollar la potestad reglamentaria que al Consejo General del Poder Judicial otorga el artculo 110 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, en su redaccin dada por la citada Ley Orgnica 19/2003, que concretamente en su punto 2 contempla el desarrollo reglamentario de esa Ley para establecer regulaciones de carcter secundario y auxiliar relativas, entre otras materias, a la publicidad de las actuaciones judiciales, habilitacin de das y horas, fijacin de las horas de audiencia pblica, constitucin de los rganos fuera de su sede, especializacin de los rganos judiciales, reparto de asuntos y ponencias, normas sobre prestacin y desarrollo del servicio de guardia y cooperacin jurisdiccional. Por otra parte, el artculo 230.5 de la propia Ley Orgnica del Poder Judicial, con redaccin dada por la Ley Orgnica 16/1994, otorga al Consejo General del Poder Judicial la competencia para determinar reglamentariamente los requisitos y condiciones que afecten al establecimiento y gestin de los ficheros automatizados que estn bajo la responsabilidad de los rganos judiciales, a fin de que se asegure la observancia de las garantas y derechos establecidos en la Ley Orgnica de Regulacin del tratamiento automatizado de los datos de carcter personal, referencia que hoy ha de entenderse hecha a la Ley Orgnica de Proteccin de datos de carcter personal. Nota comn a las diferentes materias que se regulan en este Reglamento es que todas ellas pueden calificarse como accesorias de las actuaciones judiciales, accesoriedad que posibilita la intervencin normativa del Reglamento, habida cuenta que todos los aspectos esenciales y propios de aqullas estn reservados a la Ley, siendo, por tanto, materia vedada a la potestad reglamentaria. Lo indicado explica la existencia de las numerosas remisiones que en el Reglamento se contienen a preceptos de la propia Ley Orgnica y de las Leyes de Enjuiciamiento.

II

El Ttulo I del Reglamento, dividido en cuatro captulos, se dedica a la publicidad de las actuaciones judiciales, la publicacin de las resoluciones judiciales, la habilitacin de das y horas, la fijacin de las horas de audiencia pblica y la constitucin de los rganos judiciales fuera de su sede. En lo que se refiere a la publicidad de las actuaciones judiciales que se producen en el curso de un proceso, el Reglamento se remite a lo previsto al respecto en la Ley Orgnica del Poder Judicial y en las correspondientes Leyes de procedimiento, sin perjuicio de la informacin que puede facilitarse a las partes y a quienes justifiquen un inters legtimo y directo sobre el estado de las actuaciones. Respecto de las actuaciones realizadas e incorporadas a un libro, archivo o registro, el Reglamento regula el procedimiento al que los interesados habrn de someterse para tener acceso a los libros, archivos y registros, recogiendo la atribucin al Secretario de la Oficina Judicial otorga la Ley Orgnica del Poder Judicial a efectos de facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales obrantes en libros, archivos y registros, as como al texto de las sentencias, una vez extendidas, firmadas y depositadas en la Oficina Judicial. El desarrollo reglamentario en estas materias ha tenido en cuenta el contenido de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administracin de Justicia.

Se desarrolla el artculo 107.10 de la Ley Orgnica del Poder Judicial en cuanto a la publicacin y difusin de las resoluciones judiciales, a travs del Centro de Documentacin Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

En materia de habilitacin de das y horas inhbiles la Ley 19/2003, adems de declarar la inhabilidad de los sbados a efectos procesales, recoge de manera expresa la competencia del Consejo General del Poder Judicial para habilitar mediante reglamento los das declarados inhbiles a efectos de actuaciones judiciales, sin perjuicio de la competencia que se atribuye a los propios Jueces y Tribunales para habilitar das y horas inhbiles con sujecin a lo establecido en las leyes procesales. Por ello el Reglamento, tratando de limitar su posibilidad de habilitacin a aquellos supuestos realmente justificados, en aras a la mejor prestacin del servicio pblico de la Administracin de Justicia, sin que la declaracin legal de inhabilidad de los sbados quede en la prctica sin efectividad, establece la habilitacin de los sbados para atender los servicios de guardia de los Juzgados de Instruccin y las Oficinas de los rganos jurisdiccionales del orden penal en cuanto a la asistencia documental al Juzgado de guardia en lo relativo a las personas sometidas a requisitoria o a rdenes de busca y captura. En todo caso, se ha estimado la conveniencia de facilitar un tratamiento flexible de esta materia, debido a la futura implantacin de las reformas sobre oficina judicial, en todo lo relativo a las actividades no procesales y gubernativas.

En lo relativo a la fijacin de las horas de audiencia pblica, y tras establecer el claro principio de que los Jueces y Magistrados ejercern su funcin en los trminos que exijan las necesidades del servicio, se sealan cuatro horas diarias de audiencia pblica, siendo ste un lmite mnimo, pero permitiendo que, por la concurrencia de singulares necesidades o especficas circunstancias en un determinado rgano judicial, se pueda solicitar del Consejo General del Poder Judicial su reduccin. Se recoge, lgicamente, el deber de los Jueces, de los Presidentes y de los Magistrados que formen Sala, de asistir cada da a la audiencia pblica. Por otra parte, se establecen unos criterios de sealamiento de comparecencias, audiencias y vistas, a fin de optimizar los recursos materiales y humanos de la Administracin de Justicia, evitando en lo posible, la suspensin de los sealamientos y facilitando a los ciudadanos y a los profesionales su presencia ante los rganos judiciales.

En cuanto a la constitucin de los rganos judiciales fuera de su sede, el Reglamento se limita a establecer una regulacin sencilla del trmite que se precisa para el desarrollo del artculo 269.2 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, destacando en especial la comunicacin que el Consejo General del Poder Judicial realizar a tal efecto al Ministerio de Justicia o a los rganos de las Comunidades Autnomas que hayan asumido las competencias en materia de Administracin de Justicia, a fin de que puedan arbitrar los medios necesarios para la realizacin de los desplazamientos y el abono de los gastos que se pudieran derivar.

III

En el Ttulo II se desarrolla la especializacin de los rganos judiciales, prevista en el artculo 98 de la Ley Orgnica del Poder Judicial para los Juzgados, estableciendo el procedimiento a que se ha de sujetar la indicada medida, con previsin especial de determinados informes que garanticen su acierto y eficacia. A ello atiende el presente Reglamento en el que se establece quin puede ejercer la correspondiente iniciativa, entendiendo que la redaccin del artculo 98 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, cuando reserva la competencia para decidir sobre la especializacin al Consejo General del Poder Judicial, no impide que la iniciativa pueda partir de otros rganos de gobierno interno del Poder Judicial. Se establece plenamente el carcter reversible de la especializacin, instrumento imprescindible para la eficacia de una poltica de especializaciones. Mencin especial debe hacerse en cuanto al momento de inicio de los efectos de la especializacin: si el Juzgado ya estuviere funcionando, la especializacin producir efectos desde el 1 de enero del ao siguiente a aqul en que se tome, mientras que si el acuerdo de especializacin se adopta antes de la entrada en funcionamiento del Juzgado especializado, no parece necesario esperar a la fecha antes indicada, por lo que se ha optado por una regulacin ms realista y razonable, cual es que los efectos de la especializacin tengan lugar en el mismo momento en que el Juzgado inicie su actividad.

Una regulacin semejante se contiene en el Reglamento para la especializacin de las Secciones, ya que si bien es verdad que el artculo 98 de la Ley Orgnica del Poder Judicial regula slo la especializacin de los Juzgados, no es menos cierto que el artculo 110.2. ) de la misma Ley Orgnica habilita al Consejo General del Poder Judicial para dictar Reglamentos en materia de especializacin de rganos judiciales, expresin que inequvocamente ampara una norma como la presente.

En cuanto al reparto de asuntos, conviene matizar el criterio meramente cuantitativo en la distribucin del trabajo entre los distintos Juzgados, si bien ser el criterio preferente, atribuir la funcin al Secretario Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 454 en relacin con el artculo 167.2 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, resolver la situacin que se produce si, concurriendo la necesidad de establecer normas de reparto o de modificar las establecidas, no se proceda a tomar iniciativa alguna por la Junta de Jueces, residenciando la solucin, en tal caso, en las Salas de Gobierno. Regulacin idntica se establece para el reparto de asuntos entre Secciones, con previsin especfica de aquellos casos en que se deba proceder a aprobar normas de reparto entre Salas del mismo Tribunal y orden jurisdiccional, pero con sede en distintas ciudades.

La atribucin conferida a las Salas de Gobierno por el artculo 152.2.1. de la Ley Orgnica del Poder Judicial, obliga a regular de un modo elemental la materia referida a la liberacin total o parcial de asuntos, estableciendo el procedimiento a que debe sujetarse la aprobacin de esa liberacin y, especialmente, su duracin temporal, que, por coherencia con lo establecido por la propia Ley Orgnica del Poder Judicial en su artculo 216 bis y siguientes, se fija en seis meses. Para el reparto de ponencias, as como para la liberacin total o parcial de la participacin en el turno de ponencias, se fija una regulacin gil y flexible, destacando la posible liberacin total o parcial del Presidente de la Sala o Audiencia cuando las tareas que por tal cargo deba acometer, atendido el nmero y especialidad de las Secciones y Magistrados, la carga competencial del rgano y la dedicacin exigida por las labores de representacin y de carcter gubernativo, justifiquen esta medida, que habr de ser aprobada por el Consejo General del Poder Judicial.

IV

Es objeto de detallada regulacin la organizacin del servicio de guardia, del que se ocupa el Ttulo III, manteniendo en lo esencial el sistema establecido en el Reglamento 5/1995, con las modificaciones introducidas por el Acuerdo Reglamentario 2/2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de febrero de 2003, por el que se modifica el reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en lo relativo a los servicios de guardia. En dicho acuerdo reglamentario se dise un nuevo sistema de guardias para los Juzgados de Instruccin a fin de hacer frente a los nuevos procedimientos para el enjuiciamiento rpido e inmediato de determinados delitos y faltas, introducidos por Ley 38/2002 y por Ley Orgnica 8/2002. El sistema ha de ser adaptado ahora a las previsiones de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero. Se trata de una realidad ciertamente compleja, en la que se ha hecho preciso establecer incluso la actividad o contenido concretos del servicio de guardia, a lo que se dedica el artculo 40 del Reglamento, lo que era obligado ante el vaco legislativo existente en esta materia, en la que se ha venido actuando en muchas ocasiones a remolque de las circunstancias. Se parte de dos principios bsicos: el de economa, para lo que es vital la organizacin adecuada del servicio de guardia que evite la repeticin de actuaciones o la permanencia en actividad durante todo el tiempo de todos los Juzgados de Instruccin y el de respeto a la competencia propia de cada rgano jurisdiccional, lo que se ha traducido en el citado artculo 40, que ha llegado en la especificacin del contenido material del servicio de guardia hasta donde el juego combinado de estos principios lo ha permitido. Como no poda ser de otra manera, el servicio de guardia se configura sobre los Juzgados de Instruccin, por entenderse que son los asuntos propios de la instruccin criminal los que el servicio de guardia ha de atender de modo preferente, pero sin olvidar que se le pueden atribuir otros cometidos jurisdiccionales e incluso servicios de carcter gubernativo tales como la recepcin de escritos o aqullos otros que las Juntas de Jueces le encomienden en relacin con la atencin de determinadas necesidades comunes.

Se ha contemplado adems la posibilidad de establecer turnos de asistencia continuada en los Juzgados de 1. Instancia, en previsin de las normas organizativas necesarias para el desarrollo de la Disposicin Adicional 5. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

V

El Ttulo IV se dedica a la cooperacin jurisdiccional, materia tradicionalmente regulada en las leyes procesales e incluso en la Ley Orgnica del Poder Judicial. Sin embargo, no cabe desconocer la existencia de aspectos accesorios o marginales que participan de la naturaleza administrativa o gubernativa ya que, en definitiva, tales sistemas de mutua ayuda no representan sino procedimientos para el logro de una mayor funcionalidad y eficacia en la actividad judicial, al tiempo que suponen una notable economa de esfuerzos y entraan la aplicacin al mbito judicial de tcnicas fundamentales de organizacin que busquen la operatividad y la eficacia.

Dos mbitos de la cooperacin jurisdiccional cabe distinguir: el interno y el externo o internacional. En el mbito interno, trasladando al texto del Reglamento lo que son criterios adoptados en diversas ocasiones por el Consejo General del Poder Judicial, se distinguen aquellos casos en que la norma legal hace absolutamente preciso acudir a frmulas de auxilio judicial para la prctica de determinadas diligencias, respecto de aquellos otros en que, no existiendo en principio aquella precisin ineludible, juegan, sin embargo, factores de conveniencia u oportunidad que conectan con aquellas exigencias de superior eficacia y economa. Otra de las directrices que se ha tratado de recoger en el presente Reglamento es la de evitar el abuso injustificado de los sistemas de auxilio judicial.

La cooperacin jurisdiccional internacional, al ser considerada la jurisdiccin como uno de los atributos clsicos de la soberana, plantea una problemtica propia. Cabe destacar, a tales efectos, el aumento constante de este tipo de cooperacin, su necesidad, especialmente en el mbito penal, donde en ocasiones precisa el desplazamiento del propio Juez de Instruccin a un pas extranjero y la existencia de multitud de tratados y convenios internacionales en los que Espaa es parte. Se trata de una materia que se ha ido desarrollando reglamentariamente a fin de afrontar diversas cuestiones relativas al procedimiento a seguir tanto para la prctica de actuaciones judiciales en el extranjero como para la realizacin en Espaa de las actuaciones solicitadas por otros Estados.

Asimismo, se regula en este Ttulo la Red Judicial Espaola de Cooperacin Judicial, cuya principal funcin es la de prestar asistencia a los rganos judiciales para la correcta remisin y el adecuado cumplimiento de las solicitudes de cooperacin jurisdiccional.

VI

La Ley Orgnica 16/1994, reformadora de la Ley Orgnica del Poder Judicial, dio nueva redaccin al artculo 230, redaccin que no ha sido modificada por la Ley Orgnica 19/2003, si bien la referencia que en el nmero 5 del precepto se hace a la Ley Orgnica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulacin del tratamiento automatizado de los Datos de Carcter Personal, ha de entenderse hecha a la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, que deroga la anterior. El referido precepto significa de modo claro y rotundo la recepcin en el mundo judicial de los medios informticos. El citado nmero 5 se remite expresamente a un Reglamento dictado por el Consejo General del Poder Judicial para la determinacin de los requisitos y dems condiciones que afecten al establecimiento y gestin de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los rganos judiciales. Tambin se atribuye al Consejo General del Poder Judicial la competencia para la aprobacin de los programas y aplicaciones informticos que se utilicen en la Administracin de Justicia, as como para definir los requisitos de compatibilidad, comunicacin e integracin de los sistemas informticos.

Hasta tanto concluya la auditora de seguridad que se est realizando, se mantiene ntegro en este Reglamento el Ttulo V del Reglamento 5/1995, que, en cuanto al establecimiento y gestin de los ficheros automatizados bajo la responsabilidad de los rganos judiciales, asume, lgicamente, lo que resulta directamente del imperio de la Constitucin y de la Ley. Esto significa la existencia y vigencia, tambin ante los rganos judiciales, de los derechos de autodeterminacin informtica. Se parte, por tanto de determinar qu datos se contendrn en los ficheros automatizados dependientes de los rganos judiciales, entre los que se debe entender los que exigen las leyes procesales, la fuente de donde se recogern esos datos, su conservacin, su cesin y los derechos de acceso, rectificacin y cancelacin, con especial mencin a la proteccin de la intimidad de las personas y al inters del procedimiento. Se constituye como responsable del fichero al Juez o Presidente y bajo su autoridad al Secretario Judicial. Nota importante es que la creacin, modificacin o supresin de los ficheros recogidos en ese Reglamento se reserva al Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente, publicndose el acuerdo en el Boletn Oficial del Estado.

Igualmente, se mantiene la redaccin y contenido del Ttulo VI del Reglamento 5/1995, en el que se establece el procedimiento de aprobacin de los programas, aplicaciones y sistemas informticos de la Administracin de Justicia.

VII

Por Acuerdo de 14 de abril de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se incorpor al Reglamento 5/1995 un nuevo Ttulo VII con la denominacin De los Servicios Comunes, en el cual, sobre al base de la parca regulacin del artculo 272 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, se regul el rgimen jurdico y la ordenacin interna de los servicios comunes. La Ley Orgnica 19/2003, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduce importantes modificaciones en la materia, al configurar la Oficina judicial tomando como elemento organizativo bsico la unidad y distinguiendo entre unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Tras la citada modificacin, la Ley Orgnica del Poder Judicial, en su artculo 438, define los servicios comunes, establece su configuracin y funciones, y atribuye al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autnomas, en sus respectivos territorios, la competencia para el diseo, creacin y organizacin de los servicios comunes procesales, reservando al Consejo General del Poder Judicial la potestad para establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional. As pues, queda enormemente limitada la potestad de reglamentacin por parte del Consejo General del Poder Judicial sobre la materia, a lo que se aade la dificultad de desarrollar reglamentariamente nuevas unidades de futura creacin. Por ello el Titulo VII del Reglamento tiene un contenido mnimo, con inevitable referencia a la regulacin legal.