Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.

Artículo 8. Infracciones.

1. Se consideran infracciones muy graves:

1. La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se haya concedido la licencia o autorización.

2. La alteración muy grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido la licencia o autorización.

2. Se considerarán infracciones graves:

1. La reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales sin la correspondiente licencia o autorización, en los casos en que éstas sean requeridas.

2. La reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales para una finalidad distinta de aquélla para la que se concedió la licencia o autorización.

3. La alteración grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia o autorización.

4. El incumplimiento grave de condiciones impuestas en la licencia o autorización, o previstas en este Reglamento. En todo caso, se entenderá que comportan tal incumplimiento:

1. La reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales no obtenidas a través del Centro de Documentación Judicial, salvo que se efectúe a partir de un previo acto que no constituya reutilización, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 2.

2. La cesión a terceros de la licencia de reutilización, así como de los ficheros entregados o puestos a disposición de un reutilizador por el Centro de Documentación Judicial o de la información contenida en ellos, salvo la que se realice en concepto de productos de valor añadido elaborados por el reutilizador en el ejercicio de su actividad como tal.

3. Se considerarán infracciones leves:

1. La alteración leve del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia o autorización, así como la alteración leve de los marcadores electrónicos que por razones de control y seguridad haya introducido el Centro de Documentación Judicial en los ficheros informáticos que contengan las sentencias y otras resoluciones judiciales.

2. La ausencia de cita de la fuente de suministro o de la fecha del material objeto de reutilización.

3. El incumplimiento leve de condiciones impuestas en la correspondiente licencia o autorización, o previstas en este Reglamento.

4. La facilitación directa de sentencias y otras resoluciones judiciales a los reutilizadores por parte de los Juzgados y Tribunales o sus Unidades Procesales de Apoyo Directo, o por parte de los Servicios Comunes Procesales, podrá dar lugar a las correcciones disciplinarias que en cada caso procedan, de acuerdo con las correspondientes disposiciones legales.

Artículo 9. Sanciones.

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán a los reutilizadores las siguientes sanciones:

1. Sanción de multa de 50.001 a 100.000 euros por la comisión de infracción muy grave.

2. Sanción de multa de 10.001 a 50.000 euros por la comisión de infracción grave.

3. Sanción de multa de 1.000 a 10.000 euros por la comisión de infracción leve.

Por la comisión de infracción muy grave y grave, además de las sanciones previstas en las letras a y b, se podrá sancionar al infractor con la revocación de la licencia concedida y con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a licencia o autorización durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años.

2. Las sanciones se graduarán atendiendo a los efectos de la infracción sobre la integridad y autenticidad de la información reutilizada así como el acceso a la misma, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos por el infractor, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

3. El Director del Centro de Documentación Judicial será competente para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, debiendo designar un Letrado del Centro de Documentación Judicial para que actúe como instructor, así como notificar al interesado la incoación del procedimiento. La resolución del expediente sancionador y la imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, corresponderán a la Comisión específicamente creada para este fin en virtud de la disposición adicional tercera del presente Reglamento. Contra las resoluciones en materia sancionadora que adopte dicha Comisión cabrá recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, cuya decisión pondrá fin a la vía administrativa.

4. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en el presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. El régimen sancionador previsto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el último apartado del artículo anterior, queda a salvo la responsabilidad disciplinaria que en su caso pudiera exigirse a los integrantes de la Carrera judicial, o a Secretarios y resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, por la desatención de los deberes o prohibiciones emanados de lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Rango normativo del Anexo.

El anexo que se incorpora al presente Reglamento, donde se contienen los precios públicos a los que se refiere el artículo 6, tiene rango de Instrucción del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser modificado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Acuerdos o convenios de reutilización de sentencias que no se ajusten a las previsiones de este Reglamento.

En el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Consejo General del Poder Judicial revisará todos los convenios y acuerdos en vigor para la entrega y reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, y determinará la modalidad de reutilización aplicable en cada caso conforme a lo establecido en el presente Reglamento. Esta revisión no afectará en ningún caso a la información ya reutilizada en virtud de dichos convenios y acuerdos, sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse para los suministros de sentencias y otras resoluciones judiciales solicitados al Centro de Documentación Judicial tras la entrada en vigor de este Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Comisión sancionadora en materia de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.

1. Se crea una Comisión especial del Consejo General del Poder Judicial para la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, a los que se refieren los cuatro primeros apartados del artículo 9. Dicha Comisión estará compuesta por tres Vocales, que deberán ser nombrados a tal efecto, junto con sus correspondientes suplentes, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. La duración del mandato de los integrantes de esta Comisión será de un año, con posibilidad de reelección.

2. La Comisión elegirá de entre sus miembros, por mayoría, al Presidente. Para su válida constitución será necesaria la presencia de todos sus miembros, quienes en caso de imposibilidad de asistir serán sustituidos por los correspondientes suplentes. La adopción de acuerdos tendrá lugar por mayoría y quien presida tendrá voto de calidad. Las deliberaciones de la Comisión serán reservadas y los asistentes deberán guardar secreto sobre las mismas. Actuará como Secretario un Letrado del Centro de Documentación Judicial, quien levantará acta sucinta de las reuniones y de los acuerdos adoptados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Aplicación del Reglamento a acuerdos no jurisdiccionales procedentes de las distintas Salas del Tribunal Supremo y de otros Tribunales.

Podrán ser objeto de reutilización de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento los acuerdos sobre unificación de criterios y coordinación de prácticas procesales alcanzados por las distintas Salas del Tribunal Supremo y de otros Tribunales. Dicha reutilización deberá canalizarse mediante autorización previa solicitud del interesado.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

Este Reglamento entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2010.

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
José Carlos Dívar Blanco.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, se fijan los precios públicos aplicables a la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales sujeta a condiciones de licencia o autorización:

1. Precio público por cada copia de sentencia u otra resolución judicial suministrada para fines comerciales:

• 1,27 € por copia de sentencia/resolución, IVA no incluido.

• 1,50 € por copia de sentencia/resolución, IVA 18 % incluido.

A este precio serán aplicables los siguientes descuentos, en función del volumen anual de sentencias u otras resoluciones suministradas:

• Hasta 10.000 sentencias o resoluciones por año: Sin descuento.

• De 10.001 a 50.000 sentencias o resoluciones por año: Un 15% de descuento.

• De 50.001 a 100.000 sentencias o resoluciones por año: Un 25% de descuento.

• De 101.000 a 200.000 sentencias o resoluciones por año: Un 35% de descuento.

• De 200.001 sentencias o resoluciones por año en adelante: Un 50% de descuento.

2. Precio público por cada copia de sentencia u otra resolución judicial suministrada para fines no comerciales:

• 0,43 € por copia de sentencia/resolución, IVA no incluido.

• 0,50 € por copia de sentencia/resolución, IVA 18 % incluido.

Cuadro actualizado de las disposiciones reglamentarias vigentes del Consejo General del Poder Judicial

Véanse, además, las Disposiciones derogatorias del acuerdo de 7 de junio de 1995 (B.O.E. 13.7.95)

Notas: Acuerdo y Reglamento declarado nulo y sin efecto por Sentencia de 28 de octubre de 2011, del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. (Sin publicación en BOE).

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