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Sumario

Ley 39/1988, 28 diciembre, rectificada por Correccin de errores (B.O.E. 14 agosto 1989). Ley 39/1988, de 28 de diciembre, derogada, excepto las disposiciones adicionales primera, octava y decimonovena, por la letra a) del nmero 1 de la disposicin derogatoria nica del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. 9 marzo).

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA,

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

En ocasiones determinadas reformas legislativas cuya necesidad es incuestionable y unnimemente admitida, se ven sucesiva y reiteradamente aplazadas debido a circunstancias imprevistas que van marcando inexorablemente el ritmo de la dinmica socio-poltica del Estado. Este ha sido el caso de la reforma de las Haciendas Locales que por fin, y por virtud de esta Ley, se incorpora al campo del derecho positivo dando por resuelto el largo perodo de transitoriedad en el que se ha venido desenvolviendo la actividad financiera del sector local.

La evolucin histrica de la Hacienda Local espaola, desde que sta pierde definitivamente su carcter patrimonialista durante la primera mitad del siglo XIX y se convierte en una Hacienda eminentemente fiscal, es la crnica de una institucin afectada por una insuficiencia financiera endmica.

En poco ms de un siglo muchas han sido las reformas legislativas que han intentado poner fin a esta situacin. Acaso el ms claro exponente de los sucesivos fracasos de cuantas reformas han jalonado la evolucin histrica de la Hacienda Local espaola, se encuentre en la ltima de ellas llevada a cabo por la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Rgimen Local, en cuyas Bases 21 a 48 se contenan las lneas generales de lo que deba ser la nueva Hacienda Local, y que fueron desarrolladas por el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre. Pues bien, del resultado de esta reforma, que entr en vigor el 1 de enero de 1977, da idea la necesidad de dictar el Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas urgentes de financiacin de las Corporaciones locales, cuya rbrica expresa claramente la situacin existente dos aos y medio despus de la implantacin de la reforma.

A partir de esta fecha, la Hacienda Local espaola vuelve a entrar en una fase de deterioro financiero para cuya solucin han sido precisas diversas actuaciones legislativas de carcter coyuntural y transitorio.

En este mismo tiempo se produce la gran reforma institucional y legislativa impulsada por la entrada en vigor de la Constitucin de 27 de diciembre de 1978, que exige la adaptacin del Estado a la nueva estructura en ella diseada. Comienza entonces una enorme tarea legislativa de construccin del nuevo modelo de Estado que determina el establecimiento de prioridades sobre todo en el mbito de la organizacin territorial, sustancialmente alterada al pasar de un modelo unitario y centralista a otro fuertemente descentralizado e inspirado en el principio de autonoma. En este mbito, la necesidad ms urgente se centra en la construccin del llamado Estado de las Autonomas, lo que induce el aplazamiento temporal de la organizacin del sector local incluyendo la reforma de las Haciendas Locales.

Se trata de una moratoria cuya necesidad se deriva de la dinmica propia del proceso de implantacin de las nuevas frmulas de convivencia poltica.

Consolidado el proceso autonmico y sentadas las bases del nuevo sistema de organizacin territorial del Estado, llega el momento de acometer la tarea pendiente respecto del sector local y se pone en marcha la gran reforma que supone la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local. Sin embargo esta Ley no culmina ntegramente la ordenacin del sector local, por cuanto que un aspecto fundamental de este ltimo, cual es el relativo a la actividad financiera slo pudo ser regulado en algunos de sus aspectos generales.

Tal ausencia de una ordenacin integral de la actividad financiera local en la Ley 7/1985 estaba fundada en razones objetivas de carcter material, ntegramente vinculadas al estado en que se encontraba el proceso de conformacin definitiva de determinados aspectos de la actividad financiera general. En esencia lo anterior tiene que ver con la transcendencia que, en la esfera local, tienen determinados aspectos materiales y formales de la actividad financiera estatal y, ms concretamente, los aspectos relativos a la estructura del sistema tributario de Estado y a la ordenacin de la actividad presupuestaria general. Ambas cuestiones, que inciden decisivamente en la configuracin integral de rgimen financiero local, estaban, en 1985, pendientes de definir en su trminos exactos, circunstancia por la cual dicho rgimen financiero local no pudo ser ntegramente ordenado en la fecha indicada.

Por todo ello la tantas veces citada Ley 7/1985, en su ttulo VIII slo pudo regular las lneas generales del nuevo modelo de Hacienda Local a causa de los impedimentos para llevar a cabo la regulacin completa de la actividad financiera local. En estos momentos, sin embargo, culminados los procesos de conformacin definitiva de los aspectos de la actividad financiera general con trascendencia en el mbito local, si resulta posible llevar a cabo tal regulacin, actuacin sta que constituye el objeto de la presente Ley.

II

Se trata pues de una Ley complementaria de la Ley 7/1985, la cual, en su ttulo VIII, plasm el modelo previsto en la Constitucin, en cuyos artculos 137 y 142 se consagran los principios generales bsicos con arreglo a los cuales se debe disear el sistema post-constitucional de financiacin de las Entidades locales dotando a las mismas de autonoma para la gestin de sus respectivos intereses en el primero de los preceptos citados e imponiendo el principio de suficiencia financiera en el segundo de ellos. Son, pues, dos las notas caracterizadoras de la presente Ley: la primera de ellas, de carcter formal, est constituida por la atribucin a la misma del carcter de complementaria, respecto de la Ley 7/1985; la segunda, de carcter material, est constituida por la ordenacin de un sistema financiero encaminado a la efectiva realizacin de los principios de autonoma y suficiencia financiera.

As la primera de las notas caracterizadoras indicadas impone que los preceptos de esta Ley disfruten de la misma naturaleza que la de los que la Ley 7/1985 dedica a la regulacin de las Haciendas Locales los cuales son, a su vez, consecuencia de la delimitacin competencial llevada a cabo para esta materia por la Constitucin; por ello, dichos preceptos son de aplicacin en todo el territorio nacional, bien por tratarse de normas bsicas dictadas al amparo del artculo 149.1.18. de la Constitucin, bien por tratarse de normas relativas a materias de la competencia exclusiva del Estado, como son el sistema tributario local y la participacin de las Entidades locales en los tributos del Estado, segn resulta de los artculos 133 y 142, respectivamente, de la Constitucin. Al mismo tiempo se respetan, sin embargo, los lmites implcitos en los regmenes financieros forales o especiales y en los Tratados y Convenios Internacionales.

Respecto de la segunda de las notas caracterizadoras indicadas, la presente Ley tiene por objeto, desde un punto de vista material, la efectiva realizacin de los principios de autonoma y suficiencia financiera consagrados en la Constitucin y recogidos en el Ttulo VIII de la Ley 7/1985. El principio de autonoma, referido al mbito de la actividad financiera local, se traduce en la capacidad de las Entidades locales para gobernar sus respectivas Haciendas. Esta capacidad implica algo ms que la supresin de la tutela financiera del Estado sobre el sector local involucrando a las propias Corporaciones en el proceso de obtencin y empleo de sus recursos financieros y permitindoles incidir en la determinacin del volumen de los mismos y en la libre organizacin de su gasto, tal y como ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en su labor integradora de la norma fundamental.

Por su parte, la suficiencia financiera no slo adquiere su consagracin institucional, sino que, adems, encuentra en la presente Ley los mecanismos necesarios para poder convertirse en realidad material. A tal fin, y siguiendo el mandato del legislador constituyente, se ponen a disposicin de las Entidades locales, entre otras, dos vas fundamentales e independientes de financiacin, cuales son los tributos propios y la participacin en tributos del Estado, que por primera vez, van a funcionar integradamente con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos econmicos que garantice la efectividad del principio de suficiencia financiera.

Ahora bien, no slo se dotan de contenido los principios de autonoma y suficiencia, sino que se articulan entre s de tal suerte que ambos se supeditan mutuamente. En efecto, el principio de autonoma coadyuva a la realizacin material de la suficiencia financiera en la medida en que sta depende en gran parte del uso que las Corporaciones locales hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas Haciendas y, en particular, de su capacidad para determinar dentro de ciertos lmites el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonoma local, pues, sin medios econmicos suficientes, el principio de autonoma no pasa de ser una mera declaracin formal. El sistema diseado no solo busca, pues, la efectividad de los principios de autonoma y suficiencia financiera en el mbito del sector local, sino que adems pretende que sean los propios poderes locales los que asuman la responsabilidad compartida con el Estado y con las respectivas Comunidades Autnomas de hacer efectivos esos dos principios constitucionales.

En suma, la presente Ley establece un nuevo sistema de recursos de las Haciendas Locales, adecuado a la realidad y a las necesidades de stas, a la vez que procede a una nueva ordenacin del rgimen presupuestario y de gasto pblico de los Entes locales.

III

La estructuracin del sistema de recursos de las Entidades locales constituye el reto ms difcil que ha tenido que afrontar el legislador a la hora de abordar la reforma de las Haciendas Locales. La necesidad de superar la tradicional insuficiencia financiera del sector local mediante la utilizacin de los dos mecanismos constitucionalmente previstos para ello, esto es, los tributos y la participacin en los tributos del Estado, as como la oportunidad de modernizar y racionalizar el aprovechamiento de la materia imponible reservada a la accin tributaria local, han sido los criterios inspiradores del nuevo sistema contenido en la presente Ley.

En el mbito de la Hacienda Municipal, la reforma del sistema de recursos de estas Entidades se ha llevado a cabo partiendo de las fuentes de financiacin propias y tradicionales de las mismas y actuando sobre ellas segn su naturaleza y la necesidad de su reestructuracin y adaptacin al nuevo modelo, lo que permite su clasificacin, a estos efectos, en tres grupos diferenciados: Los recursos no tributarios, los recursos tributarios y la participacin en tributos del Estado.

Respecto de los recursos no tributarios, esto es, los ingresos de derecho privado, el rendimiento de las operaciones de crdito, el producto de las multas y sanciones y la prestacin personal y de transporte, la reforma llevada a cabo por la presente Ley no ha incidido tanto en aspectos sustantivos como en los de ndole formal, derivados de la adaptacin de su rgimen jurdico a la nueva organizacin del sector local surgida de la Constitucin de 1978.

Se hace preciso resaltar, sin embargo, en cuanto a la regulacin de las operaciones de crdito, determinados aspectos que la nueva Ley presenta y que constituyen una novedad. As, se admite la posibilidad, con las debidas cautelas y condicionamientos, de que las Entidades locales accedan al crdito en dos supuestos con finalidad diferente a la financiacin de los gastos de inversin, cuales son la cobertura del dficit en la liquidacin de sus presupuestos y la financiacin, en casos extremos, por razones de necesidad y urgencia, de gastos corrientes por la va de los expedientes de modificacin presupuestaria. Tambin es una innovacin, en esta materia, la posibilidad de concertar operaciones de tesorera con vencimiento posterior a la fecha de cierre de un ejercicio y la posibilidad, asimismo, de que las Diputaciones Provinciales formalicen operaciones excepcionales para anticipar a los Ayuntamientos el importe de la recaudacin de los tributos cuya cobranza les encomienden.

Por otra parte, la Ley regula asimismo la posibilidad de impedir o limitar, con carcter general, el acceso al crdito de las Corporaciones Locales cuando lo requieran razones de poltica econmica o, con carcter particular, cuando la situacin econmico-financiera de una Corporacin en concreto as lo demande o la operacin que pretenda realizar resulte inviable desde un punto de vista econmico.

En el campo de los recursos tributarios, la reforma ha introducido cambios verdaderamente sustanciales tendentes a racionalizar el sistema tributario local, a modernizar las estructuras de los tributos locales y a perfeccionar el aprovechamiento de la materia imponible reservada a la tributacin local, procurando, a la vez, facilitar la gestin del sistema diseado.

La racionalizacin del sistema tributario local exiga superar una situacin en la que ste estaba integrado por una larga lista de tasas y contribuciones especiales, y por un conjunto de hasta diez figuras impositivas distintas, desconectadas entre s y carentes de una justificacin comn.

Partiendo de la situacin descrita, se han llevado a cabo las siguientes acciones; la primera, delimitar la materia imponible reservada a la tributacin local; en segundo lugar, y en funcin de tal delimitacin, se han creado las figuras impositivas ms adecuadas para el mejor y ms racional aprovechamiento de esa materia imponible, y por ltimo, se ha procedido a la supresin de muchos de aquellos tributos que hasta la presente reforma incidan directa o indirectamente en la materia imponible sujeta a las nuevas figuras impositivas.

Esta triple actuacin se ha traducido en la creacin de tres grandes impuestos, a saber, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Econmicas y el Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica.

La implantacin del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles ha supuesto la supresin de la Contribucin Territorial Rstica y Pecuaria, la Contribucin Territorial Urbana y el Impuesto Municipal sobre Solares.

Por su parte, la implantacin del Impuesto sobre Actividades Econmicas ha determinado la supresin de las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesional y Artistas, as como del Impuesto Municipal sobre la Radicacin, sustituyendo el nuevo Impuesto sobre Vehculos de Traccin Mecnica al hasta ahora vigente Impuesto Municipal sobre Circulacin de Vehculos.

Asimismo, del conjunto de la reforma resulta la creacin del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que completa el sistema Impositivo local, y la sustitucin del hasta ahora vigente Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos por otro impuesto de la misma naturaleza y anloga denominacin, as como la abolicin del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios y del Impuesto Municipal sobre la Publicidad.

En el mbito estricto de las tasas, la exaccin de stas se limita a la prestacin de servicios pblicos y a la realizacin de actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien al sujeto pasivo, cuando uno y otra, por su propia naturaleza o por disposicin legal o reglamentaria, no sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, siempre que su demanda no sea voluntaria. Para los dems casos de prestacin de servicios o de realizacin de actividades administrativas de competencia municipal, as como por la utilizacin privativa o el aprovechamiento especial del dominio pblico municipal, se instrumenta un sistema de precios pblicos, como recurso no tributario, que dota al rgimen financiero municipal de mayor dinamismo y de ms capacidad de adaptacin a la realidad econmica.

Finalmente, la participacin de los Municipios en los tributos del Estado se ha configurado de forma tal que su funcionamiento se coordina con el de los tributos propios de aqullos de tal suerte que ambos conjuntamente deben garantizar la suficiencia financiera de estas Entidades locales. Tal configuracin se manifiesta, formalmente, al considerar a la participacin de los Municipios en los tributos del Estado como un derecho constitucional de aqullos y, materialmente, al estar constituida por un porcentaje sobre la recaudacin lquida del Estado, que partiendo de una financiacin inicial definitiva cuya cifra se concreta, se incrementa cada ao, como mnimo, en la misma medida en que se incremente el gasto del sector estatal. De esta forma, la participacin de los Municipios en los tributos del Estado deja de ser el objeto de interminables negociaciones polticas anuales y se convierte en un mecanismo financiero de funcionamiento automtico, perfectamente integrado en el sistema general.

El importe global de la participacin en los tributos del Estado, durante el quinquenio 1989-1993, se distribuye entre los municipios con arreglo a su poblacin, al esfuerzo fiscal y al nmero de unidades escolares por ellos costeadas. Con independencia de ello se prev la financiacin especfica y excepcional de ciertos municipios mediante asignaciones complementarias fijadas con arreglo a criterios de necesidad e insuficiencia financiera manifiesta. De esta forma, con la participacin de los municipios en los tributos del Estado se cumple, respecto de los municipios, la funcin bsica de financiacin genrica de dichas Entidades, sin perjuicio de preverse la cobertura financiera necesaria, de naturaleza especfica, con el fin de resolver situaciones extraordinarias de necesidad.

Por ltimo, tambin se prev la financiacin de las Entidades supramunicipales concretadas en las comarcas, Entidades municipales asociativas y reas metropolitanas, crendose, adems, en favor de estas ltimas, un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de dichas Entidades. Igualmente se regula la financiacin de las Entidades locales de mbito territorial inferior al municipio.

IV

En el mbito provincial, la estructura del sistema de recursos de estas Entidades es muy similar a la diseada para los municipios constando de los mismos grupos, esto es, recursos no tributarios, recursos tributarios y participacin en los tributos del Estado. Los recursos no tributarios estn constituidos por los ingresos patrimoniales y dems de Derecho privado, las subvenciones y dems prestaciones de Derecho pblico, el rendimiento de las operaciones de crdito y el producto de las multas y sanciones. Su regulacin se ha llevado a cabo siguiendo los mismos criterios que han inspirado la configuracin de estos recursos en el mbito municipal.

En cuanto a los recursos tributarios, su configuracin se ha realizado teniendo en cuenta la implantacin en Espaa del Impuesto sobre el Valor Aadido, que supuso un cambio profundo en la imposicin estatal indirecta respecto de la cual la tributacin provincial tena gran incidencia a travs, fundamentalmente, del Canon sobre la Produccin de Energa Elctrica y de los recargos sobre el Impuesto General sobre el Trfico de las Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabricacin.

A consecuencia de lo anterior, los recursos tributarios de las provincias se estructurarn en tasas, contribuciones especiales y el recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Econmicas. En el mbito de las tasas, la reforma se produce en los mismos trminos que respecto de las tasas municipales, dando entrada, de igual modo, a un sistema de precios pblicos como recursos no tributarios.

Respecto de la participacin en tributos del Estado, el mecanismo se configura y estructura con arreglo a los mismos principios que han inspirado la instrumentacin de la participacin de los municipios, previndose su distribucin entre las provincias con arreglo a diversos criterios socioeconmicos y garantizndose que cualquiera que sea la aplicacin de los mismos, cada provincia percibir, cuando menos, lo que viniera recibiendo a la entrada en vigor de la Ley.

V

La presente Ley, tambin ofrece un adecuado tratamiento de los regmenes especiales cuya singularidad, por diversas razones, debe mantenerse respecto del rgimen general. As, los Consejos Insulares de las Islas Baleares dispondrn de los mismos recursos que los previstos con carcter general para las provincias. Las Entidades locales canarias conservan su sistema peculiar de financiacin en los trminos previstos en la legislacin reguladora del rgimen econmico-fiscal especial del archipilago. Las ciudades de Ceuta y Melilla dispondrn de los recursos previstos en sus respectivos Estatutos y su participacin en los tributos del Estado se regir por las normas aplicables a la participacin de las provincias en dichos tributos, establecindose, por otra parte, una bonificacin especial del 50 por 100 de las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales que se devenguen en ambas ciudades. Finalmente, los municipios de Madrid y Barcelona dispondrn de un rgimen especial previsto en esta Ley y del que sta ser supletoria.

VI

En cuanto al rgimen presupuestario y contable de las Entidades locales, la Ley tiende a acercar el mismo, al mximo posible, a los preceptos de la Ley General Presupuestaria, de los que, salvo en contados casos, las Haciendas locales estaban al margen.

El proceso de acercamiento se inici en el ao 1979 con el Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas urgentes de Financiacin de las Corporaciones Locales, y prosigui con la Orden de 14 de noviembre de 1979, por la que se aprob la estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales y con el Real Decreto-ley 3/1981, de 16 de enero, ms tarde convenido en Ley 40/1981, de 28 de octubre, sobre Rgimen Jurdico Local.

Pese a estas normas, el rgimen presupuestario y contable de municipios y provincias sigui sustancialmente influido por el texto refundido de Rgimen Local de 24 de junio de 1955 y, muy en especial, por la Instruccin de Contabilidad de las Corporaciones Locales anexa al Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952, lo que provocaba diferencias sensibles de comportamiento entre la Administracin del Estado y la Local, en perjuicio de sta, que se vea privada de medidas cada vez ms giles y flexibles de las que aqulla se beneficiaba.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rgimen Local, en el corto espacio que dedica a las Haciendas locales, establece dos premisas fundamentales que orientan claramente la futura normativa presupuestaria y contable de las Corporaciones Locales: de un lado, la existencia de un presupuesto nico integrado por el de la propia Entidad y los de todos los Organismos y Empresas locales dependientes de aqulla con personalidad jurdica propia y, de otro, la declaracin de que tanto la estructura de los presupuestos como el plan de cuentas sern determinados o establecidos por la Administracin del Estado. Ello permite el que se vea facilitada la acomodacin del rgimen presupuestario y contable de las Corporaciones Locales a los preceptos de la Ley General Presupuestaria.

En la Ley reguladora de las Haciendas Locales el Presupuesto nico se configura como un Presupuesto General integrado por el de la propia Entidad local, los de sus Organismos autnomos y por los estados de previsin de las Sociedades mercantiles de capital pblico local. Si bien cada parte del Presupuesto General conserva una cierta autonoma que permite su ejecucin y liquidacin independiente y, en el caso de las Sociedades, la utilizacin nica de un sistema de contabilidad patrimonial, la Ley impone un estado de consolidacin que lleva a conocer, en su conjunto, las previsiones de gastos e ingresos anuales, tanto corrientes como de capital, de todos los servicios de la Entidad, cualquiera que sea su forma de gestin.

Aunque se difiere para un momento posterior la regulacin concreta de la estructura presupuestaria, se deja ya prescrito que los ingresos sern objeto de clasificacin econmica y los gastos de la econmico-funcional; que las Corporaciones podrn establecer la clasificacin orgnica atendiendo a su propia estructura organizativa; que la partida presupuestaria viene definida, al menos, por la conjuncin de las clasificaciones funcional y econmica; y que el control fiscal y contable de los gastos se realizar sobre la partida presupuestaria as definida.

Uno de los aspectos en que la acomodacin a la Ley General Presupuestaria ser ms perceptible es el relativo a las transferencias de crditos.

Frente a la situacin hasta ahora existente en esta materia en las Corporaciones locales, la agilidad de trmites que la nueva Ley contempla es evidente al no ser necesaria ni la intervencin del pleno ni la publicidad oficial respecto a la medida adoptada, salvo en el supuesto de que las transferencias provoquen modificaciones en los crditos asignados a cada grupo de funcin.

En la ejecucin de los Presupuestos de gastos se establecen para las Corporaciones locales las cuatro fases preceptivas en los Presupuestos del Estado: Autorizacin, disposicin, obligacin y pago. Desaparece as el vaco que al respecto se haca visible en las Haciendas locales hasta ahora limitadas en sus normas, exclusivamente, a la ordenacin del gasto y del pago lo que provocaba, en muchas ocasiones, dudas y vacilaciones respecto a la contabilizacin de operaciones y liquidacin de los presupuestos.

En relacin con la contabilidad, la Ley se limita a dictar unas disposiciones generales declarando la competencia del Ministerio de Economa y Hacienda para desarrollar la materia, si bien se determinan los fines que la contabilidad local debe perseguir y los estados y cuentas que, en consecuencia, se deben formar y rendir. En consonancia con la existencia de un Presupuesto General, se establece, para el mismo, la formacin de una Cuenta General integrada, como aqul, por la de la propia Entidad, las de sus Organismos autnomos, y las de las Sociedades Mercantiles de capital pblico local.

Sin embargo, la situacin, medios y organizacin interna de los Ayuntamientos de escasa poblacin parecen obligar a plantearse la necesidad de un tratamiento especial simplificado para los mismos que afecta tanto a la materia presupuestaria como a la contable, esta ltima en su doble faceta de contabilidad y de rendicin de cuentas. La Ley contempla el problema y prev la solucin oportuna a la expresada situacin en el triple aspecto indicado.

En cuanto a la fiscalizacin interna en las Corporaciones locales, vena centrada hasta ahora en el llamado control de legalidad, ignorndose, prcticamente, los otros controles que, incluso por precepto constitucional, son exigibles en las Administraciones Pblicas. De ah la necesidad, como la Ley lo hace, de regular no slo el control interno en su faceta interventora sino tambin en sus acepciones de control financiero y control de eficacia.