Sumario

Ley 32/2003, 3 noviembre, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 19 marzo 2004).

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, instaur� un r�gimen plenamente liberalizado en la prestaci�n de servicios y el establecimiento y explotaci�n de redes de telecomunicaciones, abriendo el sector a la libre competencia entre operadores. El marco normativo establecido por ella ha demostrado una eficacia que ha permitido que en nuestro pa�s haya surgido una multiplicidad de operadores para los distintos servicios, redundando en una mayor capacidad de elecci�n por los usuarios, y la aparici�n de un importante sector de las telecomunicaciones, lo que, a su vez, ha proporcionado las infraestructuras y condiciones id�neas para fomentar el desarrollo de la sociedad de la informaci�n, mediante su convergencia con el sector audiovisual y el de los servicios telem�ticos, en torno a la implantaci�n de internet.

Consciente de los importantes logros obtenidos, la Uni�n Europea ha dirigido sus esfuerzos a consolidar el marco armonizado de libre competencia en las telecomunicaciones alcanzado en sus Estados miembros. Este esfuerzo ha desembocado en la aprobaci�n de un nuevo marco regulador de las comunicaciones electr�nicas, compuesto por diversas disposiciones comunitarias. Se trata de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador com�n de las redes y los servicios de comunicaciones electr�nicas; la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorizaci�n de redes y servicios de comunicaciones electr�nicas; la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relaci�n con las redes y los servicios de comunicaciones electr�nicas; la Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electr�nicas y recursos asociados, y a su interconexi�n; la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protecci�n de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr�nicas; la Directiva 2002/77/CE, de la Comisi�n, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electr�nicas; y, finalmente, la Decisi�n n.� 676/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la pol�tica del espectro radioel�ctrico en la Comunidad Europea. Mediante esta ley se trasponen las citadas directivas. Cabe se�alar que la Directiva 2002/58/CE se traspone en la medida en que afecta a las redes y servicios de comunicaciones electr�nicas.

La nueva regulaci�n comunitaria supone una profundizaci�n en los principios ya consagrados en la normativa anterior, basados en un r�gimen de libre competencia, la introducci�n de mecanismos correctores que garanticen la aparici�n y viabilidad de operadores distintos a los titulares del antiguo monopolio, la protecci�n de los derechos de los usuarios, la m�nima intervenci�n de la Administraci�n en el sector, el respeto de la autonom�a de las partes en las relaciones entre operadores y la supervisi�n administrativa de los aspectos relacionados con el servicio p�blico, el dominio p�blico y la defensa de la competencia.

Esta ley, junto con su necesario desarrollo reglamentario, incorpora al ordenamiento jur�dico espa�ol el contenido de la normativa comunitaria citada, respetando plenamente los principios recogidos en ella, aunque adapt�ndolo a las peculiaridades propias del derecho y la situaci�n econ�mica y social de nuestro pa�s. Esto �ltimo, adem�s, propiciado por el instrumento jur�dico formal en que se plasma la regulaci�n comunitaria, esto es, la directiva, que permite que los Estados miembros elijan la v�a id�nea para incorporar a cada pa�s la regulaci�n armonizada.

Ha sido un criterio inspirador de este texto legal una simplificaci�n de la regulaci�n contenida en �l. De este modo, se pretende la existencia de una norma legal que garantice los principios b�sicos ya expuestos, pero que, a la vez, aporte la necesaria flexibilidad para un texto con vocaci�n de permanencia.

II

Es preciso destacar los siguientes aspectos de la nueva regulaci�n.

En primer lugar, se dirige a regular exclusivamente el sector de las telecomunicaciones, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado prevista en el art�culo 149.1.21.� de la Constituci�n. La ley excluye expresamente de su regulaci�n los contenidos difundidos a trav�s de medios audiovisuales, que constituyen parte del r�gimen de los medios de comunicaci�n social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simult�nea a una multiplicidad de usuarios. Igualmente se excluye de su regulaci�n la prestaci�n de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de se�ales a trav�s de dichas redes. Estos �ltimos son objeto de regulaci�n en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n y de Comercio Electr�nico. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusi�n sonora y televisiva, las redes de televisi�n por cable y los recursos asociados, como parte integrante de las comunicaciones electr�nicas, estar�n sujetos a lo establecido en esta ley.

El conjunto de directivas citadas tiene por objeto la regulaci�n de las comunicaciones electr�nicas. El concepto de �comunicaciones electr�nicas� tiene un �mbito m�s restringido que el de �telecomunicaciones�. En efecto, al regular las comunicaciones electr�nicas, las directivas se refieren a �mbitos concretos de las telecomunicaciones, como ser�an, entre otros, la habilitaci�n para actuar como operador en este sector, los derechos y obligaciones de los operadores, las obligaciones en materia de interconexi�n y acceso, la necesidad de garantizar unas prestaciones m�nimas bajo el ep�grafe del servicio universal y los derechos de los usuarios.

Sin embargo, como puede f�cilmente advertirse, las directivas no abordan ciertos temas que se encuentran dentro del r�gimen de las telecomunicaciones, como podr�an ser los requisitos para la evaluaci�n de la conformidad y puesta en el mercado de los aparatos de telecomunicaciones. De ah� que el t�rmino �telecomunicaciones� se mantenga en la r�brica de la ley, siendo as� que su articulado distingue entre los supuestos en que se est�n regulando aspectos relativos al r�gimen de las comunicaciones electr�nicas y los que no se incluyen en tal ep�grafe, todos ellos, eso s�, bajo el denominador com�n de las telecomunicaciones.

Como consecuencia, toda la regulaci�n de las comunicaciones electr�nicas se entiende incluida en el concepto m�s amplio de telecomunicaciones y, por lo tanto, dictada por el Estado en virtud de su atribuci�n competencial exclusiva del art�culo 149.1.21.� de la Constituci�n.

Se avanza en la liberalizaci�n de la prestaci�n de servicios y la instalaci�n y explotaci�n de redes de comunicaciones electr�nicas. En este sentido, cumpliendo con el principio de intervenci�n m�nima, se entiende que la habilitaci�n para dicha prestaci�n y explotaci�n a terceros viene concedida con car�cter general e inmediato por la ley. �nicamente ser� requisito previo la notificaci�n a la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones para iniciar la prestaci�n del servicio. Desaparecen, pues, las figuras de las autorizaciones y licencias previstas en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, como t�tulos habilitantes individualizados de que era titular cada operador para la prestaci�n de cada red o servicio.

Se refuerzan las competencias y facultades de la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones en relaci�n con la supervisi�n y regulaci�n de los mercados. Se contempla un sistema que gana en flexibilidad, mediante el cual este organismo realizar� an�lisis peri�dicos de los distintos mercados de referencia, detectando aquellos que no se est�n desarrollando en un contexto de competencia efectiva e imponiendo, en ese caso, obligaciones espec�ficas a los operadores con poder significativo en el mercado. Es novedoso tambi�n el cambio en la definici�n de este tipo de operadores, pasando de un concepto �formal�, esto es, basado en la superaci�n de una determinada cuota de mercado, a uno �material�, m�s cercano al tradicional derecho de la competencia, es decir, basado en la posici�n de fuerza del operador que le permite actuar con independencia de sus competidores o de los consumidores que sean personas f�sicas y usuarios.

En relaci�n con la garant�a de los derechos de los usuarios, la ley recoge la ampliaci�n de las prestaciones, que, como m�nimo esencial, deben garantizarse a todos los ciudadanos, bajo la denominaci�n de �servicio universal�. Se incluye el acceso funcional a internet, ya incorporado anticipadamente por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n y de Comercio Electr�nico, y la posibilidad de que se ofrezcan opciones tarifarias especiales que permitan un mayor control del gasto por los usuarios. Adem�s, se ampl�a el cat�logo de derechos de los consumidores que sean personas f�sicas y usuarios reconocidos con rango legal.

La regulaci�n de la ocupaci�n del dominio p�blico o la propiedad privada para la instalaci�n de redes, pretende establecer unos criterios generales, que deber�n ser respetados por las Administraciones p�blicas titulares del dominio p�blico. De este modo, se reconocen derechos de ocupaci�n a todos los operadores que practiquen la notificaci�n a la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones, en la medida que sea necesario para la instalaci�n de sus redes, a la vez que se detallan los principios b�sicos que garanticen el ejercicio de dicho derecho en condiciones de igualdad y transparencia, con independencia de la Administraci�n o el titular del dominio p�blico o la propiedad privada.

En lo referente al dominio p�blico radioel�ctrico, se incorporan la regulaci�n y tendencias comunitarias en la materia, esto es, la garant�a del uso eficiente del espectro radioel�ctrico, como principio superior que debe guiar la planificaci�n y la asignaci�n de frecuencias por la Administraci�n y el uso de �stas por los operadores. Asimismo, se abre la posibilidad de la cesi�n de derechos de uso del espectro radioel�ctrico, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. En los supuestos en que las bandas de frecuencias asignadas a determinados servicios sean insuficientes para atender la demanda de los operadores, se prev� la celebraci�n de procedimientos de licitaci�n. Como requisito esencial en la prestaci�n de servicios mediante tecnolog�as que usen el dominio p�blico radioel�ctrico, se establece el respeto a los l�mites de las emisiones radioel�ctricas establecidas en la normativa vigente.

La ley tambi�n tiene como objetivo el establecimiento de una serie de criterios que gu�en la actuaci�n en la imposici�n de tasas que afecten a los servicios de telecomunicaciones. Distingue entre aquellas tasas que respondan a la necesidad de compensar actuaciones administrativas, donde la cuant�a se fijar� en funci�n de su coste, de aquellas impuestas sobre el uso de recursos asociados, como el dominio p�blico, las frecuencias o la numeraci�n. En este �ltimo caso se perseguir� garantizar su uso �ptimo, teniendo en cuenta el valor del bien y su escasez. Como principios b�sicos de estas exacciones se establecen la transparencia, la proporcionalidad y su justificaci�n objetiva.

En la tipificaci�n de infracciones y la imposici�n de las correspondientes sanciones se han reforzado las potestades administrativas, como necesario contrapunto a una mayor simplificaci�n en las condiciones para obtener la habilitaci�n para prestar servicios. Con ello, el control �ex ante� que supon�a la obtenci�n de una autorizaci�n individualizada para cada operador con la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, viene a ser sustituido por uno �ex post�, mediante la posibilidad de obtener informaci�n de los operadores, de imponer medidas cautelares en el procedimiento sancionador o de inhabilitar a las empresas que cometan infracciones muy graves.

En sus disposiciones adicionales y transitorias, la ley aborda ciertos problemas derivados de su entrada en vigor o conexos con esta regulaci�n. Entre ellos, cabe destacar la adaptaci�n autom�tica prevista para los t�tulos habilitantes anteriores a esta ley, que ser� llevada a cabo por la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones.