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Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

Ficha:
  • rgano MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
  • Publicado en BOE nm. 9 de
  • Vigencia desde 15 de Enero de 2004. Esta revisin vigente desde 05 de Junio de 2011.
Versiones/revisiones:

Sumario

El deber general de no lesionar ni poner en peligro la salud y la integridad fsica de las personas es una pieza clave y tradicional de diversos sectores de nuestro ordenamiento. Para concretar y hacer efectivo ese deber se ha dotado desde siempre de intensas y extensas potestades a las Administraciones pblicas. Sobre todo, esto se ha desarrollado en la legislacin y actuacin administrativa sanitaria que ahora encuentra anclaje en el artculo 43 de la Constitucin Espaola, cuyo apartado 2 atribuye a los poderes pblicos la tutela de la salud pblica. Uno de los mbitos en los que es ms importante aquel deber general y, consecuentemente, las correlativas potestades de las Administraciones pblicas es el de la produccin y comercializacin de bienes y servicios en el mercado. En cuanto esto afecta a los consumidores y usuarios, encuentra un nuevo fundamento constitucional en el artculo 51 que, entre otras cosas, ordena a los poderes pblicos la proteccin, mediante procedimientos eficaces, de la seguridad y salud de aqullos.

Todas estas cuestiones han tenido y tienen un desarrollo legislativo suficiente en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por slo referirse a la legislacin estatal. De la primera deben destacarse sus artculos 24, 25, 26, 31 y 40; de la segunda, los artculos 3, 4, 5 y 39. Todos ellos, adems, suministran el fundamento legal para dictar esta disposicin reglamentaria.

Sobre esas bases legales, existe una extensa regulacin reglamentaria de todos los aspectos generales o especficos que concretan el contenido y forma de hacer efectivo el deber de no perjudicar la salud y seguridad de los consumidores y usuarios o, lo que es lo mismo, el deber general de no producir ni comercializar productos inseguros. Entre esas disposiciones reglamentarias debe destacarse, a estos efectos, el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, de medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposicin del consumidor, que incorpor a nuestro ordenamiento jurdico la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, de seguridad general de los productos. Dicha directiva ha sido sustituida y derogada por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos, que introduce cambios sustanciales y mejoras tcnicas notables.

La directiva se circunscribe a lo relativo a la salud y seguridad de los productos, dejando fuera de su mbito lo que respecta a la proteccin de los intereses econmicos de los consumidores y usuarios. Lo mismo se hace en esta disposicin reglamentaria. Queda tambin al margen de la directiva, sin perjuicio de un mandato a la Comisin para que presente concretas propuestas en este mbito, la salubridad y seguridad de los servicios que se ofrecen en el mercado. Esa misma ha sido la opcin seguida por este real decreto, aunque ni la legislacin espaola sanitaria ni la de defensa del consumidor efectan esta exclusin. Para todos los productos que puedan llegar al consumidor, incluidos los alimentos, este reglamento constituye una disposicin de carcter horizontal y naturaleza supletoria, que completa y no interfiere con las especficas existentes.

El punto de partida de toda la regulacin es el deber general de no perjudicar ni poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte en el deber de poner en el mercado nicamente productos seguros. Numerosos reglamentos, completados con otras especificaciones tcnicas de carcter no obligatorio, cdigos de buenas prcticas y otros elementos a los que se refiere esta disposicin tienen el sentido ltimo de establecer cundo un producto es seguro y cundo es peligroso. A este respecto, la incorporacin de la directiva slo requiere sealar unos criterios de evaluacin, sin necesidad, desde luego, de habilitar la aprobacin de esas otras normas que ya existen en nuestro derecho y que cuentan con una base legal suficiente. En cualquier caso, s es importante observar que, incluso la conformidad con todas esas normas, no excluye por completo la posibilidad de comprobar que un producto es peligroso y la necesidad de actuar en consecuencia.

Lo que s hace este reglamento, siguiendo la directiva, es perfilar y delimitar aquel deber general, especificando su contenido diferenciadamente para los productores, en sentido amplio, y para los distribuidores. A este respecto destaca, junto con el deber de retirar del mercado los productos inseguros y de informar de los riesgos, la especial referencia al deber de los productores de mantenerse informados de los riesgos que sus productos puedan presentar, lo que no es ms que un medio elemental para poder cumplir, con la mnima diligencia, con su deber de retirar del mercado los productos inseguros o hacer las correcciones necesarias para evitar los riesgos. En la misma lnea, la expresa previsin del deber de recuperar los productos inseguros cuando ya estn a disposicin del consumidor slo supone una modalidad del deber de retirada. Para garantizar el cumplimiento de los deberes, las Administraciones pblicas han de desplegar una extensa tarea de vigilancia a la que se refiere la directiva y que ya se encuentra regulada ampliamente en el derecho espaol, correspondiendo en gran medida a la legislacin y ejecucin autonmica, por lo que esta disposicin se limita a incorporar lo previsto en la directiva, sin incluir el correspondiente desarrollo necesario para su plena virtualidad, pues ste ya existe.

Todos los deberes que este reglamento regula han de ser cumplidos espontneamente por los sujetos sobre los que recaen. Todava en esa situacin, la Administracin pblica puede limitarse a advertir de la inobservancia del deber y a requerir su cumplimiento, sin que ello, que naturalmente no crea ningn nuevo deber, necesite de formalidades especiales. Pero, en determinadas circunstancias, lo anterior puede no ser suficiente. Para tal hiptesis, la directiva impone que en todos los Estados miembros haya autoridades competentes para ejercer potestades que garanticen la salud y seguridad de las personas adoptando las medidas adecuadas, entre las que enumera las ms destacadas y tpicas, como son las prohibiciones de comercializar y la retirada y recuperacin administrativa de los productos inseguros. Nuestro ordenamiento atribuye ya en leyes estas potestades a la Administracin pblica. Sin embargo, se ha considerado necesario introducir una regulacin reglamentaria bsica que desarrolle aquellas normas legales y cuyo contenido se ajuste rigurosamente a lo pretendido por la directiva. Se incluye as una mencin especfica al principio de cautela, en el marco de la Comunicacin de la Comisin de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de precaucin, que permite actuar, aunque no haya una certidumbre cientfica total sobre la peligrosidad del producto.

A este respecto, debe subrayarse que cuando la Administracin pblica decida la retirada o recuperacin de los productos inseguros asumir, desde ese momento, como misin propia y no como una ejecucin subsidiaria, las actuaciones para conseguir efectivamente tal retirada o recuperacin, de manera que los particulares, en su caso, participarn colaborando en una actuacin administrativa. Entre otras razones, tiene que ser as porque estas medidas, aunque deriven del incumplimiento de su deber por un sujeto, pueden ser necesarias cuando todava no se sabe quin es el responsable o ste ha desaparecido y afectarn a otros sujetos, como los distribuidores o los propios consumidores, que frecuentemente no habrn incumplido ningn deber ni habrn sido interesados necesarios en el procedimiento seguido para tomar la decisin. Adems, esta caracterizacin de la retirada y recuperacin de los productos inseguros es la nica que puede garantizar eficazmente la salud y seguridad en los casos, siempre alarmantes, en que estas medidas proceden. En cualquier caso, la configuracin de la ejecucin de la retirada y recuperacin de productos inseguros como una responsabilidad administrativa no impide la colaboracin de los particulares, bajo la direccin y control de la Administracin pblica. Ms an, este reglamento, aunque atribuye a la Administracin la ejecucin de estas medidas, slo prev actuaciones materiales de retirada y recuperacin como ltimo remedio.

Tambin con la intencin de dar cabal y completo cumplimiento a la directiva en estas cuestiones y de asegurar la salubridad y seguridad de los productos sin merma de las garantas de los ciudadanos, se ha establecido la necesidad de un procedimiento administrativo para la adopcin de estas medidas, prestando especial atencin a las medidas provisionales y a la situacin peculiar que suscitan los riesgos supraautonmicos, que obligan a tramitar tantos procedimientos como comunidades autnomas estn afectadas.

Finalmente, la disposicin procede a la regulacin de los sistemas de comunicacin entre los rganos administrativos espaoles competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado y entre stos y las instancias comunitarias, que, a su vez, sirven de cauce para las autoridades competentes en todos los Estados miembros. Dentro de estos sistemas de comunicacin debe destacarse la red de alerta, instituida con la finalidad de transmitir cualquier informacin relativa a la existencia de un riesgo grave generado por un producto sometido al mbito de aplicacin de esta disposicin y que constituye una de las piezas claves para garantizar una eficaz proteccin de la salud y seguridad de los consumidores en un entorno de comercio internacional tan intenso como el existente en la actualidad.

La incorporacin al ordenamiento jurdico interno de lo dispuesto en la Directiva 2001/95/CE, de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos, se lleva a cabo por este real decreto, en cuya tramitacin se han recabado los informes pertinentes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones empresariales.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentacin y de Ciencia y Tecnologa, con la aprobacin previa de la Ministra de Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 26 de diciembre de 2003,

DISPONGO:

CAPTULO I

Objetivo, mbito de aplicacin y definiciones

Artculo 1 Objetivo y mbito de aplicacin

1. El objetivo de este real decreto es garantizar que los productos que se pongan en el mercado sean seguros.

2. Las disposiciones de este real decreto se aplicarn a todo producto destinado al consumidor, incluidos los ofrecidos o puestos a disposicin de los consumidores en el marco de una prestacin de servicios para que stos los consuman, manejen o utilicen directamente o que, en condiciones razonablemente previsibles, pueda ser utilizado por el consumidor aunque no le est destinado, que se le suministre o se ponga a su disposicin, a ttulo oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o reacondicionado.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en este real decreto no se aplicar a los productos usados que se suministren como antigedades o para ser reparados o reacondicionados antes de su utilizacin, siempre que el proveedor informe de ello claramente a la persona a la que suministre el producto.

4. Cuando para un producto exista una normativa especfica que tenga el mismo objetivo y que regule su seguridad, este real decreto slo se aplicar con carcter supletorio a aquellos riesgos, categoras de riesgos o aspectos no regulados por dicha normativa.

5. Esta disposicin se aplicar sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad por los daos ocasionados por productos defectuosos, y de las obligaciones que para los empresarios surjan de conformidad con la legislacin civil y mercantil en los supuestos de retirada y recuperacin de los productos de los consumidores.

Artculo 2 Definiciones

A los efectos de esta disposicin, se entender por:

  • a) Producto seguro: cualquier producto que, en condiciones de utilizacin normales o razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duracin y, si procede, de puesta en servicio, instalacin y de mantenimiento, no presente riesgo alguno o nicamente riesgos mnimos compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de proteccin de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:
    • 1. Las caractersticas del producto, entre ellas su composicin y envase.
    • 2. El efecto sobre otros productos, cuando razonablemente se pueda prever la utilizacin del primero junto con los segundos.
    • 3. La informacin que acompaa al producto. En particular, el etiquetado; los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminacin; las instrucciones de montaje y, si procede, instalacin ymantenimiento, as como cualquier otra indicacin o informacin relativa al producto.
    • 4. La presentacin y publicidad del producto.
    • 5. Las categoras de consumidores que estn en condiciones de riesgo en la utilizacin del producto, en particular, los nios y las personas mayores.

    La posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad o de obtener otros productos que presenten menor grado de riesgo no ser razn suficiente para considerar que un producto es inseguro.

  • b) Producto inseguro: cualquiera que no responda a la definicin de producto seguro.
  • c) Riesgo: posibilidad de que los consumidores y usuarios sufran un dao para su salud o seguridad, derivado de la utilizacin, consumo o presencia de un producto. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, entre otras posibles circunstancias, se valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca un dao y la severidad de ste. Se considerar riesgo grave aquel que en virtud de tales criterios exija una intervencin rpida de las Administraciones pblicas, aun en el caso de que los posibles daos para la salud y seguridad no se materialicen inmediatamente.
  • d) Productor:
    • 1. El fabricante de un producto cuando est establecido en la Comunidad Europea. Se considerar tambin fabricante toda persona que se presente como tal estampando en el producto su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo, o toda persona que proceda al reacondicionamiento del producto.
    • 2. El representante del fabricante cuando no est establecido en la Comunidad Europea o, a falta de representante establecido en la Comunidad, el importador del producto.
    • 3. Los dems profesionales de la cadena de comercializacin, en la medida en que sus actividades puedan afectar a las caractersticas de seguridad del producto.
  • e) Distribuidor: cualquier profesional de la cadena de comercializacin cuya actividad no afecte a las caractersticas de seguridad de los productos.
  • f) Norma UNE: especificacin tcnica aprobada por los organismos de normalizacin reconocidos, cuya referencia haya sido publicada en el Boletn Oficial del Estado, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de infraestructura para la calidad y seguridad industrial.

Artculo 3 Evaluacin de la seguridad de un producto

1. Se considerar que un producto que vaya a comercializarse en Espaa es seguro cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento en Espaa que fijen los requisitos de salud y seguridad.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas tcnicas nacionales que sean transposicin de una norma europea armonizada, se presumir que tambin un producto es seguro cuando sea conforme a tales normas.

3. Cuando no exista disposicin normativa de obligado cumplimiento aplicable o sta no cubra todos los riesgos o categoras de riesgos del producto, para evaluar su seguridad, garantizando siempre el nivel de seguridad que los consumidores pueden esperar razonablemente, se tendrn en cuenta los siguientes elementos:

  • a) Normas tcnicas nacionales que sean transposicin de normas europeas no armonizadas.
  • b) Normas UNE.
  • c) Las recomendaciones de la Comisin Europea que establezcan directrices sobre la evaluacin de la seguridad de los productos.
  • d) Los cdigos de buenas prcticas en materia de seguridad de los productos que estn en vigor en el sector, especialmente cuando en su elaboracin y aprobacin hayan participado los consumidores y la Administracin pblica.
  • e) El estado actual de los conocimientos y de la tcnica.

4. La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que le sean aplicables o con alguno de los elementos recogidos en los apartados anteriores, habiendo incluso, en su caso, superado los correspondientes controles administrativos obligatorios, no impedir a los rganos administrativos competentes adoptar alguna de las medidas previstas en esta disposicin si, pese a todo, resultara inseguro, ni eximir a los productores y distribuidores del cumplimiento de sus deberes.

5. A los efectos de la adopcin de las correspondientes medidas administrativas de reaccin, salvo prueba en contrario, se presumir que un producto es inseguro cuando:

  • a) El producto o las instalaciones donde se elabore carezcan de las autorizaciones u otros controles administrativos preventivos necesarios establecidos con la finalidad directa de proteger la salud y seguridad de los consumidores y usuarios. En particular, cuando estando obligado a ello, el producto haya sido puesto en el mercado sin la correspondiente declaracin CE de conformidad , el marcado CE o cualquier otra marca de seguridad obligatoria.
  • b) Carezca de los datos mnimos que permitan identificar al productor.
  • c) Pertenezca a una gama, lote o una remesa de productos de la misma clase o descripcin donde se haya descubierto algn producto inseguro.

6. Dentro del mbito de aplicacin de esta disposicin, el Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante resolucin del Director del Instituto Nacional del Consumo, publicar en el Boletn Oficial del Estado las referencias de las normas UNE EN armonizadas, a efectos de la presuncin arriba mencionada, actualizndolas y suprimindolas, en su caso, de igual forma.

7. Cuando alguna Administracin pblica tenga conocimiento o sospeche que el cumplimiento de una norma UNE EN armonizada no garantiza el deber general de seguridad, comunicar este hecho, junto con todos los datos de que disponga, al Instituto Nacional del Consumo. Este organismo, con carcter previo, resolver si tal circunstancia puede tener su origen en la correspondiente norma europea armonizada o en una transposicin deficiente. En el primer caso, se solicitar a la Comisin Europea que decida sobre la adecuacin de la norma europea armonizada al deber general de seguridad. En el segundo, si el hecho se confirma, el Director del Instituto Nacional del Consumo resolver la supresin, total o parcial, de la referencia de la norma en el listado oficialmente publicado de normas UNE EN armonizadas. En aquellos supuestos en que la Comisin Europea publique la supresin de la referencia de una norma del listado de normas europeas armonizadas, el Director del Instituto Nacional del Consumo proceder tambin a la publicacin en el Boletn Oficial del Estado de la supresin de la norma UNE EN armonizada equivalente.

8. Las resoluciones del Director del Instituto Nacional del Consumo a que se refieren los dos apartados anteriores requerirn un informe previo de la direccin general competente en materia de seguridad industrial.

CAPTULO II

Deberes para garantizar la seguridad general de los productos

Artculo 4 Deberes de los productores

1. Los productores tienen el deber de poner en el mercado nicamente productos seguros.

2. Dentro de los lmites de sus respectivas actividades, los productores deben informar a los consumidores o usuarios por medios apropiados de los riesgos que no sean inmediatamente perceptibles sin avisos adecuados y que sean susceptibles de provenir de una utilizacin normal o previsible de los productos, habida cuenta de su naturaleza, sus condiciones de duracin y las personas a las que van destinados. La facilitacin de esta informacin no eximir del cumplimiento de los dems deberes establecidos en la presente disposicin.

3. Dentro de los lmites de sus respectivas actividades y en funcin de las caractersticas de los productos, los productores debern:

  • a) Mantenerse informados de los riesgos que dichos productos puedan presentar e informar convenientemente a los distribuidores. Con este fin, registrarn y estudiarn aquellas reclamaciones de las que pudiera deducirse la existencia de un riesgo y, en su caso, realizarn pruebas por muestreo de los productos comercializados o establecern otros sistemas apropiados.

    Cuando la forma de cumplir este deber est determinada en los reglamentos especficos, se estar a lo que stos prevean.

  • b) Cuando descubran o tengan indicios suficientes de que han puesto en el mercado productos que presentan para el consumidor riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, adoptar, sin necesidad de requerimiento de los rganos administrativos competentes, las medidas adecuadas para evitar los riesgos, incluyendo informar a los consumidores mediante, en su caso, la publicacin de avisos especiales, retirar los productos del mercado o recuperarlos de los consumidores.
  • c) Indicar, en el producto o en su envase, los datos de identificacin de su empresa y de la referencia del producto o, si procede, del lote de fabricacin, salvo en los casos en que la omisin de dicha informacin est justificada. Los datos que se relacionan con el lote de fabricacin debern conservarse por el productor, para cualquier producto, durante tres aos. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podr reducirse al de un ao a partir del final de esa fecha.

Artculo 5 Deberes de los distribuidores

1. Los distribuidores tienen el deber de distribuir slo productos seguros, por lo que no suministrarn productos cuando sepan, o debieran saber, por la informacin que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito.

2. Los distribuidores actuarn con diligencia para contribuir al cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables, en particular, durante el almacenamiento, transporte y exposicin de los productos.

3. Dentro de los lmites de sus actividades respectivas, participarn en la vigilancia de la seguridad de los productos puestos en el mercado, en concreto:

  • a) Informando a los rganos administrativos competentes y a los productores sobre los riesgos de los que tengan conocimiento.
  • b) Manteniendo, durante un plazo de tres aos despus de haber agotado las existencias de los productos, y proporcionando la documentacin necesaria para averiguar el origen de los productos, en particular la identidad de sus proveedores, y, en caso de no ser minoristas, su destino, y proporcionando aqulla, en su caso, a las autoridades que la soliciten.
  • c) Colaborando eficazmente en las actuaciones emprendidas por los productores y los rganos administrativos competentes para evitar dichos riesgos.

Artculo 6 Otros deberes de productores y distribuidores

1. Cuando los productores y los distribuidores sepan o deban saber, por la informacin que poseen y como profesionales, que un producto que ya han puesto a disposicin de o suministrado a los consumidores en Espaa presenta riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, comunicarn tales hechos inmediatamente a los rganos administrativos competentes de la comunidad autnoma afectada. En el caso de que el producto est o se haya suministrado a los consumidores de cualquier forma en el territorio de ms de una comunidad autnoma, esta comunicacin se dirigir al rgano competente de la comunidad autnoma donde radique su domicilio social, que la transmitir inmediatamente al Instituto Nacional del Consumo, para su traslado al resto de las comunidades autnomas afectadas.

2. Esta comunicacin deber contener, al menos:

  • a) Los datos que permitan identificar con precisin el producto o lote de productos.
  • b) Una descripcin completa del riesgo que presentan los productos.
  • c) Toda la informacin disponible que sea til para localizar el producto.
  • d) Una descripcin de la actuacin emprendida con el fin de prevenir los riesgos para los consumidores.

Esta comunicacin se ajustar al formulario tipo que, en su caso, y de conformidad con lo que defina la Comisin Europea, establezca al respecto el Instituto Nacional del Consumo, previo informe de la Comisin de Cooperacin de Consumo.

3. Mediante el mismo procedimiento del prrafo anterior, se podrn determinar las condiciones concretas, como las relativas a productos o circunstancias aislados, en las que no sea obligatoria la mencionada comunicacin.

4. Los productores y los distribuidores, dentro de los lmites de sus respectivas actividades, colaborarn con los rganos administrativos competentes, a peticin de stos, en las actuaciones emprendidas para evitar los riesgos que presenten los productos que suministren o hayan suministrado. En particular, debern facilitar toda la informacin pertinente que se les demande, incluida aquella que pudiera estar protegida por el secreto comercial e industrial, en el plazo mximo de cinco das, salvo que por la urgencia del caso concreto se indique uno inferior. La informacin amparada por el secreto comercial e industrial no ser divulgada ni destinada a otra finalidad distinta a la que justifica su recepcin.

5. Los productores y distribuidores debern mantener bajo estricto control los productos sometidos a medidas restrictivas, abstenindose de disponer de ellos en cualquier forma hasta la autorizacin de los rganos administrativos competentes.

Artculo 7 Deberes de otros sujetos

De conformidad con lo previsto en el artculo 16.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, los organismos de control debern facilitar a los rganos administrativos competentes a los que se refiere el artculo 13 de este real decreto la informacin que stos le requieran sobre los protocolos, auditoras, actas, informes o certificados que hayan emitido en el desarrollo de sus actividades en el mbito de la seguridad de los productos.

CAPTULO III

Medidas administrativas no sancionadoras de restablecimiento o garanta de la seguridad

Artculo 8 Principios generales

1. Los rganos administrativos competentes, de oficio o como consecuencia de las denuncias o reclamaciones que presenten los consumidores u otras partes interesadas, adoptarn las medidas previstas en este captulo con la mxima celeridad o incluso inmediatamente cuando resulten necesarias para garantizar la salud o seguridad de los consumidores.

2. Las medidas adoptadas, as como los medios para su ejecucin o efectividad, debern ser congruentes con los motivos que las originen, proporcionadas con los riesgos que afronten y, de entre las que renan esos requisitos, las menos restrictivas de la libre circulacin de mercancas y prestacin de servicios, de la libertad de empresa y dems derechos afectados.

En todo caso, se tendr en cuenta el principio de cautela, que posibilitar la adopcin de las medidas previstas en este artculo para asegurar un nivel elevado de proteccin a los consumidores, cuando, tras haber evaluado la informacin disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud o la seguridad, aunque siga existiendo incertidumbre cientfica.

3. En todo momento, los rganos administrativos competentes estimularn y favorecern la concertacin con los productores y distribuidores.

4. Las medidas a que se refiere este captulo no tienen carcter sancionador y su adopcin no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa de los sujetos a los que afecte. Todo ello sin perjuicio de que la inobservancia de los deberes establecidos en este real decreto, as como la obstruccin o resistencia al ejercicio de las facultades administrativas previstas, se sancionar administrativamente conforme a lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o en la legislacin autonmica aplicable cuando concurran los requisitos necesarios para ello, salvo en los casos en los que los hechos sean constitutivos de infraccin penal.

5. A los efectos de lo previsto en este captulo y sin perjuicio de otras finalidades, los rganos administrativos competentes, conforme a la legislacin que en cada caso les resulte aplicable, podrn:

  • a) Organizar verificaciones adecuadas de las caractersticas de seguridad de los productos de alcance suficiente y que sean eficaces, incluso despus de haber sido puestos en el mercado como productos seguros, hasta la ltima fase de utilizacin o de consumo.
  • b) Exigir toda la informacin necesaria a las partes interesadas.
  • c) Recoger muestras de los productos para someterlas a anlisis de seguridad.

6. Toda la actividad de control a que se refiere el apartado anterior podr ejercerse ante supuestos concretos, dentro de programas de vigilancia que se actualizarn peridicamente o como consecuencia de las denuncias o reclamaciones sobre la seguridad de los productos que presenten los consumidores u otros interesados.

Artculo 9 Advertencias y requerimientos

1. Los rganos administrativos competentes podrn advertir a los productores y distribuidores que incumplan algunos de los deberes regulados por este real decreto de su situacin ilegal y, en su caso, requerirles su cumplimiento.

2. El requerimiento incluir el resultado al que debe llegarse, el plazo para alcanzarlo y el seguimiento que se realizar o la forma en que los productores o distribuidores debern justificar ante los rganos administrativos competentes las actuaciones que, en su caso, emprendan, dejando a stos la posibilidad de elegir la forma y los medios para lograr tal resultado en tanto que ello no est predeterminado legal o reglamentariamente, y sin perjuicio de que dichos rganos puedan recomendar la forma en que entienden que puede ser subsanado el incumplimiento.

3. En caso de que el productor o distribuidor no acte en el plazo establecido o su actuacin no sea satisfactoria o sea insuficiente, los rganos administrativos competentes podrn acordar alguna de las medidas del artculo siguiente.

Artculo 10 Medidas administrativas de reaccin para garantizar el deber general de seguridad de los productos

Ante el incumplimiento de los deberes generales regulados en este real decreto, los rganos administrativos competentes podrn adoptar, inmediatamente o tras los requerimientos a que se refiere el artculo anterior, las medidas imprescindibles para restablecer o garantizar la salud y seguridad y, entre otras, una o varias de las siguientes y cualesquiera otras de acompaamiento necesarias para su plena efectividad:

  • a) Para todo producto sobre el que existan indicios razonables de que pueda ser inseguro se podr prohibir temporalmente que se suministre, se proponga su suministro o se exponga, durante el perodo necesario para efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad o hasta que exista una certidumbre cientfica suficiente sobre la seguridad del producto.
  • b) Para todo producto inseguro se podr prohibir su puesta en el mercado y establecer las medidas complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento de esta prohibicin. Si el riesgo del producto puede ser evitado con determinadas modificaciones, precauciones o condiciones previas a la puesta en el mercado, esta prohibicin administrativa deber indicarlas. En concreto, podr indicarse que consten en el producto las advertencias pertinentes, redactadas de forma clara y fcilmente comprensible, sobre los riesgos que pueda entraar, al menos en castellano. Cuando estas indicaciones sean cumplidas, el producto podr comercializarse, debiendo el productor introducir algn elemento externo de diferenciacin. La prohibicin se podr levantar limitando o condicionando el uso o destino del producto.
  • c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, se podrn adoptar las medidas siguientes:
    • 1. Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como ltimo recurso, su recuperacin de los consumidores.
    • 2. Acordar y proceder a su destruccin en condiciones apropiadas.

Artculo 11 Procedimiento

1. La adopcin de alguna de las medidas recogidas en el artculo anterior precisar la instruccin de un procedimiento iniciado de oficio y tramitado conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

En este procedimiento, no ser necesaria la realizacin de los trmites de audiencia y prueba cuando hayan sido cumplimentados ante el mismo supuesto de hecho y ante idntica medida en el procedimiento administrativo que haya seguido otra Administracin autonmica. En este caso, en el expediente administrativo se incluir una identificacin del procedimiento y rgano donde se realizaron dichos trmites, as como toda la documentacin que se haya recibido al respecto. Tambin se dar por cumplido el trmite de audiencia cuando en el procedimiento se haya solicitado informe a la Comisin Tcnica para la Seguridad de los Productos u rganos tcnicos autonmicos similares y stos hayan dado dicha audiencia y la resolucin no se separe de tal informe.

2. En este procedimiento, de oficio o a instancia de parte, se podrn tomar con carcter provisional, de conformidad con lo previsto en el artculo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, todas aquellas medidas que sean imprescindibles para que durante su tramitacin no se origine un dao para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.

Siempre que sea posible sin merma de la eficaz proteccin de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, antes de adoptar la medida provisional, se permitir al productor u otros sujetos que puedan aportar elementos de juicio relevantes la posibilidad de exponer su punto de vista. Si no fuera posible, esta consulta se realizar en un momento posterior tras la puesta en aplicacin de la medida. Esta diligencia no ser necesaria cuando en las inspecciones, actuaciones previas o requerimientos o advertencias formulados, aquellos sujetos hayan manifestado ya su punto de vista o se les haya ofrecido esta oportunidad.

3. Antes de la iniciacin de cualquier procedimiento, tambin se podrn adoptar las medidas imprescindibles de conformidad con lo establecido en el artculo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en la legislacin estatal o autonmica aplicable en cada caso.

4. Las medidas que permiten los dos apartados anteriores son las de inmovilizacin y retirada de productos, recuperacin de productos de los consumidores, suspensin de actividades, ventas, ofertas o promociones y cualesquiera otras similares que sean necesarias para garantizar la salud y seguridad de los consumidores.

5. En cualquier momento en el que los particulares afectados decidan voluntariamente cumplir su deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar los riesgos en la forma que el rgano administrativo competente considere que queda garantizada la salud y seguridad de consumidores y usuarios, se podr dar por finalizado el procedimiento y dictar resolucin en la que as se haga constar.

6. Cuando sea la Administracin del Estado la competente para tramitar este procedimiento, el plazo mximo de duracin ser de seis meses.

Artculo 12 Puesta en prctica de estas medidas

1. La puesta en prctica de las medidas que se adopten en virtud de esta disposicin podrn afectar a los productores; a los distribuidores, en particular, al responsable de la distribucin inicial en Espaa; a los prestadores de servicios, y a cualquier otra persona que est contribuyendo al riesgo o de la que dependa su superacin y la completa efectividad de la medida adoptada.

2. El rgano administrativo competente garantizar y se responsabilizar de la plena efectividad de las medidas que acuerde, procediendo a la ejecucin forzosa de las prohibiciones y mandatos desatendidos o a su realizacin directa.

3. Cuando el rgano administrativo competente acuerde proceder l mismo a la retirada, la recuperacin o la destruccin de un producto, asumir la organizacin para llevarla a efecto, sin perjuicio de la colaboracin activa, bajo la direccin y vigilancia administrativa, de los productores y distribuidores del producto inseguro. stos estn obligados a realizar cuantas actuaciones sean convenientes para la plena efectividad de la medida, empleando a tal fin sus medios personales y materiales.

Cuando las Administraciones pblicas lo estimen necesario por la actitud de los particulares, la insuficiencia de su colaboracin, por ser ms adecuado a las circunstancias del caso o por otras razones similares, procedern a realizar las actividades materiales necesarias con sus propios medios y personal o por contratistas o entidades colaboradoras.

4. Los gastos de retirada, recuperacin, realizacin de avisos especiales, almacenaje, traslado y cualesquiera otros similares, y, en su caso, la destruccin de los productos, sern a cargo de quienes con sus conductas ilegales los hubieran originado.

5. Independientemente de las acciones civiles y penales que correspondan, especialmente las relativas a la indemnizacin de daos y perjuicios, aquellos operadores que hayan soportado indebidamente gastos de los especificados en el apartado anterior podrn repetir contra quienes con sus conductas ilegales los hubieran originado.

Artculo 13 rganos administrativos competentes

1. Los rganos administrativos competentes para ejercer las potestades reguladas en este real decreto sern los que correspondan de las comunidades autnomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, y en el mbito de la competencia del Estado, con carcter general, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, sin perjuicio de la coordinacin y colaboracin de otros rganos sectoriales que tengan tambin atribuidas competencias en el mbito de la seguridad de los productos.

2. Cada comunidad autnoma y las Ciudades de Ceuta y Melilla comunicarn estos rganos administrativos competentes al Instituto Nacional del Consumo, al objeto del traslado de esta informacin a la Comisin Europea.

3. El Estado y las comunidades autnomas establecern mecanismos de colaboracin, cooperacin y coordinacin para garantizar la aplicacin del deber de poner en el mercado y distribuir slo productos seguros. En particular, la Conferencia Sectorial de Consumo, a travs de la Comisin de Cooperacin de Consumo. Igualmente, las comunidades autnomas establecern instrumentos de colaboracin, cooperacin y coordinacin con los municipios en esta materia, informando de stos al Instituto Nacional del Consumo.

4. Los municipios, en el marco de lo dispuesto en el artculo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tambin controlarn el cumplimiento de los deberes establecidos para la seguridad de los productos y ejercern igualmente las competencias que les atribuya la legislacin autonmica.

Artculo 14 Supuestos en que la competencia corresponde a la Administracin del Estado

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, podr adoptar con la duracin que sea imprescindible y de forma proporcionada a la situacin que las motive alguna de las medidas previstas en este real decreto, cuya ejecucin ser a cargo de las comunidades autnomas, en los siguientes supuestos:

  • a) Cuando slo se pueda hacer frente de manera apropiada a un riesgo grave para la salud y seguridad de los consumidores, adoptando medidas aplicables en el mbito estatal, aunque hasta el momento el riesgo nicamente se hubiera manifestado en el territorio de una comunidad autnoma. En particular, cuando se trate de la adopcin de una de las medidas requeridas por la Comisin Europea en virtud de lo previsto en el artculo 13 de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos.
  • b) Cuando ante un mismo riesgo grave las medidas adoptadas o previstas por las distintas comunidades autnomas resulten divergentes y tal divergencia sea un obstculo para la garanta de seguridad de los productos, una vez agotados los instrumentos de coordinacin y cooperacin existentes.

2. A estos efectos, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a fin de evaluar la seguridad de los productos, podr llevar a cabo una investigacin por iniciativa propia, debiendo los rganos administrativos competentes autonmicos facilitarle toda la informacin que les sea requerida al respecto.

Artculo 15 Medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a requerimiento de la Comisin Europea

1. En el supuesto recogido en el ltimo inciso del artculo 14.1.a), el Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, tomar todas las medidas necesarias para llevar a efecto la decisin aprobada por la Comisin Europea en un plazo inferior a 20 das, salvo que en dicha decisin se especifique un plazo distinto.

2. El Instituto Nacional del Consumo, en el plazo de un mes, conceder a las partes interesadas la posibilidad de formular alegaciones e informar del contenido de stas a la Comisin.

3. Cuando estas medidas tengan carcter temporal debern revalidarse por perodos mximos de un ao, con arreglo a lo que disponga la Comisin Europea.

4. Salvo que el requerimiento de la Comisin Europea prevea otra cosa, se prohbe la exportacin desde Espaa de los productos inseguros afectados por estas medidas.

Artculo 16 Asesoramiento cientfico y Comisin Tcnica para la Seguridad de los Productos

1. Para el correcto ejercicio de las competencias reguladas en este real decreto, se podrn solicitar informes a expertos externos o de la propia Administracin pblica, o a otros rganos administrativos tcnicos o consultivos.

2. Se crea la Comisin Tcnica para la Seguridad de los Productos, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, como rgano tcnico de asesoramiento y estudio en este mbito. Esta comisin emitir los informes que potestativamente le soliciten los rganos administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado sobre la eventual existencia de riesgos en los productos y las medidas adecuadas para hacerles frente. En la emisin de sus dictmenes se tendrn en cuenta nicamente criterios tcnico-cientficos, actuando a tal efecto con independencia funcional, y podr dar audiencia a los interesados y solicitar los datos, ensayos o anlisis que considere necesarios.

3. Esta comisin estar compuesta por 16 miembros, un secretario y un presidente.

4. Los miembros debern ser personas con experiencia en materia de seguridad de los productos, de reconocido prestigio en este campo y no incursos en las causas de abstencin y recusacin establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Sern los siguientes:

  • a) 13 miembros sern nombrados por la Ministra de Sanidad y Consumo por un perodo de tres aos renovable, con arreglo a la siguiente distribucin:
    • 1. Uno a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre el personal a su servicio.
    • 2. Uno a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnologa, entre el personal a su servicio.
    • 3. Uno a propuesta del Ministerio de Economa, entre el personal destinado en la Secretara de Estado de Comercio y Turismo.
    • 4. Uno a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacin, entre el personal a su servicio.
    • 5. Tres a propuesta de la Comisin de Cooperacin de Consumo, entre candidatos presentados por las comunidades autnomas.
    • 6. Dos a propuesta de la asociacin de entidades locales de mbito estatal con mayor implantacin.
    • 7. Dos a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
    • 8. Dos a propuesta del Comit de contacto sobre seguridad de los productos.
  • b) Los otros tres miembros sern nombrados por el Director del Instituto Nacional del Consumo para cada sesin entre expertos provenientes de la comunidad cientfica, atendiendo a su preparacin y conocimiento de los asuntos que vayan a tratarse.

5. El presidente, cuyo voto tendr carcter dirimente, es el Director del Instituto Nacional del Consumo. El secretario ser designado por el presidente entre funcionarios de dicho organismo y tendr voz pero no voto.

6. Esta comisin impulsar la coordinacin y las acciones conjuntas con los rganos tcnicos similares que puedan crear las comunidades autnomas.

7. El Ministerio de Sanidad y Consumo atender al funcionamiento de esta comisin tcnica con sus medios personales, materiales y econmicos, sin perjuicio de la posible articulacin de un sistema de participacin por parte de los rganos solicitantes del informe en el coste de ste.

8. En todo lo no previsto en este real decreto, esta comisin tcnica se regir por lo dispuesto en el captulo II del ttulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Artculo 17 Informacin de riesgos y derecho a la informacin de los consumidores

1. Las Administraciones pblicas, cuando lo juzguen necesario para proteger la salud y seguridad, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del riesgo, podrn informar a los consumidores y usuarios potencialmente afectados, por los medios en cada caso ms apropiados, de los riesgos o irregularidades existentes, de la identificacin del producto y, en su caso, de las medidas adoptadas, as como de las precauciones procedentes tanto para que ellos mismos puedan protegerse del riesgo como para conseguir su colaboracin en la eliminacin de sus causas.

2. En el marco de la legislacin general aplicable, los ciudadanos tendrn derecho de acceso, en general, a la informacin de que dispongan los rganos administrativos competentes con relacin a los riesgos que los productos entraen para la salud y la seguridad de los consumidores, de conformidad con las exigencias de transparencia y sin perjuicio de las restricciones necesarias para las actividades de control e investigacin. En particular, los ciudadanos tendrn acceso a la informacin sobre la identificacin del producto, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas.

3. Salvo lo anterior, los rganos administrativos competentes adoptarn las medidas necesarias para que su personal no divulgue la informacin protegida por el secreto comercial o industrial obtenida a los efectos de este real decreto.

CAPTULO IV

Sistemas de comunicacin de informacin

Artculo 18 Comunicacin ordinaria de las medidas adoptadas

1. En el mbito de aplicacin de este real decreto, cuando los rganos administrativos competentes adopten alguna de las medidas previstas en el artculo 10 u otras que supongan una restriccin de la puesta en el mercado de los productos y no proceda su notificacin a travs de la red de alerta u otra norma especfica prescriba dicha notificacin, las comunicarn al Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo mximo de 15 das. Tambin se comunicar cualquier modificacin o el levantamiento de las medidas adoptadas.

2. Esta comunicacin no ser precisa cuando el riesgo tenga unos efectos limitados a su propio territorio y no se prevea que pueda ser de inters para los dems rganos administrativos competentes en lo que se refiere a la seguridad de los productos.

3. Si la comunicacin no rene los requisitos exigidos en este real decreto o por cualquier causa se considerase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitar, al rgano que la remiti las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales necesarias. Tras recibir la comunicacin y, en su caso, la informacin complementaria, la transmitirn inmediatamente al resto de rganos administrativos competentes, y si el riesgo no tiene unos efectos limitados al territorio espaol o puede resultar de inters su conocimiento en el mbito de la Comunidad Europea, a la Comisin Europea.

4. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo trasladar a los rganos administrativos competentes autonmicos las comunicaciones procedentes de la Comisin Europea.

Artculo 19 Red de alerta

1. En el mbito de aplicacin de este real decreto, se crea un sistema estatal de intercambio rpido de informacin, en forma de red, integrado en el sistema europeo de alerta (RAPEX), con la finalidad de facilitar una comunicacin e intercambio rpido de informacin de aquellas actuaciones que se adopten en caso de riesgo grave.

2. Los rganos administrativos competentes debern comunicar inmediatamente al Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, salvo que consideren que el riesgo grave tiene unos efectos limitados a su propio territorio y no se prevea que pueda ser de inters para los dems rganos administrativos competentes en lo que se refiere a la seguridad de los productos, lo siguiente:

  • a) Toda medida de reaccin que hayan adoptado.
  • b) Los requerimientos que hayan dirigido a productores o distribuidores, siempre que stos incluyan una recomendacin de la forma en que el rgano administrativo competente entiende que debe ser subsanado el incumplimiento que ha generado el riesgo grave.
  • c) Las actuaciones voluntarias que hayan emprendido los productores y distribuidores en virtud de los deberes impuestos por esta disposicin.

3. Esta comunicacin se realizar cuando se disponga de los datos suficientes que permitan apreciar unos indicios razonables de la existencia del riesgo grave y ser lo ms completa posible, conteniendo, como mnimo, lo siguiente:

  • a) La informacin que permita identificar el producto.
  • b) Una descripcin del riesgo y los resultados de toda prueba o anlisis y sus conclusiones, que permita evaluar su importancia.
  • c) Segn lo que proceda, el carcter y la duracin de las medidas administrativas de reaccin adoptadas, de las actuaciones voluntarias emprendidas por productores o distribuidores y del contenido del requerimiento.
  • d) La informacin que se posea sobre las cadenas de comercializacin y sobre la distribucin del producto, en particular, en las comunidades autnomas y los pases de destino.
  • e) Toda la informacin pertinente que, en su caso, se haya podido obtener del productor o distribuidor del producto.

4. El rgano administrativo notificante ser el responsable de toda la informacin proporcionada.

5. Tambin deber comunicarse cualquier circunstancia o dato adicional que se manifieste con posterioridad a la primera comunicacin, en particular, la modificacin, suspensin o levantamiento de las medidas adoptadas en su momento y las razones que hayan llevado a ello.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los rganos administrativos competentes podrn tambin comunicar los datos de que dispongan sobre la existencia de un riesgo grave, explicando los motivos por los que no han adoptado ninguna medida.

7. Si la comunicacin no rene los requisitos exigidos en este real decreto o por cualquier causa se considerase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitar, en el plazo ms breve posible, al rgano que la remiti las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales necesarias. Tras recibir la comunicacin y, en su caso, la informacin complementaria, este organismo la transmitir inmediatamente al resto de rganos administrativos competentes, y si el riesgo no tiene unos efectos limitados al territorio espaol o puede resultar de inters su conocimiento en el mbito de la Comunidad Europea, a la Comisin Europea a travs del sistema RAPEX.

8. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo dar traslado a los rganos administrativos competentes autonmicos de las comunicaciones procedentes de la Comisin Europea a travs del sistema RAPEX, velando porque stas renan los requisitos pertinentes. Estos rganos administrativos competentes comunicarn sin dilacin alguna al Instituto Nacional del Consumo, para su traslado a la Comisin Europea, si el producto ha sido comercializado en su territorio, las medidas que, en su caso, hayan o prevean adoptar y toda informacin complementaria que hayan obtenido al respecto.

9. El responsable de la coordinacin de esta red es el Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, que, al mismo tiempo, ser el punto de contacto del sistema RAPEX en Espaa.

10. Cada comunidad autnoma comunicar al Instituto Nacional del Consumo el punto de contacto nico, para todos los productos incluidos en el mbito de aplicacin de este real decreto, que designe a tal efecto, as como los mecanismos que establezca para garantizar su disponibilidad permanente.

Artculo 20 Sistema estatal de comunicacin de accidentes

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a travs del Instituto Nacional del Consumo, propiciar la creacin de un sistema estatal de comunicacin de accidentes en los que estn implicados productos sometidos al mbito de aplicacin de este real decreto, como un instrumento de prevencin que permita la deteccin de los productos inseguros o potencialmente inseguros, as como la existencia de una informacin necesaria a la hora de analizar un riesgo.

2. En este sistema se integrarn los hospitales y centros de salud dependientes de las Administraciones pblicas, as como los rganos administrativos competentes para garantizar la seguridad general de los productos. Se fomentar la integracin de las entidades sanitarias de carcter privado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposicin adicional primera Ciudades de Ceuta y Melilla

Las referencias que esta disposicin realiza a las comunidades autnomas se entendern tambin realizadas a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de sus competencias estatutariamente asumidas.

Disposicin adicional segunda Cdigos de buenas prcticas en actuaciones destinadas a garantizar la seguridad general de los productos

1. Los cdigos de buenas prcticas en actuaciones destinadas a garantizar la seguridad general de los productos a los que se refiere este real decreto se podrn elaborar por los sectores empresariales correspondientes, las asociaciones de consumidores y los rganos administrativos competentes.

2. A los efectos de este real decreto, estos cdigos estn sometidos a una aprobacin final por parte de los rganos administrativos competentes en la que se valore su utilidad como instrumento al servicio de la seguridad general de los productos.

3. Estos cdigos podrn precisar, entre otros aspectos, el alcance del seguimiento por parte de los productores de los productos puestos en el mercado, las actuaciones que deben emprender en caso de sospecha razonable de la existencia de un riesgo, sus pautas de comportamiento, los sistemas de compensacin e indemnizacin a los consumidores, los procedimientos de dilogo y comunicacin con las Administraciones pblicas y los medios de notificacin a productores y distribuidores.

4. El Instituto Nacional del Consumo propiciar la elaboracin y aprobar aquellos cdigos de mbito estatal, previa consulta con la Comisin de Cooperacin de Consumo.

Disposicin adicional tercera Comit de contacto sobre seguridad de los productos

...

Ir a Norma modificadora Disposicin adicional tercera derogada conforme establece la disposicin derogatoria nica del R.D. 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados rganos colegiados y se establecen criterios para la normalizacin en la creacin de rganos colegiados en la Administracin General del Estado y sus Organismos Pblicos (B.O.E. 4 junio).Vigencia: 5 junio 2011

Disposicin adicional cuarta Directrices y guas de funcionamiento

De conformidad con lo que establezca la Comisin Europea, el Instituto Nacional del Consumo, previo informe de la Comisin de Cooperacin de Consumo, podr aprobar unas directrices o guas de funcionamiento del sistema de red de alerta y de la comunicacin ordinaria de las medidas de reaccin adoptadas, donde se determine o concrete, entre otras posibles cuestiones, el formulario tipo de comunicacin, la informacin que ste debe contener, los procedimientos de aplicacin, sus plazos y los criterios para clasificar y ordenar las comunicaciones segn su urgencia.

Disposicin adicional quinta Aparatos de telecomunicaciones

Los aparatos de telecomunicaciones regulados por el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluacin de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, se regirn por las prescripciones de ste y supletoriamente, en lo no dispuesto por el citado reglamento, por lo previsto en este real decreto, cuya aplicacin para dichos aparatos se efectuar por los rganos previstos en el ttulo V del citado reglamento.

Disposicin derogatoria nica Derogacin normativa

Queda derogado el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, de medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposicin del consumidor.

Ir a Norma afectada

DISPOSICIONES FINALES

Disposicin final primera Ttulo competencial

Este real decreto se dicta con carcter de norma bsica al amparo del artculo 149.1.16. de la Constitucin, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinacin general de la sanidad, y en desarrollo de lo dispuesto en los artculos 24, 25.2 y 3, 26 y 31.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y artculos 3 y 5.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se excepta de lo anterior el apartado 4 del artculo 15, que se dicta al amparo del artculo 149.1.16. de la Constitucin, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.

Disposicin final segunda Facultad de desarrollo

Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentacin y de Ciencia y Tecnologa para dictar, en el mbito de sus competencias, las disposiciones que sean necesarias para la ejecucin y aplicacin de lo dispuesto en este real decreto.

Disposicin final tercera Comunicacin de rganos administrativos competentes y puntos de contacto

En el plazo de tres meses a partir de la publicacin de este real decreto en el Boletn Oficial del Estado, las comunidades autnomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla comunicarn al Ministerio de Sanidad y Consumo los rganos administrativos competentes a que se refiere el artculo 13 y los puntos de contacto a que se refiere el artculo 19.

Disposicin final cuarta Entrada en vigor

El presente real decreto entrar en vigor el da 15 de enero de 2004.